Tortura
El último informe sobre violencia política y torturas en Euskadi: 93 casos más y 417 sin resolver

La Comisión de Valoración que se encarga de estudiar los casos de violencia política y atentados contra los Derechos Humanos en Euskadi entre 1978 y 1999 ha informado de 93 nuevas víctimas. En total, desde 2019, ya son 238 los casos confirmados por este organismo. La Comisión ha resuelto 96 informes y, de ellos, se han estimado 93. De las víctimas, hasta 75 sufrieron tortura y dos de ellas acabaron en muerte. La Comisión denuncia que por culpa de la falta de forenses ha tenido que parar su actividad por primera vez en cuatro años. Han reivindicado que sus dictámenes son necesarios “para la resolución de cada expediente”.

Sobre las 75 víctimas de tortura, del informe se desprenden hasta diez casos de violencia contra la libertad sexual. También, por ejemplo, detenciones durante los estados de excepción o amenazadas antes y después. Queda claro, además, que se deben sumar 20 casos más, pues algunos de ellos lo sufrieron varias veces.

Sobre las 75 víctimas de tortura, del informe se desprende hasta diez casos de violencia contra la libertad sexual.

La adscripción de las víctimas es variada, aunque el entorno de la izquierda abertzale es el que más suma con 22 casos. Además, hay miembros de CC OO, EGI, Euskadiko Mugimendu Komunista, LAB, Miembro de Euskadiko Ezkerra o la Organización Revolucionaria de Trabajadores. Hay 13 casos sin adscripción política, varios menores que estaban presentes en manifestaciones o bares y personas vinculadas a la cultura.

Los victimarios principales son la Policía y la Guardia Civil –con 42 y 41 casos–, participando juntos en un caso más. La Ertzaintza computa en tres casos. Los grupos incontrolados o parapoliciales como el Batallón Vasco Español, los GAL o la Organización Armada por la liberación nacional contra el Marxismo y el Separatismo (OAMAS) también aparecen identificados en un total de seis casos.

Cocoliso, un infiltrado que colaboró en la muerte de dos personas

José Luis Arrondo, al que apodaban ‘Cocoliso’, se hacía pasar por refugiado en San Juan de Luz y Biarritz. Huyó de la embarcación en la que iba junto a José Luis Mondragón y Roque Jabier Méndez, que habían dejado ETA en 1973 y 1970. Les ofrecía ayuda para cruzar a Francia porque la organización ya estaba distanciada de ellos. Ese 20 de mayo de 1974 fueron disparados en la playa de los Frailes, en Hondarribia. La Comisión instó, con el permiso de las familias, a exhumar el cadáver de Roque, enterrado en Portugalete. El estudio forense determinó en 2023 que “existen evidencias que sugieren que se habría tratado de una actuación policial no legítima ni proporcionada”. Un cañón cercano al cuerpo, otro más alejado. Dos balas. Puede que una más: había tres agujeros de salida. Los forenses concluyen que la versión oficial se sustentó en un examen deficiente: “Podría haberse tratado de una investigación ni independiente, ni imparcial, ni objetiva”. Investigaciones posteriores, como publicó Hordago-El Salto, apuntaron a que la ejecución que facilitó la infiltración, por un lado, era una acción extrajudicial, y por otro, que se trató de una vulneración del derecho a la vida totalmente injustificada.

En este nuevo informe donde han tratado el caso de Roque, la Comisión valora que “se desprende con nitidez la ausencia en este caso de una investigación judicial efectiva, así como la absoluta falta de depuración de responsabilidades por un operativo policial que acabó con la vida de dos personas”. Además, explican que la “hipótesis” de “ejecución extrajudicial” queda apuntalada. 

Uno de cada cuatro detenidos fue torturado: 5.379 carpetas azules exigen “verdad”

Lu Barcenilla Román

Derechos Humanos

Violencia policial en Euskal Herria Uno de cada cuatro detenidos fue torturado: 5.379 carpetas azules exigen “verdad”

Lu Barcenilla Román

Cerca de 500 víctimas de maltrato policial en Bizkaia, Araba, Gipuzkoa y Nafarroa denuncian, por primera vez unidas, que “se ha torturado de forma masiva y sistemática”.

Del informe presentado por la letrada Juana Balmaseda y el profesor Jon Mirena Landa se desprenden las formas de sufrimiento infligido por cuerpos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o grupos parapoliciales en estos nuevos casos estudiados: nueve víctimas recibieron impactos de bala, de las cuales, seis de ellas con resultado de muerte y tres con lesiones graves. Dos fueron los jóvenes que navegaban con el infiltrado de ultraderecha, Cocoliso, cercano a Fuerza Nueva.

Hasta seis personas fueron víctimas de agresiones policiales en el transcurso de manifestaciones; cuatro por el impacto de botes de humo o pelotas de goma, con pérdida de visión y “perjuicios estéticos muy graves”. José Manuel Eceolaza perdió el ojo izquierdo por un pelotazo el 27 de noviembre de 1979. Tuvo que dejar sus estudios en carpintería. Su “delito” fue protestar en Orereta por el Estatuto de los Trabajadores y el Plan Económico del Gobierno. 

La comisaría de La Salve (Bilbao), centro de tortura y violencia sexual

El informe repara en la perspectiva de género aplicada a la tortura. La Ley 12/2016 ya recoge la tipificación explícita de violencia sexual, así como física, psíquica y moral, aludiendo al hecho contrastado de que las mujeres que sufren torturas o malos tratos “enfrentan un riesgo específico añadido de sufrir actos de violencia sexual a causa de su género, orientación sexual o identidad de género”. Comentarios vejatorios sobre sus cuerpos, privación de productos de higiene personal cuando se encontraban con la regla, tocamientos, agresiones sexuales y violaciones. Incluso con objetos. Un testimonio del 23 de junio de 1973 señala a los agentes del cuartel de La Salve.

