Líbano
Ghida Frangieh: “Ningún alto cargo ha sido nunca procesado por ningún crímen en Líbano”

A día de hoy, dos años después, no hay ni una sola persona condenada por la mayor explosión no nuclear de la historia de la humanidad. La detonación ocurrida el 4 de agosto de 2020 en el puerto de Beirut provocó en pocos segundos más destrozos que la guerra civil libanesa en 15 años, además de 218 víctimas mortales y miles de heridos. Varios documentos que han salido a la luz con el paso del tiempo demuestran que varios ministerios del gobierno libanés tenían conocimiento de la presencia de 2750 toneladas de nitrato de amonio en el corazón de Beirut. Human Rights Watch, además, lanzó en agosto de 2021 una investigación que dirimía responsabilidades políticas, y que apuntaba, entre otros, contra los ex ministros Ali Khasan Khalil, Ghazi Zeaiter o Yousef Fenianos. A algunos de ellos, los trabajadores del puerto les habían advertido del riesgo que suponía la presencia de los explosivos en el hangar —ubicado a escasos 100 metros de viviendas y de una concurrida zona de copas— tan pronto como en 2014.

Pero a pesar de todas estas evidencias, los ex ministros y la clase política que hace piña con ellos han conseguido frenar la investigación judicial. Tarek Bitar, el juez que lidera el caso, lleva meses apartado de la investigación. Hoy, una vez más, miles de personas se manifiestan en Beirut exigiendo rendición de cuentas y recordando a las víctimas, en el único día del año en el que se permiten recordar el trauma. Mientras, la falta de apoyo de Emmanuel Macron —el mismo que viajó a Beirut dos días después de la explosión prometiendo una investigación internacional e imparcial— impiden que el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU abra una investigación en busca de la verdad.

Elecciones en el Líbano: salir de la penumbra

Laurent Perpigna Iban

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Líbano

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Laurent Perpigna Iban

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Sumido en una crisis económica sin fin, prisionero de un sistema político superado y rehén de una clase política mitad mafiosa-mitad feudal, el Líbano agoniza lentamente. ¿Serán estas elecciones legislativas las del cambio? No parece tan claro.

Ghida Frangieh es abogada e investigadora de Legal Agenda, una organización libanesa que aboga por el buen funcionamiento del sistema judicial en Líbano. Frangieh relata cómo la clase política ha logrado bloquear la investigación, qué es el régimen de la impunidad legal y qué repercusiones pueden tener las indagaciones sobre la explosión para el futuro de Líbano.

La investigación de la explosión lleva suspendida desde el final de diciembre de 2021. Esto son ya siete meses de bloqueo. Es la cuarta vez que la investigación está suspendida, y también se trata de la suspensión más larga. La razón principal por la que el caso está suspendido son las demandas presentadas por antiguos ministros contra el juez Tarek Bitar, que lidera la investigación judicial.

Los ex ministros estan intentando expulsar al juez Bitar simplemente porque el juez se considera competente a sí mismo y está determinado a investigarlos. Además, estos ex ministros están rechazando cooperar con la justicia y consideran que ellos no pueden ser juzgados por el sistema judicial. Este rechazo es por supuesto contrario a la constitución, y el juez tiene todo el derecho de interrogar e investigar a estas personas.

Podemos decir que todos los jueces que tratan de romper con el régimen de la impunidad en Líbano han sido víctimas de demandas presentadas contra ellos, asi como de campañas que lesionan su reputación

¿Cómo ha logrado la clase política bloquear la investigación?

Esta cuarta suspensión tiene su origen en una demanda que se presentó en un tribunal que carece de quórum. Para intentar explicar las cosas de modo simple: la razón por la que la investigacion esta suspendida en estos momentos es porque el ministerio de Finanzas esta rechazando firmar un decreto. Este decreto permitiría nombrar jueces en el tribunal más alto en Líbano, la Asamblea General del Tribunal de Casación, que sería capaz de lidiar con las demandas presentadas por los antiguos ministros.

Hoy, por lo tanto, podemos decir que la suspensión se debe directamente a la acción de los políticos, así como por el gobierno. El ejecutivo esta saboteando la investigación y está evitando que se retome el caso judicial.

Desde que Bitar convocó antiguos ministros, ellos han usado una gran variedad de estrategias con tal de sabotear la investigación y de evitar rendición de cuentas de cualquier tipo. Primero, reivindicaron que tenían inmunidad parlamentaria y que el juez no tenia derecho de interrogarlos ni de investigarlos. Luego, cuando ese mensaje fracasó en el tribunal de la opinión pública, por decirlo de algún modo, recurrieron a lanzar decenas de demandas para torpedear el caso y para expulsar al juez Bitar, del mismo modo que hicieron antes con el juez Fadi Sawwan, quien terminó siendo expulsado. 

Lo que es interesante y común de este régimen de la impunidad es la ausencia de independencia del poder judicial y el uso de estrategias muy similares por parte de los sospechosos de estos crímenes, que tan pronto como son llamados para acudir a un interrogatorio atacan al juez. Lo que hacen es mandar un mensaje a todos los jueces del país, diciendo: “si queréis que rindamos cuentas, os atacaremos”.

Podemos decir que todos los jueces que tratan de romper con el régimen de la impunidad en Líbano han sido víctimas de demandas presentadas contra ellos, asi como de campañas que lesionan su reputación. A Bitar, por ejemplo, le han hecho acusaciones que no estaban basados en ningún fundamento y le han acusado de estar politizado y de tener una conducta discriminatoria en función de a quién interroga. Esto es algo que ocurre con todo tipo de investigaciones, sea por la explosión del puerto o en otros crímenes cometidos en Líbano.

