Educación
Asfixiados por los Préstamos Renta Universidad: la historia de una lucha con final feliz

Los Préstamos Renta Universidad vuelven a ser lo que su nombre indica: préstamos para estudiar condicionados a una renta mínima. Tras seis años de lucha, el ministro de Educación, Pedro Duque, firmaba el 8 de febrero un decreto ley que podría suponer el punto final —con final feliz— a una historia que comienza, como tantas otras, en los peores años de la crisis económica.

En 2007, cuando los bancos intentaban mantener sus márgenes de beneficio forzando la firma de preferentes e hipotecas impagables con todo tipo de cláusulas abusivas, tenía lugar otra situación dramática: la de miles y miles de jóvenes que se endeudaron para poder estudiar. Pero esta vez el timo no era responsabilidad de los bancos —aunque encontraron, cómo no, la forma de beneficiarse de él—, sino del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

“Estudiar no cuesta tanto”, decía la campaña del Ministerio de Educación. Entre 2008 y 2011, a medida que se profundizaba la crisis, las condiciones de los Préstamos Renta Universidad fueron endureciéndose. En su primera convocatoria se condicionaba la devolución del dinero a unos ingresos anuales de 22.000 euros. Pero en 2011 se habían convertido en préstamos ordinarios, sin condicionalidad alguna: el dinero debería devolverse sin importar la situación del endeudado. Además, el Gobierno fue acortando los tiempos de devolución y elevando las comisiones. No por nada, en esos meses, España acariciaba la bancarrota y el Gobierno cambiaba la Constitución para priorizar el pago de la deuda.

El cambio en la letra pequeña del préstamo no fue notificado. Incluso la página web oficial del ministerio, denuncia Miguel Ángel Llamas, portavoz de la Asociación de Afectados por los Préstamos Renta Universidad, seguía ofreciendo unas condiciones que ya no existían. “La gente no sabía qué estaba contratando”, resume Llamas.

Cerca de 5.000 jóvenes quedaron atrapados en una deuda que no podían pagar, que llevó a muchos de ellos a la lista de morosos o los tribunales, que les obligó a endeudarse con otros bancos o recurrir a la ayuda familiar

Los problemas económicos no eran solo del Estado, sino también de miles de jóvenes que salieron a un mercado laboral donde no había trabajo. Cerca de 5.000 personas, sobre todo jóvenes, quedaron atrapados en una deuda que no podían pagar, una deuda que llevó a muchos de ellos a las listas de morosos o a los tribunales, asfixiados por una deuda que les obligó a endeudarse con otras entidades financieras o a recurrir a la ayuda familiar, cuentan desde esta asociación que reúne a más de 1.300 afectados.

Con la firma de este decreto ley —que tiene que ser ratificado por el Congreso o por la Diputación Permanente, en caso de disolución de las Cortes, en los siguientes 30 días hábiles— queda satisfecha la principal demanda del movimiento: que los préstamos solo sean devueltos cuando la renta sea superior a los 22.000 euros.

La otra demanda, que los préstamos caduquen a los 15 años para evitar que la deuda “se eternice y persiga a las personas de por vida”, se ha cumplido parcialmente. El decreto contempla la extinción del crédito a los 15 años desde la firma del decreto y no desde la formalización del contrato, como se pedía desde la asociación de afectados. Tampoco se va a devolver el dinero pagado hasta el momento ni queda muy claro qué ocurre si una persona cobra más de 22.000 euros, pero luego se queda en paro.

“Queda algún fleco que no nos termina de convencer, pero también entendemos que ha sido una negociación larga, que lleva muchos años de lucha, y la sensación es de mucha alegría, de mucha satisfacción, la lucha ha conseguido sus frutos”, dice Llamas a El Salto.

Una larga lucha

En 2013, se creó la Plataforma de Afectados por los Préstamos Renta Universidad, que comenzó a hacer pública una situación apenas conocida por la opinión pública. Entre ellas estaba Pilar, entonces con 29 años, desempleada y con una prestación de 500 euros: “Yo de momento estoy pagando, pero no sé hasta cuándo lo voy a poder hacer. Vivo en Madrid de alquiler, y la prestación se me va entre el piso y la cuota”, contaba entonces al periódico Diagonal.

