Extractivismo
Triángulo del litio: contaminación, colonialismo y excesos en la diagonal árida sudamericana

En 1972, las imágenes tomadas por un escáner multiespectral del satélite ERTS-1 permitieron al Servicio Geológico de EE UU explorar distintos puntos del planeta. Así fue como la región del llamado Triángulo del Litio, la mayor reserva de este mineral en el mundo, situada entre Bolivia, Chile y Argentina, apareció en el mapa de los grandes capitales norteamericanos.

Ernesto Picco relata en su libro Crónicas del Litio, el origen de la exploración de lo que se conoce como “oro blanco”, un recurso esencial para las baterías de los dispositivos electrónicos, y para la tan mentada transición energética —acelerada por la Guerra de Ucrania y el aumento de los precios de la energía—, que implica el reemplazo de combustibles fósiles como el petróleo o el gas natural por otras energías que permitan reducir los efectos de gases de efecto invernadero. Como contrapartida, la aceleración en la extracción de litio provoca daños ambientales y sociales cada vez mayores e irreversibles en aquellos lugares de donde se extrae y una ambición cada vez mayor por parte de empresas y gobiernos que lucran con su explotación. 

Desde esas primeras imágenes satelitales hasta hoy ha llovido mucho, pero el interés en el litio siempre ha ido en aumento. Aunque EE UU y Europa encabzan el ránking en términos de consumo, China lo lidera en términos de producción. Bolivia cuenta con una gran reserva, aunque por el momento este país se encuentra por detrás de Chile y Argentina en niveles de producción, a pesar de que el actual gobierno busca asociarse con empresas extranjeras para industrializar el mineral. Si bien durante los gobiernos de Evo Morales se priorizó el control estatal de los recursos naturales, hoy por hoy se busca trabajar con empresas privadas extranjeras que utilizan métodos de extracción directa de litio.

En 2019, Evo Morales tuvo un intento de firmar contratos con firmas de Alemania (ACI Systems) y China (Xinjian Tbea), pero debió dar marcha atrás debido a las protestas que esto generó en Potosí, la región minera por excelencia, donde desde el Comité Cívico Potosinista, la organización que lidera las protestas de la región, se argumentó: “Nosotros somos los dueños de los minerales, pero nos quedamos con miserias y contaminación”. De hecho, el ahora ex presidente atribuye su derrocamiento a intereses extranjeros por controlar este mineral, ya que Bolivia cuenta con leyes que establecen que todo proceso de extracción e industrialización debe estar a cargo del Estado.

Muchos países de la región latinoamericana luchan por no depender de las materias primas —o commodities— pero las constantes crisis económicas los vuelven dependientes de sus recursos naturales. En diciembre en 2022, el gobierno argentino, en su carrera por formar parte de la cadena de valor agregado (y no solo proveer materia prima) anunció un proyecto de ley que promueve la economía del hidrógeno verde, con el que se busca maximizar el aporte de la industria local. El anuncio, que contempla beneficios impositivos para promover inversiones, se realizó en un encuentro en la Casa Rosada en el que participaron la secretaria de Asuntos Estratégicos, Mercedes Marcó del Pont, y  la viceministra de Relaciones Exteriores y Enviada Especial por la Política Climática Internacional de Alemania, Jennifer Morgan. Pocos días más tarde, el vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso, a cargo del Poder Ejecutivo, recibió en Casa de Gobierno a representantes de la empresa canadiense Avvenire Electric Vehicles Corp., dedicada al desarrollo de vehículos con electromovilidad, que busca convertirse en líder mundial en el mercado de vehículos eléctricos (EV). 

Elon Musk y Bill Gates

La multinacional de origen estadounidense FMC Corporation (hoy Livent Corporation) se instaló en Catamarca en la década del 90, y con su Proyecto Fénix (Salar del Hombre Muerto) fue pionera en la explotación de sales de litio. FMC venía de absorber LITHCO (Lithium Corporation of America, 1942), una de las empresas más importantes del sector que ya había recibido denuncias por daños ambientales en EE UU y por eso mismo había empezado a mirar al sur. Aunque no le fue fácil, a principios de los años 90 LITHCO logró entrar en Sudamérica y empezaron las primeras exploraciones. 

En julio pasado, la Dirección General de Aduanas (DGA) argentina denunció una maniobra de subfacturación en la exportación de carbonato de litio de la empresa Livent. La investigación afirmó que entre 2018 y 2019 la minera generó un perjuicio de 7,5 millones de euros en derechos de exportación y por ello se le aplicó una multa de 36 millones de euros. Según el organismo, la maniobra comprende 403 operaciones de exportación que Livent realizó a su casa central a un precio exponencialmente más bajo que el del mercado internacional en ese período.

