Educación concertada
El concierto educativo de dos años en municipios vascos cubiertos por la pública cuesta 1,7 millones

Hace tres semanas, la Asociación de Familias de la escuela pública de Bermeo denunció la “sobreoferta” de plazas en las escuelas concertadas del municipio, exigiendo que se aplique ley y se reduzca un aula de dos años a cada uno de los dos centros privados para el curso 2025/2026. Alzaron la voz a raíz de la entrevista publicada en Hordago con Eider Berazadi, afiliado de Steilas y representante en la comisión de admisión de Gipuzkoa de Baikara Federazioa, en la que alertaba que las escuelas públicas tienen una “infraoferta” que les pone “muy difícil competir” frente a una “red privada concertada que está dopada de plazas a ofertar respecto a las necesidades de escolarización”.

La actual ley vasca de Educación, de 2023, equipara los centros de titularidad pública con los centros de titularidad privada a través de lo que llama “Servicio Público Vasco de Educación”. Esto abría la puerta a meter en un mismo saco, “plazas públicas”, a las de la pública y a las de la concertada, algo que recurrieron Steilas y Ehige ante los tribunales en una demanda parcialmente aceptada.

En la ley se recoge como prestadores de un servicio (públicos y concertados), pero en el decreto de planificación se pretendía que ambas titularidades crearan una especie de órgano. “Esto no tiene encaje legal en la norma básica”, recalca Eider Berazadi, quien añade: “La ley es clara. Los centros privados prestan el servicio de la educación a través de los conciertos educativos y no hay más. La equiparación de centros públicos y centros privados no es posible, entre otras cosas, porque la administración pública no tiene competencia para dirigir o intervenir en empresas que se rigen por el derecho privado”.

La CAV es de las que más dinero público destina a la concertación educativa de centros privados de enseñanza no universitaria. Para el curso 2023-2024, el Consejo de Gobierno aprobó una previsión de gasto de 816 millones de euros para concertar 7.445 aulas

La educación privada se la paga cada uno de su bolsillo, pero las plazas concertadas en ellas se financian con dinero público. ¿Qué está pagando el Gobierno Vasco a las empresas privadas de la educación por esa denunciada “sobreoferta” de plazas concertadas?

Contextualicemos. En el curso 2022-2023 había 199.039 estudiantes de enseñanzas no universitaria matriculados en centros públicos en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV). Los que iban a escuelas e institutos privados eran 178.212. Eso significa que, según las últimas cifras publicadas por Eustat, el 52,76% del alumnado va a la pública y el 47,24% estudia en la privada (la mayor parte está concertada). Es un porcentaje muy alto en beneficio de la privada si lo comparamos con otras comunidades autónomas: le sigue de cerca Madrid con alrededor de un 45% y Catalunya, con un 35%.

Además, la CAV es de las que más dinero público destina a la concertación educativa de centros privados de enseñanza no universitaria. Para el curso 2023-2024, el Consejo de Gobierno aprobó una previsión de gasto de más de 816 millones de euros para la concertación de 7.445 aulas, además de 2.769 unidades de personal complementario de apoyo a las necesidades específicas de apoyo educativo y de compensación a las desigualdades en educación.

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Hablamos con uno de los grandes conocedores del sistema educativo vasco para analizar por qué hay tasas tan altas de segregación o por qué se conciertan plazas en centros privados en municipios donde la pública cubre toda la demanda.

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Las cifras de la “sobreoferta”: los municipios donde la pública cubriría los nacimientos y no haría falta concertar plazas en la privada

La educación privada se concierta con dinero público para cubrir las necesidades de escolarización allá donde no llega la educación pública. Si llegara la pública y se concertara, se estaría pagando un mismo servicio público por partida doble. Es lo que ocurre en muchos municipios vascos, como se ve en los datos de necesidades de escolarización del Eustat y la planificación de la oferta educativa para el periodo de admisión de febrero de 2025.

Los datos son públicos y los facilita el docente y representante de Baikara Federazioa en  la comisión de garantías de admisión de alumnado en Gipuzkoa, Eider Berazadi. Se cruzan los nacimientos en 2023 según el EUSTAT y la oferta para el nivel de 2 años (inicio de escolarización) teniendo en cuenta el “marco de planificación” sexenal con los centros concertados.

Como se puede ver en la tabla, hay varios municipios en los que la oferta de plazas en la educación pública cubre las necesidades del alumnado, por lo que no sería necesaria la concertación: en Araba, Agurain, Labastida, Oion; en Bizkaia, Galdakao, Loiu-Sondika, Lekeitio, Markina y Muskiz; y en Gipuzkoa, Beasain, Hernani, Lezo, Mutriku, Urnieta, Villabona y Zizurkil.

Municipios con una oferta de concertada tan grande que podría vaciar la escuela pública

Llaman la atención igualmente aquellos municipios en los que el número de plazas concertadas en la escuela privada es tan potente que podría absorber totalmente las necesidades del alumnado, vaciando así las aulas de la escuela pública. Es el caso de Amurrio y Labastida (donde tanto la pública como la privada ofertan 18 plazas para 16 nacimientos en 2023) en Araba; Amorebieta, Bermeo, Durango, Gernika-Lumo, Leioa, Loiu-Sondika, Valle de Trapaga, Zalla y Zamudio, en Bizkaia; y Andoain, Orio y el área de influencia de Tolosa, en Gipuzkoa.

