Migración
Vivir de la manta, vivir corriendo

Mame Mbaye trabajaba en la manta desde hacía 11 años. No tenía derecho a sanidad, descanso o vacaciones. Vivía con la Ley de Extranjería persiguiendo su sombra. No se sabe si el pasado 15 de marzo venía huyendo de la Policía Municipal de Madrid cuando se desplomó a causa de un paro cardíaco, o si la carrera había sido minutos antes. Un margen temporal desde el que el relato oficial trata de justificar que no existe relación entre un hecho y otro.

Era un artista, pintaba los carteles del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid y se le recuerda por ayudar en la cocina cuando el colectivo hacía una comida. Como la mayoría de sus compañeros, tenía un oficio que nunca pudo ejercer. La manta no era su sueño, aunque murió porque se vio abocado a trabajar en ella.

Mbaye llegó a Madrid en 2006, el año siguiente al último proceso de regularización de inmigrantes. Sin posibilidad de obtener papeles, fue condenado a la exclusión social. La Ley de Extranjería prohíbe a los migrantes regularizarse durante los tres primeros años en España y, al mismo tiempo, prevé una serie de sanciones para quien no se regularice: detención, internamiento en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), expulsión o prohibición de ingreso en el país por una determinada cantidad de años, entre otras.

Un día después de su muerte, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, lamentaba el fallecimiento de un “ciudadano” al que las leyes del Estado jamás reconocieron esa condición. Olvidaba que el Ayuntamiento anunció en octubre de 2016 la llegada de una Tarjeta de Vecindad que aliviaría la vida de personas en exclusión social. Ese compromiso nunca llegó.

la manta

“Mame cuenta que la secreta cogió a varios compañeros, dos de ellos recién llegados, y, cuando uno de ellos, miembro de la Asociación Sin Papeles de Madrid (ASPM), intentó dialogar con la policía, se lo llevaron también y le acusaron de atentado”, señala Pepa Torres Pérez en su libro Decir Haciendo. El relato es de hace más de un año, pero podría ser de cualquiera de estos días. Como indica el portavoz del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid, Malick Gueye, muchas personas —demasiadas— se han tenido que acostumbrar a vivir perseguidas “porque la Ley de Extranjería las acorrala y encierra en una jaula”.

Los manteros se incluyen en lo que el discurso oficial de moda llama “migrantes económicos”. Categorías que limitan el reconocimiento de derechos fundamentales. Paradojas de la vida, Mame vino a morir en el corazón de ese Madrid que cuelga orgullosa la pancarta del “Refugees Welcome”.

La bienvenida a los más de nueve millones de turistas que invadieron las calles de la ciudad el año pasado es directamente proporcional a la intención de erradicar el top manta. El pasado enero, en un debate entre el concejal de Seguridad, Javier Barbero, y la portavoz del grupo parlamentario popular, Inmaculada Sanz, esa dualidad quedó en evidencia. Ante las críticas por un supuesto relajamiento en la acción policial, Barbero destacó el crecimiento de intervenciones contra el top manta. Así lo confirman las propias estadísticas del Ayuntamiento. Las intervenciones contra la venta ambulante crecieron en 2017 un 43% respecto al año anterior. De las 8.274 realizadas en 2016 se pasó a 11.840. Cada día se realizaron al menos 32, la mayoría en el distrito Centro.

Estos números aún está lejos del récord de 2014, cuando gobernaba Ana Botella. En aquel año se registraron más de 14.000 intervenciones. Sin embargo, solo en enero de 2018 se han producido 996 actuaciones por “protección a los consumidores y usuarios en la vía pública”. Más de la mitad —otra vez— en el distrito Centro. “Los primeros senegaleses que empezaron a vender como manteros llegaron a Madrid en 1984, hace 34 años. Y aquellos primeros compañeros manteros nos explican que, desde esa fecha, nunca han vivido tanta persecución ni tanto acoso como hoy”, expone Gueye.

¿Qué se persigue?

