Opinión
La política de las formas y el ingrediente judicial

En la tarde del miércoles 14 se acabó de dibujar un conflicto entre el Poder Legislativo y el Tribunal Constitucional que puede cerrarse en una semana, si se entiende solo como un debate sobre la forma adecuada de tramitar una reforma legislativa, o puede venir de lejos y ser el asunto de nuestro presente, si se entiende como parte de la pugna entre los órganos de representación popular y los grupos expertos, donde economistas y juristas tienen su reino.

Los enfoques políticos suelen adolecer de una tendencia anti-jurídica a la que le gustaría minimizar el impacto del derecho. Es decir, las continuas transferencias que se producen en la opinión pública entre moral, razonabilidad y derecho o entre legitimidad, fuerza y derecho. Al mismo tiempo, los enfoques jurídicos, que son los llamados en primer lugar a traducir a las clases informadas este tipo de conflictos, prefieren enfatizar los aspectos formales, más autorreferentes y técnicos, que es lo que suele tenerse por más objetivo.

A partir de determinado umbral, la estricta aplicación del derecho puede percibirse como injusta, en tanto no generalizada, y como ineficaz, en tanto de efectos contrarios a los diseñados y queridos

El problema de los enfoques formales —al tramitarse la reforma como una enmienda a una ley con otro objeto se hurta la capacidad de acción política de la oposición— es que funcionan bien cuando el conflicto se encuentra aislado y es fiel a las razones de las partes, pero mal cuando vehicula un conflicto mayor y más complejo, como es el caso. Y el derecho puede ser muchas cosas pero nunca inútil ¿De verdad alguien cree que esto se trata de una discusión sobre la forma de tramitación y que el pluralismo político en España se pone en peligro con ello? En tales situaciones, hay que elevar la perspectiva y preguntarse qué función tiene cada tecla de las que tocamos dentro de un sistema más amplio. Esto no ocurre porque la forma deje de ser importante ni porque una mala praxis compense a otra, sino porque, en un contexto de imperfección formal, hay que volver a pensar cuál es el sentido de cada institución y reconducir la situación a ese punto de partida. De otro modo, el sistema empieza a perder aceptación, y con ello, legitimidad, al percibirse que se atiende con rigor al detalle —importante, pero solo a veces, solo para algunos— y se descuidan objetivos más sistémicos. Dicho de otro modo, a partir de determinado umbral, la estricta aplicación del derecho puede percibirse como injusta, en tanto no generalizada, y como ineficaz, en tanto de efectos contrarios a los diseñados y queridos.

Si nos atenemos solo a lo formal, las cuentas nunca acaban de cuadrar. El Gobierno se ve compelido a correr más de la cuenta porque ha tardado años en leer lo que estaba pasando con la renovación de los órganos constitucionales y estos se ven tentados de poner barreras para retrasar su destino, derivado de su posición sistémica: interpretan y aplican las reglas del juego, incluso valoran su adecuación a la regla primera, pero el Legislativo tiene el poder de definir aquellas con bastante margen. Cuando tal interpretación afecta además a su propia situación, cuando proviene de años o meses de haber caducado ésta y se percibe la afinidad con posiciones políticas —esto es, no solo técnicas— de la oposición, lo formal explica menos y es momento de pensar los escenarios posibles a partir de qué efectos producen sobre el sistema.

En el escenario A —el que preferiría, si alguien me pregunta— el TC avala la enmienda que se discute, el jueves 22 se completa el trámite legislativo, se nombran los miembros del TC que se puede ahora, otro tanto con los del CGPJ conforme a la nueva regla de mayorías —más coherente con la situación y cultura política contemporáneas— y eso permite también la renovación completa del TC y hacer borrón y cuenta nueva respecto a la situación excepcional que se arrastra desde el inicio de la Legislatura, hace tres años. El retraso de la sesión del TC del jueves 15 al lunes 19 permite ser optimista al respecto porque si ya era difícil, en términos políticos, declarar nula la enmienda e impedir la votación en el Congreso, no lo es menos hacerlo después de votada allí y mutilar así el texto que llega al Senado. Doctrina del mal menor: dejar hacer al Legislativo, renovar los órganos y pasar página.

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En el escenario B ocurre lo contrario y el Gobierno debe volver a iniciar el trámite legislativo, esta vez dirigido ya de forma específica a solucionar la crisis institucional de la composición del CGPJ y el TC. ¿Qué ocurriría en ese caso? Habrá quien diga que nada, habrá quien diga que todo y habrá quien diga que da igual porque lo relevante ya ha sucedido. Y todas dirán cierta verdad. Nada porque el resultado sería el mismo pero ahora con escrupuloso respeto a las formas parlamentarias. Todo porque el TC habrá intervenido sobre una propuesta legislativa que le interesaba, en tanto buscaba que se cumplieran las normas relativas a su composición que ahora se infringen, alargando esa situación indebida y permitiendo a un CGPJ de composición muy pasada de fecha elegir a dos miembros del TC.

Las discusiones que se tenían en el seno del bipartidismo sobre la conformación de los principales órganos del Estado han saltado a la opinión pública

La tercera interpretación —da igual— sirve lo mismo para el escenario A y B, dado que sus principales efectos ya se han producido. Se ha desvelado el carácter panjurídico de las instancias superiores del Poder Judicial, incluido aquí con laxitud y por criterios materiales al TC. Es decir que sus decisiones, aun basándose en derecho, tienen efectos en la arena política y es inevitable que reciban atención política y, por los mismos motivos, que su acción se operativice dentro de estrategias políticas. Desvelado esto e incorporado el PSOE en las dos últimas semanas a esta tesis, lo que queda por elegir es si esa orientación política es autónoma o debe sincronizarse con las mayorías políticas del país. Ello se encabalga con una cuestión más importante, que es la tendencia contemporánea de las mayorías políticas a operar cambios más veloces de los que los grupos de expertos del Estado suelen admitir, pero eso será para siguientes capítulos.

En este, lo importante es que las discusiones que se tenían en el seno del bipartidismo sobre la conformación de los principales órganos del Estado han saltado a la opinión pública, la conversación —incómoda para el Gobierno— sobre la malversación ha girado hacia la democracia y la derecha se vuelve a aglutinar en una plaza de Colón demasiado grande para que los votantes solo miren a Feijóo. La última vez que pasó algo parecido fue en otro invierno de 2019 y Sánchez estuvo vivo. Hasta el lunes.