El Salvador
Miguel Montenegro: “La gente está tratando de salir del país por la situación económica y por la inseguridad”

En el camino hacia la repetición de un nuevo mandato presidencial, Nayib Bukele sortea los obstáculos para verse reelegido incluso dando pasos por encima de la Constitución. No solo controla la Asamblea, sino la fiscalía y la judicatura. El 1 de diciembre pasado, se ha apartado de sus funciones nombrando a dedo, y dejando a cargo, no a su vicepresidente, sino a  Claudia Juana Rodríguez su secretaria privada y presidenta de la junta directiva de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), la cual era gestionada por las 262 alcaldías de El Salvador, pero que el gobierno de Bukele decidió centralizar bajo una única administración.

Un mandato marcado por el estado de excepción desde marzo de 2022, momento en que se rompió el pacto con las pandillas, no ha hecho más que legitimar la mano dura del presidente en todos los aspectos de la vida de los y las salvadoreñas y que han visto sus más básicos derechos humanos conculcados. Gobernar bajo las políticas del miedo ha permitido a Bukele eliminar en buena medida la violencia en las calles a costa de dinamitar el Estado de Derecho eliminando así las garantías jurídicas y sociales para, al margen de la Constitución, asegurarse un segundo mandato aunque en El Salvador no esté permitida, todavía, la reelección.

El pasado 7 de junio de 2023 la Asamblea Legislativa de El Salvador, con mayoría del partido oficialista, aprobó reducirde 84 a 60 los escaños en ese órgano, decisión que se materializará en los comicios generales de 2024. Con ello, Nayib Bukele busca eliminar a la oposición —debilitada ya de por sí— y hacerse con la mayoría de los curules, si es que mantiene su actual nivel de aceptación entre la población salvadoreña. Algunas de su decisiones más polémicas como las miles de detenciones arbitrarias, la construcción de la cárcel más grande del continente americano y su apuesta por una economía basada en el Bitcoin empiezan a pasarle una leve factura.

De cómo es vivir bajo el estado de excepción y de la inseguridad tanto social como económica El Salto ha hablado con Miguel Montenegro, director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) durante una visita que realizó a varias ciudades españolas, con el apoyo de los Comités Óscar Romero del Estado español.

El Salvador vive un estado de excepción desde 20 meses. ¿Qué significa esa situación para los derechos humanos en el país?
En la actualidad, es un régimen en el que se violentan totalmente los derechos humanos más fundamentales como la libertad, o la integridad física y moral de las personas detenidas. Estamos hablando de que a partir de marzo del 2022 hay más de 76.000 personas detenidas y 7.000 que han sido liberadas porque se ha comprobado que son inocentes. Sin embargo, podríamos hablar de que hay mucha más gente inocente. También podríamos asegurar que casi la mayoría de la población detenida ha sufrido el maltrato, la tortura, incluso la muerte, además de la falta de atención médica. Todo eso ha sido producto del estado de excepción.

A esto hay que añadirle la actitud del gobierno y de las entidades que tienen que defender los derechos humanos. Estamos hablando de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que en vez de documentar y denunciar las graves violaciones a los derechos humanos y por supuesto, hacer recomendaciones al gobierno central, lo que está haciendo es validar este tipo de violaciones. Digamos que está validando la política que está utilizando Nayib Bukele ante esta situación. Es un hecho que la seguridad de la ciudadanía salvadoreña debe garantizarla el Estado, sin embargo, los métodos utilizados son los incorrectos, no son los adecuados cuando se suspenden las garantías constitucionales y se violenta lo que es el derecho y los derechos humanos. Creo que han ido más allá con las muertes de más de 150 personas sin que se dé una respuesta concreta a los familiares de por qué razones han fallecido y sin reconocer una compensación económica por las torturas o el maltrato que las personas sufrieron durante las detenciones o dentro de las cárceles.

“El gobierno nos tilda de estar a favor de las pandillas, de los criminales. Es un discurso de odio que lleva a que la población condene las denuncias o las sugerencias que nosotros hemos venido haciendo”

Pese a las recomendaciones que ha habido por parte de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana y organizaciones como Amnistía Internacional o la Federación Internacional de los Derechos Humanos y la nuestra, el Gobierno ha hecho oídos sordos. Precisamente, el Comité de Derechos contra la Tortura ha pedido al Estado salvadoreño que ratifique el Protocolo Facultativo contra la tortura, porque es un instrumento tan valioso que permitiría que una misión, tanto de Naciones Unidas como de organizaciones de la sociedad civil y la Procuraduría, hicieran visitas dentro de las cárceles verificando así el estado de los detenidos. Pero eso no lo quiere permitir el gobierno, un instrumento que los países democráticos lo utilizan para investigar lo que está pasando al interior de las cárceles. Hay que sumarle también que ante los señalamientos que las organizaciones locales hemos venido haciendo, el gobierno nos tilda de estar a favor de las pandillas, de los criminales. Es un discurso de odio que lleva a que la población condene las denuncias o las sugerencias que nosotros hemos venido haciendo frente a esta situación.

