Justicia
Lesmes plantea su dimisión ante el “estropicio” de la justicia pero no le pone fecha

La frase puede servir para evaluar los más de 1.300 días de rebeldía del CGPJ: “El estropicio es tan grande que no se había producido una situación semejante en toda nuestra democracia”. Pero, emitida ayer por Carlos Lesmes, presidente de Consejo General del Poder Judicial con mandato caducado desde diciembre de 2018 y uno de los grandes protagonistas del estropicio en el Gobierno de los jueces, tenía otra intención: culpar al PSOE —y en menor medida al PP— de la situación que puede darse hoy jueves durante la elección de dos magistrados del Constitucional.

El rapapolvo, según los medios conservadores, de Lesmes al Gobierno se produjo ayer en la apertura del año judicial, presidida por el rey y marcada por cuarto año por la rebeldía del principal órgano de control de la alta magistratura española. La novedad es que por primera vez Lesmes —de tendencia conservadora— ha cargado, suavemente, contra el PP, por la situación de bloqueo, que se ha convertido por derecho propio en uno de los asuntos más insufribles de la actualidad política. 

El motivo es la sesión del Consejo de esta tarde, en la que se deben aprobar dos nombramientos: según varias informaciones, un sector del sector conservador se habría “conjurado” para tratar de postergar esos dos nombramientos, ante la evidencia de que el voto en esta ocasión abrirá las puertas del Constitucional a jueces de tendencia “progresista” y movería la balanza, en el alto tribunal, al propio sector progresista.

La reforma exprés y parcial aprobada en julio en el Congreso de los Diputados, que modificaba el artículo 599 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, daba un plazo máximo para que el órgano de Gobierno judicial llevase a cabo esos dos nombramientos. El plazo vence el próximo 13 de septiembre.

Ayer, 7 de septiembre, por la tarde, el medio conservador ABC publicaba que el sector conservador que se ha opuesto a la intención de Lesmes respecto al Constitucional estaba dispuesto a negociar los nombramientos por estar “a favor de la institucionalidad” pero insistía en que los procedimientos deben ser consensuados, algo que, debido al plazo marcado, puede impedir de facto que se produzca el desbloqueo en dicho tribunal.

La conjura de siete de los previamente conjurados para ejercer bajo mandato caducado desde diciembre de 2018 contrarió al presidente del CGPJ, vinculado al PP a lo largo de casi toda su carrera judicial, que ha comenzado a reclamar la renovación del órgano de gobierno de los jueces desde 2021, cuando el Congreso de los Diputados revocó la potestad del Consejo de designar nombramientos, solo parcialmente levantada para la renovación en el Constitucional pero vigente en el caso del Supremo, del que el propio Lesmes es también presidente.

Así, al hablar de “estropicio”, Lesmes se refería a la aprobación en marzo de 2021 por parte del Congreso de los Diputados de la reforma legal que impide hacer nombramientos al CGPJ, que ha impedido cubrir vacantes al órgano y, desde el punto de vista del Gobierno, ha limitado así el nombramiento de nuevos jueces que engrosen la nómina de jueces conservadores en la alta magistratura del Estado. En el Supremo, 14 de las 79 plazas están vacantes por fallecimiento o jubilación. La misma historia se repite en la justicia militar y en otras instancias de la jurisdicción ordinaria —presidencia de la Audiencia Nacional, de Sala de la Audiencia Nacional, presidencia y presidencia de sala de de Tribunales Superiores de Justicia y presidencia de las Audiencias Provinciales.

El presidente del CPGJ solicitó a Pedro Sánchez y a Alberto Núñez Feijóo una reunión urgente para que lleguen a un acuerdo que ponga solución definitiva “a esta situación insostenible, de manera que el CGPJ sea renovado en las próximas semanas o, de no serlo, sea restituido en la plenitud de sus competencias”. De no ser así, Lesmes anunció a la prensa presente en la apertura judicial que dimitiría, aunque no puso fecha a su ultimátum.

“Golpe blando”

La cuestión acerca de la renovación del CGPJ ha sido una de las claves de esta legislatura, desde que el PP perdiera las elecciones —dos consecutivas— en el año 2019. Los intentos de llevar a cabo la renovación chocaron con el interés del partido conservador de mantener a magistrados de su tendencia en los principales puestos de la alta magistratura.

En octubre de 2021, el PP llegó a un acuerdo con el PSOE para la renovación del poder judicial que debía comenzar por el pacto para la renovación del Constitucional. A partir de ahí, a falta de dos nombres, el acuerdo para la renovación del CGPJ era casi definitivo. El pacto no fue público y Feijóo rechazó sus términos tras la salida de Pablo Casado de la dirección del Partido Popular. Natalia Junquera, periodista de El País publicó el contenido de ese acuerdo en exclusiva en agosto de 2022.

Dentro del Gobierno de coalición, el PSOE ha sido el encargado de dirigir la estrategia ante el episodio de rebeldía de los jueces. En Unidas Podemos tienen claro que el PP ha obstaculizado todos los movimientos para terminar con una anomalía como que el CGPJ esté con un mandato caducado desde hace un poco menos de cuatro años.

Ayer, Ione Belarra, preguntada por la situación en Radio Nacional de España, definió como “golpe blando” la actitud de los populares: “El PP quiere seguir protegiendo a sus corruptos, seguir haciendo oposición a través del poder judicial”. El portavoz parlamentario Pablo Echenique fue un poco más lejos al instar al PSOE a llevar al Congreso una modificación de la norma con el objetivo de rebajar la mayoría parlamentaria en la elección de vocales del CGPJ.

En la actualidad se necesitan los votos de 210 diputados para la elección de vocales y de 159 senadores para la elección de otros diez. La mayoría actual está formada por diez vocales, más el propio Lesmes, elegidos a propuesta del PP, seis a propuesta del PSOE, una de Izquierda Unida y otra del PNV. La última elección tuvo lugar en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando el PP tenía mayoría absoluta —pero no 210 diputados— en el Congreso.