Fronteras
Se multiplican los abusos y las violencias contra activistas y personas en movimiento en Bulgaria

No es noticia que las fronteras europeas son lugares en los que las personas migrantes —y quienes intentan darles su apoyo— sufren sistemáticas violencias por parte de las distintas fuerzas policiales coordinadas a su vez, más o menos directamente, por las instituciones comunitarias. La frontera turco-búlgara no es una excepción. A pesar del silencio mediático casi total al respecto, en los últimos tiempos este área se ha convertido en una de las más mortíferas para quienes intentan entrar a pie en la Unión Europea.

En este contexto, No Name Kitchen y el colectivo Rotte Balcaniche [Rutas Balcánicas] llevan más de un año movilizándose para dar apoyo a las personas en tránsito que atraviesan la frontera entre Turquía y Bulgaria. En este tiempo han prestado socorro a cientos de personas, salvándolas la vida en muchos casos, en una frontera en la que mueren decenas de ellas cada mes. Tanto es así que en diversas ocasiones los y las activistas han llegado demasiado tarde, encontrándose a las personas ya fallecidas. La presencia de estos grupos también ha conseguido evitar la devolución en caliente de las personas en tránsito, una práctica completamente ilegal, pero más que frecuente en esta y muchas otras fronteras europeas.

Las acciones de estos grupos se han enfrentado, desde el primer momento, a la violenta represión por parte de las autoridades búlgaras. En septiembre se producían los primeros arrestos de activistas y los pasados 14 y 20 de octubre tuvieron lugar otros dos episodios de este tipo, con numerosos abusos violentos por parte de los agentes y la detención durante 24 horas, junto a un grupo personas en tránsito, en celdas con pésimas condiciones higiénicas.

Según nos cuenta uno de los activistas, “la policía utiliza sistemáticamente la acusación de 'tráfico de personas' (smuggling) —un delito duramente castigado en el ordenamiento jurídico búlgaro— para justificar los arrestos”. No obstante, añade, “la realidad es que en ningún caso se ha llegado a iniciar ningún tipo de proceso judicial. No tienen pruebas, las acusaciones son ridículas y lo saben”. Desde su punto de vista, “la represión de la policía búlgara, cada vez más cotidiana, tiene el claro objetivo de intimidarnos y desalentar nuestras actividades, para poder seguir agrediendo y devolviendo ilegalmente a las personas en fuga”. Y concluye: “En mi opinión, es la primera vez que en una de las rutas balcánicas se entrevé la posibilidad de generalizar acciones que impidan de forma sistemática las devoluciones en caliente. Eso es precisamente lo que intentan evitar”.

Traducimos a continuación el comunicado de prensa conjunto de No Name Kitchen y el colectivo Rotte Balcaniche en relación a los últimos episodios represivos:

«Siete activistas internacionales fueron arrestados los pasados 14 y 20 de octubre tras haber ayudado a personas en apuros en los bosques búlgaros fronterizos con Turquía. Los activistas forman parte de dos grupos, el colectivo Rotte Balcaniche [Colectivo Rutas Balcánicas] y No Name Kitchen, que desde hace un año dan apoyo a personas en fuga ofreciéndoles comida, ropa y productos para la higiene. Estas dos organizaciones gestionan además un número de emergencia al que las personas pueden llamar en situaciones en que su vida corra peligro durante el viaje, frente al sistemático rechazo por parte de las autoridades búlgaras de darles asistencia médica. La policía fronteriza búlgara responde regularmente a las llamadas que piden una ambulancia devolviendo violenta e ilegalmente a las personas a Turquía, a pesar de sus condiciones físicas y las peticiones de asilo y protección. En estos momentos, la presencia de los activistas impide las devoluciones ilegales gracias a la monitorización de la situación. En respuesta a esto, la policía búlgara está reprimiendo cada vez más estas actividades, represión que culminó en un primer arresto el pasado septiembre y, más recientemente, en otros dos arrestos y detenciones que duraron hasta 24 horas. El 14 de octubre, cinco activistas llamaron al 112 para solicitar asistencia médica para 17 personas provenientes de Siria, entre las que se encontraban un niño de 7 meses y 12 menores, las cuales llevaban tres días en el bosque sin comida, agua ni refugio. La policía fronteriza llegó encapuchada y con perros en el maletero del vehículo. Desde el primer momento la actitud de los agentes fue agresiva y racista, provocando el terror de las personas antes la posibilidad de ser agredidas, mordidas por los perros y devueltas a Turquía, como ya les había ocurrido en hasta cuatro devoluciones anteriores. Por su parte, los activistas fueron arrestados, esposados y trasladados a la comisaría de policía fronteriza de Elhovo, junto a los 17 sirios. Ninguno de ellos recibió atención médica.

Un policía con pasamontañas llevó a cabo un agresivo cacheo, desnudando completamente a los activistas, llevándose todos sus efectos personales y escoltándolos a celdas separadas. También las personas en movimiento fueron separadas e introducidas en las mismas celdas, dando una cama individual a cada dos personas. Las condiciones higiénicas de las celdas eran pésimas, con heces en el suelo y suciedad en las camas. La policía impidió intencionadamente el sueño de las personas, abriendo y cerrando de un portazo a intervalos regulares las grandes puertas de metal de las celdas. Además, los agentes tomaron las huellas dactilares y realizaron fotos de los activistas. A pesar de que solicitaran un abogado y un intérprete, las peticiones de los activistas fueron continuamente desoídas. Obligaron a las personas en movimiento a firmar documentos sin traducción. Tras quince horas, los activistas fueron liberados, mientras que las personas en movimiento tuvieron que permanecer en las celdas. El 20 de octubre, tres activistas, junto a una periodista y dos directores de cine llamaron al 112 para pedir asistencia médica para 8 personas —sirias, egipcias y afganas—, entre las que se encontraban siete menores.

Caminaban desde hacía tres días y habían pasado la noche sin agua ni comida en el bosque, donde la temperatura era de dos grados centígrados. Cuando la policía llegó, requisó los teléfonos de las ocho personas, afirmando que se encontraban en estado de arresto, pero sin dar ninguna información más. La policía empezó posteriormente a mostrar una actitud agresiva con los activistas, empujando y abofeteando a uno de ellos solo porque aún tenía el teléfono en la mano. Los agentes impidieron además que la periodista pudiese llevar a cabo su trabajo, forzándola a esconder la cámara. Dos activistas fueron empujados al suelo, esposados y llevados a la comisaría de policía fronteriza de Malko Tarnovo, junto con el resto del grupo. Los activistas fueron retenidos durante 24 horas con la falsa e injustificada acusación de resistencia a la autoridad, y se les negó la posibilidad de consultar con un traductor oficial antes de firmar los documentos de arresto y detención. Los agentes retuvieron a las personas en apuros durante toda la noche en una celda con solo cuatro bancos, y se les negó cualquier tipo de atención médica.

El objetivo de estos brutales arrestos es desanimar a los activistas para que sigan ofreciendo asistencia médica a las personas en movimiento, así como impedir el monitoreo de las devoluciones en caliente a Turquía. Se trata de una pequeña parte de la creciente represión que sufren por activistas y de la sistemática violencia y deshumanización que sufren las personas en movimiento. Dichas prácticas ilegales las llevan a cabo las autoridades búlgaras por orden de la Unión Europea, que financia cada vez más el control violento y racista de las fronteras».