Ganadería
Tratos en la sombra y granjas cerradas: 13.000 ganaderos contra el cártel de la leche en la Audiencia Nacional

Intercambiaban información entre ellas para coordinar estrategias comerciales con las que pagar menos a los ganaderos y así limitar sus ganancias. Esa fue a la conclusión a la que llegó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tras siete años investigando a ocho de las más grandes centrales lecheras del Estado español (Pascual, Danone, Puleva, Nestlé, Capsa —grupo donde se enmarca Central Lechera Asturiana—, Lactalis, Celega y Schreiber) y dos asociaciones lácteas (Aelga y Gil). Es decir, pactaban precios a la baja. La CNMC sancionó así a estas gigantes que operan en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca por unas actuaciones leoninas producidas entre 2000 y 2013.

La Comisión las etiquetó como “infracciones muy graves” y fueron sancionadas con 80,6 millones de euros. Pero para cuando ese expediente se resolvió, casi veinte años después de las primeras prácticas acreditadas y según datos de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, 50.000 ganaderos ya habían echado el cierre. No solo eso. Tras la resolución de la CNMC, las grandes empresas del sector recurrieron la decisión en la Audiencia Nacional y allí ha estado otros cuatro años suspendida. Ahora, la Sala de lo Contencioso-Administrativo se acerca al pronunciamiento definitivo, a lo que cada productor reclama 100.000 euros de media como compensación por los perjuicios sufridos.

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La investigación, entonces, fue exhaustiva. Incluyó inspecciones domiciliarias simultáneas en las sedes de las principales empresas del sector a lo largo y ancho de todo el Estado. Y además de las empresas y asociaciones citadas antes, en estas conductas ilícitas también participaron otras grandes entidades como Industrias Lácteas Asturianas (ILAS), Leche Río, Feiraco, Leche Celta, Forlactaria y Central Lechera Asturiana, pero para entonces su infracción ya había prescrito y, en ese caso, el daño producido al sector ganadero se quedará sin reparación.

Las empresas intercambiaban información sobre precios de compra de leche, volúmenes de compra de ganaderos y excedentes de leche

“Estas prácticas han traído como consecuencia no solo el empobrecimiento en 2.600 millones de los ganaderos que han quedado en las cuentas de la industria, sino algo todavía más grave e irreparable: los más de 50.000 ganaderos que desde el año 2000 han ido cerrando como consecuencia de este tipo de comportamientos”, denuncia Roberto García, secretario general de Unións Agrarias-UPA. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos compareció a finales de la semana pasada en una vista en la Audiencia Nacional en el marco del denominado popularmente como ‘caso del cártel lácteo’. Han aportado sus testimonios y su pruebas para tratar de acreditar el comportamiento ilícito de las industrias lácteas por fijar precios para perjudicar a los ganaderos y maximizar sus beneficios: “Pretendemos que quede acreditado judicialmente ese comportamiento ilícito de la industria láctea para iniciar las reclamaciones del daño económico infligido a los ganaderos”.

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Connivencias empresariales para presionar a los ganaderos

Según fuentes oficiales de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, las “prácticas anticompetitivas llevadas a cabo por los infractores” consistían en intercambiar información, a nivel nacional y regional, sobre precios de compra de leche cruda de vaca, volúmenes de compra de ganaderos y excedentes de leche. En la resolución, la CNMC constata que estos intercambios de información estratégica se produjeron “en distintos foros y versaron sobre distintas materias, si bien todos ellos tuvieron el objetivo común de consensuar y adoptar una estrategia conjunta para controlar el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca”. Además, en determinados momentos, se habrían materializado en acuerdos concretos para coordinar los precios de compra de leche y para la cesión de ganaderos entre centrales lecheras.

“Las empresas transformadoras dialogaron e intercambiaron información sobre los precios de compra que ofrecían las empresas transformadoras a sus ganaderos, los que iban a ofrecer en un futuro, la identidad de los ganaderos y los volúmenes adquiridos de estos, o la identidad de los ganaderos que tenían intención de cambiar de transformador y posibles medidas para evitarlo”, reza la resolución.

Las empresas intercambiaban información sobre la identidad de ganaderos que tenían intención de cambiar de comprador y posibles medidas para evitarlo

Como consecuencia de estas prácticas a las que ahora la Audiencia Nacional debe dar una segunda carta de veracidad, los ganaderos y ganaderas del Estado carecían de libertad para fijar el precio de su producto y la empresa a la que suministraban, “distorsionando el normal funcionamiento del mercado en beneficio de los transformadores”, explica con rotundidad la investigación. Los acuerdos en los despachos de las grandes centrales lecheras agravaron la situación en un mercado ya de por sí concentrado desde la perspectiva de la demanda. De hecho, la CNMC constata algo evidente en el sector y es que existe “un elevado poder negociador por parte de la industria transformadora” frente a unos ganaderos que, además de estar más atomizados, estaban entonces obligados a vender la producción para conservar su cuota láctea y seguir cobrando las ayudas de la Política Agraria Común de la Unión Europea.

Aunque las estrategias en la sombra fueron más allá. Algunas de las empresas intercambiaron información con la intención de controlar los excedentes de leche y la conversión de ésta en leche en polvo. Esto produjo un condicionamiento artificial del precio de aprovisionamiento de la leche cruda. “La Resolución de la CNMC no sólo prueba la existencia de conductas prohibidas por su objeto, que no era otro que distorsionar el normal funcionamiento del mercado, sino que además las mismas produjeron efectos negativos en el mercado, siendo la industria ganadera el sector más perjudicado”, rematan las fuentes de la Comisión.

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La resolución de la Audiencia Nacional

“Hasta que no se apliquen estas sanciones, no se van a corregir estos comportamientos”. Así de categóricos se pronuncian desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos respecto al fallo de la Audiencia Nacional. De esta resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo depende en buena medida el futuro de las miles de demandas que se presentarán para reclamar unos 100.000 euros de media de compensación por explotación. Para no perjudicar las arcas de las grandes empresas, el tribunal decidió dejar en suspenso el pago de las multas, algo sistemático y duramente criticado hace apenas tres meses desde la cúpula de la CNMC. 

Su presidenta, Cani Fernández, señaló a la sala diciendo que  “suspende todas y cada una” de las multas que el organismo regulador impone a las empresas. Durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos en el Congreso, Fernández explicó que, a juicio de la dirección, el órgano jurisdiccional ordena la suspensión cautelar de las sanciones porque prima el perjuicio que puede provocar a la empresa ante el interés general. En cualquier caso, fuentes judiciales que trabajan en el caso explican que, lo más probable, es que se resuelva a principios del próximo año y para lo que ganaderos y ganaderas se muestran “esperanzados”.

Las centrales lecheras pretenden que el Supremo les permita comprar por debajo de costes

La judicialización de los procesos de compra-venta en el sector lácteo por parte de las grandes empresas parece que va para largo. Algo más de año y medio después de la aprobación de la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, esa que prohibió comprar por debajo del precio de coste, su supervivencia se dirimirá en el Tribunal Supremo. Allí, las grandes empresas del sector presentaron pruebas periciales con las que, en palabras de los ganaderos, se pretende “torpedear” una Ley aprobada por mayoría en el Parlamento. “Son las industrias lácteas, representadas por su federación FENIL, las únicas en toda la cadena alimentaria que se han aventurado a tratar de desmontar una norma reivindicada por los agricultores y ganaderos durante años. Quieren seguir imponiendo unilateralmente los precios”, rematan desde la UPA.