El Salvador: la excepción indefinida

Hilary Goodfriend

Sidecar

Sidecar El Salvador: la excepción indefinida

Hilary Goodfriend

El presidente Bukele ha conseguido, mediante la persecución política de sus adversarios y el vaciamiento de la democracia, asegurarse un nuevo mandato.

El gobierno de Bukele también ha significado el desmantelamiento de otros instrumentos de Estado como la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Procuraduría, que no ha desaparecido pero la utiliza como su validadora en términos de justificar su mano dura. ¿Este desmantelamiento del Estado es también preocupante, cierto?
Claro, la preocupación está entre quienes defendemos los derechos humanos, está dentro de un gran sector de la población, y por supuesto, está dentro de la comunidad internacional. El gobierno de Nayib Bukele, desde el momento que entra en el poder como mandatario del Salvador en 2019, empieza a marcar sus posición frente a la democracia en nuestro país. Una de las actitudes de Bukele fue empezar a dar órdenes a la Asamblea Legislativa para que destituya al Fiscal General de la República en la Sala de lo Constitucional. El partido de Bukele, Nuevas Ideas, llega a tener mayoría en la Asamblea Legislativa, entonces opta por destituir. Estamos hablando de un golpe de Estado a la Sala de lo Constitucional. Comienza a hacer decretos que atentan contra la democracia, y entre ellos también, uno que obliga a todos los jueces mayores de 60 años a deponer sus oficios como juristas y jueces, y a darle paso a una nueva generación sin experiencia y obediente a sus intereses. Una Procuraduría nombrada y cuestionada —en años anteriores— en manos de la señora Raquel Caballero que ya fue señalada por sus actitudes de nepotismo y por un fiscal que viene y obedece a sus intereses. Estamos hablando de que el gobierno ha cooptado totalmente las instituciones del Estado y las ha puesto al servicio de su política individual, hay que decirlo así.

Nayib Bukele ordena y manda, y lo dijo desde el principio, yo voy a gobernar desde un teléfono mandando lo que tienen que hacer y ya. Y lo ha hecho a través de Twitter. A partir de esa situación nos vemos debilitados. La democracia está totalmente debilitada por no decir que está totalmente acabada, porque todavía tenemos esperanza de que se pueda rescatar. Digo yo esperanza porque no debemos de perderla en ningún momento. Durante 12 años de guerra, que fue una situación bien difícil, tuvimos esperanza con los Acuerdos de Paz, que por cierto, Bukele ha decretado no celebrarlos diciendo que todo ese proceso de negociación fue una farsa.

Para nosotros es bastante difícil poder aceptar esta situación viviendo lo que estamos viviendo porque el régimen de excepción continúa. ¿Cuántas personas van a seguir capturando? Porque lo ha dicho el ministro de Seguridad Pública que van a seguir deteniendo hasta donde puedan, pero también es un instrumento de propaganda para poder seguir teniendo el apoyo popular ahora y frente a las elecciones venideras. Pero, ¿dónde queda el sistema de Justicia? ¿Dónde queda la población o los familiares que han perdido sus seres queridos? ¿Dónde quedan los casos de los desaparecidos del pasado y el caso de los desaparecidos o muertos de la actualidad que son responsabilidad del Estado así como el investigar y dirimir responsabilidades, aunque también hay una parte de responsabilidad por parte de autoridades locales. Es grave la situación, sin embargo estas cosas hay que seguirlas monitoreando y señalando. Es el papel que nosotros como organización de derechos humanos tenemos frente a estas realidades de nuestro país.

Pueblos

El gobierno de Bukele perpetúa el estado de excepción

Pedro A. González

El Salvador

El Salvador El gobierno de Bukele perpetúa el estado de excepción

Pedro A. González

Desde el 27 de marzo de 2022, El Salvador está en régimen de excepción con el argumento de la lucha contra las pandillas. La violación de los derechos humanos, las detenciones arbitrarias y la tortura se han normalizado.

Varias organizaciones de derechos humanos y ustedes también presentaron la Ley de Reparación a la Asamblea Legislativa en el intento de reconocer que el conflicto fue una realidad y que tuvo sus consecuencias y sus víctimas, ¿ha habido avances?
Cuando se dan los acuerdos de paz, se nombra a la Comisión de la Verdad que tiene seis meses para hacer una investigación y da resultados: una gran cantidad de las violaciones cometidas durante la guerra, entre el 80-85% son responsabilidad del Estado y el otro porcentaje del FMLN. Entre sus recomendaciones precisamente pide justicia para la víctima lo cual no se da con la aprobación de la Ley de Amnistía, a los tres días de haber dado a conocer el informe de la Comisión de la Verdad.

