Ley Trans
Archivada la denuncia por delito de odio contra la presidenta del Partido Feminista: no es odio sino libertad de expresión

La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado la denuncia contra el Partido Feminista de España presidido por Lidia Falcón. La denuncia hacía referencia a diferentes afirmaciones vertidas por Falcón y su partido, y que dos entidades denunciaron por considerarlas constitutivas de un posible delito de odio.  

La Fiscalía, en un escrito fechado en diciembre de 2020, ordena el archivo al considerar que los hechos denunciados no son constitutivos de una infracción penal. La denunciada, dice el escrito, “realizó las manifestaciones objeto de esta diligencia como exteriorización en contra de una ley [en referencia al proyecto de Ley Trans estatal] que, a su entender, desprotege a la mujer y a la infancia, en el marco de una crítica política y dirigida a todo el sector feminista”. 

La investigación respondía a dos denuncias. La primera fue presentada en diciembre de 2019 por Mar Cambrollé, en representación de la Federación Plataforma Trans, y ampliada en octubre de 2020. La segunda fue presentada en julio de 2020 por la Direcció General d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, a instancias de la asociación de personas trans Generem, y se sumó a las diligencias ya abiertas. La competencia se trasladó a la Fiscalía de Madrid por ser esta comunidad el lugar de residencia de la denunciada.

La denuncia hacía alusión a diferentes afirmaciones vertidas por Falcón, entre ellas que la ley trans “abre la puerta —y esta es su real intención— a legalizar la trata de mujeres para alquilar los úteros que fabriquen niños comprados”

La denuncia hacía alusión a diferentes afirmaciones vertidas por Lidia Falcón o por el Partido Feminista —expulsado de IU en febrero de 2020—, como las recogidas en un manifiesto hecho público por este partido el 4 de diciembre donde se indica que “los homosexuales tienen como objetivo importante poder alquilar úteros femeninos para producir niños o niñas que quieren conseguir para su propio disfrute como un objeto más que añadir a sus posesiones”. También aludía a otro comunicado de ese mismo mes, donde el partido apuntaba que la ley trans “abre la puerta —y esta es su real intención— a legalizar la trata de mujeres para alquilar los úteros que fabriquen niños comprados por los ‘progenitores no gestantes’ con dinero”.

La ampliación de la denuncia incluía otras declaraciones en el mismo sentido entre ellas las de un artículo del diario Público donde Falcón insiste en la idea de que “los homosexuales quieren poder alquilar úteros femeninos para producir niños” y mantiene además que “se están instalando baños unisex en los que personajes tortuosos pretenden compartir los váters con las mujeres para observarlas o agredirlas sexualmente”. A estas se sumaban las afirmaciones vertidas en un artículo de marzo de 2020 en La Tribuna del País Vasco donde Falcón mantenía que “el feminismo está siendo víctima de los ataques indisimulados de la mafia de la prostitución, de los negocios de los vientres de alquiler, de la gran industria de la pornografía, y de las farmacéuticas, clínicas y estéticas que promueve el ‘lobby trans’”, así como un tuit del Partido Feminista enlazando al mismo. El tuit afirma que, durante la manifestación del 8 de marzo en Madrid, “se ha desencadenado la violencia trans contra las feministas abolicionistas”.

La Fiscalía argumenta que no hubo “propósito de estigmatizar o generar odio, hostilidad, discriminación o violencia hacia el colectivo trans vinculando al mismo con la pedofilia” y considera que estos términos que “se han visto matizados”

Por su parte, la denuncia de la Direcció General d’Igualtat puso el foco en las declaraciones de Falcón en una entrevista publicada en El Español en la que Falcón aseguraba que “los trans están haciendo campaña por la pedofilia desde hace tiempo”. Estas afirmaciones también quedan recogidas en la denuncia de la Plataforma Trans.

Tras valorar contenidos denunciados, la Fiscalía argumenta en el escrito de archivo que no hubo “propósito de estigmatizar o generar odio, hostilidad, discriminación o violencia hacia el colectivo trans vinculando al mismo con la pedofilia, términos que se han visto matizados y contextualizados”. En contexto, según la Fiscalía, se trata de una manifestación legítima del derecho a la libertad de expresión.