Migración
2.465 personas han muerto o desaparecido intentando llegar a territorio español en 2024

Otro año más, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) elabora su informe Derechos Humanos en la Frontera Sur; este año, además del Balance Migratorio, se centra en la situación de las más de 12.000 personas que viven en las decenas de asentamientos repartidos por las provincias de Almería y Huelva.

Desde 1988, han muerto 19.363 personas en las fronteras nacionales

Según la asociación, en 2024 han accedido 64.048 personas por vía marítima y terrestre al Estado español, 175 al día. En 2023 accedieron 58.267, convirtiéndolo en uno de los años con mayor volumen de llegadas. “El incremento de llegadas por la Frontera Sur española no supone ni un 10% más que con el año 2023, pero los discursos se centran nuevamente en el alarmismo y la criminalización de aquellas personas que no tienen más opciones que acceder a territorio seguro por vías irregulares”, sostiene Ana M. Rosado Caro, encargada del informe.

En estos trayectos, 2465 personas perdieron la vida intentando llegar a nuestro territorio; desde 1988 han muerto 19.363 personas en las fronteras nacionales. Una cifra que supone 6 muertes al día. “El coste en vidas humanas no es accidental, sino fruto de unas políticas migratorias que tratan de impermeabilizar la Frontera Sur”, explica Rosado. 

La ruta canaria vuelve a ser la más utilizada por las personas que migran hacia España, con un total de 46.803 llegadas en 669 embarcaciones. Al territorio andaluz han llegado 5.560 personas este año y a Ceuta 2.531.

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Las muertes y desapariciones de migrantes en la ruta canaria continuan, cada vez más fuera de un foco mediático que siembra dudas sobre si las vidas negras importan.

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Desde la APDHA responsabilizan de la situación a los gobiernos estatales y europeos por sus pactos en materia de migración; consideran que “se sigue apostando por la externalización de fronteras a través de acuerdos económicos con países que no respetan los derechos humanos como Turquía, Mauritania, Túnez o Egipto y la construcción de centros de detención como el ubicado en Albania”. 

Huelva y Almería, focos de vulneración de Derechos Humanos

Más de 12.000 personas viven en los asentamientos chabolistas situados en las zonas agrícolas de las provincias de Almería y Huelva. Según la APDHA, 7.000 personas en Almería y en torno a 5.000 en Huelva.

“No existe ningún dato oficial sobre cuántas personas en situación irregular trabajan en el campo andaluz, pero tan solo en Almería se podría estimar que hay más de 25.000 trabajadores sin contrato ni derechos”, explican desde la APDHA.

Ambos territorios acumulan el 90% de las explotaciones agrarias bajo plástico de toda Andalucía. El 86% de lo producido en las dos provincias se exporta al mercado internacional. En 2024, el sector de los frutos rojos onubenses produjo ventas por el valor de 5.800 millones de euros según los datos de Andalucía Trade, una cifra similar a la de Almería, cuyas exportaciones alcanzaron el valor de 5.074 millones de euros.

Una industria millonaria basada en el trabajo de personas migrantes mal pagadas y obligadas a vivir en asentamientos chabolistas. “No existe ningún dato oficial sobre cuántas personas en situación irregular trabajan en el campo andaluz, pero tan solo en Almería se podría estimar que hay más de 25.000 trabajadores sin contrato ni derechos”, explican desde la APDHA.

La realidad de los asentamientos lleva enquistada más de 20 años en ambas provincias y tiene como causa, además del racismo, el aumento de las hectáreas de producción y la falta de previsión de empresarios e instituciones, según la asociación, que además apunta que “las características del sector determinadas por la temporalidad y la precariedad dificultan el acceso a derechos básicos, la falta de prestaciones por desempleo y problemas de acceso a derechos sanitarios y servicios sociales”.

25 años de asentamientos chabolistas de migrantes en las zonas freseras de Huelva

Pepa Suárez

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La demanda de mano de obra del sector agrario o la ausencia de soluciones habitacionales, entre otras causas, han llevado a la cronificación del chabolismo. El Protocolo suscrito hace un año puede suponer el comienzo de su fin.

En los asentamientos de Huelva, los diversos asentamientos han sufrido incendios que han acabado con la vida de 3 personas desde 2021. Según una de las autoras del informe, Carmen Vasquez Gonzalez, en 2022 se organizó una jornada de empadronamientos con el objetivo de dotar de derechos a las personas establecidas allí. “Su resultado fue negativo, ya que el ayuntamiento consideró que no se podía comprobar que las personas habitaran realmente en la chabola indicada”, explica Vasquez.

En Almería, como explica Jenifer Cardenas Tovar, los asentamientos tienden a ser “invisibilizados” por las instituciones. Tovar explica que tras el desalojo del asentamiento multitudinario de El Walili en Nijar “solo 50 de las 400 personas afectadas fueron atendidas y la población desalojada se vio obligada a habitar otros asentamientos”. La autora del informe explica también que en diversas ocasiones “mientras la población se encontraba sin un lugar donde dormir y después de haber perdido todo, la administración procedió a hacer surcos en la tierra para impedir la construcción de nuevas chabolas”.

Además de un día a día bajo plásticos, sin electricidad, ni agua, ni recursos básicos, estos trabajadores se enfrentan a accidentes laborales durante la jornada de trabajo, como los que expone Sara Facchinelli de Ecologistas en Acción: “los elevados riesgos laborales se asocian al estrés térmico por el calor, la intoxicación por sustancias químicas peligrosas, caídas en altura, sobreesfuerzo por cargas pesadas y accidentes por uso de maquinaria”.

Sin agua, sin luz y bajo plásticos: miles de trabajadoras siguen viviendo en los asentamientos de Huelva

Aurora Báez Boza

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Miles de trabajadores migrantes viven en los asentamientos en las zonas freseras de Huelva sin luz, agua, servicio de limpieza y sin otra alternativa habitacional

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Desde la APDHA denuncian esta situación continuada de vulneración de los derechos humanos en los asentamientos de ambas provincias; además exponen que el plan para la erradicación del chabolismo presentado por la Junta no afronta la realidad del problema y exigen soluciones como programas de integración y acceso a la vivienda para esta población.