Educación
El TSJPV anula el decreto de planificación de la red de centros educativos

El recurso del sindicato Steilas y la confederación de asociaciones de familias EHIGE, unido a la presión constante de familias de la escuela pública como la de esta misma semana en Bermeo, han conseguido que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) haya anulado el Decreto 30/2023, de 28 de febrero, que introducía cambios en los criterios para la ordenación y planificación de la red de centros educativos no universitarios en Euskadi.

La conclusión de la Justicia ha sido que el Decreto carece de una Memoria justificativa suficiente y el necesario informe de los servicios jurídicos del Departamento de Educación, en “la adecuación de su contenido a la Ley y al Derecho”, así como otras infracciones en el procedimiento de su elaboración.

A menos de tres semanas del inicio del proceso de prematriculación para el curso 2025-2026, el Departamento de Educación, los centros públicos y también los concertados deberán regir su planificación escolar basándose en el Decreto 21/2009. Aunque Educación recurrirá el fallo del TSJPV, las matriculaciones comienzan el 3 de febrero y la incertidumbre podría envolver los procesos de admisión que deben iniciarse el 5 marzo.

Steilas y EHIGE recurrieron el decreto, que fue promulgado en febrero de 2023, por entender que equiparaba la titularidad pública y privada de los colegios, lo que “contraviene” la legalidad

Según ha defendido el departamento liderado por Begoña Pedrosa, dicho decreto “viene a dar cumplimiento al mandato del Parlamento expresado en el Pacto Educativo”, que impulsó su antecesor Jokin Bildarratz siendo ella Viceconsejera, y que dió lugar poco después a la Ley de Educación, en medio de un debate fuertemente polarizado y con disensos importantes entre las partes que conforman el sistema vasco de educación.

Steilas y EHIGE recurrieron el decreto, que fue promulgado en febrero de 2023, por entender que equiparaba la titularidad pública y privada de los colegios, lo que “contraviene” la legalidad. Lejos de tratarse de meras cuestiones formales, alegaban en su recurso, ahora validado con la nulidad del decreto, que con su aprobación se estaba “reduciendo gravemente la indispensable participación, asesoramiento y consulta en la planificación educativa”.

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La Asociación de Familias de la escuela pública de Bermeo declara a Hordago que la normativa ahora anulada recogía expresamente que la planificación educativa debe ofertar las plazas escolares necesarias “ajustándose a las necesidades reales”, “a partir de la oferta existente de centros públicos y la autorizada en los centros privados concertados” y “en aras de una mayor cohesión social”. La única forma de lograrlo es “evitando la sobreoferta de los centros concertados y la escasez de oferta de las escuelas públicas”, aseguran.

Esta misma semana denunciaban que el decreto no se estaba cumpliendo, por lo que celebran que se haya quedado anulado de pleno derecho, ”para que vuelva a abrirse el debate y el gobierno quede retratado en su errática forma de actuación“. La resolución, no obstante, apela a la “inseguridad jurídica” y a la “confusión”, que según las familias bermeanas “es la tónica general de toda la política educativa vasca, de quienes la impulsan y de los centros concertados privilegiados por ella”.

Aún así, no consideran que su apelación al marco legal para acabar con la sobreoferta de las plazas innecesarias de las escuelas concertadas decaiga con esta anulación, ya que la legislación vigente también establece que la oferta educativa programada ”se ajustará a las necesidades reales de escolarización, evitando tanto la sobreoferta como la infraoferta“, disponiendose ”de medidas para evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra índole", concluyen citando la Ley de Educación.

La resolución de anulación recoge que el Decreto 30/2023 no garantizaba el derecho a “una plaza pública en un centro de titularidad pública” en todas las zonas de influencia

Eider Berazadi, padre, docente y representante de las familias en la comisión de garantías de admisión de alumnado del territorio de Gipuzkoa, apunta a este medio que en el mapa escolar de Euskadi “se segrega de oficio mediante la no planificación de puestos escolares”. Precisamente, la resolución de anulación, aunque aún no sea firme, también recoge que el decreto no garantizaba el derecho a una plaza pública en todas las zonas de influencia, “establecido en la legislación orgánica de garantía de una plaza pública en un centro de titularidad pública”, tal y como marca la ley estatal. 

¿Qué sigue vigente?

Varios medios han señalado que la anulación se debe también al incumplimiento de la normativa sobre plazas para colectivos vulnerables. En esa materia, no obstante, sigue vigente el Decreto 132/2022 “sobre la admisión y la escolarización del alumnado tanto en centros públicos dependientes del Departamento competente en materia de educación como en centros privados concertados”. Sobre la “reserva de plazas para la escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo”, en su artículo 13 se legisla que “el número de plazas que cada centro debe reservar en cada curso y etapa educativa a este alumnado será determinado, antes del inicio del correspondiente proceso de admisión, por el Departamento competente en materia de educación”, lo que va a tener que hacerse acorde al Decreto 21/2009 y antes del 5 de marzo.

Sigue vigente la Orden que regula la admisión 25/26 obligando al Gobierno Vasco a que la sobreoferta de las escuelas concertadas “se ajuste a las necesidades reales de escolarización”, única medida para reducir la segregación

También sigue vigente, además del arriba citado artículo 27 de la Ley de Educación, la Orden de 18 de diciembre de 2024 que regula la admisión de alumnos y alumnas, para el curso académico 2025-2026, obligando al Gobierno Vasco a que la sobreoferta de las escuelas concertadas “se ajuste a las necesidades reales de escolarización”, única medida eficaz para reducir la segregación escolar. Es a eso a lo que se enfrentaban padres y madres de Bermeo, apoyandose también en Steilas y EHIGE para impulsar su protesta. Ambos agentes defienden el deber de dar prioridad a la pública, y valorarán hoy viernes por la mañana en rueda de prensa las implicaciones de la anulación del decreto y sus perspectivas de movilización.

Por lo que ha podido saber este medio, ayer hubo varias reuniones de urgencia, a menos de una semana para que los sindicatos educativos comiencen un periodo de huelgas, las primeras el miércoles 22 y el jueves 23 de enero. Con un Gobierno Vasco a la defensiva y trabajando a contrareloj, las siguientes semanas van a determinar la composición del sistema educativo vasco hasta el final del actual sexenio en 2027-2028.

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