Opinión
Cuando el cuñao eres tú: cinco bulos progresistas sobre la crisis de la vivienda

Tras el paréntesis de la dana y de la navidad, desde esta misma semana el tema vivienda ha vuelto a subir de posición en los titulares y en las tertulias. 

Lo que sigue es la exposición y refutación de cinco bulos sobre vivienda que, de una manera u otra, están en la boca del progresista español. Estos bulos son fáciles de refutar. Pero ahí están y acaso los hayamos usado para decirle al coworker en la comida de navidad que la culpa de lo de los alquileres es de Ayuso, aunque vivas en Yuncos, provincia de Toledo, dúplex hipoteca fija a una letra de 450 al mes por 20 años; menos, mucho menos que si al otro lado de las paredes del gastrobar, mientras te tomabas los nigiris y sonaban Bisbal y el Burrito sabanero, mientras arriba en el Ártico buques de metano se abren paso por la Ruta Marítima Septentrional, se hubiera producido un cataclismo político-climático, una gran tormenta de nieve que por encima de Ayuso, por encima incluso del sol distópico de diciembre, hubiera traído al fin a la candidata Manuela Bergerot y las zonas tensionadas; y así el piso por el que pagabas 1.100 al mes te hubiera subido solo un 2,2% en 2025 y no hasta los 1.700 que pedía el dueño en el burofax; pasito a pasito, no seamos dogmáticos, ni puristas, al fin y al cabo hay que hacerse cargo, que viene la extrema derecha y no está el horno pa bollos; pero los 1.100 también apretaban y Yuncos no está tan lejos de Moratalaz. 

Lo cual quiere decir, como ustedes ya saben de sobra, que refutar bulos sin más no sirve para nada, acaso para nada más que para confirmarle al otro “yo no soy de tu bando”, y que el otro te devuelva la mirada, como el abismo ese, y te lo reconfirme, “yo no soy de tu bando, flacucho, progre de mierda”.

Salvo excepciones las zonas tensionadas mantienen el precio que ya había, que no podrá subirse por encima del índice que ha sustituido al IPC para estos menesteres desde este mismo mes de enero

En una segunda entrega, entraremos en lo que sí es difícil de refutar porque obedece a expectativas y a opciones ideológicas sobre las que nadie tenemos ninguna certeza. Además de estar fuera de nuestro control, esas aspiraciones muchas veces ni las llegamos a decir ni las llegamos a pensar; y no solo eso, sino que nadie —ni las personas, ni ese pacto inestable entre personas que debería ser el listón más bajo de las organizaciones— las llegan a decir ni a pensar. En este caso, las personas y las organizaciones que han adoptado, ante los Gobiernos de coalición, una visión que unos días se dice solo pragmática o realista, o sea una visión que se resigna, y otros días es celebratoria y atisba ventanas de oportunidad, más grandes o más chiquitas, pero en fin, ventanas. Me adelanto. Vamos con los bulos.  

1. El tope del alquiler baja los precios

¿Ha quedado explicado, no? Si tu casero no es gran tenedor —es decir, si es el casero más común en España—, y si la casa no llevaba fuera del mercado desde hace como mínimo cinco años —es decir, si, tras la muerte de la abuela, los herederos se ponen de acuerdo y la alquilan—, lo que hacen las zonas tensionadas es mantener el precio que ya había, que no podrá subirse por encima del índice que ha sustituido al IPC para estos menesteres desde este mismo mes de enero. Es lo que dice, claramente, la ley de vivienda, que también bonifica hasta el 90% del IPRF en los alquileres declarados cuyos propietarios hayan bajado un 5% el precio, bonificación que el Gobierno establecerá adicionalmente en el 100% si los caseros bajan el alquiler al nivel del índice del Ministerio, en el primer reconocimiento explícito del fracaso de la ley. 

