Cuidados
Las familias monomarentales exigen que su modelo de familia sea tenido en cuenta en las políticas públicas

El anuncio de un acuerdo en el Consejo de Ministros para el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 ha traído algunas novedades para las familias monoparentales: la principal parece ser la equiparación de las unidades familaires con una sola persona progenitora y dos menores a cargo con las familias numerosas, accediendo así a la misma consideración en materia de derechos. Sin embargo, queda en el aire la equiparación de los permisos por nacimiento, un reclamo central dentro de los colectivos.

Precisamente para exigir que se escuchen sus reivindicaciones, el pasado 29 de septiembre, por la tarde, familias monomarentales se concentraron frente al congreso de los diputados, venían a expresar su enfado por la desigualdad en que se encuentran frente al modelo familiar con dos personas progenitoras sin que se adopten medidas dirigidas a corregir esta situación.

Las activistas leyeron un manifiesto de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS) respaldado por más de 50 entidades del ámbito asociativo y académico. En el escrito, reclamaron medidas urgentes junto a la eliminación de discriminaciones en distintos ámbitos.  Asimismo, presentaron en el Congreso de los Diputados cerca de 200.000 firmas recabadas a través de la plataforma change.org correspondientes a peticiones relacionadas con las medidas urgentes que reclaman, promovidas por la asociación Madres Solteras por Elección (MSPE) y por otras iniciativas particulares: Efraina Fernández y Rosa Maestro (masola.org).

Las decenas de personas concentradas portaban carteles pidiendo visibilidad y ser tenidas en cuenta en las políticas públicas, demandas que llevan persiguiendo décadas y que, denuncian, no parecen terminar de calar en la sociedad y la legislación.  La última muestra: el anteproyecto de Ley de transposición de la Directiva Europea de Conciliación (2019/1158)  que presentó recientemente el Ministerio de Trabajo contempla una ampliación de los permisos de nacimiento, acogida y adopción de 10 semanas (en lugar de 16 hasta llegar a 32, como vienen demandando los colectivos de familias monoparentales), y no introduce ampliaciones para el resto de permisos anunciados, algunos de nuevo cuño.

Las estadísticas, que sitúan a las familias con un solo progenitor —8 de cada 10, madres— en las cotas más altas de vulnerabilidad se repiten año a año, empeorando cada vez,  lamenta la presidenta de MSPE

Tras el anuncio de acuerdo para los presupuestos, la mañana del martes 4 de octubre, Miriam Tormo, se preguntaba si el borrador incluiría finalmente las 32 semanas de permiso para las familias monomarentales, sin necesidad de acudir a los tribunales para reclamarlas, como se han visto forzadas a hacer desde la aprobación de los nuevos permisos. Presidenta de MSPE e integrante de la junta directiva de la FAMS, Tormo considera que la buena noticia de la concentración del pasado jueves es que finalmente, un colectivo al que cuesta organizarse de manera presencial, consiguió salir a la calle para decir basta: “basta ya de que nos dejéis siempre a la cola, de que nos olvidéis en el diseño de todas las políticas y de que no estemos entre las prioridades del gobierno”, especifica Tormo. Y es que los datos indican las consecuencias de esa invisibilidad a la hora de diseñar las políticas públicas: más de la mitad de las familias monoparentales están en riesgo de exclusión pobreza y exclusión, (un 54,3%, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE presentada antes del verano. Las estadísticas, que sitúan a las familias con un solo progenitor —8 de cada 10, madres— en las cotas más altas de vulnerabilidad se repiten año a año, empeorando cada vez, y duplicando el dato equivalente para el resto de las familias y para la población en general, sin que nada cambie, lamenta la presidenta de MSPE.

Recursos económicos y de tiempo se ven reducidos cuando solo hay una persona adulta en casa. Es en ambos frentes en los que las familias monomarentales viene combatiendo desde sus organizaciones, considerando además, como recuerda Tormo, que la monomarentalidad reduce el tiempo que las madres pueden dedicar al activismo. “Con el plazo de tiempo que teníamos y por el contexto actual, es difícil movilizar a madres para desplazarse. Perder un día de vacaciones para nosotras es perder un tesoro. Solo contamos con 22 días para cubrir casi tres meses de vacaciones en el año, más todas las incidencias que provoca cualquier niño o niña que enferma o cuando surge cualquier imprevisto”, explica Tormo respecto a la movilización frente al congreso.

Duplicar como principio

La asociación no niega que el anteproyecto de Trabajo implique un avance, aporta más días de permiso por enfermedad o accidente, ampliando los destinatarios de los cuidados, más allá de una relación familiar, amplia el derecho a excedencias para el cuidado, introduce un permiso parental de 8 semanas hasta los 6 años del menor o introduce la posibilidad de ausentarse del trabajo por causa de fuerza mayor. MSPE encuentra, sin embargo, dos grandes limitaciones: “No entendemos como Ione Belarra puede anunciar que se van a duplicar los permisos de nacimiento y meses después nos encontramos con que la propuesta del ministerio de Trabajo contempla solo 26 semanas”, enuncia Tormo respecto al primer problema. Además: “Nos deniegan duplicar el permiso de lactancia, ahora mismo cualquier familia tiene dos horas para atender al menor y nuestras familias solo una. La prestación

de corresponsabilidad con el cuidado del lactante para el tramo de 9 a 12 meses también nos la deniegan. Y luego están los permisos que van dirigidos a atender a los menores cuando éstos enferman o tienen alguna operación: tampoco los tenemos duplicados”, sumariza.

