Gobierno vasco
Opacidad y presiones a los transportistas: quién es quién en el conflicto de los autobuses escolares

La vuelta al cole no ha sido fácil en Araba y Bizkaia. Tras siete jornadas sin autobuses, los más pequeños han recuperado la normalidad en sus trayectos de casa a clase y de clase a casa. No obstante, septiembre ha pillado a Jokin Bildarratz con la mochila sin hacer: primero, para paliar la inactividad de los autobuses, ha tenido que activar ayudas extraordinarias para compensar a las familias; después, amagó con destapar un supuesto cártel de transportistas con el objetivo de presionar, contratando para dar soporte jurídico a Educación a la sucursal vasca socia del bufete Cuatrecasas, donde el letrado principal es Joanes Labayen, consejero de URPA, una de las empresas de autobuses adjudicatarias. Labayen es a su vez marido de Barkatxo Tejeria, presidenta del Parlamento Vasco. 

En primer lugar, los transportistas no entienden la contratación. Aunque sea legal y no se den incompatibilidades les parece “un gesto feo”. El propio abogado representante, Guillermo Sáiz, ha constatado además la preocupación en el sector por las acusaciones vertidas desde Educación. En segundo lugar, los transportistas piensan que la falta de diálogo y las prisas de última hora, con una orden de ejecución forzosa y un amago de querella, contiene “fallos de cálculo”. “Tenemos dignidad. Pensaban que íbamos a salir sí o sí”, comentan a Hordago-El Salto.

“No se está teniendo la sensibilidad que requiere nuestro servicio”, comentan los transportistas. Muchos alumnos comienzan y terminan sus jornadas escolares en el autobús.

Según las fuentes consultadas, el timing respondería a un intento por evitar incrementar la partida de un lote de cuatro años sin revisión de precios, algo impensable e imposible, dicen los transportistas, dada la situación cambiante de la economía. Y mencionan la pandemia, la guerra en Ucrania… “No se está teniendo la sensibilidad que requiere nuestro servicio”, añaden. Muchos alumnos comienzan y terminan sus jornadas escolares en el autobús. Esto es algo que, según los transportistas, no se está considerando con la importancia que comporta.

Elkarrekin Podemos-IU y PP firmarían juntos, según hicieron saber, una petición para iniciar una comisión de investigación sobre la crisis abierta y las dudas sobre la contratación de Labayen a través de un contrato menor (que aún no es público, a pesar de que data de agosto). Desde la formación morada han interpelado al resto de grupos políticos, incluso al PSE-EE. No obstante, la mayoría que conforma el Gobierno Vasco, la suma PNV y PSE-EE, dificulta que se tramite. Al requerirse un mínimo de 15 escaños para presentar tal solicitud (solo pueden en solitario EH Bildu y PNV), la líder de Elkarrekin en el Parlamento Vasco, Miren Gorrotxategi, ha instado a los partidos a exigir transparencia y denunciar el desarrollo de “redes clientelares”. 

Cronología del conflicto

Alrededor de 7.500 escolares se vieron afectados por el parón en los transportes en autobús con el que las empresas se plantaron contra al Gobierno Vasco. Jokin Bildarratz, como máximo responsable del Departamento de Educación, tuvo que hacer frente al plantón y a los gastos de las familias, que suplieron los buses con desplazamientos en coche, mayormente. Por esta razón, se tuvo que aprobar un desembolso de un millón de euros para compensar a los afectados. La cifra que se estipuló es de 0,29 euros por kilómetro. Se contabilizaron Infantil, Primaria, Secundaria y FP básica. Bachillerato quedó fuera. Los transportistas reconocen que la fuerza demostrada por las familias ha puesto en jaque a Bildarratz.