El porcentaje de reducción de precios del alquiler en Catalunya es mentirijilla porque la ley dejó fuera de la regulación —y de la estadística— el alquiler temporal, que supone el 65% de la oferta en Barcelona

Por supuesto, se podría argumentar que el tope de alquiler, combinado con las bajadas en el caso de grandes tenedores, podría hacer que, de media, el precio del alquiler baje. Es de hecho lo que venían a decir los titulares tras el análisis de los seis primeros meses —de abril a septiembre— del año pasado en que se aplicó la regulación en 140 municipios catalanes: estos bajaron de media un 5,9%: un 5% hasta junio, un 0,9% adicional hasta septiembre. Pero el porcentaje es mentirijilla porque la ley dejó fuera de la regulación —y de la estadística correspondiente—, si tenemos que creer a los portales inmobiliarios, el 65% de la oferta en una ciudad como Barcelona: los alquileres temporales (los datos son de eldiario.es a partir de un análisis de las ofertas de alquiler subidas a los portales en septiembre). Esta no-bajada del precio del alquiler acompañada de una sí-bajada del 17% en el número de alquileres firmados bajo protección de la Ley de Arrendamientos Urbanos es una versión inmobiliaria del chiste castizo: “Qué suerte, de cinco tiros que le dieron, solo dos eran mortales”.

2. Las zonas tensionadas no se aplican por culpa del PP

Una vez aclarado que el tope del alquiler en realidad no se aplica por lo que deja dentro y deja fuera la propia ley de vivienda, hay que sacar del panorama otro bulo mayúsculo, porque los bulos progresistas no se diferencian del resto de bulos, no al menos en su carácter de bulos-matriuska, dentro de cada bulo conviven dos, tres, hasta cuatro bulitos que son una versión en miniatura del bulo mayor. 

En este caso, ese estribillo que dice “las zonas tensionadas no se aplican por culpa del PP” se refuta rápido: el PP simplemente gobierna en el 70% del territorio, en 12 autonomías y dos ciudades autónomas, y este efecto mazazo puede hacer olvidar que, en el resto de comunidades, el tope del alquiler solo es, a fecha de 15 de enero de 2025, una realidad a medias en 270 municipios de Catalunya. Aparte de eso, lo que pasa es que solo quedan cuatro autonomías fuera del bloque PP, y apenas en una de ellas (Navarra) hay fecha aproximada para la aplicación de este aspecto de la ley de vivienda: abril de 2025. Es decir, a un mes del segundo cumpleaños de la norma, cuando Sánchez le ha añadido ya quintos y hasta sextos pilares del Estado del Bienestar a la propia ley, y cuando los primeros 140 municipios catalanes tensionados habrán consumido ya más de un tercio del plazo de tres años de vigencia de la medida, solo Navarra contará para entonces (y es una previsión) con la declaración operativa en 21 municipios. 

Ese bulo que dice “las zonas tensionadas no se aplican por culpa del PP” se refuta rápido: el PP simplemente gobierna en el 70% del territorio  

El resto de comunidades se dividen entre la oposición frontal (la Castilla-La Mancha del psocialista García-Page, que apuesta, como el resto de gobiernos de todos los colores, por subvencionar a los hogares para que se hipotequen y al sector privado para que construya y explote alquileres llamados “asequibles”), el cruce de reproches entre administraciones (Canarias y País Vasco; en Canarias algunos ayuntamientos reprochan al Ejecutivo de Coalición Canaria no poner los medios para que ellos, los ayuntamientos, redacten los informes prescriptivos; y en el País Vasco las haciendas forales del PNV no le mandan los papeles a la Hacienda central, o esta no se los pide).

