La semana política
El extremo centro del tablero

Mientras Unidas Podemos admite que es posible que ceda en estos presupuestos en uno de los aspectos fundamentales de su acuerdo de Gobierno —y limita a una advertencia verbal su crítica por la fusión bancaria entre Caixabank y Bankia—, el ala más gris del Gobierno mantiene e incluso incrementa su apuesta de máximos. La delegación espiritual de los famosos “hombres de negro” en el Ejecutivo no atiende a la lógica de las alianzas y lanza globos sonda capaces de provocar incendios en las filas propias. 

En el arranque de la temporada, los mensajes son, directamente, contradictorios. El partido beta del Gobierno, a través de su negociador en los presupuestos, Nacho Álvarez, ha asegurado que con los fondos europeos será suficiente para pagar el incremento del gasto público estimado para el año que viene. “No es una urgencia”, por tanto, apurar los plazos para la reforma fiscal, lo que quiere decir que, o bien se confía en que retrasarla tendrá un efecto publicitario menos negativo entre los poderes económicos, o bien se admite que la reforma fiscal no es una prioridad. 

En cualquier caso, allí donde Unidas Podemos cede, el lado tecnocrático del Gobierno de concentración se lanza a tumba abierta. El 10 de septiembre, las declaraciones de la ministra de Economía, Nadia Calviño, valorando como una más de las piezas a encajar la posibilidad de que se congele el sueldo de los funcionarios públicos en el año 2021 ponen en peligro no ya el entendimiento con sus socios de Gobierno —algo que ya ha demostrado que no considera prioritario— sino la más sólida de sus alianzas extraparlamentarias, la que tiene con los sindicatos de concertación. Calviño aseguró que, como el año que viene la inflación estará controlada, se mantendría el poder adquisitivo de tres millones de empleados incluso dejando a cero la revalorización de salarios. La Intersindical Valenciana recordaba ayer que desde 2008 la capacidad de compra de las plantillas públicas ha caído un 16% y solo recientemente se ha recuperado en torno a un 5,2%.

Aunque no parece más que una ocurrencia en forma de titular, el mensaje se estrella en la cara de las trabajadoras sanitarias, el profesorado, las funcionarias que han gestionado las medidas para atenuar las primeras consecuencias de la crisis. Sin el tirón de la demanda interna, para la que los sueldos públicos son una importante locomotora, la respuesta económica solo puede ser la austeridad, que “los pobres sufran lo que deben”, como en el periodo posterior a 2008.

Los mundos de Escrivá

Un día antes de que Calviño y María Jesús Montero confirmasen que esa congelación salarial es una posibilidad, otro titular saltaba a los ojos de las bases electorales de PSOE y Unidas Podemos: “El Gobierno impulsa el retraso de jubilación y bonificará a quien decida posponerla”. La cuestión es que el titular, efectista pero discutible, tapa la tónica general de la comparecencia del ministro de Seguridad Social en el Congreso.

Es cierto que José Luis Escrivá no plantea el aumento obligatorio de la edad jubilación, pero lo que sí defiende con nitidez es un modelo de bonificación a los planes de pensiones privados ante la constatación de que los jóvenes y las clases medias “no están invirtiendo en estos productos pensando en su jubilación” y el reconocimiento de que los fondos de pensiones solo son vehículos (caros) para la inversión financiera del primer decil de la población. Es decir, solo sirven, y no demasiado, a las grandes fortunas, que son las que menos necesitan, por su patrimonio, complementar su pensión mediante uno de estos planes.

La relativa sorpresa de Escrivá por el eterno pinchazo de los fondos de pensiones privados y el empeño en alargar la vida laboral de los trabajadores más estables indica hasta qué punto la reserva espiritual de Bruselas-Estrasburgo dentro del Gobierno no se entera o no se da por enterada de lo que sucede con el empleo juvenil. Se lo dijo a finales del año pasado el BBVA, uno de los bancos más interesados en que despegue el sector de los planes de pensiones: el 65,1% de los jóvenes españoles de entre 16 y 34 años sigue viviendo en el hogar familiar, un porcentaje siete puntos superior al de hace diez años. O el Consejo de la Juventud, del Gobierno al que pertenece: la tasa de jóvenes emancipados en España alcanza su mínimo desde 2002. O Eurostat: uno de cada tres jóvenes está sin trabajo. 

Con esas mimbres, contratos bullshit (de mentira y de mierda) con bases de cotización de mentira y de mierda, y bloqueado el acceso al “mundo de los adultos” a través de la compra o el alquiler de una vivienda, ¿de verdad piensa que, en medio de una caída del PIB que no tiene precedentes recientes, hay algún recorrido para la popularización del sector asegurador privado? 

