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El Gobierno salva por la mínima dos decretos mientras Podemos tumba los subsidios de Díaz

El rapapolvo en las cortes que se preveía para el Gobierno de Pedro Sánchez al final no ha llegado. La negativa a participar en las votaciones por parte de Junts ha salvado a PSOE de un golpe estrepitoso, aunque el fallo en la convalidación de uno de ellos deja al descubierto las consecuencias de la guerra abierta entre la izquierda a la izquierda del PSOE. 

El decreto 'omnibus' ha sido aprobado con 172 votos a favor y 171 en contra, lo que permitirá el desbloqueo de 10.000 millones de euros de los fondos europeos dirigidos fundamentalmente a solidificar el escudo social.

Sin embargo, el Congreso se ha visto en la obligación de realizar una nueva votación para el decreto anticrisis, tras un empate por un error de votación del diputado por sumar Gerardo Pisarello. El error ha obligado a repetir la votación telemática y también el voto presencial en una sesión que ha transcurrido, entre sobresaltos, en el Senado, por las obras que tienen lugar en el Congreso de la Carrera de San Jerónimo. A las 19:55h el decreto ha salido adelante con 172 votos a favor, 171 en contra y las siete abstenciones de Junts.

El decreto que mantendrá el IVA al 0% para alimentos básicos y al 5% para pasta y aceite, además de aumentar el periodo de ayudas al transporte público va a salir adelante tras una jornada tensa en la que el Ejecutivo se jugaba la primera gran votación tras la investidura del 16 de noviembre.

“Es muy difícil gobernar así”, se resignaba pasado el mediodía la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ante las cámaras de Televisión

Las que se presentaban hoy en tres reales decretos –dos con más impacto económico, uno de alcance administrativo– quedan liberados después de que los siete diputados de Junts se hayan ausentado a la votación de los tres textos. Solamente los cinco diputados de Podemos, en el Grupo Mixto, han rechazado el decreto 7/2023 y han conseguido tumbarlo.

Poco antes de las 15h, el grupo de Ione Belarra ha anunciado un acuerdo para el voto afirmativo del decreto anticrisis, el Real Decreto-ley 8/2023, después de haberle arrancado al PSOE la suspensión de los desahucios hipotecarios hasta 2028, pero los morados se han negado a aprobar el decreto promulgado por el Ministerio de Trabajo. Las heridas de la izquierda siguen abiertas y se han convertido en el segundo factor de desestabilización de la legislatura.

Nadie regala nada

El reparto de papeles en el Gobierno ha quedado claro a lo largo de las últimas jornadas. El PSOE se ha encargado, infructuosamente, de convencer a Junts de que cambie su voto. Valía con una abstención en los tres textos, pero esa posibilidad era incierta. Míriam Nogueras, portavoz parlamentaria del conservadurismo independentista, ha sido dura con el Ejecutivo: “Cuando dijimos que no daríamos nuestros votos a cambio de nada, queríamos decir que no daríamos nuestros votos a cambio de nada”.

Finalmente, cuando ha llegado la hora de las votaciones, Junts ha virado hacia la abstención, que después los conservadores han justificado como consecuencia de un acuerdo con el que han conseguido compromisos “para mejorar el autogobierno y las condiciones de vida de los catalanes”. La organización ha explicado después que se abstiene “tras pactar la delegación integral de las competencias de inmigración en la Generalitat y la publicación inmediata de las balanzas fiscales”.

No es difícil interpretar lo que estaba encima de la mesa. Junts ha marcado el terreno, señalando al Gobierno de Pedro Sánchez que su apoyo será costoso y contenido a contenido. El Ejecutivo cometió un error al presentar tres reales decretos, así se lo han recordado sus socios más acríticos en la jornada de hoy. Dio una oportunidad a Junts de marcar distancias y, sobre todo, ha puesto en evidencia demasiado pronto que esta legislatura será aun más enrevesada que las anteriores. “Es muy difícil gobernar así”, se resignaba pasado el mediodía la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ante las cámaras de Televisión. 

