Sanidad privada
El modelo Muface, en entredicho: el número de funcionarios que eligen la sanidad pública ha aumentado un 66%

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, más conocida como Muface, está ahora en boca de todo el mundo, coincidiendo con el fin de los conciertos que esta entidad mantiene con tres entidades privadas: Adeslas, Asisa y DKV. Mientras que el Gobierno ofrece un aumento del 17% en la prima que paga a estas aseguradoras en dos años, y pone sobre la mesa la cifra récord de 2.681 millones de euros, las aseguradoras se revuelven porque demandan una subida del 38% y lanzan amenazas de no acudir a la licitación. Hablan de “infrafinanciación” y de “pérdidas anuales de unos 200 millones de euros”, pero lo cierto es que cada vez son menos los funcionarios y funcionarias que optan por la vía privada.

Muface (Isfas para las Fuerzas Armadas y Mugeju para Justicia), nació en 1975 para gestionar la atención sanitaria que reciben los trabajadores y trabajadoras del Estado y ofrece la posibilidad a los funcionarios de optar por ser tratados por estas clínicas privadas o bien por la sanidad pública. En la actualidad atiende a 1.496.276 personas y los datos demuestran que hay una clara tendencia de optar por la vía pública: entre 2010 y 2022 el número de funcionarios que acuden a la sanidad pública se ha incrementado en un 66%.

Hay una selección de riesgos de las aseguradoras, esto es, los pacientes con enfermedades más complicadas acaban siendo atendidos en la pública

Según los datos de las memorias anuales de Muface, en 2010 había 266.036 trabajadores atendidos por la sanidad pública, un 17%. En 2022 este dato se eleva a los 400.813, y alcanza ya al 26,79%, un incremento porcentual de nueve puntos. Y, ¿qué hay detrás de esta tendencia? Expertos consultados para este reportaje avisan: hay una selección de riesgos de las aseguradoras, esto es, los pacientes con enfermedades más complicadas acaban siendo atendidos en la pública.

Un estudio demuestra la selección de riesgos de las aseguradoras

En febrero de 2024 estas afirmaciones tuvieron sostén: la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria presentaba el estudio Desentrañando la selección de riesgos en las mutualidades de empleados de las administraciones públicas españolas: evidencia a partir de las hospitalizaciones por cáncer en la red sanitaria pública.

Propuestas para acabar con el transvase de dinero público a la sanidad privada

Sara Plaza Casares

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Sanidad privada

Muface en la diana Propuestas para acabar con el transvase de dinero público a la sanidad privada

Sara Plaza Casares

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Sumar saca de nuevo a la palestra el debate sobre la contradicción de que funcionarios opten a servicios sanitarios privados con dinero público, mientras los trabajadores y trabajadoras de la administración cada vez eligen menos estos servicios.

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Dicho estudio partía de la hipótesis de que las empresas tienen incentivos para la selección de riesgos, que son más visibles en pacientes de alto costo. Se centraron en una enfermedad particularmente costosa, el cáncer, cuya prevalencia es similar entre los empleados gubernamentales y la población general. Para ello compararon los ingresos en los hospitales públicos de los funcionarios que han optado por la prestación pública y la población general y encontraron “una selección de riesgos significativa; así, en los empleados gubernamentales hospitalizados, la probabilidad de que aparezca en el registro un cáncer metastásico y un cáncer no metastásico es un 31% mayor que en la población general”.

Jaime Pinilla Domínguez, uno de los investigadores de este estudio, explica a El Salto que teniendo en cuenta que los datos de la encuesta nacional de salud nos dice que los mutualistas no tienen más probabilidad de desarrollar cáncer que la población general, es raro que esto se produzca, “lo que nos inclina a pensar en una probable selección de riesgos por parte de las aseguradoras privadas”.

“Las noticias sobre deslocalización de servicios oncológicos por parte de las aseguradoras o las quejas al Defensor de Pueblo animan a pensar que a las aseguradoras no les interesan estos pacientes”, Jaime Pinilla, investigador

Preguntado por si de podría inferir que las aseguradas privadas acaban derivando a estos pacientes hacia opciones públicas, Pinilla expresa que “no tenemos datos para asegurar que exista y cual es la causa de la derivación, pero las noticias sobre deslocalización de servicios oncológicos por parte de las aseguradoras, las quejas al Defensor de Pueblo por parte de los mutualistas y las denuncias del sindicato de funcionarios animan a pensar que a las aseguradoras no les interesan estos pacientes”.

