Laboral
Ningún bailarín quiere ser eterno, pero sí un trabajo digno

El 3 de julio de 2019, después de siete años consecutivos en el Ballet Nacional de España (BNE) —incluidos algunos con papeles en las máximas categorías del ballet, las de primera bailarina y bailarina solista—, un documento puso freno a la carrera de la bailarina de élite María Fernández con dos palabras: “No apta”. Una fría lista de la Subsecretaría de Cultura y Deporte resolvía así que Fernández no había superado la primera fase del proceso de selección al que se había presentado con un embarazo de 13 semanas y diez años de experiencia en la mochila, siete de ellos como bailarina del BNE.

Ella lo llama “despido”. El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), organismo autónomo del Ministerio de Cultura encargado de la contratación de artistas del BNE, lo llama “finalización de contrato” y asegura que nada tiene que ver con el embarazo de la artista. “Claro que tiene que ver con mi embarazo, pero no solo: mi caso es la punta del iceberg”, cuenta Fernández a El Salto. Ese “iceberg” del que habla se sumerge varias décadas en el tiempo. Unos años en los que el personal artístico del BNE ha encadenado contratos temporales y ha litigado sin descanso para conseguir que se reconozca el carácter indefinido de su relación laboral con el organismo público. Porque estos artistas de élite encadenan contratos temporales desde 1996, cuando entró en vigor el IX Convenio Colectivo entre el personal laboral adscrito al Ballet Nacional de España y a la Compañía Nacional de Danza y el organismo autónomo INAEM.

De fijos a temporales

La abogada Isabel Lobera empezó a llevar asuntos del BNE en 1983. Este año cumple 40 de ejercicio y ha conocido a todos los elencos desde 1978, cuando se creó el BNE. “Se puede decir que lo conozco bien”, dice con ironía antes de responder, tajante, sobre las condiciones del personal artístico: “Sus condiciones a lo largo de los años han empeorado”. Es en 1996 cuando entra en vigor el convenio colectivo por el que la contratación de los bailarines pasa a ser temporal —hasta entonces, estos bailarines eran fijos—. Ese convenio, junto al Real Decreto 1435/1985, regula la relación laboral especial de los artistas y los espectáculos públicos.

El convenio, en cuya elaboración ella no participó, aclara, “precarizó tanto la situación del personal del BNE que a día de hoy prácticamente la totalidad de su plantilla está en procedimientos para que se declare que su relación no es temporal, pese a la apariencia formal, sino que es indefinida”. Una treintena de sentencias así lo confirma, por lo que Lobera no entiende que el INAEM siga haciendo contratos temporales y recurriendo hasta la última instancia, explica.

El INAEM, claro, no lo ve igual, y se defiende. Según este organismo, su forma de actuar es acorde a la normativa y los bailarines del BNE tienen contratos temporales de naturaleza artística por que es la forma de contratación que marca la Administración Pública”. De esta manera, los contratos tienen una duración de un año prorrogable a un máximo de tres, que es el límite fijado por el Estatuto de Trabajadores, explican fuentes del organismo. Cada año, según el instituto, las direcciones generales de Función Pública y de Costes de Personal y Pensiones Públicas presentan una resolución conjunta por la que se autoriza el cupo anual de contrataciones de personal laboral temporal de carácter artístico. Cada vez que se deben celebrar nuevos contratos, mantiene el INAEM, es obligatorio convocar audiciones y la persona interesada debe superar un proceso selectivo en una convocatoria pública para optar a un nuevo contrato.

Así justifica el INAEM la prueba por la que María Fernández fue excluida del elenco de esta temporada mediante un proceso que, según la bailarina, no tiene precedentes y por la cual ella no ha renovado. No ha sido la única. Este año no seguirán en el elenco otros cuatro bailarines que están pendientes de que se resuelva su demanda contra el INAEM. “Normalmente, para firmar el siguiente contrato, el director artístico confirmaba de manera verbal que contaría contigo en la temporada siguiente, pero este año dicen que hay que hacer una prueba física pública que se sacan de la manga”, explica Fernández sobre esta prueba. Cuando, en mayo, el INAEM anuncia que se va a realizar este proceso público abierto, ella está embarazada y decide comunicarlo. En una reunión con la directora general del INAEM, Amaya de Miguel, le explica la situación, y la directora reacciona con total normalidad, recuerda. Incluso le dice que su situación está amparada por la ley y que no tiene por qué preocuparse.

Fernández concurre a la primera fase de esta prueba tras solicitar una adaptación de la misma por su embarazo y, así, presenta media hora de currículum en vídeo en la primera prueba de selección —consistente en una serie de pruebas físicas— para el único puesto de bailarina solista. En esa media hora de vídeo incluye papeles como bailarina solista y también como primera bailarina, una categoría superior. Pero el resultado es negativo y no pasa a la segunda fase. “Me sorprendió, primero porque tenía el contrato verbal de la directora general y se supone que hay una ley que hay que respetar; y segundo porque no voy a dudar de mi profesionalidad y mi valía, y si llevo siete años defendiendo ese puesto no puedo ser ahora una inepta”, defiende la bailarina.