Ahí se cierran esas posibilidades de hacer justicia, de dirimir responsabilidades, hasta que el 2016 la nueva Sala de lo Constitucional decreta que la Ley de Amnistía es inconstitucional, abriendo la esperanza para hacer justicia. La misma Sala pide a la Asamblea Legislativa que construya una ley de justicia transicional tomando en cuenta a las víctimas de violación a los derechos humanos y a las organizaciones de derechos humanos, cosa que no asume la Asamblea Legislativa de ese entonces. Al contrario, empieza a trabajar una ley de justicia transicional a su medida con la idea de garantizar la impunidad y no deteniendo a las personas responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

Aún así, la Asamblea aprueba la ley, pero Nayib Bukele la veta porque no está de acuerdo. No es que esté a favor de las víctimas, sino porque hay muchos aspectos que cree no le convienen y pide que nuevamente se haga una ley de justicia transicional. Nosotros presentamos nuestra ley bajo la dirección del vicepresidente Félix Ulloa en la que muchos de los elementos contenidos son producto de las organizaciones de derechos humanos y de las víctimas a las que representamos. Estamos hablando prácticamente de hace tres años y no ha prosperado para nada. Esto ha quedado ahí, la ley no ha sido aprobada y no se nos escucha, no se nos da espacio.

Cuando nosotros hemos querido hacer peticiones a la Asamblea Legislativa, sobre todo hemos ido a la bancada de Nuevas Ideas, el partido de Nayib Bukele, pero no se nos hace caso y no se nos da audiencia, luego nos acusan de no acudir a ellos, pero no se nos atiende. Entonces, la pregunta es ¿en qué estamos? Las víctimas no le importan al presidente pese a los ofrecimientos que hizo al principio. En estos momentos no quiere abrir los archivos de la Fuerzas Armadas para el proceso de la masacre del Mozote ni abrir otros archivos, todo lo contrario, está acusando a las organizaciones de derechos humanos y de familiares. Y sin embargo, se sigue protegiendo a los victimarios.

El Salvador de Bukele cambia seguridad por control total

Carlos Soledad

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El Salvador

América Latina El Salvador de Bukele cambia seguridad por control total

Carlos Soledad

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La situación actual en El Salvador es extraordinaria. Por primera vez en décadas la gente sale libremente a la calle, a cambio, un régimen totalitario se ha impuesto.

En todo este contexto, ¿bajo qué condiciones estáis trabajando con este estado de excepción?
El estado de excepción es un aspecto que ha venido a profundizar más la crisis todavía, sin embargo antes de su aprobación, en marzo del 2022, ya las organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación, organizaciones sociales, sindicales que hemos cuestionado la actitud de Bukele habían sido criminalizadas. Ha lanzado una campaña de difusión a través de las redes sociales donde se nos criminaliza o dice que estamos a favor del accionar de las pandillas. Ante eso, mucha población, sobre todo aquellos que están muy alineados, medios de comunicación o redes sociales inclusive, han jugado ese papel de desinformación y de ataque hacia las organizaciones. Por ese control, algunos medios de comunicación se han visto obligados a tener que abandonar el país, es el caso del periódico El Faro, por ejemplo, y por supuesto, la libertad de expresión no se garantiza. Hay miedo y temor por parte de varias organizaciones de derechos humanos y personas que se sienten perseguidas o que en cualquier momento pueden ser objeto de un atentado. Es una situación que no se descarta en ningún momento y esto puede validarse con las elecciones del 2024, donde Nayib Bukele pueda tener más fuerza para tomar acciones mucho más represivas contra las organizaciones.

Yo sinceramente quisiera equivocarme, pero así como se ven las cosas lo dudo, porque todavía hay leyes que están en espera garantizando más poder al presidente. No hay, digamos, informes de gasto, no hay transparencia de todo el quehacer del gobierno, entonces esto puede suceder.

Aunque quiero destacar que Nayib ha sufrido, hasta cierto punto, un nivel de aceptación más bajo y creo que le debe preocupar. Uno de los factores que ha incidido en esta caída ha sido el fracaso de la aprobación del Bitcoin, una inversión millonaria de la que no ha dado un informe de los gastos, y esto ha llevado a que la población empiece a reaccionar.

El régimen de excepción es otro de los elementos que le ha hecho disminuir el nivel de aceptación, aunque todavía lo mantiene, no así sus diputados, quienes han tenido un bajón muy significativo. Esto le preocupa porque quien hace la ley, quienes las aprueban están en la Asamblea Legislativa y es ahí donde están buscando la manera de hacer desaparecer a la oposición, sin embargo en estos momentos no les están saliendo los números. Eso ya le tiene un poco nervioso porque puede llegar el momento en que sus diputados no lleguen al poder. Indudablemente la próxima campaña electoral va a ser dirigida por el nombre de Nayib Bukele, y será él el que incida mucho para lograr que Nuevas Ideas obtengan los diputados necesarios. Estas cuestiones creo que son las que en estos momentos se están jugando.