Cuando Mame llegó a España, el país vivía el auge de la burbuja inmobiliaria. Trabajos en negro en alguna de tantas obras en construcción eran la única posibilidad laboral junto a la venta callejera de productos que violaban la propiedad intelectual (copias en CD y DVD de discos y películas). Ahora, el grueso del comercio son artículos que atentan contra la propiedad industrial (imitaciones), aunque comienzan a ganar fuerza alternativas que escapan a esas tipificaciones penales. Ahí está la experiencia del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona, con el lanzamiento de la línea de ropa y calzado Top Manta.

Quien compra en la manta no solo es consciente de la calidad de los artículos, sino que, posiblemente, jamás se plantee pagar los precios de esos productos originales, inaccesibles para los bolsillos del trabajador medio. “Atendiendo al producto que se vende, cómo se vende, y cuál es, claramente no hay un problema de confusión de marcas”, explica el profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos, José Miguel Sánchez Tomás.

El Ayuntamiento anunció en octubre de 2016 la llegada de una Tarjeta de Vecindad que aliviaría la vida de personas en exclusión social, pero nunca llegó

Incluso hay sentencias judiciales en ese sentido. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla dictó el 6 de febrero de 2014 que “comprar en la calle productos expuestos en una manta y a los precios que allí se compra hace aparecer en los consumidores la idea única de que, aunque la mercancía ostente una determinada apariencia comercial, no están adquiriendo en verdad un producto de esa marca, sino un subproducto propio de la economía sumergida. Ningún perjuicio ni engaño se puede producir a quienes adquieren objetos en dichas circunstancias”.

El mantero no fabrica lo que vende, lo compra en tiendas o mercados. “Es una actividad solo para sobrevivir. El mantero va y compra una mercancía a cinco euros e intenta venderla a diez. Pero siempre se apela a esa justificación moral de las mafias para criminalizarnos”, remarca Gueye. Una visión que comparte Sánchez Tomás: “Estos chicos compran lo que venden en comercios, si las autoridades quieren abordar ese problema, saben dónde nace”.

Según los datos del anuario del Ministerio de Interior y de la Fiscalía de Madrid, en 2016 se registraron en la región 255 delitos contra la propiedad intelectual e industrial, estadística que comprende no solo la manta sino otras modalidades de venta. Además, hubo 168 detenidos por esta causa, y se abrieron 180 diligencias previas, 150 procedimientos abreviados y 17 sentencias.

En aplicación del artículo 37.7 de la Ley de Seguridad Ciudadana se produjeron 95 casos de infracción leve por la ocupación de la vía pública “para la venta ambulante no autorizada”. Un número que puede ser menor, ya que incluye los casos de ocupaciones no violentas de inmuebles. En Madrid, la venta sin autorización municipal es castigada como “falta grave” por aplicación del artículo 42.2.F de la ordenanza municipal, con multas que van de 150,26 a 1.202,02 euros. Por esta infracción se realizaron 8.274 actuaciones.

Con estos datos, “está claro, el top manta no es un problema penal, sino un problema administrativo”, afirma Sánchez Tomás. “El top manta no significa un problema de seguridad ciudadana, ni un problema penal y ni siquiera un problema de protección a los consumidores derivado de la cuestión de la venta ambulante. No. Lo que ocurre es que se le está utilizando como un instrumento de control social. No de la manta, sino del que está detrás de ella, el mantero”, analiza el catedrático.

La exclusión que marca la Ley

Como Mame supo desde el día de su llegada, el 29 de mayo de 2006, obtener los papeles no es fácil. Hay que presentar un contrato de trabajo de larga duración (al menos por un año), que la empresa no haya tenido pérdidas en los trimestres anteriores y acreditar que se carece de antecedentes penales. “Hay gente que lleva viviendo 10 y 15 años sin papeles porque no les dejan. Y, si te pilla la policía, te lleva al CIE y te deporta”, cuenta el bangladesí Armand Abujayed. La expulsión es la medida más gravosa, pero la detención crea antecedentes que no desaparecen y dificultan la regularización.