En la reunión entre los actores del 22 de agosto ya se entendió que no llegarían a buen puerto las negociaciones. La razón principal es que el Gobierno Vasco no tome en cuenta la volatilidad del mercado ante problemas de fondo como el periodo pospandemia y la guerra en Ucrania. Denuncian los transportistas que los costes se han disparado y que ya no cubren gastos. Con una plantilla corta y con falta de relevo generacional, el sector del transporte de viajeros, y concretamente el de escolares, tiene un complicado futuro. “Un nuevo vehículo cuesta 40.000 euros más que antes”, comentan.

Educación llevó ante la Fiscalía la sospecha de que varias sociedades de transporte escolar podían estar “concertando precios para obtener mayores beneficios”. Pronto Bildarratz paralizó el procedimiento.

Ante la declaración de guerra, Educación llevó ante la Fiscalía la sospecha de que varias sociedades de transporte escolar podían estar “concertando precios para obtener mayores beneficios” de la contratación de la Administración. La explicación estaba vinculada al estado de la contratación en Bizkaia (había quedado desierto el concurso del servicio) y Araba (donde solo se habían adjudicado el 17% de las rutas). Gipuzkoa gozaba del 98% el primero de septiembre. La denuncia también se presentó ante la Asociación Vasca de la Competencia (AVC). Pretendía que los transportistas acatasen la orden de ejecución forzosa. Algunas operadoras recurrieron. El conflicto escaló cuando Bildarratz acusó a estas empresas de hacer “rehenes” a las familias. No obstante, el responsable de Educación pronto dio marcha atrás y paralizó la querella. La Competencia vasca, no obstante, mantiene abiertos los expedientes a alrededor de 70 empresas de transportes de viajeros y asociaciones (a las que se vinculan las empresas para su representación, que son principalemente cuatro en Euskadi). La AVC, con su presidenta Alba Urresola en funciones, dice operar de oficio.

Las conexiones del PNV con las consultoras de informática investigadas por “colusión” con el Gobierno vasco

Ahoztar Zelaieta

3

Consultoras

PNV Las conexiones del PNV con las consultoras de informática investigadas por “colusión” con el Gobierno vasco

Ahoztar Zelaieta

3

Entre las 13 empresas que la Competencia Vasca investiga por colusión con la sociedad informática del Gobierno Vasco existen puertas giratorias, conexiones con presuntas tramas de corrupción y un largo historial de caciquismo.

Corrupción La multa de la CNMC, punta del iceberg del capitalismo de consultoría

Contratos públicos Las consultoras informáticas investigadas por Competencia monopolizan un cuarto de los contratos con el Gobierno vasco

El conflicto no es nuevo. El pasado año, antes del inicio del curso, también se desató. El runrún del plante auspiciado por las empresas contratistas de las rutas escolares en autobús, que se justifica por el incremento del precio de los combustibles, y que hacía inviable el servicio, a su juicio, si no se producía un incremento de los precios, retumbaba en el seno del Gobierno Vasco. El Departamento de Bildarratz proponía un 6,1% de subida, pero los transportistas exigían un 30%. Finalmente, la cifra que desatascó el conflicto fue un incremento del 24,1%. Ningún alumno faltó a clase, pero a duras penas los transportistas conseguían cubrir gastos. Este año Bildarratz no ha tenido tiempo para reaccionar a tiempo, aunque también se especula con que esa falta de reacción durante todo el verano sea un intento de presión para no revisar los precios.

Años antes, mientras el conflicto nacía, la Autoridad Vasca de la Competencia había destapado un cártel de transportistas de viajeros en Gipuzkoa. Llegó a sancionar a 17 empresas por repartirse los mercados entre los años 1988 y 2015. Entre ellas estaba URPA. Labayen ha declarado a eldiario.es que “esas prácticas son ajenas a la actual propiedad”. URPA ahora pertenece a su matriz, Transitia. Transitia tuvo en sus filas a Xabier Sagredo, extesorero del PNV y actual presidente ejecutivo de BBK.