Fracaso de los Bonos Volcán con Bitcoin de Nayib Bukele en El Salvador

Yago Álvarez Barba

Criptomonedas

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Yago Álvarez Barba

El proyecto de emitir deuda soberana para refinanciar su deuda externa y minar Bitcoin con energía térmica ha sido aparcado casi dos años después de su anuncio.

La distopía de bitcoin en El Salvador, un país camino del ‘default’

En la situación actual El Salvador está expulsando a sus ciudadanos, por lo que vive un momento importante de migración, ya sea hacia Estados Unidos, quienes tienen familiares, pero también hacia España. ¿Qué tienen que decir desde la Comisión sobre este tema?.
El tema de lamigración de salvadoreñas y salvadoreñoses una realidad que nos preocupa, porque ciertamente estamos hablando de que se está llegando a los dos millones de compatriotas en el exterior. Sólo Estados Unidos tiene alrededor de 1.500.000 salvadoreños. Un tema muy difícil por un aspecto: la seguridad económica, porque muchas familias tiene que vender sus propiedades, pedir préstamos para poder pagar a alguien que los lleve hacia los Estados Unidos o pagar un boleto de avión. Eso, aparte de lo económico, es tomar un riesgo porque la mayoría tiene que atravesar toda la región si va hacia Estados Unidos a través de México. Hay mucho salvadoreños y salvadoreñas desaparecidas y sus familiares se han organizado para buscar que el Estado le dé un apoyo.

“La gente está tratando de salir del país por la situación económica y por la inseguridad, antes de las pandillas, y ahora por la inseguridad del gobierno y el estado de excepción”

La migración es una situación que no se frena. Por más que los Estados Unidos traten de buscar proyectos, programas de retención a la población del llamado Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador). El problema ha sido la corrupción de estos gobiernos, que expulsa a la población. Las remesas familiares enviadas hacia El Salvador ocupan el 25% del PIB de nuestro país. Ahora más que nunca la gente está tratando de salir del país por la situación económica y por la inseguridad, antes de las pandillas, y ahora por la inseguridad del gobierno y el estado de excepción. Muchas familias han tenido que sacar a sus hijos, preocupadas porque pueden ser detenidos y llevados a las cárceles por sospechosos. La migración en El Salvador, en Centroamérica y en América Latina tristemente es una realidad, y no solamente América Latina, son situaciones donde la población arriesga su seguridad, su vida y perderlo todo.

Aún y en este contexto entendemos que la sociedad civil se mueve, no se queda quieta porque piensa en cómo salir de esto, como defenderse. ¿Nos podrías dar una fotografía esperanzadora en términos de lo que la sociedad civil salvadoreña está haciendo?
En la situación actual se sigue teniendo esperanza, pero la esperanza se construye también y es lo que hemos venido haciendo. Yo creo que los programas y los procesos formativos son vitales para poder dar esperanza a la población. El pueblo salvadoreño sigue trabajando, así sea con dificultades, pero esperando que algún momento tenga respuesta en cuanto a la crisis económica, en cuanto a la situación social y política porque es lo que nos ha mantenido de pie en estos momentos. Son nuevos tiempos pero debemos de seguir creyendo en algo, y ese algo es que en algún momento las cosas pueden mejorar. Hay que combatir la tiranía formando a la gente contra actitudes antidemocráticas que estamos padeciendo en estos momentos y ver cómo seguir trabajando para que las nuevas generaciones puedan tener un mejor futuro. Eso es lo que nos mantiene en pie.

¿Y qué esperáis de la comunidad internacional?
La comunidad internacional para nosotros, llámese gobiernos, llámese sociedad civil y organizaciones, significan ese apoyo solidario que hemos tenido por mucho tiempo. Aquí tenemos el caso del Comité Óscar Romero, que siempre han mostrado una solidaridad con los pueblos de Latinoamérica, y concretamente con El Salvador. Eso nos permite, por ejemplo, hacer estas visitas para trasladar nuestras preocupaciones y buscar solidaridad. Es muy importante no perder ese respaldo. Quiero señalar que cuando se discutió en nuestro país la ley sobre “los agentes extranjeros” que quería implementar el gobierno de Bukele, hubo una oposición de la comunidad internacional, sobre todo de los gobiernos que vienen cooperando. Eso ha hecho que se no aprobara esa ley que iba a acabar totalmente la cooperación internacional con las organizaciones sociales y de derechos humanos. Por ello, es vital trasladar aquí lo que está sucediendo en El Salvador.