Laboral
Indra, un laberinto de empresas que siempre termina en ERE

El miércoles empieza la negociación del ERE en Indra Soluciones, el primero de los despidos colectivos que la empresa ha planteado en dos de sus filiales. El grupo quiere realizar mil despidos alegando un descenso del 1% en la facturación. El Estado tiene la mayor participación de la empresa matriz a través de la SEPI.
Indra Oficinas
Oficinas centrales de Indra, en Alcobendas, Madrid.

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27 oct 2020 06:32

Fuera del horario laboral, el viernes 2 de octubre, la dirección de Indra comunicó a la plantilla de la filial Indra Soluciones el inicio de un proceso de regulación de empleo. Mañana, 28 de octubre, tiene lugar la segunda reunión de los representantes sindicales y la empresa de cara a negociar un ERE en el que la multinacional plantea el despido de 1.036 personas sobre una plantilla de aproximadamente 13.000 empleadas. 

También en viernes, en esta ocasión el 16 de este mes, el presidente del grupo Fernando Abril Martorell anunciaba otro ERE en Indra Sistemas, especializada en el sector del transporte. En este caso, Abril Martorell no detalló cifras sobre un ERE que afectará a una plantilla aproximada de seis mil personas. El grupo ya llevó a cabo un despido colectivo de grandes dimensiones en 2015 en esta filial, un ERE que fue contestado por los sindicatos CGT y Co.Bas, que lo denunciaron como “injustificado” pero que el Tribunal Supremo ratificó.

De la primera reunión para el ERE de Indra Soluciones se salió con una fotografía clara de los planes de la dirección de la filial. Los mil despidos se irían a la calle con una indemnización de 20 días por año trabajado —como establece la reforma laboral del PP de 2012— y la destrucción de empleo afectaría a todos los centros de esta filial, dedicada a las tecnologías de la información. 

La empresa, que pertenece al Grupo Indra, participada por el Estado a través de la SEPI, ha planteado unos despidos que afectarían en primer lugares a los llamados “desasignados”, es decir profesionales a la espera de que se les asigne un proyecto, también a trabajadores con, según la empresa, “baja empleabilidad”, profesionales con alta desviación salarial y en posiciones de dirección y gerencia. La plantilla protesta especialmente en caso de las personas “desasignadas”, ya que, según denuncia, se siguen subcontratando servicios cuando hay personal cualificado sin un proyecto asignado. Está previsto que, durante la negociación, la empresa plantee una sustitución de despidos por prejubilaciones, según publicó El Confidencial.

Daniel Domínguez, representante de CGT en Indra Soluciones denuncia un ERE que considera “injusto y desproporcionado” en una situación económica mala por la pandemia pero que aun no ha tocado al grupo tanto como pretende la dirección. “Su actividad no ha parado”, defiende Domínguez, que refiere que a finales de marzo la empresa intentó llevar a cabo un Expediente de Regulación Temporal de Empleo que retiró dejando una advertencia de que la plantilla “en el momento que sea necesario apoye las decisiones que se deban tomar". 

“Se ha valorado convocar huelga y un calendario de movilizaciones”, anticipan desde CGT en Indra Soluciones

Aquella retirada en marzo era el preámbulo de un mazazo que afecta a un global de 19.000 personas en plantilla de las dos empresas afectadas de momento ─Sistemas y Soluciones─ y que se presenta solo ocho meses después de que la matriz anunciase un beneficio de 121 millones en 2019, un 1,2% más que en el ejercicio anterior. 

Para presentar los expedientes de regulación de empleo, la empresa que preside Fernando Abril Martorell ─apodado ‘Terminator’ por sus políticas de maximización de beneficios a través de los ajustes de plantilla─ ha presentado datos “que se sacan de la manga”, denuncia Domínguez, que pone como ejemplo partidas de gasto que han pasado de cero a 50 millones de euros. La compañía, por su parte, se remite a una caída del 1% de la facturación y se agarra a la Reforma Laboral de 2012 para justificar el ERE por la previsión de futuras pérdidas. 

