Unión Europea
Europa S.A.: la energía en disputa

Pese al agravamiento del cambio climático y a la acelerada superación de los límites biofísicos del planeta, la Unión Europea insiste en considerar a la energía como una mercancía privada y no como un derecho colectivo, máxime en el momento actual de ineludible transición ecosocial.

El conjunto de las principales estrategias energéticas aprobadas en los últimos años —Pacto Verde Europeo, “Objetivo 55”, NextGenerationEU, RepowerEU, Estrategia europea para el hidrógeno, Plan de materias primas críticas, Global Gateway— se sostiene sobre un relato de descarbonización, desmaterialización, innovación y bienestar social que, en la práctica, se muestra falso.

La quema de combustibles fósiles y las emisiones contaminantes aumentan: Europa se calienta el doble de rápido que el resto del planeta. El agotamiento de energía y materiales críticos (litio, tierras raras, níquel, cobre, uranio, fosfatos, etc.) se agudiza. La energía nuclear y el gas se asumen paradójicamente como energías limpias, pudiendo así recibir inversión pública preferente. Los combustibles sintéticos parecen tener ahora un horizonte más allá de 2035. La pobreza energética se expande entre los sectores populares. Las lógicas neocoloniales de apropiación de bienes naturales y territorios —fundamentalmente indígenas y campesinos— en los países empobrecidos se refuerzan. Y la creciente disputa geopolítica para garantizar las cadenas de suministro acrecienta un más que peligroso régimen de guerra global.

La UE muestra su verdadera cara: un imaginario irreal que trata de diluir las responsabilidades de empresas transnacionales e instituciones públicas en la grave situación ecológica actual

Este capitalismo verde y digital que abandera la UE muestra, en última instancia, su verdadera cara: un imaginario irreal, sostenido únicamente sobre la fe en las soluciones tecnológicas, que trata de diluir las responsabilidades de empresas transnacionales e instituciones públicas en la grave situación ecológica actual. Y que, además, avanza en el control poblacional y en la potenciación de discriminaciones, a la vez que pretende evitar a toda costa las profundas transformaciones que precisaría el vigente modelo energético para sacarnos de este atolladero.

Un modelo energético basado en la primacía de la obtención de beneficios empresariales como objetivo incuestionable, en el sostenimiento de mercados oligopólicos a escala continental, en el protagonismo de las grandes corporaciones —en la mayoría de ocasiones apuntaladas por unos gobiernos crecientemente endeudados, en pleno desarrollo de las alianzas público-privadas— y en la proliferación de megaproyectos corporativos interconectados.

Los objetivos climáticos y energéticos, de este modo, aparecen como una cuestión casi exclusiva del mercado. El rol principal recae en manos de multinacionales y megafondos de inversión como Blackrock, cuyo único interés es maximizar sus beneficios. Se apuesta así por mercados energéticos controlados por el poder corporativo bajo una lógica marginalista, que asegura grandes ganancias mientras ahoga a la clase trabajadora, a la vez que se insiste en mercadear con las emisiones de carbono.

Bajo estas premisas, se inunda el propio territorio de megaparques fotovoltaicos y eólicos, centrales hidroeléctricas, macrogranjas agroindustriales, iniciativas mineras, fábricas de baterías, hidrogeneras, corredores industriales, autopistas eléctricas, nuevos proyectos de hidrocarburos e infraestructuras de todo tipo como vía de acumulación de capital, no de satisfacción de las necesidades sociales. Se facilita la implantación de esta pléyade de megaproyectos bajo nuevas normativas de excepción que acortan tiempos y requisitos, tal y como expone la directiva continental de energías renovables recién aprobada.

Se incrementan al mismo tiempo los acuerdos con países autoritarios para garantizar suministros, como por ejemplo en lo que respecta al gas qatarí, o los fosfatos y energía renovable expoliado por Marruecos en los territorios ocupados de la RASD. Finalmente, se acrecienta la presión por blindar los intereses corporativos y desarrollar megaproyectos a través de actualizaciones y nuevos tratados de comercio e inversión (México, Chile y Mercosur), así como de memorándums sobre materias primas críticas (Argentina, Ucrania, Chile, Colombia, Kazajistán y Namibia).

El resultado: un modelo al servicio de las empresas transnacionales, un modelo que acelera el cambio climático, el agotamiento de recursos, las desigualdades y la guerra

El resultado: un modelo al servicio de las empresas transnacionales, un desastre para las mayorías populares y para el planeta. Un modelo que acelera el cambio climático, el agotamiento de recursos, las desigualdades y la guerra. Un modelo frente al que se necesita un cambio radical de rumbo, especialmente en lo energético como ámbito estratégico para enfrentar la transición ecosocial.

La ruta hacia otros modelos socioeconómicos con justicia social y ambiental pasa por suprimir la lógica de acumulación de capital de la ecuación energética. Y también, entre otras claves, por desarrollar planificaciones democráticas que establezcan metas y compromisos vinculantes; desmontar los mercados oligopólicos, marginalistas y de emisiones de carbono; desprivatizar el sector y desarrollar alianzas público-comunitarias; impulsar una diversidad de herramientas más allá de los grandes proyectos, que respondan a las metas establecidas y a las necesidades sociales de la ciudadanía; acabar con la normativa de excepción en favor de los megaproyectos; denunciar el conjunto de tratados de comercio e inversión, profundamente corporativos y neocoloniales; crear centros y tribunales europeos para controlar a las empresas transnacionales.

Todo ello siendo conscientes de que la fantasía de un crecimiento económico ilimitado ya es evidente que carece de sentido. El freno al crecimiento económico en los países enriquecidos, incluido el decrecimiento en algunos sectores, es una necesidad reafirmada cada día por la comunidad científica.

La maquinaria capitalista aplicada a la energía nos conduce en dirección opuesta a una transición ecosocial. Mientras se subordinan territorios, bienes, servicios y mano de obra de las regiones periféricas a los criterios de rentabilidad de las transnacionales europeas, se privilegian los objetivos de negocio sobre el cumplimiento de los derechos humanos. En este escenario, la construcción de otro modelo energético basado en la equidad social y la justicia ambiental supone confrontar los discursos y las prácticas de las grandes corporaciones y las élites político-empresariales europeas. Porque la energía es nuestro derecho, no una mercancía.