En 2010, más de 700 manteros cumplían condenas de cárcel por intentar sobrevivir vendiendo CD y DVD en las calles de España. Colectivos migrantes acompañados por diferentes sectores de la sociedad propiciaron la campaña Sobrevivir no es delito, que terminó forzando la despenalización de la actividad. “Y ahora pedimos que se vuelva a hacer.

En 2015, sin que hubiera una demanda social, se penalizó de nuevo con multas y cárcel —si hay reincidencia—, y esto significa que en muchos casos no puedan regularizar jamás su situación”, denuncia la abogada del despacho Red Jurídica y asesora de la ASPM, Marta Herrero de Pablo. Y no solo se trata de la condena en sí, sino de otros aspectos como la prescripción de esos antecedentes.

La obtención de los papeles es por un año. Luego toca renovarlos por otro más y, después, por dos. La condición esencial para poder hacerlo es haber cotizado varios meses y seguir sin antecedentes. Esa necesidad obliga a aceptar condiciones laborales que rozan la explotación o a pagar uno mismo la Seguridad Social. Dinero que sale del trabajo en la manta, aun con el riesgo de detención. Es volver al punto de partida.

En el marco de las políticas de seguridad de la UE, todas las posibilidades jurídicas y económicas de los Estados se orientan a un objetivo único: expulsar a las personas en situación irregular. Pero ¿qué ocurre cuando no es posible cumplir con ese cometido? “Ahí la cuestión está en la necesidad de regularizar”, indica Sánchez Tomás, quien destaca que en el Manual del Retorno común, emitido por la Comisión Europea, se dan pautas para brindar “garantías a la espera del retorno”, entre las que están “la asistencia médica de urgencias y tratamiento básico de enfermedades, acceso a la educación y posibilidades de unos mínimos de subsistencia”.

Marta Herrero: "En 2015, sin que hubiera una demanda social, se penalizó la manta de nuevo con multas y cárcel"

Esperar que el Gobierno dé pasos en ese sentido sería iluso. Desde esa perspectiva, la Tarjeta de Vecindad anunciada por el Ayuntamiento de Madrid podría ser una llave que descomprima la situación. “Permitirá acceder a todos los servicios ofertados por el Ayuntamiento y, especialmente, a los servicios sanitarios, sociales, educativos, de ocio y de promoción del empleo”, dice la web del Ayuntamiento. En diciembre, la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, admitió que, posiblemente, no se implementaría “en toda la amplitud prevista”. Para Sánchez Tomás sería crear un elemento de convivencia y ordenación, vinculado con el hecho de que, en la mayoría de los casos, son personas a las que no se las puede expulsar y, por tanto, están en una especie de espera de facto. “No puedes resolverles la vida, pero sí puedes hacerles la vida un poco más fácil”, argumenta el catedrático.

En Madrid se estima que hay entre 150 y 200 personas trabajando en el top manta. La sola documentación como vecinos de la ciudad, aunque precaria, sería un avance. Si, además, se les autoriza a vender o a poner su manta en mercadillos o en las calles, pagando las tasas que fueran necesarias, podría cambiar radicalmente su situación: la policía ya no tendría ningún argumento para perseguirles y requisar su mercadería.

UGT acaba de sugerir la creación de zonas y horarios especiales de top manta al Ayuntamiento de Palma de Mallorca. La actividad mantera tiene una aceptación social que juega a favor de cualquier administración que asuma la voluntad política de hacerlo. “Cuando empiezas con un procedimiento de regularización, aunque sea imperfecto, posibilitas que esas personas puedan entrar en circuitos económicos al menos formalizados”, concluye Sanchez Tomás.

Dar derechos. De eso se trata. Porque ser ciudadano es tener derechos civiles, políticos y sociales. Es, sobre todo, vivir sin que un papel sea más importante que tu mera condición de ser humano. A Mbaye le sobraban razones para correr.