Resulta llamativo cómo los intentos por resolver una cuestión medioambiental pueden derivar en iniciativas que impulsen nuevos desequilibrios en regiones del mundo ya habituadas al saqueo de sus recursos naturales y culturales

Uno de los negocios que más expectativas genera respecto a la producción de baterías de litio es el de la electromovilidad. En abril pasado, Elon Musk, pionero de los automóviles eléctricos estadounidense, reveló que casi la mitad de los vehículos que ensambló en el primer trimestre de 2022 estaban equipados con baterías de litio-fosfato de hierro (LFP), más baratas que las celdas basadas en níquel y cobalto que dominan Occidente. Y si de multimillonarios se trata, Bill Gates es otro de los que andan detrás del codiciado “oro blanco”. En diciembre de 2021, la compañía norteamericana Lilac Solutions ingresó en el negocio del litio de la mano de Bill Gates, quien lideró una ronda de inversión por 20 millones de dólares a través de dos de sus fondos en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Breakthrough Energy Ventures y The Engine. Instalada en Oakland (California), Lilac Solutions impulsa la producción de salmuera de litio en un proyecto llamado Kachi que cubre una superficie de 74.000 hectáreas en Catamarca y que corre riesgo de fracasar por una disputa entre dos de sus principales inversores, la empresa australiana Lake Resources y la norteamericana Lilac Solutions.

Sin embargo, una de las noticias que más revuelo causó en las últimas semanas fue la clausura de la empresa china Liex Zijin en Fiambalá, Catamarca. La asamblea Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (Pucará) informó que el martes 1 de noviembre la policía minera de la provincia de Catamarca clausuró la planta piloto de litio de Zijin. Aunque no hubo ningún comunicado oficial acerca de los motivos que propiciaron la clausura, desde la Asamblea Fiambalá Despierta denunciaron irregularidades en el manejo de residuos químicos y en el seguimiento de las normas de seguridad e higiene, la inexistencia de una enfermería, y las condiciones de explotación de sus trabajadores. Esta clausura, informaron, se da en un contexto en que los habitantes de Fiambalá están sufriendo intoxicaciones con síntomas como fiebre, vómitos y dolores musculares, presumiblemente a causa de la ingesta de agua contaminada.

La Asamblea Fiambalá Despierta viene denunciando a la empresa Liex Zijin por operar en un sitio Ramsar —un humedal designado como de importancia internacional bajo el Convenio homónimo— para extraer salmueras de litio en el proyecto Tres Quebradas. Ahora, reclama información pública de lo acontecido, la clausura definitiva de la planta piloto que funciona en medio del pueblo —que los expone a una contaminación ambiental y a posibles efectos en la salud a la población— y que se suspenda la construcción de la planta de explotación para el procesamiento de litio ubicada a orillas del pueblo de Fiambalá.

Inversiones chinas

En las últimas dos décadas, América Latina ha reforzado lazos comerciales con China en actividades extraterritoriales (instalación de proyectos extractivos), con grandes inversiones en infraestructura energética y de transporte. Sin embargo, “hay un aumento constante de denuncias a nivel internacional por parte de organizaciones de la sociedad civil, debido a los abusos de derechos humanos y por los graves impactos en ecosistemas frágiles y en el medio ambiente en general”, señala Aimée Martínez Vega, defensora de derechos humanos radicada en Catamarca, con una amplia experiencia de lucha en los territorios en defensa de las aguas.

“Encontramos patrones gravísimos de abusos de derechos en comunidades indígenas y campesinas en países de América Latina. Además, no han habido buenos estudios de impacto ambiental y hay una total ausencia del Estado en la defensa de estas comunidades y sus derechos”, denuncia. En Argentina, como en la mayoría de los territorios del Sur global, la imposición de la política minera como parte de los bienes comunes en conflicto tiene como resultado la militarización de los territorios, el establecimiento de una violencia permanente por la sobrevivencia, la idealización del desarrollo y la ruptura del tejido social, lo que determina la criminalización de la población que se opone a los proyectos extractivos.

En los años 90, Argentina desarrolló un código minero a la medida de las grandes corporaciones extranjeras. Estás se encuentran muy concentradas y las siete más grandes controlan los yacimientos minerales más importantes del mundo. La práctica totalidad de las mayores corporaciones mineras transnacionales están involucradas en proyectos en la Argentina. Por otra parte, los tratados internacionales existentes no establecen ningún mecanismo concreto para que las empresas informen y actúen ante los impactos de sus actividades sobre los derechos humanos sino que “son los Estados quienes tienen la responsabilidad de promulgar y hacer cumplir las leyes nacionales que tengan por efecto respetar y garantizar el goce efectivo de los derechos individuales y colectivos”, puntualiza Martínez Vega. “Los Estados receptores de los proyectos de empresas chinas, deben hacer uso de los canales diplomáticos bilaterales y multilaterales para instar al gobierno de China a implementar obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos y garantizar esa protección y que no sea una mera declaración de principios o deseos de buenas acciones. Hoy por hoy, no existen canales de diálogo efectivos que permitan a las comunidades expresarse sin que haya asimetría de poder, ni acciones concretas de respeto y garantía de derechos. También nos hemos encontrado con una grave vulneración de derechos laborales que ponen en mayor riesgo a las comunidades afectadas por los proyectos extractivos”. Se trata de prácticas coloniales que, en un proceso global de privatización y mercantilización de la vida, tienen en el extractivismo a uno de sus principales protagonistas, y que cuentan con el apoyo de los organismos financieros internacionales y la garantía de las administraciones nacionales y provinciales.