Mención aparte para la curiosa procrastinación del Gobierno asturiano de PSOE e Izquierda Unida, que si comenzara hoy mismo a trabajar en el sentido que lo hizo Navarra, que cuenta con su propia hacienda foral, quizá pueda tener vigente y operativo el tope de alquileres para el último tercio de 2025. Como nota importante, el candidato del PSOE en las autonómicas madrileñas de 2023, Juan Lobato, se pronunció en plena campaña en contra del tope de alquileres, lo que hubiera hecho más improbable que un Gobierno presidido en minoría por Bergerot los hubiera aplicado sin toneladas de control del relato, procrastinación y teléfonos escacharrados. El PSOE, partido que en 2021 en plena negociación de la ley de vivienda introdujo el escollo de la moratoria de 18 meses para la aplicación de las zonas tensionadas, la ha terminado retrasando por mucho más tiempo, sin mancharse en el camino, y desnaturalizando la medida con nuevos perdones fiscales a los propietarios. 

Cuestión aparte, que puede quedar para el próximo artículo: después de años donde la regulación de alquileres ha pasado a ser un tema central, hasta confundirse con el problema mismo de la vivienda, motivo de cruce de titulares en el tira y afloja que condujo al Gobierno de coalición en 2019, y tras unos resultados y aplicación tan discretos, ¿alguien siquiera se ha preguntado qué porcentaje de inquilinos hay en Errentería, o en Zizur Mayor, o en Cimadevilla? Dos municipios y un barrio donde se aplicarán los controles de renta, pero con realidades muy diferentes a las de Madrid o Barcelona, las áreas metropolitanas con los inquilinatos amplios y heterogéneos que son el destinatario raro —raro por no dicho ni pensado— de todo este debate. Diferencias que quizá expliquen la procrastinación. 

3. La compraventa la están protagonizando los fondos y grandes tenedores

El origen de este bulo tiene dos fuentes: la malinterpretación interesada de los datos de la estadística de altas del catastro, por un lado, y la tendencia del progresismo a adoptar, en sus estrategias de legitimación, el discurso del populismo. En esta primera entrega nos vamos a ocupar de la primera, y vamos a dejar para la segunda entrega la (exitosa) práctica de Sánchez de adulterar su acción de gobierno con trazas de memes (ya muy adulterados) populistas e incluso anticapitalistas, cuyo último despliegue fue este lunes 13 de enero (ver siguiente punto).

Como el INE no desagrega sus cifras de compraventa de vivienda en función del tipo de propietario, los datos y las series se encuentran dispersas en bases estadísticas de distinta naturaleza y alcance temporal. Uno de las más citados para destacar la supuesta prominencia de, en términos coloquiales y periodísticos, “los fondos” en la adquisición del parque inmobiliario es la base del catastro, y en concreto la base de nuevas altas. Según este registro, entre 2008 y 2023 —último dato disponible— un 43,8% de las altas de inmuebles es titularidad de personas jurídicas con más de ocho viviendas en propiedad: 1.891.842  de un total de 4.315.660. La estadística añade una nueva fila cada año —en el catastro se lo curran— y con ella, vuelve a aparecer anualmente el titular: la mitad de las viviendas vendidas desde la crisis las han comprado los fondos. Horror, terror, escándalo y humillación.

El truco, obviamente, es que esas altas catastrales corresponden en su inmensa mayoría al segmento que menos parte representa de la compraventa a partir de la Gran Recesión de 2008: la vivienda nueva. Según el INE, y con todas las prevenciones al estar comparando bases distintas, solo un 30% de las 7.187.520 de viviendas vendidas en el mismo periodo fue vivienda nueva, los restantes, más de cinco millones, eran vivienda usada. El mismo catastro señala, en otra serie estadística, que los grandes tenedores (con más de diez propiedades inmobiliarias, y esto es importante, incluyendo garajes, locales o trasteros en su haber) solo suponen el 1,08% del total de propietarios. Siempre de manera muy aproximativa, y sin negar la realidad del proceso de concentración de la propiedad inmobiliaria en España y del relativo retroceso de la sociedad de propietarios (proceso que Pablo Carmona ha contextualizado perfectamente en La democracia de propietarios), según el colegio de registradores, en 2023 un 89,1% de la compraventa de vivienda fue efectuada por particulares. En el último pico de compraventa posterior a la Gran Recesión y anterior al revival actual, las más de medio millón de viviendas vendidas en 2018, se dio una proporción similar del 87,8%.