A falta de nuevos detalles, que los sindicatos recibirán en la reunión del miércoles, este representante de CGT consigna que, en la actualidad, el 90% de la plantilla de Indra Soluciones está en modalidad de teletrabajo, lo que ha supuesto un ahorro a la empresa en términos de mantenimiento. 

Pero la cuestión fundamental, indica este sindicalista, es que la compañía no ha perdido contratos durante la pandemia, “como mucho se han aplazado”. La actividad principal de Indra Soluciones se desarrolla en el sector de la banca, de la telefonía o la energía, sectores que no han visto una para de la actividad en estos meses de pandemia.

“Se ha valorado convocar huelga y un calendario de movilizaciones”, anticipa Daniel Domínguez antes de la reunión de mañana, miércoles 28 de octubre. 

La compañía no ha perdido contratos durante la pandemia, “como mucho se han aplazado”, indica CGT

El laberinto Indra

Indra, producto de la fusión en los años 90 de la privada Ceselsa con la pública Inisel, funciona a través de cien filiales reconocidas y cuenta con una vasta cantidad de subcontratas o “cárnicas” asociadas a su actividad. Este hecho define el modelo de relaciones laborales de la compañía, que ha tratado, especialmente desde la llegada de Abril Martorell al cuadro de mandos de Indra, de restar protagonismo a la negociación colectiva.

“Los trabajadores antiguos tienen unas condiciones y los nuevos otras. Las condiciones se han mantenido, pero todos los que han entrado a Indra con posterioridad se han tenido que acoger al convenio sectorial, que tiene unas diferencias importantes a nivel salarial”, explicaba José Luis Ortiz, secretario general de CGT en Indra Sistemas Metal a El Salto en 2017. Así, frente a los 30.000 o 40.000 euros brutos anuales que puede cobrar un trabajador con antigüedad, los nuevos contratados, haciendo un trabajo parecido, tienen sueldos de 17.000 o 17.500 euros brutos anuales, o incluso de 11.500 en el caso del centro de Indra Software en Badajoz, según afirman desde su comité de empresa. 

Hemeroteca Diagonal
Visto para sentencia el “ERE político” de Indra
La empresa de transporte, defensa y energía Indra ha presentado un ERE que dos sindicatos consideran que debe anularse por parte de la Audiencia Nacional. El 20% de la empresa pertenece al Estado. La compañía es un ejemplo de puertas giratorias: dos ex altos cargos de los Gobiernos de Aznar o los hijos de Felipe González y Jordi Pujol son algunos de los que han estado en nómina de Indra.


El ERE de 2015 en Indra Sistemas, que fue ratificado por los sindicatos mayoritarios en la compañía, CC OO,  UGT y USO sin cumplir el compromiso de pasarlo a votación a la plantilla, dejó heridas importantes en la “unidad sindical” entre las plantillas del grupo, que tiene más de cien filiales. En aquella ocasión, el ERE terminó con 1.850 despidos y coincidió, recuerdan desde CGT, con la compra de Tecnocom ─empresa con 6.000 empleados─ y la incorporación de 2.000 becarios.

Indra pertenece en un 18% a la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda, aunque cuenta en su accionariado con la Corporación Financiera Alba, el vehículo de inversión de la familia March y otros actores del sistema financiero internacional, como el Banco de Noruega.

Unidas Podemos se ha mostrado partidaria de capitalizar a Indra para que no “pierda competitividad” en los mercados. El grupo confederal ha rechazado la presentación del ERE por parte de la dirección de Indra.

El Salto ha contactado con el Ministerio de Trabajo para recabar su postura sobre el proceso de regulación, pero la cartera que dirige Yolanda Díaz prefiere esperar a que terminen las reuniones preliminares antes de hacer valoraciones: “No estamos a favor de este ERE ni de medidas traumáticas para las personas trabajadoras, pero está en periodo de consultas, y estamos a la espera a ver cómo se resuelve”, dicen fuentes del Ministerio.

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