Actualmente China acapara el mercado del litio. “La llegada de la empresa Zijin a Fiambalá también tiene impacto a nivel cultural”, reflexiona Marta Pérez Fargas, quien forma parte del Observatori del Deute en la Globalizació de Catalunya, y que, como parte de esa organización viajó a Chile y Argentina con un proyecto de investigación sobre minería de litio e hidrógeno verde en diciembre pasado. “Se promueve la cultura china y su lengua entre la población. Al principio lo veían como algo simpático, pero ahora ven que forma parte de una estrategia de colonización. También se ha generado una suerte de gueto en un barrio de trabajadores chinos. Y está toda la cuestión del patriarcado, es decir, todo esto de la minería atrae muchos hombres con un gran poder adquisitivo a Fiambalá, y esto genera situaciones de abuso de poder”, señala. De hecho, indica que “se ha denunciado una agresión sexual en una discoteca por parte de gente vinculada a la minera que además tienen entrada gratuita y mucho trato de favor por parte de las instituciones y los empresarios”. Para Pérez, Fiambalá está viviendo profundos cambios con la instalación de la minera, incluso en la cuestión de los ritmos de vida o de la seguridad de la gente del pueblo, con lo que hay un impacto social además del ambiental.

Resistencia

Diversas organizaciones sociales resisten la intromisión en sus comunidades y denuncian abusos de derechos humanos e impactos ambientales. Pese a que los territorios son invadidos desde hace años por las empresas, y la cosa va en aumento, la resistencia también crece y las organizaciones se mantienen en pie de lucha, aunque son objeto permanente de criminalización y estigmatización. Mientras tanto, el Estado y los distintos gobiernos  establecen políticas que varían según las épocas y lugares. “Para fabricar una sola batería eléctrica se necesitan mil litros de agua del Desierto de Atacama. Necesitamos cuestionar a las empresas que sostienen ese mercado”, señala Sonia Ramos, dirigente social y defensora del agua chilena. El elevado consumo de agua para la obtención de litio vía evaporación es el impacto ambiental más significativo que denuncia el activismo ecológico. Santiago Machado, de la Asociación Civil Be Pe, coincide con Sonia y añade: “Esta es la primera vez que en Fiambalá nos vemos obligados a comprar agua por el olor que tiene el agua de grifo. Eso antes era inconcebible, y eso que todavía la fase de explotación del proyecto no comenzó. Estamos alimentando un mercado que ni siquiera nos beneficia a nosotros, acá no vamos a utilizar coches eléctricos. En cambio, sí que tenemos producción agroecológica, de vinos y alimentos”. La transición energética implica, además, multiplicar la extracción por 42, según señala, lo que consecuentemente aumentará el daño. 

Según un artículo del docente e investigador Manuel Fontenla —publicado en el periódico Página 12—, en 2002, el programa ‘Mining, Minerals and Sustainable Development’ (MMSD), recomendó a las empresas del sector minero un ‘cambio cultural’, que permitiera construir un nuevo modelo discursivo y un lenguaje común. También propuso una filosofía de comunicación, que sería la base del imaginario de la ‘Minería Sustentable’. “Desde fines de los 90, las transnacionales del sector minero se pusieron a la millonaria tarea de construir un lenguaje común que les permitiera confrontar contra los discursos sociales ambientales. Así fue que organizaron toda una ‘filosofía del diálogo’, no para buscar un desarrollo sustentable, sino para garantizar la coexistencia del desarrollo minero dentro de un lenguaje de sustentabilidad y responsabilidad, a pesar de los discursos y resistencias que provenían de las alarmas climáticas. De esta manera, las empresas debían generar el convencimiento de que, su interés corporativo, es clave para el desarrollo de todos. Y más aún, que si las empresas ganan, y la naturaleza se capitaliza, eso significa ‘desarrollo humano’. Este trastrocamiento del discurso, permite entender cómo en un mundo donde se insiste en que debemos dejar de explotar la naturaleza, y de empujar los límites planetarios a un punto de no retorno, las empresas, pueden seguir profundizando el extractivismo con discursos ‘verdes’ y de ‘desarrollo sustentable’.”

Lo paradójico del tema es que la creciente demanda de litio responde, entre otras cosas, a  una necesidad global de reducir emisiones de gases de efecto invernadero. De este modo, resulta llamativo cómo los intentos por resolver una cuestión medioambiental pueden derivar en iniciativas que impulsen nuevos desequilibrios en regiones del mundo ya habituadas al saqueo de sus recursos naturales y culturales.