“Las políticas progresistas de vivienda han muerto”

Martín Cúneo

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Derecho a la vivienda

Pablo Carmona Pascual “Las políticas progresistas de vivienda han muerto”

Martín Cúneo

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El desembarco de los fondos de inversión explica solo una parte de lo que pasó con la vivienda desde 2013. Pablo Carmona, investigador y activista, profundiza en su libro ‘Democracia de propietarios’ (Traficantes de Sueños, 2022) en el papel de la clase media en la actual burbuja del alquiler.

Regulación de alquileres La regulación del precio del alquiler no afectaría a los caseros más vulnerables

Particular y persona física pueden ser términos esquivos, porque pueden coincidir el particular y el gran tenedor. Pero, para ser políticamente operativa y no una simple consideración sociológica —siempre incompleta por la dispersión y falta de coherencia de los datos—, este matiz debe contrastarse con las definición legal de gran tenedor y su relación con los topes del alquiler, las subvenciones a la propiedad en la Ley de Vivienda y el resto de políticas propietaristas de las administraciones.

No, el pequeño propietario, al menos a ojos de la ley y de los datos —incompletos y en exclusiva— de Hacienda, no es minoritario en Catalunya

Bajo el titular-premisa de “El pequeño propietario ya es minoritario en Cataluña”, la Cadena Ser ofrecía en septiembre una buena ración de sal gorda a través de una reveladora y meritoria exclusiva de datos del Ministerio de Hacienda, según la cual un 63% del “medio millón” de alquileres declarados en Catalunya por personas físicas lo eran de caseros con tres viviendas o más, frente a solo un 35% de casos con uno o dos pisos: 175.000 caseros con una o dos propiedades, 160.000 con entre tres y seis propiedades y 165.000 con más de seis, de los que 40.000 dispondrían de más de diez. Traducido en otros términos menos contundentes: al menos un tercio de los caseros no entran en la definición de gran tenedor, mientras, de los situados en la horquilla entre tres y seis, entrarían aquellos con más de cuatro viviendas, pero ojo, siempre que estuvieran situadas en la misma zona tensionada, importante y poco comentado límite de la ley de vivienda para sacar del mapa las segundas y terceras residencias de las clases medias, las propiedades sobrevenidas vía herencia, etc. Con dichos datos, que además dejan fuera el importante fraude fiscal de los caseros, solo los integrantes de la última horquilla formada por 40.000 personas entrarían íntegramente en una definición legal —esto es, no moral ni subjetiva— de gran tenedor. No, el pequeño propietario, al menos a ojos de la ley y de los datos —incompletos y en exclusiva— de Hacienda, no es minoritario en Catalunya.

En resumen, las cifras y las fuentes cambian, Civio incluye por ejemplo en sus cifras de grandes tenedores de vivienda en alquiler a la vivienda pública, social y del tercer sector, que situarían el porcentaje —con respecto a las viviendas declaradas— en el entorno del 16%, del 10% si se excluye la vivienda pública. En absoluto la mitad del parque de vivienda ni la mitad de las compras. 

4. PP y PSOE tienen dos modelos enfrentados en vivienda

Como un reloj, el diario El País abría su edición digital este lunes 13 con una pieza de Carlos Elordi Cué en la que enumeraba las diferencias de modelo entre el PP y el Gobierno, perdón, el PSOE, en materia de vivienda. El artículo llegaba justo a tiempo entre la cumbre de cargos autonómicos del PP y la rueda de prensa en la que Sánchez usó el rótulo del quinto pilar del Estado del Bienestar (se refería a la vivienda) para un ejercicio de name-dropping que ni el yonqui Ramón de Pitis, y que el Sindicato de Inquilinos de Madrid definió como un programa electoral en pleno segundo mandato.