En febrero de 2022, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, pidió información a Muface, después de las denuncias de la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO (FAC-USO) y CSIF sobre el supuesto recorte de cuadros médicos y centros hospitalarios. Gabilondo aseguraba que las entidades privadas están dando de baja a médicos y hospitales que atienden a los mutualistas de Muface, Mugeju e Isfas, una situación que estaría afectando sobre todo a las especialidades de Oncología, Psiquiatría y Servicios de Diálisis.

Sumar pedía la extinción del modelo Muface

“Una contradicción”. Así definía el modelo de Muface la propuesta programática en materia sanitaria de Sumar con el que concurría a las pasadas elecciones. Así, la hoja de ruta de Yolanda Díaz, se mojaba en este aspecto pidiendo la extinción de este modelo de manera progresiva. La actual ministra de Sanidad, Mónica García, que forma parte de la coalición de Sumar, ha asegurado recientemente que Muface no es su prioridad. “Muface tiene grandes detractores y grandes seguidores, yo no estoy ni en los unos ni en los otros”, declaraba en una reciente entrevista en la Cadena Ser. “Mi prioridad es la atención primaria, mi prioridad es la salud mental, mi prioridad son los profesionales, recuperar el orgullo de nuestra sanidad pública, adaptarla al siglo XXI y por supuesto ensancharla”, aseguraba.

A preguntas de este medio sobre la postura del Ministerio de Sanidad con respecto a la renovación del convenio con Muface, fuentes de este organismo han asegurado que ellos no se encuentran en las negociaciones con las aseguradoras ni es competencia suya. Si bien es cierto que las negociaciones están en manos del Ministerio de Función Pública, capitaneado por el socialista Óscar López, el pasado viernes el conjunto del Consejo de Ministros aprobaba la subida de primas hasta el 17%, mejorando la primera propuesta que fue de una subida del 14%.

Las aseguradoras piden un incremento presupuestario superior al experimentado en la sanidad pública

Para la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), el modelo de Muface es "un elemento distorsionador en el sistema sanitario público“ y ”supone un factor muy importante de desigualdad y discriminación en el acceso de la población a la atención sanitaria“. ”Nosotros creemos que Muface es una cosa que debiera desaparecer, no tiene mucho sentido que haya una alternativa discriminatoria financiada con fondos públicos y que si sigue existiendo el crecimiento económico que se le ofrece está por encima del que recibe la sanidad pública", expresa el portavoz de FADSP mientras hace hincapié en un dato: el presupuesto para la sanidad pública se ha incrementado un 4,99% en el último año, mientras se ofrece a las aseguradoras un 17,1% en dos años, un 8% al año, es decir, el doble.

El presupuesto para la sanidad pública se ha incrementado un 4,99%, mientras se ofrece a las aseguradoras un 17,1% en dos años, un 8% al año, es decir, el doble

Frente a las previsiones apocalípticas que se lanzan desde los defensores del modelo de Muface, que dicen que si todos los funcionarios se fueran a la sanidad pública colapsaría el sistema, Sánchez Bayle es tajante: “Si los funcionarios pasan a la sanidad pública, pasan con los correspondientes fondos y se pudiera incrementar de manera notable los efectivos en esta”.

Para Carmen Esbrí, portavoz de Marea Blanca y responsable de Sanidad de ATTAC, al Gobierno le falta “carácter” para acabar con el transvases de fondos públicos hacia la sanidad privada, que es lo que supone el modelo dual que ofrece Muface. Y ante la subida acordado por el Consejo de Ministros, valora que se están dejando “chantajear” por algo que está perjudicando la sanidad pública.

“En 2017 tuvimos diversas reuniones con partidos del Congreso y algunos estaban por la eliminación de Muface, pero veo que una vez más se van a dejar chantajear por la empresa privada y perdemos la ciudadanía en su conjunto”, concluye Esbrí. En esas reuniones con la comisión de Sanidad en el Congreso registraron un documento con 38 propuestas. Una de ellas era la eliminación de la financiación pública de las mutualidades de funcionarios. “El Gobierno debe ser líder en el manejo de los recursos públicos y generar un protocolo para resolver el problema Muface”, zanja.