Especulación urbanística
Fernández Vara se obstina en su apoyo a Marina Isla de Valdecañas

De acuerdo con lo previsto, y persistiendo en el abierto apoyo institucional que durante todo el proceso ha acompañado al proyecto inmobiliario Marina Isla de Valdecañas, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reiterado en declaraciones a diversos medios que la sentencia del Tribunal Supremo ordenando la demolición de todo lo construido supone “un traspiés” pero no un “obstáculo insalvable”.

En la valoración del auto del TS ha añadido, también, su voluntad de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (que se daba por seguro desde el movimiento ecologista) para “salvar” la urbanización, aun cuando el contenido concreto del mismo no haya sido, todavía, hecho público ni comunicado a las partes. En cualquier caso, la vía del recurso ha sido la norma desde el gobierno regional ante todas y cada una de las resoluciones judiciales que, en diferentes instancias, se han pronunciado siempre en contra del resort de lujo.

El Tribunal Supremo ordena demoler Marina Isla Valdecañas por completo

Manuel Nogueras

Especulación urbanística

Especulación urbanística El Tribunal Supremo ordena demoler Marina Isla Valdecañas por completo

Manuel Nogueras

Un auto del Tribunal Supremo da la razón al recurso de Ecologistas en Acción y corrige al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que había ordenado únicamente el derribo de lo construido sin concluir.

Fernández Vara, en valoraciones efectuadas las últimas horas ha insistido en la idea de que “el tema tiene todavía mucho recorrido”, lo que en el plano judicial sin duda haría alusión al papel que pueda desarrollar al respecto el Constitucional, y abundando en la idea de que “hay que hablar con Europa”.

En este último aspecto se ha manifestado incluso partidario de reconsiderar la normativa de protección medioambiental en su conjunto, llegando a hablar de “exceso de protección”. Abundando en esta idea de la supuesta “sobreprotección” —en una región cuyos valores naturales son unánimemente reconocidos como su más importante patrimonio, pero cuyo territorio solo tiene declarado como Parque Nacional un 1% del mismo—, ha lamentado que hay muchos lugares donde “no se puede hacer nada” y que existen zonas protegidas que “no merecen” ese estatus.

Fernández Vara, ha reiterado en declaraciones a diversos medios que la sentencia del Tribunal Supremo ordenando la demolición de todo lo construido supone “un traspiés” pero no un “obstáculo insalvable”

Tampoco se ha dejado Fernández Vara en el tintero el persistente argumento de la creación de empleo y la despoblación, contraponiéndolos a los problemas que en ese aspecto generaría la Red Natura 2000, eje central, en su opinión, de esa supuesta negociación que habría de darse con Europa. De hecho, ha llegado a calificar de “paradoja”que “la Unión Europea tenga como uno de sus objetivos principales la lucha contra la despoblación y que los territorios encuentren tantas limitaciones para poder llevar a cabo esa tarea”. Concretamente, ha demandado en ese sentido “ir de la mano” con la UE para afrontar “el enorme reto” de la lucha contra la despoblación teniendo que enfrentar, a la vez, ese supuesto “exceso de protección”.

Sobre las referencias a la modificación normativa para adaptarla a las necesidades de una iniciativa privada sobre el territorio extremeño, y en concreto en relación a Isla de Valdecañas, las declaraciones institucionales no hacen sino confirmar una línea de actuación constante desde el gobierno regional durante más de una década de contencioso. De hecho, la propia urbanización fue aprobada por el gobierno regional tras su declaración mediante decreto, por parte de la Junta de Extremadura, como Proyecto de Interés Regional (PIR) el 10 de abril de 2007, en una medida polémica por lo que suponía de trato de favor hacia la promotora Marina Isla de Valdecañas S. A., que iniciaría a continuación, en 2007, las obras necesarias en esas 130 hectáreas de espacio natural protegido por la ley y donde se proponían levantar 180 villas de lujo, un hotel de cuatro estrellas, una playa artificial, un club náutico y un campo de golf. El 9 marzo de 2011 el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura daría la razón a ADENEX, anulando el decreto de la Junta.

Se llegó a modificar en mayo de 2011 la Ley del Suelo extremeña para adaptarla, con carácter retroactivo, a las necesidades normativas de Marina Isla de Valdecañas

En este orden de cosas,  con otra medida que provocó escándalo, se llegó a modificar en mayo de 2011 la Ley del Suelo extremeña para adaptarla, con carácter retroactivo, a las necesidades normativas de Marina Isla de Valdecañas, introduciendo un párrafo explícito en su intencionalidad: “La mera inclusión de unos terrenos en la Red Ecológica Natura 2000 no determinará, por sí sola, su clasificación como suelo no urbanizable”. Aprobada la medida por PSOE y PP en la Asamblea de Extremadura, resultó tan evidente su intencionalidad de soslayar las sentencias previas en contra del proyecto urbanístico que un diputado del Partido Popular, Tomás Martín Tamayo, llegó a ausentarse de la sesión parlamentaria. Mariano Gallego, entonces alcalde de Don Benito, calificó la modificación legislativa como “porquería”. Sería el Tribunal Constitucional quien terminaría, en noviembre de 2019, por anular la susodicha reforma.

