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Salud mental
La tasa de psicólogos en la sanidad pública sitúa a Andalucía a la cola de Europa
“Los psicólogos existen en la sanidad pública, pero ven a los pacientes cada dos meses, eso no es una psicoterapia, eso no sirve para nada”. La psiquiatra Cristina García Bernal se queja de la falta de personal de atención a la salud mental en la sanidad pública andaluza: “Yo como psiquiatra veo un caso de ansiedad y depresión cada seis meses y un caso de TMG lo veo como mucho cada tres meses. No me caben los pacientes”. Bernal incide en lo peligroso de las esperas tan largas para pacientes con procesos de salud mental que tiene como consecuencia que las personas afectadas a pesar de no tener recursos acaben yendo a la atención privada “Hay personas que no tienen ni para comer y tienen que ir a una terapia privada porque no pueden esperar”, otra de las consecuencias de estos tiempos de espera tan dilatados según reconoce la psiquiatra es el colapso de las urgencias psiquiátricas.
Andalucía es una de las comunidades que lideran la tasa de suicidios entre jóvenes según el sistema nacional de salud. Además, los datos recientes del SAS apuntan una subida del 21% en la atención a personas jóvenes en los servicios de atención a la salud mental. A pesar de tratarse de una de las comunidades más amplias en población y en el que los problemas de salud mental están sufriendo un aumento considerable, se encuentra a la cola de servicios e infraestructuras para atender a la ciudadanía. Según los datos del Defensor del Pueblo del Estado, Andalucía no llega a los 3,5 psicólogos en el SAS por cada 100.000 habitantes, siendo más baja que la media de todo el estado: 6 psicólogos por cada 100.00 habitantes, siendo a su vez esta cifra la más baja de toda Europa cuya media es de 18. Actualmente, según datos de la Junta de Andalucía, hay un total de 2.800 profesionales repartidos 156 centros que prestan atención a la salud mental a una población total de 8,427 millones de andaluzas.
El presidente Juanma Moreno durante la campaña electoral prometió centrar su legislatura en potenciar la atención primaria y la atención a la salud mental, unas promesas que tras las últimas decisiones privatizadoras del gobierno andaluz parecen muy lejos de llegar a cumplirse. La situación de falta de inversión en salud mental en la sanidad pública están dejando casos como el del pasado julio de 2022, en el que una joven de Córdoba tuvo que ser ingresada, tras varios meses de espera, en las dos plazas de régimen de hospitalización completa de Andalucía, en un hospital de ciudad real ante la falta de camas libres en salud mental en Andalucía. Un caso similar al ocurrido en mayo de 2022 cuando el hospital clínico de málaga tuvo que ingresar a pacientes con salud mental fuera de la unidad ante la saturación en la unidad psiquiátrica que derivó en una falta de camas.
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Belén, nombre ficticio para preservar su identidad, es una persona diagnosticada con varios trastornos psiquiátricos, entre ellos TLP, ha sufrido en su propia piel las deficiencias de la atención a la salud mental en Andalucía: “A mí llevaban sin verme en la pública 10 meses, y a pesar de que no tengo medios económicos tuve que ir a la privada”, ante la desesperación de la espera, reflexiona “Es difícil pedir ayuda y cuando lo haces te preguntas, pero si ya he pedido ayuda, a quien le tengo que pedir ayuda para que me atiendan”. Belén responsabiliza de la falta de recursos “no a las trabajadoras sino a quien administra el dinero, en este caso a la Junta de Andalucía”, y expone la peligrosidad que supone mantener a la espera a personas con procesos de salud mental “puede que una depresión se convierta en un trastorno, se cronifique y se vuelva algo para toda la vida si no se atiende adecuadamente”.
“Los psicólogos existen en la sanidad pública, pero ven a los pacientes cada dos meses, eso no es una psicoterapia, eso no sirve para nada”. Cristina García Bernal, psiquiatra.
La Fundación FAISEM (Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental) es la entidad de la Junta de Andalucía que “tiene como objetivo el desarrollo y gestión de recursos de apoyo social para personas con dependencia y discapacidad derivada de padecer trastornos mentales graves”. Una fundación que atiende actualmente a más de 10.000 personas en toda la geografía andaluza. En los últimos meses, los trabajadores de esta entidad se han manifestado en distintas ciudades por el deterioro de sus condiciones laborales. Sindicatos como CC OO reconocían el pasado abril en una manifestación de las trabajadoras de FAISEM en Jerez que el gobierno andaluz está “implantando políticas de recorte en derechos laborales, tocando materias de conciliación, como los permisos no retribuidos, las vacaciones y una propuesta irrisoria sobre el nuevo convenio colectivo”. Además, tanto sindicatos como trabajadores ponen el foco en el temor de que la privatización de servicios como el de cocina suponga el inicio de la privatización total de la fundación.
Una trabajadora de la entidad, que prefiere ocultar su identidad para evitar represalias, comenta un detalle significativo: “Desde que está el PP nos obligan a llevar batas en las casas hogares, imagínate lo que supone a los usuarios vivir en una casa que parece un hospital todo el rato”. La trabajadora insiste en la necesidad de que la fundación tenga un plan integral para su funcionamiento, ya que “en cada provincia se trabaja de un modo distinto” lo que supone una apertura a la arbitrariedad de quién se encuentre trabajando en cada centro, lo que en algunas ocasiones se traduce en prácticas restrictivas a las usuarias de este servicio “En algunos lugares existen muy buenas prácticas en otros el educador puede decidir si una persona fuma o no fuma o qué hacer con su dinero, ya que no hay un control por parte de la junta”.
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Clara De la rubia representante de la Confederación de Salud Mental en Andalucía, comenta la influencia de los factores contextuales como la economía y el entorno familiar en la salud mental de las personas “Si tú no sabes si te va a llegar para la factura de la luz y no tienes una familia que te apoya es un detrimento para la salud mental”. De la Rubia insiste en la necesidad de inversión pública no solo en asistencia, sino en educación emocional para convertir: “los síntomas de la tristeza, del cansancio, de la apatía, o de la ansiedad, en emociones como la esperanza o la ilusión. Y para que la vida sea, ante todo, un lugar para vivir”.
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¿Salud mental en Españistán? Eso no es necesario porque aquí tenemos la tortilla de patatas, muchas horas de sol y muchos bares, por ejemplo. No son necesarios los psicólogos, salvo algún excepcional caso.
En Españistán tampoco existen ni las torturas, ni los malos tratos degradantes-humillantes perpetrados por funcionarios públicos, ni los abusos de poder, ni la prevaricación, ni la corrupción sistémica; nada de esto existe porque está prohibido por la Constitución que nos hemos dado entre todos. Y, además de habérnosla dado entre todos, resulta que es también una Constitución Verdadera-Democrática. Por eso no hace falta ni investigar las denuncias de torturas, malos tratos, abusos de poder, prevaricaciones, etc., salvo que sea para investigar al presunto falso denunciante -(nunca víctima de nada)-; por eso mismo hay un ministro de Interior que cuando era juez de no sé qué tribunal de Españistán, fue víctima de un Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que condenó a Españistán unas 6 u 8 veces porque ese juez de entonces no hizo más que su trabajo, es decir, no investigar las imposibles torturas, malos tratos o megacriminales abusos de poder, pues nada de esto puede existir en Españistán.
Además, lo dice en NO-DO de hoy en día, es decir, el Vigente Duopolio Mediático del Neoliberalismo, por tanto debe ser verdad.
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