Que nadie espere, a partir de aquí, un simple recordatorio del “la misma mierda es”. Falta una pieza importante para saber si el PP acoplaría su Gobierno a los raíles del capitalismo político versión europea Next Generation, y esa pieza es el PP en el Gobierno teniendo que conducir sobre los raíles, etc., que pasan por un sector privado de la construcción que no levanta cabeza 18 años después del estallido de la burbuja, una sociedad cuyas cohortes del invierno demográfico entrarán en el mercado laboral —y en el de vivienda, suponemos— en algún punto a finales de este lustro, una creciente incertidumbre climática, un país vaciado, una cadena de suministros rota y, por aterrizar todo esto un poco, un mercado de la vivienda igualmente roto.

Lo enumerado por Sánchez podría agruparse en dos containers. Uno, que llamaremos el container Feijoo, pone el acento en construir y en subvencionar a los propietarios: colaboración público-privada para reactivar la construcción de vivienda rotulada como “asequible”, las amnistías fiscales ya comentadas y los avales públicos ya conocidos para la construcción y rehabilitación de vivienda llamada asequible), garantía pública para los propietarios ante el impago de esos alquileres asequibles, ampliación de avales para hipotecas; y un segundo container, que llamaremos el container propiamente PSOE, por tener el color del cristal con que se mire: en un gesto muy de su centenario partido, Sánchez ha transformado lo que fue un bluff otoñal —la imposible reforma de la Constitución para blindar la vivienda protegida tras el varapalo del TC a la ley de vivienda, poca broma, bluff articulado por un partido que tiene que negociar línea por línea cada ley que llega al Congreso—, sustituido por un compromiso de que las viviendas de Defensa, Patrimonio Nacional, que va a gestionar la flamante Empresa Pública de Vivienda (EPV) van a seguir siendo públicas (gracias, Pedro); gestionar es una palabra importante aquí, porque alude a lo que ya hay y que ya es público, y porque la parte de construir en los terrenos del Sepes la reservan para la colaboración público-privada del container Feijoo, y ahí ya es dudoso que haya periodos de protección que no sean de su padre y de su madre, como en la Operación Campamento o Madrid Nuevo Norte madrileñas, además de que, volviendo a las matriuskas, confundir al personal hablando a la vez de parque público de vivienda (no se vende) y de vivienda protegida (se vende pasado un tiempo, generalmente a sus adjudicatarios, a precio limitado) está feo; por fin, la idea de la transferencia “inmediata” de 13.000 viviendas ya habitadas de la Sareb, a la Empresa Pública de Vivienda merece poco crédito por lo inaudito de un anuncio en el que a) la palabra transferencia evoca lo que haces por Bizum, esto en todo caso sería una reventa, y puede llevar a que determinados pundits, como el columnista de El País, Daniel Bernabé, traduzcan transferencia como “cesión”, que es exactamente lo que buscaba la palabreja b) no incluido en el programa electoral del PSOE, donde de hecho no aparece el sintagma empresa pública: hagan la prueba, hagan y c) relativo a un parque cuya cesión, primero, y compra, después, ha sido rechazada por las comunidades autónomas, que, al contrario que la EPV, sí tienen estructura, trabajadores, locales y experiencia para gestionar vivienda social. Veremos. 

Por el camino han quedado, y se podrá echar mano de ellas en cualquier momento, porque los titulares, al contrario que los decretos, no te los tira el Constitucional, las amenazas de Isabel Rodríguez a las autonomías que no apliquen las zonas tensionadas. Si es que para el siguiente ciclo de noticias queda algo de la ley de vivienda. 

5. Los desahucios

No, en 2025 tampoco están “prohibidos” los desahucios.