Podemos pedía un compromiso “por escrito” de que el recorte se iba a retirar del decreto, algo que no se ha producido, de forma que el ‘no’ de PP, Vox, UPN, y Podemos ha devuelto al cajón el decreto

Lo peor para ella estaba, sin embargo, por llegar. En el reparto de papeles, a Sumar le tocaba presionar a sus socios en las pasadas elecciones para que no se desviasen del plan de aprobar los tres decretos. Desde hace una semana, Podemos ha anunciado que no aprobarían el impulsado por el ministerio de Díaz. El motivo, el recorte en las bases de cotización de los desempleados de más de 52 años, una rebaja de la base, progresiva, desde el índice actual, del 125% al 100% de la base mínima, lo que afectará a las pensiones de cientos de miles de trabajadoras, según el sindicato CGT.

Noemí Santana, diputada de Podemos, ha defendido el voto negativo a ese decreto para no “dejar en la estacada” al colectivo de parados de más de 52 años, “el Gobierno no ha tenido voluntad de negociar”, ha denunciado la diputada canaria, “son un Gobierno en minoría que no escucha a sindicatos y pensionistas”. El partido morado pedía un compromiso “por escrito” de que el recorte se iba a retirar del decreto, algo que no se ha producido, de forma que el ‘no’ de PP, Vox, UPN, y Podemos ha devuelto al cajón el decreto. 

Junto con el decreto decae una subida de la protección por desempleo para los nuevos perceptores de hasta 570 euros (95% del IPREM) durante los primeros seis meses. Tras el fallido intento de hoy, y antes de una posible vuelta del tema al Congreso, el subsidio seguirá en el 80% del IPREM, es decir, en una cifra que hoy está en 480 euros y que cubre a 800.000 personas. También se mantendrá el actual mes de espera para ver reconocido el derecho, y las ayudas seguirán sin afectar a trabajadoras transfronterizas, las personas desempleadas menores de 45 años sin cargas familiares y los eventuales agrarios.

En cualquier caso, lo que debía ser aprobado hoy no iba a entrar en vigor antes del 1 de junio de 2024, así que hay cierto margen para la revisión del Decreto antes de que su contenido vuelva a ser examinado en el Congreso.

Parece poco probable que Podemos abandone a estas alturas esta defensa de conservar la cotización como está, así que al Consejo de Ministros solo le queda decidir hasta qué punto es imprescindible mantener la medida —que ahorrará 93,6 millones de euros en 2024 a las cuentas públicas— o si se puede ceder a lo que hoy se ha criticado como purismo o maximalismo.

El partido morado, sin embargo, ha cambiado el signo de su voto en el decreto “anticrisis” después de llegar al acuerdo con el Gobierno para la tramitación del mismo como proyecto de ley en los próximos seis meses y de conseguir una prórroga hasta 2028 de la suspensión de los desahucios hipotecarios de familias vulnerables, que lleva vigente desde los tiempos de Rajoy.

El triple decretazo de diciembre amenazaba con ser el primer fracaso del nuevo Gobierno. La derecha ha subrayado en sus intervenciones lo que ya se sabía, que Junts es demasiado imprescindible y demasiado imprevisible –o muy previsible, según se mire– como para poner el piloto automático. La abstención del partido de Carles Puigdemont, sin embargo, ha permitido salvar una situación delicada, pero el motivo de preocupación para el Ejecutivo, sin embargo, se ha desdoblado.

El no de Podemos a uno de los decretos, el único que ha decaído, es un primer aviso de lo caro que puede salir no haber dejado aire a los de Belarra. Los morados seguirán con sus problemas de imagen pública, pero sus cinco diputados ya saben lo que vale una minoría de bloqueo. Al Gobierno le conviene tener en cuenta que hace falta algo más que presionar en redes sociales para conseguir los votos necesarios para llegar a sumar mayorías. Continuará.