Represión
Juicio del Forn de Barraca: las acusadas defienden que no hubo “resistencia” ni “desobediencia”

Más de cinco horas ha durado este martes el juicio del Forn de Barraca en la Ciutat de la Justícia de València. Tres años después del desalojo y derribo de la alquería centenaria de Alboraia, el 27 de septiembre de 2019, se ha juzgado a las cuatro ecologistas que se detuvieron aquel día. La Fiscalía ha pedido ocho meses de prisión para la mujer que se ató al balcón en el ala este de la alquería y otros ocho meses para cada uno de los dos hombres que subieron al tejado, todos por presuntos delitos de desobediencia grave, y cinco meses para una de las mujeres que estaban concentradas en la parte baja por supuesto delito de resistencia. Además, ha solicitado un total de 329,66 euros “por los servicios de seguridad”. Por su parte, la defensa de las acusadas han pedido la absolución de todas por considerar que en ningún momento hubo ni desobediencia ni resistencia.

Pese a los tres años que han pasado desde la protesta —con la pandemia del coronavirus por en medio—, el Ministerio Fiscal no ha presentado más pruebas que el testimonio de cinco miembros de la Guardia Civil; la defensa de las acusadas ha presentado siete testimonios, además de pruebas documentales: un parte de lesiones de la detenida que estaba abajo y vídeos en los que se aprecia la colaboración de las activistas con las fuerzas policiales y bomberos cuando pusieron los medios de seguridad adecuados para desalojarlos.

La defensa de las acusadas ha presentado siete testimonios, además de pruebas documentales: un parte de lesiones de la detenida que estaba abajo y vídeos en los que se aprecia la colaboración de las activistas con las fuerzas policiales y bomberos cuando pusieron los medios de seguridad adecuados para desalojarlos

Los acusados que estaban en el tejado han argumentado en todo momento que la acción “no estaba organizada” y que tomaron la decisión en cuestión de “segundos”, cuando vieron el gran despliegue policial que se acercaba —decenas de agentes de la Guardia Civil, un helicóptero y varias motos y furgonetas—. Algunas de las activistas les ayudaron a subir y, después, no tenían posibilidad de bajar “en condiciones de seguridad”, ya que habían desalojado a las personas que estaban abajo.

Aunque estaba anunciado el derribo de la alquería en una fecha cercana, ninguna de las presentes sabía con exactitud cuándo sería (ni nadie, puesto que no se hizo público); los agentes aparecieron de improviso hacia las seis de la madrugada. “A nosotros nos avisaron un día o dos antes y no nos dieron mucha información”, ha declarado un guardia civil del grupo de apoyo para desalojar. De hecho, uno de los detenidos ha recordado que ese día llevaba la mochila con su ropa de jardinero y las tijeras de podar porque pensaba entrar a trabajar, como siempre, a las siete y media de la mañana.

¿El objetivo de las ecologistas con esta acción? Han admitido que querían que se hiciera de día para que llegara más prensa, salieran bien las fotos y los vídeos con la luz y, así, lograr que el caso se mediatizara. “Subimos al tejado con una foto con el dibujo de la alcachofa llorando para que saliera en los medios”, ha subrayado uno de los acusados.

“Subirse a un tejado para que te hagan una foto puede sonar infantil o peligroso, pero no está tipificado como delito en el Código Penal”, expone una de las abogadas de la defensa

Como ha alegado una de las abogadas de la defensa, “subieron en señal de protesta simbólica y política por lo que consideraban una agresión a la huerta y al patrimonio valenciano”. “Subirse a un tejado para que te hagan una foto puede sonar infantil o peligroso, pero no está tipificado como delito en el Código Penal”, ha añadido.

Periodistas que han declarado como testigos han confirmado que el caso en su día fue muy mediático y que las activistas dejaron claro, desde los primeros días, que no pretendían evitar el derribo de la alquería ni detener la ampliación de la autovía V-21 que arrasó unos 60.000 metros cuadrados de huerta, sino conseguir que saliera en todos los medios para alertar de las obras en un contexto de cambio climático. “Y lo consiguieron, como demostró el hecho de que el 28 de septiembre las portadas de los principales diarios de València, Levante-EMV y Las Provincias, abrieran con una foto de la protesta”, ha recordado una de ellas.

En ningún caso, han reiterado, tenían la voluntad de desobedecer ni de mostrar ningún tipo de resistencia, como así se vio en los vídeos que se difundieron aquel día en redes sociales, medios de comunicación escritos y televisiones. El agente que participó en el desalojo ha dicho que “los de arriba no colaboraban mucho”, pero los ecologistas han argumentado que no escucharon en ningún momento la orden de bajar —todos los testigos han subrayado que había “mucho ruido” y “caos”, con un helicóptero sobrevolando sin cesar, por lo que difícilmente se podía oír algo sin el uso de, por ejemplo, un altavoz—.