En 2016, cientos de afectados realizaron una reclamación de responsabilidad patrimonial en el Ministerio de Educación y en julio de 2018 el Congreso aprobó una proposición no de ley, impulsada por el grupo parlamentario de Unidos Podemos. En esta iniciativa, apoyada por todos los grupos parlamentarios, se reconocía la situación de los afectados, unos créditos, reconoce el texto, que incluyeron intereses con tipos de hasta el 5,433%.

“Tener el Congreso de los Diputados de nuestro lado nos ayudó mucho en nuestra negociación, incluso llegó a presentarse una proposición de ley, también por el grupo Unidos Podemos, una ley que se estaba tramitando actualmente, pero que ya no va a ser necesaria porque este real decreto cumple los mínimos”, cuenta Llamas.

La responsabilidad de la banca

Los Préstamos Renta Universidad se financiaron con dinero público, por lo que el principal responsable, apuntan desde la asociación de afectados, es el propio Estado. Sin embargo, el abogado de la plataforma acusa a los bancos que sirvieron de intermediarios de aprovecharse de la situación para sacar tajada.

El principal responsable de estos abusos bancarios, apunta Llamas, es el banco que tramitaba el 80% de los préstamos: el Banco Santander

El problema es que los bancos, que no ponían el dinero ni asumían ningún tipo de riesgo, “se extralimitaron de sus funciones”. Altas comisiones e intereses de demora fueron los abusos más comunes. Los bancos, señala Llamas, también incluyeron a muchos afectados en las listas de morosos y llegaron, incluso, a embargar cuentas.

En mayo de 2018, Unicaja llevó a los tribunales a M.S.G., una joven madre malagueña en situación de vulnerabilidad, y consiguió el embargo de su cuenta por el impago de un préstamo-renta con el que la joven había cursado un máster oficial en comunicación. El ruido mediático llevó a que el banco rectificase, cuenta Llamas, y ayudó a que poco después todos los partidos se posicionaran en favor de los afectados en el Congreso.

Además de las comisiones, continúa el abogado, “el beneficio del banco estaba en la captación de clientes” para todo tipo de operación futuras. “El problema es que las entidades financieras trataban los préstamos como si fueran préstamos suyos, pero a través de muchas reclamaciones ante las entidades financieras, ante el Ministerio y el Instituto de Crédito Oficial, conseguimos que los bancos empezasen a devolver el dinero. Y a día de hoy están devolviendo cantidades que cobraron indebidamente”, señala. “Si el dinero fuera privado, estoy seguro que el Gobierno no haría nada, ahí tenemos el ejemplo de las hipotecas, donde no ha hecho absolutamente nada”, añade.

El principal responsable de estos abusos bancarios, apunta Llamas, es el banco que tramitaba el 80% de los préstamos: el Banco Santander. “Lo que hemos visto es que, en público, el Banco Santander reconocía que no podía hacer las cosas que hacía, pero luego su red de oficinas cometía abusos y, de hecho, los siguen cometiendo”. Para este abogado, la banca privada ocupa un papel importante en el “escándalo” de los Préstamos Renta Universidad: “Los bancos se han aprovechado de préstamos concedidos con dinero público”.

Cuidado con la deuda estudiantil

“Queremos lanzar un mensaje de prevención: cuidado con la deuda estudiantil. Esto no es un juego. En Estados Unidos está causando un problema económico de una enorme magnitud. Queremos que este caso sirva de ejemplo de lo dañinas que pueden ser estas políticas que mercantilizan un derecho, que sustituyen becas por préstamos”, dice Miguel Ángel Llamas.

“Han sido seis años de lucha activa, y han tenido su recompensa… Luchar y organizarse sirve”, relata el portavoz de la asociación de afectados

Este abogado señala directamente a la fundación Fedea, “sometida al poder de las entidades financieras y las grandes empresas, que está promoviendo que haya préstamos estudiantiles en España”. Entre los patronos de este think tank, el Banco Santander.

Más allá del “alivio” que supone este real decreto para miles de personas estafadas, la lucha de los asfixiados por los Préstamos Renta Universidad puede servir “para que no haya más deuda estudiantil en España”. Y lanza un mensaje de optimismo para todas las asociaciones de afectados: “Han sido seis años de lucha activa, y han tenido su recompensa… Luchar y organizarse sirve. Combinando las estrategias jurídicas con la acción colectiva se pueden conseguir las cosas”.