En la carta enviada al Departamento de Educación, la Asociación de Familias de la escuela pública de Bermeo denunciaban que “en la mayoría de las ciudades existe una sobreoferta de plazas concertadas, siendo especialmente grave en la planificación del primer ciclo de Educación Infantil en Bermeo (74%), Gernika (69%) y Amorebieta (78%)”, donde están “los niveles de segregación más altos del País Vasco”. Alertaban que debido a la “sobreoferta desmedida de centros concertados” han observado la tendencia a vaciar las pequeñas escuelas públicas de los municipios cercanos, condenadas a cerrar puertas o a fusiones entre ellas en el actual contexto de descenso de la natalidad”.

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En la comunidad con más enseñanza privada subvencionada, los centros concertados esquivan alumnado de las familias con menos ingresos, un modelo segregador al que algunas asociaciones de padres y madres quieren plantar cara.

Por otro lado, hay municipios donde la oferta de la privada es ampliamente superior a la de la pública: Andoain y Zamudio, donde representan un 85% de la oferta; así como el área de influencia de Tolosa (83%), Loiu-Sondika (78%), Amorebieta (78%), Leioa (75%), Zarautz (75%), Orio (74%), Zalla (74%), Bermeo (74%), Pasaia (72%) y Durango (72%).

Hay que decir que la propia Ley de Educación del 21 de diciembre de 2023 señala, en su artículo 27, la necesidad de ajustar la oferta de plazas “a las necesidades reales de escolarización, evitando tanto la sobreoferta como la infraoferta”. Añade que “se dispondrá de medidas para evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra índole”. “Todos los expertos y la propia ley de educación señalan que la sobreoferta segrega”, señala Berazadi.

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El coste de la “sobreoferta” en las aulas de 2 años: más de 1,7 millones de euros

¿Qué pagan las arcas públicas del Gobierno Vasco a las empresas de educación por la sobreoferta de plazas concertadas? Para hacer números, sacaremos las cifras de la Orden de la Consejera de Educación sobre las unidades de 2 años a concertar para el curso 2024-2025, con fecha de 12 de septiembre de 2024. Nos basaremos en los municipios mencionados en los que la oferta de plazas en la educación pública cubre las necesidades de alumnado, por lo que no haría falta concertar.

En Araba, figuran los siguientes: en Agurain, el aula de la Lautada Ikastola por valor de 79.573,41 euros; en Labastida, el aula de Bastida Ikastola por 79.573,41 euros; y en Oion, el aula de San Bizente Ikastola por 80.057,41 euros.

En Bizkaia, están: en Galdakao, dos aulas en Eguzibegi Ikastola por 159.146,82 euros; en Loiu, un aula en Nuestra Señora de la Merced por 79.573,41 euros y dos aulas en Ayalde por 160.114,81 euros, todas ellas escuelas cristianas; en Lekeitio, un aula en Resurrección M. De Azkue Ikastola por 79.573,41 euros; en Markina, un aula en Bera-Kruz Ikastola por 79.573,41 euros; y en Muskiz, un aula en la cristiana San Juan Ikastetxea por 79.573,41 euros.

Por último, en Gipuzkoa constan: Beasain, con dos aulas en la cristiana La Salle-San Jose por valor de 160.114,81 euros y un aula en la Beasain Ikastola por 80.057,41 euros; en Hernani, dos aulas en Aratz Ikastola por 159.146,82 euros; en Lezo, dos aulas en el Pasaia-Lezo Lizeoa por 160.114,81 euros; en Mutriku, un aula en la Kristau Eskola San Miguel Arcángel por 79.573,41 euros; en Urnieta, un aula en la Kristau Eskola Magale Presentación De María por 79.573,41 euros; en Villabona, un aula en la Zubimusu Ikastola por 80.057,41 euros; y en Zizurkil, un aula de dos años fusionada con la de tres años en Zubimusu Ikastola por 79.573,41 euros.

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La nueva directora de la red de centros de Kristau Eskola, María Eugenia Iparragirre, representó al PNV en el Senado junto al actual consejero de Educación del Gobierno Vasco, Jokin BildarratZ.

Por tanto, estas plazas concertadas que serían innecesarias porque la oferta pública puede absorber las demandas de alumnado existentes cuestan 239.204,23 euros en Araba, 637.555,27 euros en Bizkaia y 878.211,49 euros en Gipuzkoa. Un total de 1.754.970,99 euros de dinero público destinados a generar una sobreoferta de plazas solo en las unidades de 2 años en centros educativos privados en la Comunidad Autónoma Vasca.

Si añadiéramos los municipios en los que, sin cubrir la escuela pública toda la necesidad de matriculación, las concertadas deberían reducir su sobreoferta de aulas, la factura sería mucho mayor. Si, además, tuviéramos en cuenta este gasto por todos los cursos escolares de cada estudiante matriculado en estas concertadas que no harían falta hasta los 16 años (etapa obligatoria), el gasto público sería considerable para sostener una educación privada cada vez menos necesaria.

Demanda parcialmente aceptada por el TSJPV

Hace unos días, el sindicato Steilas y la confederación de asociaciones de familias EHIGE consiguieron, gracias a su demanda, que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) anulara el Decreto 30/2023, de 28 de febrero, que introducía cambios en los criterios para la ordenación y planificación de la red de centros educativos no universitarios en Euskadi. Esto implica, entre otras cosas, volver al Decreto 21/2009, con lo que la ratio mínima de alumnado que se exigirá a los centros concertados para concertar un aula pasará de 13 a 17 en Infantil y Primaria.

La noticia llegaba a menos de tres semanas del inicio del proceso de prematriculación para el curso 2025-2026, por lo que el Departamento de Educación, los centros públicos y también los concertados deberán regir su planificación escolar basándose en el Decreto 21/2009. Aunque Educación anunció que recurriría el fallo del TSJPV, las matriculaciones comienzan hoy 3 de febrero y la incertidumbre podría envolver los procesos de admisión que deben iniciarse el 5 marzo.

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