Cuando se pusieron los medios adecuados (el Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña, GREIM) para poder descender con seguridad, bajaron sin discutir ni mostrar ningún tipo de resistencia. Los dos miembros del GREIM que han declarado se han contradicho en este punto: mientras el primero ha asegurado que “colaboraron en todo momento”, el segundo ha dicho que al principio no, pero después sí lo hicieron. Respecto a la mujer que estaba atada en el balcón, el agente ha declarado que, tras dialogar con ella, dijo que no se opondría a la detención. Por todo ello, las abogadas han alegado que en ningún momento se produjo un delito de desobediencia grave, para lo que se exige, en base a la jurisprudencia existente, “una oposición tenaz, contumaz y rebelde”.

Un agente inmovilizó a una de las encausadas cogiéndola de la mano y doblándole la muñeca, lo que provocó que estuviera “al borde de las lágrimas” del dolor

Sobre la mujer detenida abajo y a la que se le acusa de resistencia, ha declarado que salió de manera “completamente pacífica”, “sin poner resistencia”, junto con el resto de activistas. Al ver a una compañera en el suelo, se acercó a ayudarla. Según su relato, entonces un agente la inmovilizó cogiéndola de la mano y doblándole la muñeca, lo que provocó que estuviera “al borde de las lágrimas” del dolor. Le pidió que la cogiera de otra manera, llegaron refuerzos, perdió el equilibrio y cayó al suelo, donde se cubrió la cabeza porque estaba recibiendo patadas. Entonces la detuvieron, sin que el resto de activistas lo viera. “En un momento dado, desapareció”, ha declarado una testigo. “No se aprecia resistencia activa ni pasiva, solo pidió que dejaran de hacerle daño”, ha argumentado su abogada.

Una protesta que se mediatizó mucho y dividió al Botànic

A la espera de la sentencia, contextualicemos la protesta del Forn de Barraca. Comenzó como un encuentro espontáneo de personas, la mayoría de las cuales no se conocía entre sí, como una manera de visibilizar su rechazo a unas actuaciones políticas incoherentes con el relato que se pretendía vender desde las instituciones: el 6 de septiembre de 2019 la Generalitat Valenciana aprobó la declaración institucional de emergencia climática, el discurso “verde” plagaba el argumentario político del gobierno autonómico y el 27 de septiembre —día del desalojo— se celebraba la Huelga Mundial por el Clima.

De aquel encuentro inicial surgió una acampada que duró diez días y durante la cual se hicieron diversos talleres y actividades culturales: serigrafía, defensa personal, charlas sobre activismo ecologista, proyección de documentales como “A Tornallom” sobre las expropiaciones en La Punta por la ZAL, conciertos de Xavi Sarrià, Pau Alabajos o Mireia Vives i Borja Penalba, almuerzos y comidas populares, etcétera.

La protesta provocó diferencias en el seno del Botànic II. En redes sociales, nadie quiso asumir las responsabilidades sobre las expropiaciones, derribos y destrucción de la huerta

La protesta provocó diferencias en el seno del Botànic II. En redes sociales, nadie quiso asumir las responsabilidades sobre las expropiaciones, derribos y destrucción de la huerta —un plan que inició el PP en el gobierno central y prosiguió el Ministerio de Fomento de José Luis Ábalos—. La entonces vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, dijo que “obviamente se necesitan infraestructuras”, pero apeló por trabajarlas “con equilibrio medioambiental y dentro de las políticas contra el cambio climático”.

Gracias a la presión ciudadana, Compromís moduló su posición y llegó a tildar la carretera de infraestructura “totalmente innecesaria”; Unides Podem pidió, incluso, la “paralización” de las obras. Más polémicas fueron entonces las declaraciones del exsíndico del PSPV-PSOE en Corts Valencianes, Manolo Mata, quien llegó a afirmar en plenas protestas que las alquerías centenarias tenían “un interés arquitectónico nulo” y que “60.000 metros cuadrados de huerta no alteran absolutamente nada”.

Durante el desalojo, en el que no se dejó ejercer como periodista a la que firma este artículo pese a haberse identificado como tal, las ecologistas denunciaron que muchas “sufrieron contusiones” y que hubo “diferencias de trato por cuestión de género” con las detenidas.

Pese a que las obras del tercer carril de la V-21 se justificaron con que acabarían con los atascos en la entrada norte a València, lo cierto es que pocas horas después de inaugurarse el tramo completo, en octubre de 2022, la Dirección General de Tráfico anunciaba una retención de tres kilómetros.