Cuatrecasas y su relación con el PNV

Como se señalaba, Labayen, abogado del Estado en excedencia, es el letrado contratado por Bildarratz para dar respaldo a su Departamento en el conflicto con las empresas transportistas de escolares. Un Labayen con intereses en diferentes empresas (figurando como consejero), y entre ellas, URPA, que es adjudicataria de hasta 4 millones por estos servicios de transporte. Según El Correo, URPA se llevó el 25% –15 de 65– de las rutas escolares en Gipuzkoa (donde el conflicto no se ha producido) que otorgó el Departamento de Educación. Bildarratz, máximo responsable de Educación, llamó personalmente a Labayen para contratar a su bufete. En sus palabras en Radio Euskadi: “Me lo transmite el propio responsable cuando yo me pongo en contacto”, explica el consejero: “'Que sepa, consejero, que estoy aquí [en la empresa URPA], pero que no tengo ninguna incompatibilidad'”, recrea la conversación. “Y nosotros no vemos ningún tipo de incompatibilidad”, añade. Educación se defiende explicando que el fichaje del abogado es posterior a que URPA consiguiera rutas. Además, aduce para eliminar suspicacias, URPA se presentó a 30 y solo consiguió 15. En 12 fue la única que se presentó.

El representante legal de los transportistas sugiere que la apertura de expedientes se produce a empresas que no acatan la orden de ejecución forzosa y no a las que no participan en las licitaciones

El Correo publicó también que Labayen estuvo en una reunión con los transportistas el 22 de agosto. Esto, por tanto, no habría influido en la adjudicación puesto que las ofertas se cerraban el 19 de julio. Ese 22 de agosto, comenta el abogado representante de las empresas transportistas vascas en una reunión con los grupos parlamentarios, no se informó de ningún procedimiento de investigación. Solo lo conocen con las declaraciones de Bildarratz en una inusual rueda de prensa vespertina el 1 de septiembre. Recibieron la notificación el día 6 del mismo mes. Sáiz, el abogado, comentó el miércoles que los operadores sienten discriminación y considera que no hay base jurídica para incoar ese expediente hacia unas empresas mientras otras se salvan de ser investigadas. Esto es, sugiere Guillermo Sáiz, el expediente se abre a las empresas que no acatan la orden de ejecución forzosa y no a las operadoras transportistas que no arrancaron el día previsto al no participar en las licitaciones. Los transportistas consultados añaden más: “Es una forma de disciplinarnos”.

Cuatrecasas es un bufete de cierto prestigio y sus profesionales figuran o han figurado en la órbita del PNV, defendiendo a conocidas personalidades. El director de los servicios jurídicos del Departamento de Educación desde el pasado octubre es Eneko Goenaga, que procede de Cuatrecasas. Esto podría suponer un conflicto de intereses –la contratación de un despacho en el que estuvo trabajando–, pero su paso por Amenabar, según su curriculum, en los dos años anteriores, podría suponer, legalmente, una excusa. Goenaga es sobrino de Joseba Egibar –histórico jeltzale, presidente del Gipuzkoa Buru Batzar y portavoz del PNV en el Parlamento Vasco–. La Comisión de Ética ya amonestó al socialista Iván Pedreira por no haber informado sobre su paso por una empresa contratista de su Departamento, como contó eldiario.eus.

Cuatrecasas, a través de Goenaga, defendió a Alfredo de Miguel en la trama de corrupción que ha llevado al que fuera número dos del PNV alavés a la cárcel. El mismo bufete fue contratado irregularmente, según el interventor, por la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, también del PNV.

Como informaba Ahoztar Zelaieta, un socio de honor de Cuatrecasas es Javier Chalbaud, que fue secretario del Bizkai Buru Batzar del PNV. Chalbaud era socio del bufete de abogados de Xabier Arzalluz, el expresidente del PNV cuyo hijo estuvo imputado por el “caso De Miguel”. Para cerrar este círculo, Chalbaud formó parte del colectivo Izadia junto a Ramón Labayen, padre de Joanes Labayen.