Temporeros
25 años de asentamientos chabolistas de migrantes en las zonas freseras de Huelva

Apenas faltaban unos minutos para las doce del mediodía cuando Malika recibió una llamada de socorro de su vecina. El fuego había prendido, una vez más, en el asentamiento de chabolas situado junto al Polígono Industrial de Palos de la Frontera (Huelva) y Malika, que en ese momento se encontraba trabajando en una finca de fresas, echó a correr, sin pensarlo dos veces, hacia el lugar donde una vez tuvo un hogar. Su chabola limpia, cuidada, y hasta coqueta, había sido reducida a cenizas. “Lo he perdido todo”, fue lo único que pudo pronunciar esta joven marroquí antes de romper a llorar. Como ella, más de doscientas personas trabajadoras migrantes se quedaron con lo puesto el pasado 13 de mayo porque, a esa hora, la gran mayoría, trabajaban en la recolección de los frutos rojos. 

Los incendios forman parte de la vida cotidiana de los asentamientos y atentan contra la vida y la salud de quienes los habitan. En este sentido, Alfonso Romera, medico jubilado y presidente de la asociación La Carpa de Sevilla, que ha realizado hasta 90 expediciones a los asentamientos de Huelva para la entrega de ayuda humanitaria, explica: “Sabemos por estudios que, en el ámbito urbano, las personas sin hogar tienen una esperanza de vida 20 años menor que la población con unas condiciones higiénicas y sanitarias normalizadas. No hay estudios sobre el entorno rural, pero creo que, a veces, las condiciones son peores que en el entorno urbano”. Y añade que las malas condiciones higiénicas de los asentamientos y la lejanía de los núcleos urbanos influyen irremediablemente en la salud y las condiciones vida de sus habitantes. 

Hasta la fecha, han muerto cuatro personas. Toufik Alasad de 24 años fue el primer muerto en un incendio que se produjo en el asentamiento de Palos de la Frontera, en diciembre de 2019. Ato y Essaadia murieron mientra dormían en otro incendio producido en el asentamiento El Bosque en Lucena del Puerto en mayo de 2021. Mohamed de 27 años murió calcinado en su chabola en abril de 2022 en un asentamiento ubicado en el término municipal de Lepe. Los materiales altamente inflamables con los que están construidas las chabolas, como plásticos, palés y cartones prenden con una simple chispa y provocan la rápida propagación de las llamas. 

La desaparición de algunos asentamientos a causa de los incendios y la prohibición, por parte de los ayuntamientos, de volver a reconstruir las chabolas están creando un grave problema porque la única alternativa habitacional es disponer de un colchón en una de estas infraviviendas, cuando la única solución de los temporeros que vienen para hacer la campaña es la solidaridad de sus paisanos y el hacinamiento en las chabolas. Desde 2019, cuando un gran incendio acabó con 150 chabolas situadas junto al cementerio de Lepe y dejó a más de 300 temporeros y temporeras sin un techo, la calle es la única alternativa habitacional en la época de recolección de la fresa que va de febrero a junio. No es difícil encontrar, durante estos meses, a decenas de temporeros durmiendo sobre cartones envueltos en mantas, en la estación de autobuses y alrededor del polígono comercial de esta localidad. Muchos de ellos aseguran haber buscado habitación para alquilar en el pueblo pero “nadie nos alquila”, asegura Mbaye de Senegal. 

Implicación del Gobierno central en las soluciones

Con el objetivo de acabar con los asentamientos, el 1 de julio de 2022, los tres niveles de la Administración firmaron un protocolo general de actuación. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Lepe y el Ayuntamiento de Moguer acordaron la puesta en marcha de acciones para la integración residencial y sociolaboral de las personas residentes en los asentamientos de los dos municipios firmantes. El proyecto cuenta con un monto total de 2.628.600 euros subvencionados por el citado Ministerio, y un período de ejecución de 18 meses, prorrogables a séis meses, como indica la Resolución de 15 de diciembre de 2022 (BOE de 22 de noviembre de 2022). La entrada en funcionamiento de los proyecto está prevista para el verano de 2024. 

Para ello, el Ayuntamiento de Lepe presentó un proyecto de alojamientos de 144 plazas que podrían llegar hasta las 720 en fases posteriores con subvenciones de otros organismos. En cuanto al Ayuntamiento de Moguer, el presupuesto se destinará a la finalización de un albergue con una capacidad prevista para 42 plazas. Del presupuesto total librado por el Ministerio, 1.810.600 euros corresponde a Lepe y 818.000 al Ayuntamiento de Moguer. 

El Ayuntamiento de Moguer desmantela 14 chabolas en un asentamiento de personas migrantes

Pepa Suárez

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Temporeros El Ayuntamiento de Moguer desmantela 14 chabolas en un asentamiento de personas migrantes

Pepa Suárez

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Con los enseres y documentos personales dentro de las chabolas y sin una orden judicial, el Ayuntamiento de Moguer, en Huelva, llevó a cabo la mañana del viernes pasado el desmantelamiento de 14 infraviviendas en el asentamiento de Las Madres.

