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Leyes Mordaza
Pasitos hacia la derogación de la Ley Mordaza en el acuerdo presupuestario
Modificar los artículos que sancionan las concentraciones no comunicadas o limitar el tiempo que la policía puede retener a alguien en comisaría para identificarle son algunas de las medidas que expone el acuerdo entre el Ejecutivo de Sánchez y Unidos Podemos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2019.
Un año y nueve meses después, y con dos propuestas sobre la mesa para sustituir la Ley de Seguridad Ciudadana —conocida como Ley Mordaza— aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Unidos Podemos contempla pasitos, tímidos, para avanzar en la derogación de la Ley Mordaza.
El primer punto sobre este tema en el documento contempla superar el bloqueo en el proceso de derogación en el Congreso provocado por la presentación de dos propuestas —una por parte del PSOE y otra por parte del PNV— para sustituir a la legislación aprobada por el Partido Popular. El acuerdo señala como documento base sobre el que trabajar la propuesta presentada por el PNV.
Pero también contempla una serie de medidas para antes de que se apruebe la nueva ley. La primera será la reforma de los artículos 23 y 30.3 de la Ley de Seguridad Ciudadana para que dejen de sancionarse las concentraciones no comunicadas, que la ley del PP castigaba con multas de hasta 600 euros. Solo este tipo de sanciones han supuesto multas por 50.000 euros a los cientos de vecinos de Murcia que protestaron contra la llegada del AVE sin soterrar a la ciudad.
Otra de las medidas tiene que ver con el registro e identificación por parte de los agentes de policía, que el acuerdo acota ahora a los casos en los que haya indicios concretos y comprobables de que se ha cometido un delito o infracción. También la identificación en comisaría, en los casos en los que no se lleve la documentación encima, pasará ahora llevarse a cabo en casos excepcionales y por una duración máxima de dos horas.
Dónde está el número de placa
El acuerdo también hace mención a la identificación de los agentes de policía, causa de que en muchos de los casos de violencia policial nunca pueden ser llevados a juicio los agentes. El texto expresa la garantía de que los agentes lleven su identificación de forma visible y en todo momento. Es algo que ya era obligatorio, según el artículo 18 del Real Decreto 1484/1987 sobre uniformes, distintivos y armamento del Cuerpo Nacional de Policía, en vigor desde hace ya 30 años, según señalan desde Red Jurídica.
Otra de las medidas expresadas es reajustar el importe de las sanciones y que estas sean acordes a la capacidad económica del sancionado, aunque el texto no desarrolla de qué manera se haría. Actualmente, las sanciones que contempla la Ley Mordaza van desde 100 a 600 euros para las infracciones leves, de los 601 a 30.000 euros para las graves y de los 30.001 a los 600.000 para las muy graves.
Al igual que con las cuantías, también señala la revisión en profundidad de los tipos de infracción relacionados con los derechos de manifestación y expresión, sin dar más detalle, e introducir el “paradigma restaurativo”; es decir, restablecer el daño hecho, en los tipos de infracciones en los que la ley lo permita.
El texto también hace mención a la Ley de Seguridad Privada, aprobada un año antes que la de Seguridad Ciudadana, y que ampliaba las competencias de estos trabajadores hasta prácticamente equipararles a los agentes de policía. El acuerdo contempla restringir estas competencias en la vía pública.
Por último, el acuerdo hace referencia al Código Penal y, en concreto, a los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la corona, que han provocado procesos judiciales como el del Santo Coño Insumiso, el de Willy Toledo o la condena al rapero Valtonyc.