Aseguradoras
Los taxistas se rebelan contra las aseguradoras

Elite Taxi Barcelona, la principal asociación de taxistas de Catalunya y una de las más importantes a nivel internacional, anunció hace unos días la convocatoria de una gran movilización para el próximo 29 de enero. Se une a la convocada por Antaxi, la mayor organización de taxistas a nivel nacional en Madrid y las de la Federación Sindical en Valencia y Autacor en Córdoba, con el objetivo de protestar por el incremento desmesurado de los precios de las pólizas de los seguros y por la falta de control a los vehículos VTC.

Tras varios meses advirtiendo, los taxistas hemos llegado a un punto de no retorno por culpa de los abusos de las aseguradoras. Pólizas con costes inasumibles, disparándose en muchos casos hasta más de los 6.000 o 7.000 euros, tal y como ha denunciado Antaxi, lo que está provocando que cada día que pasa sea menos viable seguir trabajando en el sector, algo que supondría la caída de un servicio público esencial en nuestras ciudades.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha generado tal crisis en el sector del taxi que ha acabado por afectar incluso a los miles de compañeros y compañeras de todo el país

Una situación muy grave que deja un futuro incierto a los taxistas que tiene varios culpables. Por una parte, la inacción del Ministerio de Transportes dirigido por el socialista Óscar Puente, el cual a día de hoy sigue sin mover un dedo para poner medidas ante estos abusos. Por la otra, Isabel Díaz Ayuso, la persona que desde que recogió el testigo en las instituciones madrileñas está haciendo el mayor daño posible al sector y a la que denunciamos ante el Supremo por ello. Y es que, tras modificar la ley para permitir la invasión de miles de vehículos de Uber y Cabify sin ningún tipo de control, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha generado tal crisis en el sector del taxi que ha acabado por afectar incluso a los miles de compañeros y compañeras de todo el país.

Un movimiento que se realizó para evitar cumplir con el Decreto “Ábalos”, la norma impulsada por el Gobierno de Sánchez que perjudicaba a los intereses de Uber, Bolt y Cabify al obligar a Ayuso a retirar de la circulación miles de VTC de estas empresas por haber estado operando de forma ilegal y que ni el mismo PSOE madrileño ni el Ministerio de Transportes ha opuesto resistencia para defenderlo, desentendiéndose por completo. Sí, nos referimos a aquel decreto negociado con los taxistas con la cobertura de Podemos durante una de las mayores huelgas del sector que iba a paliar sus problemas al estar “blindado” a nivel jurídico.

Según datos de la Dirección General de la Policía Municipal de Madrid (al ser un área de prestación conjunta), hasta septiembre de 2024 los vehículos VTC sufrieron un 22% más de accidentes que los taxis siendo la mitad de vehículos circulando, lo que demuestra que la jugada del PP en la Comunidad de Madrid para esquivar la norma del gobierno que ponía coto a Uber y Cabify por cuestión de seguridad, de ordenación y de sostenibilidad, ha acabado desatando un auténtico caos en la circulación de la capital.

Ante el incremento de la siniestralidad de los VTC, también se han subido los precios de las pólizas del taxi al estar situados en la misma categoría de riesgo

Un caos que ha actuado como daño colateral hacia los taxistas al ser la mecha que ha encendido las subidas abusivas de los precios de los seguros, ya que ante el incremento de la siniestralidad de los VTC, también se han subido los precios de las pólizas del taxi al estar situados en la misma categoría de riesgo, cuestión sobre la que ya debería de haber actuado el Ministerio.

Y que no se me malinterprete, este aumento de los accidentes no se debe únicamente a los conductores como tal, sino que es el resultado de un cúmulo de despropósitos por parte del mismo Gobierno de la Comunidad de Madrid, el cual ya que han convertido la capital en un auténtico campo de batalla para favorecer a las plataformas.

Llama la atención que Ayuso permita que Uber, Cabify y Bolt no exijan ningún tipo de capacitación ni de experiencia a sus conductores, básicamente porque si tuvieran que hacerlo, se quedarían sin conductores. En la mayoría de los casos tienen que depender de personas desempleadas a las que desde el SEPE obligan a trabajar para estas empresas ante la escasez de conductores, ya que el sector VTC es uno de los segmentos donde hay más rotación de personal a causa de sus lamentables condiciones laborales.

De ahí el incremento de la siniestralidad de estos vehículos, ya que al final se trata de personas a las que no se les pide ningún requisito para realizar una labor tan crítica como es el transporte de pasajeros más allá de disponer de un carnet de conducir y a las que de un día para otro las entregan un coche y un móvil y las lanzan a la calle a que se busquen la vida durante jornadas maratonianas, poniendo de este modo en peligro su integridad, la de los clientes y la del resto de actores de la movilidad, lo que lógicamente es el caldo de cultivo para la mayoría de estos accidentes.

De hecho, no ha sido hasta hace unas pocas semanas y tras el anuncio de este incremento tan brutal de los siniestros en el sector del VTC cuando el Gobierno de Ayuso ha anunciado la implantación de exámenes para poder conducir un vehículo de Uber, de Bolt o de Cabify. Una medida que el mismo PP prometió ejecutar durante el mandato del tránsfuga de Ciudadanos Ángel Garrido en 2020 y que llevan años retrasando intencionalmente para evitar, como decía, que estas plataformas se queden sin conductores.

El día 29 será una jornada muy importante que esperamos que signifique un punto de inflexión en una guerra contra los taxistas que ya se está alargando durante demasiado tiempo

Esto sumado a una falta de inspección y de control a los vehículos de Uber y Cabify que llega a ser insultante en el caso de Madrid, con miles de vehículos VTC circulando a diario en zonas de afluencia para propiciar la captación o en Catalunya, al haberla reducido a campañas puntuales por parte de Territori para calmar los ánimos de los taxistas ante la tardanza de la nueva ley catalana, ha hecho que tomemos la determinación que actuar por medio de las protestas.

Sabemos que entre unos y otros están dejando de morir al taxi, lo que ha hecho que el sector estalle para exigir una solución. Son muchos años de injusticia y de abandono por las administraciones que deberían velar porque el servicio cubra la necesidad de los ciudadanos y ciudadanas a la vez que permite trabajar al taxista dignamente. Por todo esto, el día 29 será una jornada muy importante que esperamos que signifique un punto de inflexión en una guerra contra los taxistas que ya se está alargando durante demasiado tiempo.

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Dos años después de unas elecciones autonómicas que supusieron la desaparición de un espacio muy importante para la gente trabajadora en la Comunidad de Madrid, muchos colectivos como los taxistas seguimos desamparados.