Sanidad pública
Yo Sí Sanidad Universal denuncia la exclusión sanitaria de menores de edad y embarazadas

La plataforma ciudadana Yo Sí Sanidad Universal denuncia que en el sistema madrileño de salud se está produciendo una creciente exclusión sanitaria de mujeres embarazadas y menores de edad de origen extranjero. En los últimos meses de 2017, denuncian, se ha observado "un pico" del número de personas afectadas, lo que ha motivado que el colectivo envíe quejas al Defensor del Pueblo, sin respuesta aún. 

La organización atribuye esta situación a los cursos que el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) está impartiendo al personal administrativo, donde “reciben instrucciones que incumplen toda legislación de protección de estos colectivos”. “Comenzaron a llegarnos casos de mujeres embarazadas y menores que no estaban siendo atendidas y descubrimos que se están impartiendo unos cursos donde se dan mensajes que generan la exclusión”, explicó Irene Rodríguez, una de las portavoces del colectivo. 

La aplicación del Real Decreto Ley 16/2012 significó un cambio profundo del modelo sanitario español. Se pasó de un sistema público de salud que destacaba por su universalidad a otro de separación entre personas aseguradas y no aseguradas, que significó de facto la exclusión de diversos colectivos.

Sin embargo, se establecieron tres excepciones: la atención de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica; en el caso de embarazadas, la “asistencia al embarazo, parto y posparto”, y “en todo caso, los extranjeros menores de 18 años recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles”.

“Había una idea general de que embarazadas y menores quedaban a salvo, entonces cuesta entender estas nuevas instrucciones”, explica Nacho Revuelta, también integrante de Yo Sí, y señala que esta nueva exclusión “es significativa porque comprende a una población sensible. No acabamos de entender este deseo de exclusión”.

el curso del sermas

Desde hace años el SERMAS, a través de la Subdirección General de Planificación Sanitaria y Aseguramiento, realiza cursos de formación destinado a todas las direcciones asistenciales. En 2017 se han llevado a cabo ocho encuentros del curso denominado “De derecho y acceso a la asistencia sanitaria”, y es en ese marco en el que se proyecta un PowerPoint con las controvertidas instrucciones.

Entre las dispositivas que se están utilizando destaca una en la que se subraya “estancias vs situación irregular (solo extranjeros sin permiso de residencia)”, y se plantean tres formas de valoración a través de la verificación del “documento de entrada a España”. En ese punto es palmario que la persona responsable de administración deberá revisar el DNI del país de origen del paciente (si es comunitario), el pasaporte o el visado que lleve (si es uno de los países para lo que se exige visado).

En el mismo documento de trabajo se reincide más adelante en la diferenciación de los conceptos apuntados: “Recordamos… Estancia vs situación irregular”, reitera otra dispositiva del PowerPoint.

Si bien en el curso se menciona la existencia del real-decreto sanitario y las excepciones, desde Yo Sí denuncian que desde el SERMAS “se aferran a una normativa anterior, el Real-Decreto Ley 11/1992, que especifica que a los comunitarios que llevan menos de tres meses en España no se les puede considerar como personas sin permiso de residencia y por ende no se le pueden aplicar las excepciones que corresponden al RDL que nos ocupa”.

Muchas administrativas se quejan porque sienten que están “asumiendo un rol de policía”

Asimismo, acusan de obligar al personal administrativo a aplicar una segunda normativa, en este caso de extranjería, también previa, “en la que se especifica que las personas que vienen a España están obligadas a ingresar con un pasaporte y con un visado y que, para el visado, necesitan un seguro de enfermedad. El mensaje es que si no lleva 90 días en España no se le puede considerar persona irregular y, por lo tanto, no se puede aplicar el RDL”.

“Todo el curso se orienta a que el personal administrativo aprenda a diferenciar lo que es estancia de residencia, si es una estancia temporal, si es residencia legal o ilegal, si tienen DNI de su país, cuánto tiempo llevan en España, algo muy farragoso que tiene que ver con conceptos de extranjería y no sanitarios. Y esto se está aplicando también a menores y embarazadas”, enfatizan desde la plataforma ciudadana, e indican que muchas administrativas se quejan porque sienten que están “asumiendo un rol de policía”.

“Si hasta el momento solo se pedía el empadronamiento, ahora ya ni siquiera eso les resulta suficiente”, remarca Rodríguez, y agrega que incluso “la confusión es tal que en algunos casos están mirando cuándo se empadronan y contando los tres meses a partir de allí, lo que implica que a personas que llevan muchos años viviendo en España, pero recién han venido a Madrid, también se les aplique la espera de más de tres meses”.

