Economía
América Latina abrió los ojos al mundo

Finaliza un año que será difícil de olvidar. El último trimestre del 2019 vino cargado de lucha social callejera en países como Bolivia, Ecuador, Chile o Colombia. “Todo empezó por la subida del precio del metro en Santiago de Chile”, decían los medios. Pero el tiempo evidenció que esa gota de agua desbordó un vaso que llevaba mucho tiempo lleno, tras la firma de acuerdos de libre comercio como el de Mercosur con la Unión Europea. 

El saldo humano es dantesco, en Chile decenas de muertos y casi trescientas personas que han perdido un ojo. En otros lugares como Bolivia, la reacción de los poderes financieros, materializados en un gobierno de facto presidido por fundamentalistas, consumaron un golpe de Estado como hacía años no se veía en Sudamérica.

Llega 2020 con la incertidumbre de si Sebastián Piñera renunciará a su cargo o aguantará el temporal. En la hasta entonces Argentina de Mauricio Macri, los peronistas han vuelto al gobierno con el fantasma del FMI —a quien Macri solició ayuda financiera— acechando. Este fue el único cambio de tendencia en Sudamérica a lo largo de este año, en el que el mundo vio también cómo la derecha vencía en Uruguay.

Unas elecciones anticipadas que dieron la victoria a Boris Johnson hicieron despertar al laborismo de su sueño de poder revertir las privatizaciones de Margaret Thatcher

Al otro lado del charco, Europa se tensionaba hasta quebrar con el Brexit detrás. Tres años después del referéndum, la suspensión del Parlamento y unas elecciones anticipadas que dieron la victoria al conservador Boris Johnson e hicieron despertar al laborismo de su sueño de poder revertir las privatizaciones y el desmantelamiento social de la época de Margaret Thatcher. Con un más que ambicioso plan financiero que señalaba directamente a los millonarios, su tibieza ante unas elecciones que resultaron ser plebiscitarias les pasó su mayor factura electoral desde 1935.

El resto de países, hacían malabares para no dejar entrar a la extrema derecha en las instituciones. Salvo España, donde Vox tuvo visos de gobierno desde el primer día, aunque todavía en la sombra. Su influencia y ser el sostén de gobiernos como el de José Luis Martínez-Almeida, han supuesto numerosos recortes económicos. Las partidas que han mermado han sido las ayudas al alquiler, subvenciones de asociaciones vecinales, presupuesto para acogida de refugiados e instituciones culturales.

También hubo sentencias laborales en los juzgados que supusieron victorias históricas. Uber perdió su licencia para operar en Londres y un tribunal de primera instancia también se lo ha prohibido hace pocos días en Alemania. Deliveroo dejó de operar en el país germano en verano y en España hubo varias sentencias que reconocieron el derecho de los riders a ser considerados trabajadores asalariados y no autónomos. Otras empresas, como Ryanair, se sirvieron de la tecnología para decir que operaban en base a las leyes de Irlanda e hicieron renunciar a varios derechos laborales a sus trabajadores de la base de Girona, como la supresión de la antigüedad al trabajar solo 9 meses al año y tres de paro. Como amenaza ante un cierre inminente de la base, coaccionaron a su plantilla para la firma del nuevo contrato, que algunos trabajadores ya han denunciado ante la Audiencia Nacional.

El año comenzó con la subida a 900 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y con los peores augurios en materia laboral debido a esta medida expansiva. El tiempo ha demostrado que no es el salario mínimo lo que hace aumentar los despidos, a tenor de las cifras ofrecidas por la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año, en la que se decía que las empresas prefirieron asumir esa subida que despedir a sus trabajadores. En el primer trimestre de 2019, hubo 693.500 personas que pasaron de estar trabajando a estar desempleadas, una cifra muy alta si se la compara con países del entorno, pero que en realidad es la más baja desde 2008. Uno de los acuerdos programáticos de la nueva investidura, si es que se llega a producir a principios de enero, será subir de nuevo el SMI, como ya hicieron con éxito países como Alemania o Portugal.

En 2019 hubo movimientos sociales que demostraron que sí se puede luchar por una vivienda digna. El Sindicato de Inquilinas de Madrid y el Sindicat de Llogaters de Barcelona pararon cientos de desahucios, consiguieron miles de alquileres sociales y pusieron en el centro del debate el incremento estrepitoso de los precios del alquiler. También hubo derrotas, 2018 finalizó con la condena a Ana Botella por la venta de pisos a fondos buitre, pero finalmente parece que podrá salir indemne debido a la gran ayuda prestada por su compañero de partido José Luis Martínez Almeida, actual alcalde de Madrid.

El límite de precios que el Sindicat de Llogaters, el Sindicato de Inquilinas y la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) reclaman, se aprobó este año en ciudades como Berlín

La unión vecinal ha hecho que fundaciones como Fusara (tutelada por la iglesia católica) deban responder judicialmente en los próximos meses por la venta de sus inmuebles con inquilinos dentro. Tras dictar que se pueden reclamar cláusulas suelo abusivas aunque se extinga el préstamo, la justicia también tendrá que determinar próximamente si el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) es abusivo.

El límite de precios que el Sindicat de Llogaters, el Sindicato de Inquilinas y la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) reclaman, se aprobó este año en ciudades como Berlín, donde el año 2020 traerá unos precios del alquiler a niveles de 2013 para frenar la especulación inmobiliaria.

El movimiento por las pensiones dignas hizo varias marchas a pie hasta Madrid, que culminaron con una gran manifestación de pensionistas. Sus reclamaciones, tales como ligar la revalorización de pensiones al IPC o eliminar el factor de sostenibilidad que vincula las pensiones a la esperanza de vida, llegaron a un Congreso de los Diputados vacío debido a la repetición electoral. Este es otro de los retos que deberá afrontar el nuevo gobierno. En Francia diciembre llegó con masivas huelgas que han paralizado el país por este mismo tema, la reforma de las pensiones de Macron. Las luchas sociales continúan vivas y se seguirán librando también en 2020.