Todos los lados del tablero

El sector ortodoxo del Gobierno se permite lanzar estos esbozos de su plan económico aprovechando un momento en el que el otro partido de la doxa económica que funciona en España desde 1959 vuelve a encontrarse con las consecuencias de su abuso patrimonialista de las instituciones del Estado. El caso Kitchen, en el que están implicados dos exministros y cuyas sospechas llegan hasta el expresidente Mariano Rajoy, tiene la capacidad si no de fulminar al partido, sí de limitar su crecimiento y mantener en auge la alternativa a su derecha, Vox, en un momento de crisis económica e incertidumbre social que el PP esperaba rentabilizar con una oferta de mínimos. 

Así, el PSOE se inclina por jugar a ocupar todos los lados del tablero sistémico, funcionando como garante de la austeridad presupuestaria —equivalente a decir que mantiene abiertas las expectativas de beneficio de las grandes fortunas— y esperando con que baste con su política de gestos para paliar la impopularidad de los recortes que espera la Unión Europea. Esos gestos vienen ya en forma de medidas extrapresupuestarias, gratis, como la revisión de la ley de memoria histórica y la anunciada ilegalización de la Fundación Francisco Franco.

La quiebra en tres del bloque conservador y la ruptura de “la izquierda del cambio” permiten al PSOE de Sánchez pensar que repetir la salida de 2010 tendrá un menor coste político

El plan tiene sentido si se consigue mantener reducido al Partido Popular —que, no obstante, tiene como baza su aparente control de la situación en los tribunales— y desde el momento en que Podemos está, a su vez, achicando las aguas de la situación del estrés permanente diseñada para su eliminación. Sin embargo, las pautas marcadas por Calviño, Montero y Escrivá a través de los globos sonda lanzados esta semana se parecen demasiado a las causas que supusieron el hundimiento del proyecto de Zapatero y la eclosión del PP de Rajoy a partir del año 2010.

Es cierto que las circunstancias actuales son muy diferentes. La quiebra en tres del bloque conservador y la ruptura por errores propios y cepillados ajenos de “la izquierda del cambio” permiten al PSOE de Sánchez pensar que repetir la salida de 2010 a la crisis no tendrá el coste político que tuvo entonces. Sin embargo, la apuesta es arriesgada. 

A cambio de ocupar la centralidad del tablero, el PSOE parece tentado a desaprovechar la ventaja que da al Gobierno el caos sanitario y educativo que se está desarrollando en la Comunidad de Madrid, donde en las próximas semanas se van a producir huelgas de trabajadores públicos que deberían servir para reforzar el compromiso con los servicios públicos frente al fallido proyecto neoliberal del PP. Sin embargo, por medio principalmente de las intervenciones de la ministra de Economía, pero no solo, lo que aparece es un “plan” para la gestión de la crisis que promete volcar los esfuerzos principales sobre los trabajadores, se orienta hacia la búsqueda de rentabilidad de las finanzas —mediante las fusiones bancarias o los incentivos a los fondos de pensiones— y no aborda el problema de la vivienda sino que, al contrario, se sube a la ola del “problema okupa” con una posible modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal destinada a “calmar” a una opinión pública previamente alertada por los intereses de los fabricantes de alertas.

Si la propia inercia del consenso progre, la alianza con las clases medias y los sindicatos de concertación, era antes de marzo un seguro para el PSOE y un límite —o una condición imposible de esquivar— para la permanencia de Unidas Podemos en el Gobierno, la entrada en una situación de crisis sistémica ha hecho tambalearse ese principio. No va a bastar con las batallas culturales, con lo que Íñigo Errejón ha calificado esta semana en una entrevista en El Mundo como el “ping pong contra Vox”.

La tentación de un regreso —en giro de 360 grados— a la austeridad, aprovechando la ausencia o la debilidad del PP y obligada por la presión de las élites, puede salir más barata al PSOE a corto plazo de lo que le salió en 2010, pero no servirá, más bien al contrario, para detener el auge de la extrema derecha y su promesa de aplicación de la misma hoja de ruta económica bajo un programa político plenamente xenófobo, aporófobo, machista y autoritario. Sin máscaras.

Unidas Podemos se juega parte de su malhadada credibilidad en poner un límite bien a la austeridad de Calviño y la ambivalencia de Pedro Sánchez, bien a su experiencia de Gobierno cuando la situación de volcado al extremo centro sea insostenible. Pero de nada servirá alegrarse de que esa experiencia de Gobierno confirme los vaticinios de que con el PSOE no se puede contar. Nadie puede conformarse con que esto termine con un impotente “os lo dije”.