Extremadura
La concejala de agricultura de Siempre Don Benito oculta una foto con el cadáver de un buitre leonado

En las elecciones municipales del pasado 28 de mayo en Don Benito, el PSOE obtuvo nueve concejales y el Partido Popular, cinco. Entre ambas formaciones, con siete ediles, irrumpió Siempre Don Benito, un partido político nacido de la negativa a la fusión entre Don Benito y Villanueva de la Serena. Gracias al apoyo del PP, Siempre Don Benito terminó consiguiendo la alcaldía en un hito que ya forma parte de la historia de la localidad.

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Análisis político Don Benito no paga traidores

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Sobre la situación política de Don Benito tras la victoria de Siempre Don Benito.

Desde entonces, muchas han sido las polémicas que han rodeado la corta vida de la formación local: su composición —algunos de los miembros más activos del partido comparten militancia en la formación ultraderechista VOX—; la figura de su máxima representante —pese al corte populista de la organización, María Fernanda, actual alcaldesa, ha formado parte del Partido Comunista y de Izquierda Unida, además de representar a Comisiones Obreras en el Ayuntamiento como presidenta de la junta de personal—; o los cambios de postura ante la fusión entre Villanueva y Don Benito —pese a conseguir un gran apoyo por su firmeza en el “no a la fusión”, afirmó el día de su investidura como alcaldesa que no estaba en contra de la fusión si la mayoría así lo querían—.

Desde entonces, muchas han sido las polémicas que han rodeado la corta vida de la formación local: su composición —algunos de los miembros más activos del partido comparten militancia en la formación ultraderechista VOX—

La última controversia del joven partido la ha protagonizado Graciela María Gómez Álvarez, concejala de Agricultura y Nuevas tecnologías del Ayuntamiento de la ciudad. Cuando Santiago Merino, su predecesor, renunció a su cargo por motivos personales, Gómez Álvarez, número ocho en la lista electoral, fue nombrada concejala. Días después de la ostentación del cargo público, candó sus redes sociales. El motivo no fue difícil de adivinar; en sus cuentas, la concejala compartía sin tapujos comentarios y fotografías franquistas, así como trofeos de caza que transgredían no sólo líneas morales y éticas sino, también, legales.

Hablamos de una foto con un buitre leonado (Gyps fulvus) muerto, presuntamente cazado por ella misma. El buitre leonado es ave protegida incluida como especie reproductora en la Lista Roja de las Aves de España, con la categoría de LC – Preocupación Menor. También figura en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial como vulnerable (Real Decreto 139/2011) y está amparado por leyes regionales, nacionales y europeas.

La fotografía muestra a la concejala sonriente mientras sostiene el ave protegida, cuyo estado inerte es palmario. Este hecho no solo constituye una posible y presunta violación flagrante de las leyes de protección de la fauna silvestre, sino que refleja una falta de respeto hacia la biodiversidad y el delicado equilibrio de nuestro entorno natural.

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Hemos vivido un estado de alarma que ha durado meses y nos ha confinado en nuestros hogares. Entre las actividades consideradas esenciales, en un principio, estuvo la caza. ¿Qué sentido tiene privilegiar una actividad tan dañina?

Según el artículo 334 del Código Penal, será castigado con pena de prisión de seis meses a dos años o multa a quién cace, adquiera, posea o destruya especies protegidas. También quién trafique con ellas o realice actividades que impidan o dificulten su reproducción o migración. Por otro lado, se procedería a la inhabilitación del condenado para profesión u oficio y para cazar durante un periodo de dos a cuatro años.

Tanto la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, como la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, amparan la protección de esta ave afirmando que las acciones u omisiones que infrinjan lo prevenido en la legislación generarán responsabilidad de naturaleza administrativa, con multas que van desde los cien a los dos millones de euros, dependiendo de la gravedad de los actos producidos en las aves o sus ecosistemas. Cabe destacar que en la provincia de Badajoz se encuentran 157 parejas de buitres leonados. Esto supone un brusco descenso del 21% entre 2008 y 2018, aunque la tendencia a largo plazo se considera en aumento.

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Aristócratas, empresarios y propietarios de cotos copan el negocio multimillonario de la caza, que se extiende desde los grandes latifundios del sur del país hasta las sabanas africanas.

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El buitre leonado ha estado en serias amenazas durante muchos años en nuestro país; la caza y el uso de veneno provocaron que la población se redujese a 2.000 parejas a mediados de los años sesenta. En la actualidad ya no está en un riesgo alto de desaparición en España, alcanzando unas 31.000 parejas reproductoras, cifra que supone el 90% de los buitres leonados de Europa. Gracias a este aumento poblacional, nuestro país ha participado en planes de reintroducción de la especie en diferentes países donando ejemplares.

Dentro del Estado español, y también en toda Europa, Extremadura destaca como una de las regiones con mayor importancia en la conservación de aves. Sin embargo, actividades humanas como la cinegética amenazan la existencia de estos animales. La caza de buitres es una realidad aún más deplorable si la protagonizan quienes tienen, paradójicamente, el deber de proteger nuestro entorno natural, la naturaleza, así como hacer políticas de cuidados hacia los animales que están protegidos y en peligro de extinción. Preguntados por estas fotografías, ni Graciela María Gómez Álvarez ni Siempre Don Benito han dado ningún tipo de explicación. Recordamos que, según el Código Penal, la caza de especies protegidas debe ser castigada con multa o pena de prisión.