Decenas de trabajadores migrantes duermen al raso en Lepe

Empadronamiento Varias personas migrantes consiguen presentar la solicitud para empadronarse en sus chabolas

Por su parte, el Ayuntamiento de Lepe recibió de la Junta de Andalucía una subvención de 300.000 euros para la finalización de un albergue municipal inacabado desde hace años, así como el gasto en mobiliario. En cuanto al Ayuntamiento de Lucena del Puerto, que se ha quedado fuera del Protocolo junto con Palos de la Frontera, comenzará las obras de un albergue con 32 plazas con una subvención de la Junta de Andalucía de 300.000 euros. 

Según una nota de prensa emitida por el Ministerio de Derechos Sociales, la Comisión de Seguimiento del Protocolo, donde participaron representantes de la Dirección General de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía y y de los Ayuntamientos de Lepe y Moguer, se reunieron el 18 de abril con el objeto de hacer un seguimiento de la tramitación de los Planes municipales de actuación, aprobados el pasado mes de marzo por parte de la Secretaria de Estado para la Agenda 2030, para la creación de las mencionadas plazas como soluciones residenciales, así como los itinerarios de inserción sociolaboral de las personas incluidas en el programa. Por otra parte, el presupuesto al que hace alusión el Protocolo fue transferido en diciembre de 2022 a los ayuntamientos beneficiados por el Ministerio, según el portal de transparencia. En la misma actuación de seguimiento, y de forma complementaria según la nota de prensa, se abordaron otras lineas de actuación complementarias como los fondos transferidos por parte del Gobierno de España a la Junta de Andalucía dentro del convenio firmado entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Junta de Andalucía dotado de 246.75 millones de euros, para 2022-2025, y que se destinarán al despliegue, por parte de la Comunidad Autónoma del Plan Estatal de Vivienda. Este Plan incluye la erradicación de zonas degradadas, el chabolismo y las infraviviendas. 

En 2020, el Relator especial de la ONU, en su visita a los asentamientos de chabolas de migrantes de Huelva, advertía de las duras condiciones de vida en las que vivían entre 2.300 y 2.500 personas

Este Protocolo firmado por los tres niveles de la Administración, nacional, autonómico y local, tiene su origen en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la Asamblea de Nciones Unidas suscrita por España en 2015 para acabar con la pobreza y desigualdad. En 2020, el Relator especial de la ONU, en su visita a los asentamientos de chabolas de migrantes de Huelva, advertía de las duras condiciones de vida en las que vivían entre 2.300 y 2.500 personas: “Me he encontrado trabajadores migrantes viviendo en condiciones que rivalizan con las peores que he visto en todo el mundo”. 

Por otra parte parte, la Junta de Andalucía asegura haber invertido 20 millones de euros en el período comprendido entre 2019 y 2022. De ellos, 5,8 millones se destinaron a recursos autofinanciados y finalistas a entidades privadas que desarrollan programas de atención a personas migrantes, otra partida de 8,4 millones con cargo a la asignación tributaria del 0,7 del IRPF y otros 3,2 millones para atención especifica en asentamientos de migrantes. Además de las subvenciones en materia de Políticas Migratorias, con la incorporación actual de las líneas 6 y 11 a esta área para proyectos a entidades sin ánimo de lucro y para otras infraestructuras de atención al inmigrante. Jesús Toronjo, director general de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía, aseguró, en declaraciones a Europa Press, que “la erradicación del chabolismo va a ser el eje fundamental sobre el que va a girar la política migratoria en los próximos cuatro años”, después de asistir a una reunión del Foro Provincial para la integración de las personas migrantes de Huelva en diciembre de 2022. 

Preguntas en el Parlamento andaluz

Sobre este presupuesto de la Junta de Andalucía, la diputada Mora Grande del Grupo Mixto, en la sesión del 22 de octubre de 2022 del Parlamento andaluz, presentó una pregunta dirigida a la consejera de Inclusión Social para manifestar que, “la realidad es que en estos cuatro años la situación sigue exactamente igual”. Mora Grande aseguró en la misma sesión que las personas temporeras siguen sin poder acceder a una vivienda y que, del presupuesto de 2020 no se ha ejecutado nada para infraestructura en ninguna provincia. 

Pese a todos estos proyectos y subvenciones, los ayuntamientos siguen demoliendo chabolas sin alternativa habitacional. La última sucedió en el asentamiento de Las Madres, donde el Ayuntamiento de Moguer desmanteló 14 chabolas en octubre de 2022, hecho que fue denunciado ante el Defensor del Pueblo Andaluz por la Asociación Multicultural de Mazagón. 

Vulnerabilidad de las mujeres

Los asentamientos de chabolas se encuentran situados en los términos municipales de Lepe, Palos de la Frontera, Moguer y Lucena del Puerto. Según un estudio realizado por Andalucía Acoge, presentado en Huelva el pasado mes de abril, existen 40 asentamientos con una población máxima de unas 3.500 personas, en los meses de marzo y abril, coincidiendo con la época de recolección de los frutos rojos. Pero la destrucción por los continuos incendios, los derribos por parte de los ayuntamientos y la demanda de mano de obra según la estación marcan tanto el número de asentamientos como el de personas que lo habitan. 