Esta mujer señala que la desnudaron, la insultaron, la colgaron de la trenza, la trataron de ahogar... Ella contaba: “El que me había detenido me dijo: ‘Como te ha dicho ese, no te va a quedar ningún agujero para mirar” y entonces, “me lo hizo por la boca. Cuando terminó, el capitán al mando dijo: ‘Écharle un jarro de agua para que le vaya todo para adentro y se acuerde de nosotros”. Los mismos guardias civiles le orinaron en la cara. Esta mujer contaba el “suplicio”, según sus palabras, que fue su vida con el recuerdo. No denunció. El informe recoge que “no se siente persona” desde entonces.

“No se realizó autopsia alguna. Al parecer, había prisa oficial por enterrarlo”, indican los investigadores sobre el caso de un joven fallecido en vehículo de la Guardia Civil. La familia se dio cuenta de nuevos agujeros de bala al desvestirlo en la funeraria.

De las ocho personas fallecidas reconocidas en este último informe, dos estaban bajo custodia policial: una en coche policial, otra en dependencias policiales. Felipe Baz González, miembro de CC OO, fue disparado encontrándose detenido por la Guardia Civil. El balazo en la cabeza acabó con su vida. Tenía 19 años. Era 7 de enero de 1979. La versión del instituto armado fue que había sido un disparo fortuito. Sus amigos comentaron que les interceptaron pensando que habían robado un coche y que hubo maltrato y golpes. Otra versión dice que enfureció al agente al taparse los oídos por los gritos que estaban dando los guardias civiles. “No se realizó autopsia alguna. Al parecer, había prisa oficial por enterrarlo”, indican los investigadores. La familia se dio cuenta de nuevos agujeros de bala al desvestirlo en la funeraria. Tres impactos en el pecho. La familia y los amigos fueron amenazados por ahondar en el caso. “Nadie fue juzgado por esta muerte. La falta de transparencia y la inacción de la justicia ahondó, más si cabe, el dolor de la familia B.G.”, explican en el informe.

Dos personas de las estimadas en esta fase resultaron heridas de gravedad tras la explosión de bombas de grupos parapoliciales. Estos mismos grupos se identifican como autores de disparos de arma de fuego contra otras dos víctimas.

Por años, de estos nuevos 93 casos, el periodo entre 1983-1999 es el que mayores víctimas devuelve –42 registros–, seguido de 1976-1982 –31 casos–, 1961-1970 –10 más– y 1971-1975 –10–.

Toque de atención al Gobierno Vasco y al Parlamento Vasco 

La Comisión de Valoración ha pedido mayor implicación al Parlamento Vasco, incluso llegando a solicitar la creación de una ponencia específica. El objetivo es “dar a conocer la sangrante realidad que representan las violaciones de derechos humanos objeto de esta ley [Ley 12/2016]”.  Juana Balmaseda explicó que hay una suma total de 417 expedientes sin valorar, aún pendientes. En este último año  y con 20 reuniones plenarias, se han alcanzado a resolver 96 de ellos, donde se han obtenido estos datos.

La falta de forenses ha llevado a la Comisión a parar su actividad. Lo explicaron así: “La razón de esta grave situación es la ausencia de médicos forenses que impide que podamos seguir resolviendo expedientes porque la ley obliga a que dichos profesionales emitan un informe y lo firmen para la resolución de cada petición”. Balmaseda subrayó que “este grave asunto trastoca y compromete el futuro inmediato del trabajo” de la Comisión. Afirman haber trabajado de forma “ejemplar” y “gratuita” usando el tiempo no laboral, sin ser reconocidos de ninguna forma. “La situación es insostenible”, afirman. “Es obligación por mandato legal de la Administración proveer los medios y las condiciones laborales justas para esta labor que no puede pretender que se vaya a realizar como si de un voluntariado se tratara: no es serio, ni digno, ni aceptable”.

La Comisión para esclarecer los casos de violencia política y tortura denuncia una situación insostenible, falta de condiciones laborales justas: “No es serio, ni digno, ni aceptable”

En la presentación de los datos, han reconocido que la espera de algunas familias llega a los dos años: “Somos conscientes de que la tramitación de algunos expedientes está siendo excesivamente larga”. Se debe, según explican, a la “reapertura de diligencias judiciales, lo que obliga por ley a suspender la tramitación, o la tardanza en obtener informes médicos que sólo podían ser entregados a familiares directos”. Esto podría, argumentan, “incrementar el sufrimiento y la injusticia”. “Algunas víctimas están muertas, pero mucha gente de su entorno sigue viva y está esperando la respuesta y la reparación”, insisten.

El Archivo Militar de Ferrol obstruye el esclarecimiento de casos de violencia policial

La Comisión de Valoración, según explicaron, tiene “serias dificultades” para obtener información sobre los expedientes en el Archivo Militar de Ferrol, institución que “ha tenido comportamientos obstructivos porque ha establecido un nivel de exigencia superior al exigido por la propia ley, lo que ha obligado a reiterar las peticiones en más de una ocasión”.

No se lo ponen fácil tampoco los tribunales de la Comunidad Autónoma Vasca:  “El hecho de que no existan mecanismos de conexión dotados de recursos por el Departamento de Justicia dificulta el trabajo”.