“Todo el curso se orienta a que el personal administrativo aprenda a diferenciar lo que es estancia de residencia, si es una estancia temporal, si es residencia legal o ilegal, si tienen DNI de su país, cuánto tiempo llevan en España..." 

“Ellos dicen que te dan de alta como transeúnte por un día, que es un alta y baja puntual, pero en niños no permite ni vacunar, ni que lo vea un pediatra, ni ningún tipo de revisiones. En embarazadas no pueden ir a un ginecólogo ni hacer ningún control del embarazado. Es muy serio”, concluye Revuelta, que profundiza en que “estas instrucciones no discriminan si la embarazada o el niño viene con un problema o no. Prima esa visión de extranjería por sobre la sanitaria. Los cursos están basados en poner barreras, cuando son administrativos de un centro sanitario y deberían basarse en la salud. No se preocupa por el estado de salud de la persona, sino por la fecha de entrada”.

Lo no escrito

El colectivo Yo Sí Sanidad Universal, nacido en 2012 como respuesta ciudadana al Real Decreto-Ley 16/2012, ha sido un activo frente de lucha contra la exclusión, generando materiales de trabajo, grupos de acompañamiento, propuestas y denuncias. De allí que conozcan la importancia que los mensajes verbales suelen tener para profundizar la exclusión.

En tal sentido, trasladaron a la prensa la literalidad de una pregunta realizada por una de las administrativas respecto a este controvertido punto, y la respuesta de las personas responsables de impartir el curso. “A la pregunta de si ¿en el caso de los menores y mujeres embarazadas que todavía no están en situación irregular porque no han pasado los 90 días, qué se les hace?, la respuesta fue que ‘con cargo a fondos públicos ya estamos viendo que la normativa no lo recoge. Nosotros lo que tenemos que decir es lo que dice la normativa: la normativa no recoge que tengas la asistencia con cargo a fondos públicos’”. Esta literalidad, demostraría según los denunciantes, que las excepciones quedarían sin reconocerse.

Asimismo, informaron que se está dando otra instrucción “grave”, aunque de forma verbal. “Se prohíbe la inclusión en el sistema de embarazadas que hayan cumplido las 38 semanas de gestación, porque las consideran mujeres que han venido a parir y por ende deberían venir cubiertas por un seguro privado. No hemos encontrado un documento donde se vuelque, pero sí nos comentan que se está diciendo”, afirman.

A esta situación se suman otros efectos secundarios que implica recibir un no en la recepción de un centro de salud. Si bien desde Yo Sí advierten que se dan todo tipo de reacciones ante la negación de asistencia, es posible que muchas mujeres y familias con menores de edad opten por no volver a un centro de salud salvo caso de extrema gravedad.

“Por eso exigimos al SERMAS que cese está práctica de vulneración de derechos de mujeres embarazadas y de menores. Que cumpla la ley y los convenios internacionales garantizando la atención de los menores de edad y mujeres embarazadas con independencia de su situación administrativa. Y en tercer lugar, que emita instrucciones escritas, claras y públicas a todos los centros sanitarios, y en especial a las profesionales de los servicios de admisión, revirtiendo las instrucciones impartidas en los cursos”, piden desde Yo Sí.

“No estoy autorizada a responder”

Tras infructuosas llamadas telefónicas, la responsable del área de aseguramiento de la Subdirección General de Planificación Sanitaria y Aseguramiento del SERMAS, Marisa Martín, indicó a El Salto que no estaba “autorizada a responder”.

Sin embargo, en virtud de un mail que desde este medio se le había enviado con preguntas por escrito, se preocupó por conocer si teníamos copia del PowerPoint que se utiliza para los cursos. “Eso es muy grave, es un documento interno que nadie debería tener”, indicó escuetamente.

Asimismo, señaló que ellos “de ninguna forma” vulneran ninguna ley. Y ante nuestra insistencia en que se estarían vulnerando las excepciones del RDL, señaló que el personal administrativo debe “cumplir con todas las leyes, incluso con las de extranjería. “Y de policial, nada”, afirmó.

Llama la atención de esta directiva porque en cierta forma parecen contradecir los carteles pegados en todos los centros de salud en donde se lee que “la Comunidad de Madrid atiende a todas las personas en todos los centros sanitarios. No hacemos excepciones”.

“Nos encontramos con que públicamente el SERMAS dice que no hacen excepciones y, sin embargo, de puertas para adentro la formación que se está dando a personal administrativo hace todo lo posible por excluir y generar confusión”, concluyen desde la Plataforma Yo Sí Sanidad Universal.