Las administraciones locales ponen contra las cuerdas a los asentamientos de personas migrantes

Pepa Suárez

Migración

Andalucía Las administraciones locales ponen contra las cuerdas a los asentamientos de personas migrantes

Pepa Suárez

Demoliciones de chabolas sin alternativa habitacional, prohibición de reconstruir las infraviviendas después de un incendio y negativa a empadronar en los chabolas son algunas de las prácticas habituales de algunos consistorios onubenses.

La presencia de las mujeres en los asentamientos de chabolas es un fenómeno relativamente reciente según el mismo estudio. La mayoría de ellas son de origen marroquí, mujeres contratadas en origen mediante la Orden GECCO y que, una vez terminada la campaña, decidieron quedarse en territorio español de forma irregular. En este sentido, Andalucía Acoge señaló, en la presentación del informe, la extrema vulnerabilidad de las mujeres en los asentamientos de Huelva. La situación de irregularidad unida a la pérdida del alojamiento en la finca, que por derecho le correspondía mientras estaban contratada, les lleva, en muchos casos, a los asentamientos como única alternativa habitacional y a caer en redes de prostitución como única forma de subsistencia. 

En cuanto a la situación administrativa, el 68,5 % de las personas se encuentran en situación irregular, porcentaje que aumenta hasta el 78,5% en el caso de las mujeres. Teniendo en cuenta que las personas migrantes pueden solicitar el permiso de trabajo después de tres años de residencia en España, resulta difícil encontrar personas con menos de cinco años viviendo en los asentamientos que dispongan del mismo por la vía del arraigo, según el mismo estudio. Además señalan la cronificación de extrema vulnerabilidad del 25,5% de migrantes que llevan viviendo más de cuatro años en los asentamientos. 

El certificado de empadronamiento resulta necesario para la adquisición de derechos ciudadanos, pero también es el primer documento necesario para la tramitación del permiso de residencia y trabajo

La negativa de los ayuntamientos a empadronar en chabolas “es una de las situaciones más injustas de esta realidad, ya que tan solo dependen de la voluntad política y de hacer cumplir la normativa”, señala Andalucía Acoge en su estudio. El certificado de empadronamiento resulta necesario para la adquisición de derechos ciudadanos, pero también es el primer documento necesario para la tramitación del permiso de residencia y trabajo. “Además de las duras condiciones de vida a las que están sometidas estas personas, tienen que soportar la indiferencia de una administración que les lleva a la invisibilidad de su situación”, apunta Milagros Villamarín responsable de Compromiso de la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) en Huelva, involucrada en las acciones de defensa del derecho al empadronamiento. 

Origen de los asentamientos

Las primeras chabolas de migrantes aparecieron en el último tercio de la década de los 90. El Sindicato de Obreros del Campo denunciaba en un informe, a finales de junio de 2000, que más de 1300 personas migrantes, de los 5000 que se desplazaron a la campaña de la fresa en Huelva, se alojaron en 18 asentamientos de chabolas construidas por ellos mismos. Estos asentamientos estaban situados en Palos de la Frontera, Moguer, Bonares, Almonte, Lepe y Cartaya. Del total de trabajadores, 2500 procedían del Magreb, 1500 de Portugal, principalmente de etnia gitana, 500 de países del Este de Europa y el resto de África subsahariana. Ya en aquellos años, la mano de obra local comenzaba a ser insuficiente para la campaña de recolección de la fresa. Un cuarto de siglo después, la procedencia de las personas en los asentamientos proceden en un 48,6% de Marruecos, un 19,4% de Mali y 9,3% de Senegal según Andalucía Acoge. 

Los asentamientos nacieron al calor de la demanda de mano de obra del sector de los frutos rojos, un sector agrícola potente con más de mil millones de euros en venta anuales y una creación de puestos de trabajo que supera los 100.000. Según Interfresa, el sector aporta el 8% al PIB andaluz. 

Ajenos a cualquier solución los habitantes del Polígono de San Jorge en Palos de la Frontera vuelven, por enésima vez, a reconstruir sus chabolas. Los sucesivos fuegos han destruido más de la mitad del mayor asentamiento de la provincia de Huelva con una población de 850 migrantes. Esta vez, el Ayuntamiento ha acotado la zona donde pueden vivir y, para ello, ha removido la tierra limitando a una zona con desniveles donde pueden reconstruir algunas infraviviendas. Las chabolas se unen unas a otras sin dejar espacio apenas para el paso de las personas. Musa (nombre ficticio), un migrante de Mali lleva viviendo en el asentamiento 3 años y ha reconstruido su chabola tres veces después de los incendios. A la pregunta de si cree que vendrán soluciones a esta situación, deja de martillear los clavos que unen los palés de su nueva chabola y sonríe: “¿Tú te lo crees?”