Todos los antiguos ministros que Bitar ha convocado para llevar a cabo la investigación tenían conocimiento de la presencia del nitrato de amonio en el puerto de Beirut. Todos ellos, además, tenían un cargo de responsabilidad ejecutiva en el momento de la explosión. Eso significa que estas personas podrían haber actuado para evitar la explosión, pero no lo hicieron.

Por lo tanto, aunque todos los políticos señalados reivindican que el juez está politizado, hay evidencias de su responsabilidad. Hasta día de hoy, sin embargo, han rechazado aparecer ante el juez.

La cuestión de la independencia del sistema judicial es problemática en Líbano. El gobierno tiene mucha voz a la hora de nominar jueces en los tribunales, así como en la formación de los cuerpos judiciales.

Nosotros, en Legal Agenda, hemos presentado propuestas de ley para reforzar la independencia judicial, pero por ahora todos esos proyectos de ley han sido bloqueados en el parlamento. Por lo tanto, Líbano tiene todavía hoy una clase política con mucha autoridad a la hora de decidir cómo les irá la carrera de los jueces, lo que provoca que el sistema judicial tenga difícil rendir cuentas contra los políticos.

Ningún alto cargo ha sido nunca procesado en Líbano por ningún crimen que haya cometido. Sea durante la guerra civil, por crímenes financieros que hayan provocado el desplome de la economía libanesa, o por la explosión del puerto de Beirut

Esta no es una situación novedosa.

No, llevamos tres décadas viendolo. Es lo que llamamos el régimen de la impunidad legal. Ningún alto cargo ha sido nunca procesado en Líbano por ningún crimen que haya cometido. Sea durante la guerra civil, por crímenes financieros que hayan provocado el desplome de la economía libanesa, o por la explosión del puerto de Beirut. En la actualidad también tenemos otros ejemplos. Existen bancos evadiendo rendición de cuentas, y el gobernador del Banco Central de Líbano, Riad Salameh —quien lleva en el cargo desde 1993—, también está evadiendo.

En el Líbano, agroecología para sobrevivir en tiempos de crisis

Inés Gil

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Líbano

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Inés Gil

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En respuesta a la explosión de pobreza e inflación que hace inasequibles las importaciones, los agricultores y activistas están desarrollando un sector ecológico. Todavía a muy pequeña escala y subvencionada en gran medida por la ayuda internacional, está, sin embargo, atrayendo un interés creciente.

En este contexto, ¿existe alguna posibilidad de obtener justicia sin el apoyo de la comunidad internacional?

Desde luego, la presión internacional podría ser de ayuda. Sin embargo, no vemos ningún interés por parte de la comunidad internacional en apoyar a Líbano y a su investigación. Los jueces no han recibido información oficial de otros estados [como por ejemplo imágenes de satélite del puerto], y tampoco hemos visto que ningún estado esté interesado en impulsar una misión de la verdad en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.

Pero para nosotros, lo que es importante es desarrollar una investigación fuerte a nivel nacional. Desde que la explosión tuvo lugar, hemos querido apostar por una investigación impulsada por la Justicia libanesa que permita expandir las capacidades e investigar crímenes importantes en el país.

Así es. Fue el caso, por ejemplo, después de una serie de asesinatos políticos que tuvieron lugar en 2005 [como el del entonces primer ministro, Rafik Hariri]. Un tribunal internacional fue creado para Líbano, pero ese proceso no supuso ninguna repercusión positiva en el desarrollo del sistema judicial libanes.

La idea hasta nuestros días ha sido que el sistema judicial libanés no era capaz ni tenía la voluntad de investigar esos asesinatos políticos ni ningún crimen importante en el país. ¿Cuál es el resultado? Quince años después, no hemos construido un sistema judicial capaz de investigar estos crímenes. Ahora, lo que queremos hacer es apostar en desarrollar un poder judicial capaz de hacer justicia en Líbano, sin depender de tribunales internacionales. Y queremos construirlo a través de la investigación por la explosión del puerto. Para romper el régimen de la impunidad, esto es muy importante.

Lo que queremos hacer es apostar en desarrollar un poder judicial capaz de hacer justicia en Líbano, sin depender de tribunales internacionales. Y queremos construirlo a través de la investigación por la explosión del puerto

La clase política también usa el miedo contra la sociedad civil. A menudo les manda el mensaje “si presionáis a favor de la rendición de cuentas, habrá violencia en las calles”.

Sí, claro. Es lo que vimos después de las revueltas de octubre de 2019, la represión del régimen contra los manifestantes. Precisamente, una de las grandes demandas de los manifestantes era la independencia del poder judicial. Esta demanda se gritó en las protestas de todas las plazas, pero el parlamento no respondió a la demanda de reforzar el sistema judicial. En lugar de eso, perdieron tres años sin ni tan siquiera echar un ojo a las leyes que les hemos propuesto.

Además, nadie ha sido procesado por la violencia que se usó contra los manifestantes. No ha habido justicia ni rendición de cuentas posterior, a pesar de que hubo gente torturada en centros de detención, víctimas de violencia durante las protestas, que perdieron un ojo o que se quedaron paralíticos. Hemos presentado muchas demandas contra funcionarios que fueron responsables de esa violencia y nadie ha pagado por ello. Como ves, el ciclo de la violencia y de la impunidad continua incluso contra la gente que busca rendición de cuentas.

Si todas las inversiones que el régimen puso en reprimir a los manifestantes las hubieran invertido en desplazar el nitrato de amonio del puerto, seguramente podrían haber evitado la investigación que apunta contra ellos.