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Las “becas-préstamo” generan los primeros damnificados

Pilar tiene 29 años, está desempleada y cobra una prestación que no supera los 500 euros y que se le acabará en agosto. “Yo de momento estoy pagando, pero no sé hasta cuándo lo voy a poder hacer. Vivo en Madrid de alquiler, y la prestación se me va entre el piso y la cuota”, lamenta. Pilar hace frente a una cuota mensual de 300 euros para devolver el Préstamo Renta Universidad que solicitó en 2010 para cursar un posgrado (máster) en Publicidad.

“Año tras año, la publicidad seguía siendo la misma que en 2007, aunque las condiciones cambiaron”

El préstamo Renta Universidad lo concedía el Estado –dejó de ofertarse en el ejercicio 2011/2012– para cursar un máster oficial, “algo que tanto desde el Gobierno como desde los medios de comunicación vendían como requisito indispensable para acceder al mercado laboral”, explica David, otro afectado. “Solicité la beca oficial, pero me la denegaron a mitad de curso, y en ese momento me vi en la disyuntiva entre pedir el Préstamo Renta Universidad o dejar el máster, así que hice esa apuesta y solicité 8.000 euros”, resume.

Impulsado por el Ministerio de Educación que entonces presidía Ángel Gabilondo (2007), en la primera convocatoria se ofrecían unas condiciones muy ventajosas para el solicitante. Préstamos de hasta 22.800 euros con dos años de carencia para empezar a devolverlo y condicionando la obligación de retornar el dinero a la renta futura del solicitante. Concretamente fijaba un plazo de ocho años para devolver el préstamo si la renta del deudor superaba los 22.000 euros anuales; en caso de no superar esa cantidad, la carencia
se prorrogaba de forma indefinida hasta que el deudor alcanzase el umbral. Además, la deuda quedaba completamente extinguida pasados 15 años, independientemente de la cantidad reembolsada. “Intuyo que con condiciones tan favorables buscaban introducir la cultura del préstamo donde no existía, de sustitución de la ayuda a fondo perdido, beca, por un compromiso de pago en el futuro”, explica Carlos Sevilla, abogado que asesora a los afectados.

Esto animó a muchos jóvenes a lanzarse a pedir dicho préstamo, con la esperanza de que sirviera para abrirse camino en el mundo laboral. Pero las condiciones fueron endureciéndose gradualmente en las siguientes convocatorias hasta llegar al curso 2010/2011, cuando se eliminó el mínimo de 22.000 euros de renta anual para poder prorrogar su amortización. Es decir, se debe devolver el préstamo aunque no se haya encontrado trabajo o la remuneración no alcance ese umbral. “La naturaleza de los préstamos cambia totalmente ese año, pierde su naturaleza de préstamo vinculado a las rentas futuras”, explica Carlos Sevilla.

“Yo tengo imposible pagar, no tengo a quién pedirlo, no tengo dinero, ninguna fuente de ingresos, vivo de ‘prestado’, ese dinero lo necesito para comer”, cuenta David. Pilar relata que a la gente que no está pagando “la acosan del banco, les llaman constantemente, les envían burofax, etc”.

Afectados por los préstamos

Este curso ha vencido el plazo de carencia para los solicitantes del 2010/2011. Afectados como David y Pilar decidieron ponerse en contacto entre ellos y agruparse para pelear una solución colectiva. Apelan al Ministerio para que les dé una solución, ya que fue el impulsor de estos préstamos. “No nos pueden decir soluciónalo con el Banco Santander, que la única solución que me ofrece es que pida otro préstamo personal. Como ya estoy hasta el cuello, eso, que me hunda...”, se lamenta David.

“Buscaban introducir la cultura del préstamo donde no existía, sustituyendo las ayudas a fondo perdido”

Los afectados no eluden su responsabilidad al firmar, pero Pilar se justifica: “Si el Ministerio te lo vende como el mejor préstamo posible, tú piensas que con un máster, idiomas y formación superior vas a encontrar trabajo seguro. Yo no podía imaginar que dos años después sólo iba a estar a mi alcance laboral prácticas con baja remuneración”.

Pilar se queja de la información ofrecida. “Hemos hecho pantallazos de la web del Ministerio y creemos que se puede denunciar por publicidad engañosa a organismos del consumidor. Año tras año la publicidad del Ministerio seguía siendo la misma que en 2007, aunque las condiciones han cambiado considerablemente”, explica Pilar.

El Ministerio, por su parte, ha intentado lavarse las manos asegurando en varios medios de comunicación que el dinero de los Prés­tamos Renta Universidad era de los bancos y que sólo actuó de mero intermediario para que los estudiantes tuvieran buenas condiciones. Sin embargo, desde el colectivo de afectados han demostrado que estas afirmaciones son falsas. Según datos registrados en el BOE, los fondos de todas las convocatorias provienen de partidas presupuestarias concretas de los Presupuestos Generales del Estado. Este dinero fue traspasado al ICO para, más tarde, ser cedido a las entidades de crédito colaboradoras con el fin de formalizar los préstamos. El BOE especifica claramente un total de 450 millones de euros más una cuantía adicional para pagar los intereses acumulados durante el período de carencia, “una cuantía que en algunos casos las entidades bancarias podrían estar cobrando a los estudiantes, incumpliendo el contrato”, explican.

“Queremos que el Gobierno tenga en cuenta la coyuntura económica actual y, sobre todo, el paro juvenil que tenemos. Nuestra principal demanda es más tiempo para pagar, y eso significa ampliación del período de carencia, pero también del de amortización”, expone David, que cree que “quizá una solución sería equiparar los préstamos renta a la primera convocatoria”.

Sin embargo, David cree que la solución que han dado para los solicitantes del curso 2009/10 de ampliar el período de carencia no es tal solución, ya que es un tiempo que se resta del de amortización. “Es un préstamo a 13 años, ha habido tres años de carencia y diez para pagarlo. Si esta gente pide tres años más de carencia, tendrá luego siete años para devolver todo el dinero, lo que aumentará las cuotas”.

De momento no ha llegado ningún caso a los juzgados, por lo que la estrategia legal de los afectados pasa por seguir presionando al Ministerio y solicitando, en el caso de que su convocatoria lo permita, ampliar el plazo de carencia. “En caso de llegar a los tribunales, buscaremos amparo ante el carácter abusivo o engañoso de algunas cláusulas, así como la incompatibilidad con la naturaleza y la función social para que fueron creados los mismos”, explica el abogado Carlos Sevilla.

Deuda estudiantil en América

La extensión de los créditos por parte de bancos a estudiantes para financiar sus estudios empezó a popularizarse a finales de los ‘90 en EE UU, coincidiendo con la transformación de las universidades locales en instituciones con ánimo de lucro. Las tasas en EE UU se han multiplicado por ocho desde la década de los ‘80, lo que ha generado que la deuda estudiantil doble a la deuda que acumulan los usuarios de tarjetas de crédito y supere a los préstamos hipotecarios. Actualmente la deuda alcanza la cifra de 780.000 millones de euros.

En Chile, las estimaciones hablan de una media de endeudamiento de 40.000 dólares por estudiante al finalizar los estudios universitarios. Esta deuda está ligada a créditos con aval del Estado para los colectivos sociales más vulnerables y con unas condiciones de devolución más “asequibles” o, en su modalidad más radical de crédito Corfo, a cargo directamente de entidades bancarias que alcanza un interés anual del 9%.