El INAEM, en cambio, pone el énfasis en otro aspecto y menciona como prueba de que “no ha habido discriminación ni despido” el caso de una bailarina que presentó una demanda para ser considerada indefinida y sí ha sido renovada. Esta bailarina, dice el INAEM, se presentó tanto a la única plaza para bailarina solista —la que solicitaba Fernández— como a una de las nuevas plazas de bailarina de cuerpo de baile, logrando plaza en esta segunda categoría.

Como muestra de la excepcionalidad de la prueba, María Fernández hace un repaso de los últimos 20 años y dice que, pese a la versión del INAEM, solo se ha dado una situación parecida: en 2016, tras la huelga de bailarines que paralizó varias funciones, el INAEM eligió al siguiente elenco mediante una prueba de selección similar. La denuncia de esta situación volvió a merecer el respaldo claro por parte de los tribunales, que dictaron que la única prueba de acceso que contempla la ley es la prueba inicial de acceso. Además, el INAEM tuvo que readmitir a uno de los bailarines que había integrado el comité de huelga después de que, tras denunciar, la justicia declarara nulo su despido.

Sobre la experiencia de otras mujeres embarazadas, también hay antecedentes. El INAEM aclara que existen casos en el BNE de bailarinas embarazadas que, habiendo adaptado la prueba selectiva a su situación, han superado el proceso de selección. La propia Fernández ve su situación como excepcional y asegura que en sus años en el BNE ha habido al menos siete embarazos de compañeras: todas ellas han sido renovadas y han podido disfrutar de su baja de maternidad. Su caso, eso sí, es el primero al que se enfrenta la nueva dirección general del INAEM.

Un caso excepcional

La excepcionalidad del despido de María Fernández se debe a varios aspectos. En primer lugar, es excepcional porque se trata de una bailarina solista que ha tenido varios papeles de primera bailarina. En segundo lugar, por su embarazo: “Lo que me ha pasado a mí, en teoría, no podría pasar”, explica. Por eso entiende que muchos de sus compañeros ahora tengan miedo a posibles represalias y no hayan querido compartir su experiencia. En tercer lugar, porque el único caso conocido de una bailarina embarazada a la que no renovaron, el de Esmeralda Gutiérrez en 2006, se resolvió de manera muy diferente: fue readmitida tras interponer una reclamación, sin llegar a demandar.

La reclamación de Fernández, en cambio, no obtuvo respuesta, y por eso ella ha demandado e irá a juicio en marzo. Esta demanda particular se suma a la demanda colectiva en la que ella y otros nueve compañeros litigan para conseguir que se reconozca que el carácter de su relación laboral con el INAEM no es temporal. Una treintena de bailarines, agrupados en cuatro grupos dependiendo del tiempo que llevan en la empresa, tiene abiertos procesos. De esos cuatro grupos, dos tienen ya sentencias que reconocen el carácter indefinido de sus contratos. Sobre el grupo de Fernández pesa otra excepcionalidad: el tribunal reconoce que la relación es fija. La demanda, ganada en primera instancia y en recurso de primera instancia, está recurrida por el INAEM y a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie. “Qué casualidad que cinco personas a las que no se ha renovado por esta prueba pertenecemos a este grupo”, dice Fernández.

¿Y en el futuro?

Pese a que el INAEM defiende su actuación, reconoce que el modelo actual está “agotado” y es “obsoleto”, por lo que actualmente, desde el organismo se está trabajando en un borrador de una nueva ley que regulará su actividad, aseguran. “Desde el INAEM somos sensibles a la situación de los artistas y, como ya se acordó por el actual equipo del Ministerio de Cultura y Deporte, que actualmente se encuentra en funciones, el objetivo es cambiar el sistema jurídico del INAEM”, explican. Un cambio que pondría rumbo a un modelo donde la forma de contratación esté “acorde a la actividad y las necesidades del sector”. Para ello, diferentes grupos de trabajo, profesionales del sector y sindicatos trabajan en materializar propuestas que incluirían la naturaleza de los contratos artísticos y el reciclaje y acompañamiento a los bailarines en el desarrollo y orientación de su vida laboral, según este organismo.

Mientras, María Fernández recalca que, a sus 37 años, tiene sobradas fuerzas para seguir bailando. La técnica, explica, ha prolongado la vida profesional de los bailarines, como demuestra con un dato: al actual bailarín principal del BNE tiene 44 años. Sobre el plan de adecuación del que habla el INAEM, dice no haber oído nada, pese a haber estado implicada en la mediación entre el organismo y la plantilla. “Llevo siete años y todavía no he vivido una temporada en la que no haya un problema administrativo, en el que no haya que luchar todo”, lamenta. “Si un organismo público es incapaz de respetar la ley, creo que ya lo hará la justicia”, añade. Tras cumplir lo que una vez fue su sueño, bailar en el BNE, la experiencia de estos años y su embarazo le obligan a mirar las cosas con otra perspectiva. “Ningún bailarín quiere ser eterno, pero el tiempo que estás tienes que estar en buenas condiciones”, dice. Algo que, a día de hoy, no ocurre: “Nos tratan muy mal. Se levanta el telón y somos auténticas estrellas, se cierra el telón y en cuanto pueden nos dan una patada en el culo”.