Valdecañas: corrupción estructural

Manuel Cañada

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Valdecañas: corrupción estructural

Manuel Cañada

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Valdecañas es nuestro Gürtel, nuestra Púnica, nuestro Bárcenas, nuestro ERE. La más reciente radiografía del estado de Extremadura, la demostración de cuánto abuso la somete todavía.

No es Valdecañas, en cualquier caso, el único megaproyecto donde se han favorecido expresamente iniciativas de lucro privado por parte de la Junta y de los dos partidos mayoritarios en la Asamblea de Extremadura. La propia Ley extremeña de grandes instalaciones de ocio (LEGIO) se generó, ex-profeso, para facilitar legalmente el proyecto de pretendida ciudad de ocio en la comarca de La Siberia, Elysium, sobre el que ahora se proyectan todas las miradas, habida cuenta de que concurren en su situación similares circunstancias a las de Marina Isla de Valdecañas en relación a la protección medioambiental del espacio sobre el que se proyecta.

Las declaraciones de Fernández Vara no han tardado en provocar diversas reacciones. Desde el movimiento ecologista, en declaraciones a El Salto Extremadura, la histórica activista Paca Blanco ha tachado las palabras del Presidente de “desvergüenza total”, añadiendo en relación a los puestos de trabajo que ahora mismo están en el aire que “en la calle los ha dejado usted, con sus trapicheos, sus trapisondas e ilegalidades” recordando que “nos ha dado la razón el TSJEx en una sentencia que ustedes se saltaron a la torera, modificaron la Ley del Suelo con carácter retroactivo para hacer legal lo ilegal, nos dio la razón el Supremo en otra ocasión diciendo que había que dejar los terrenos como estaban [...] encargaron ustedes un informe al CSIC de dos años que les dijo que estaba mejor derruido que como está ahora...”, “todo eso lo tenían ustedes en la mano, y han recurrido, han recurrido y han recurrido con este resultado”.

Paca Blanco: “nos ha dado la razón el TSJEx en una sentencia que ustedes se saltaron a la torera, modificaron la Ley del Suelo con carácter retroactivo para hacer legal lo ilegal, nos dio la razón el Supremo en otra ocasión diciendo que había que dejar los terrenos como estaban [...] eso lo tenían ustedes en la mano, y han recurrido, han recurrido y han recurrido con este resultado”

Entre las fuerzas del arco parlamentario extremeño tampoco ha pasado desapercibido el posicionamiento de Guillermo Fernández Vara. Consultada Irene de Miguel por este medio, la portavoz de Unidas por Extremadura ha señalado que “las declaraciones del señor Vara diciendo que el problema de la despoblación la tienen las zonas protegidas nos parecen un insulto y una manera de desviar la atención del foco, y el foco es que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista en Extremadura se pusieron de acuerdo para cometer una ilegalidad, para dar el visto bueno, cambiar las leyes para que al final se aprobara un proyecto que no cumplía con las normas vigentes. Tenemos comunidades  con mucho más porcentaje de superficie protegida que Extremadura, como Madrid, Catalunya, Comunidad Valenciana y eso no es un freno para su desarrollo [...], crear resorts de lujo para millonarios no es un modelo que fije población ni que nos haga crear riqueza”.

Hasta que no se conozca el tenor literal del auto del Tribunal Supremo permanece la incógnita de los detalles del trámite de ejecución al que dará lugar, básicamente en relación al desmantelamiento del resort, el importe y adjudicación de gastos del mismo y los plazos a contemplar. Con todo, la voluntad del ejecutivo regional, del PSOE y del PP parecen claras en su voluntad de insistir en su respaldo a un proyecto urbanístico cuestionado desde el principio, sobre el que han recaído todas las sentencias posibles en contra y que nace y se desarrolla en una ilegalidad confirmada por los tribunales. Como señalan desde la oposición a la urbanización, sin duda que habrá nuevos movimientos. Cobran entonces más valor, si cabe, las palabras de Guillermo Fernández Vara cuando afirmara que “a veces, el Tribunal Constitucional te da la razón y otras no te las da. Pero lo vamos a seguir haciendo porque entendemos que es nuestra obligación. El Tribunal Constitucional está para eso, pero esta Cámara —la Asamblea de Extremadura— está para arriesgar”.