Para las familias monomarentales la ecuación es bien simple: si en las familias biparentales se concede x tiempo para cuidar, en las familias donde solo hay una persona responsable, el tiempo x debería de multiplicarse por dos.

Para las familias monomarentales la ecuación es bien simple: si en las familias biparentales se concede x tiempo para cuidar, en las familias donde solo hay una persona responsable, el tiempo x debería de multiplicarse por dos

para poder ofrecer los mismos cuidados a los menores con el mismo tiempo protegido laboralmente para ello. Pensaban, lamenta Tormo, que esa lógica por fin había penetrado en el gobierno. “Ione Belarra anunció que se duplicaría el permiso de nacimiento en nuestro caso, hasta el ministro Escrivá dijo públicamente que este era un problema de equidad y se tenía que solucionar”. En otoño de 2020 se aprobó una moción del Senado en la que se instaba al gobierno a duplicar los permisos, incluyendo los de lactancia.

El aparente consenso político, las sentencias con las que ya se cuenta en los juzgados, el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial haya señalado que la no duplicación supone una discrimación hacia niñas y niños de familias monomarentales, parecerían elementos suficientes para asentar un enfoque que tome en cuenta este modelo de familia. A eso se suma, explican desde la asociación, el hecho de que la duplicación de los permisos ya se está aplicando para el sector público en algunas comunidades autónomas. Así, la principal preocupación para la MSPE, es que, a pesar de las múltiples instancias en las que han dejado constancia de la necesidad de duplicar sus tiempos para los cuidados: “vemos que, o no existe coordinación entre ministerios o no existe una apuesta clara y común por parte del gobierno”.

Una ley de familia en stand by

Las organizaciones llevan tiempo exteriorizando su malestar ante la dilatación de un Ley de Familias, que las tenga en cuenta. Han sido múltiples las ocasiones en las que desde el gobierno se ha afirmado que esta legislación era un compromiso para esta legislatura. “Hablamos con la parte socialista, hablamos con la parte de Unidas Podemos, y dicen que no nos preocupemos, que está en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia por los fondos Next Generation y tiene que salir”. Sin embargo, los meses van pasando y solo ha habido anuncios. “La ley iba a estar para principios de este año. A principios de este año nos dijeron que para mayo, en mayo lo único que anuncia Ione Belarra es que hay un acuerdo dentro del Gobierno para sentarse a negociar en septiembre”. 

Ya es octubre. “Creemos que están negociando y hablando de la Ley de Familia en el marco de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, pero seguimos sin tener un texto definitivo para poder ver si recoge todas nuestras reivindicaciones”, advierte Tormo, quien teme que el proceso administrativo vaya demasiado lento. 

Para los colectivos de familias monomarentales, abordar cualquier cuestión al margen del modelo de familia solo lleva a distanciarse de la realidad: desde la lucha contra la pobreza infantil a la desigualdad de género, el factor de la monomarentalidad es central. De hecho es desde una perspectiva de género que podría entenderse, aventura Tormo, por qué no se ha antendido durante tanto tiempo una demanda, la de la ley de familias monoparentales, por la que la Federación lleva 28 años luchando. 

“Nos han pospuesto históricamente. Siempre dicen que sí, que lo entienden, que vale, pero cuando llega el momento de regular, entonces no se regula, ‘porque vamos a regular el contexto de familias en general’”. La presidenta de MSPE aclara que no se oponen a dicha regulación, pero que el cambio de foco deja siempre su demanda en el cajón.  

“Creemos que están negociando y hablando de la Ley de Familia en el marco de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, pero seguimos sin tener un texto definitivo para poder ver si recoge todas nuestras reivindicaciones”

No solo la demanda de una ley específica queda encajonada: existen discriminaciones sobre las que se ha tardado muchos años en actuar, la más clara, la que aparece en la Ley de familias numerosas. Una ley en la que se recoge que las familias en las que fallece una de las personas progenitoras, pasan a ser consideradas como numerosas cuando hay dos hijos a cargo, mientras que el resto de familias monomarentales con dos menores quedaban excluídas de esa consideración. Han pasado 14 años, desde que en 2008 una ley de presupuesto apuntó a corregir esa discriminación, para que esta propuesta aparezca de nuevo en los presupuestos, según el acuerdo alcanzado para la Ley de Presupuestos Generales de 2023. “Esperamos ver la modificación del art. 3 de la Ley de familias numerosas en el propio texto de la Ley de PGE, para ser efectivo desde 2023”, apuntaba Tormo tras conocer la noticia. El objetivo de los colectivos, remarca, es que la Ley de Familia incorpore un marco protector equiparador al de las familias numerosas también para las monoparentales con un menor a cargo.

Tormo trae a colación un ejemplo más reciente: los bonos fiscales para rentas inferiores a 21.000€ anunciados por el gobierno: “una familia de dos progenitores pueden tener un ingreso conjunto de hasta 42.000€ —si los ingresos individuales de cada uno no superan el máximo— y obtener una doble bonificación fiscal. Una familia monoparental puede ganar 22.000 €, que sería el único ingreso familiar y quedar afuera”.

Por último, en una línea similar, apunta a un tercer ejemplo de discriminación, las becas educativas. En un estudio que la organización realizó la pasada primavera, pudieron comprobar que, cuando las condiciones de las becas, no tienen en cuenta la composición de la unidad familiar perjudican a las familias monomarentales. La división de los ingresos familiares entre los integrantes de la familia —independientemente de si son menores o no— para calcular si se cumple el requisito eceonómico, complica el acceso a familias monoparentales en las que la renta por integrante sea superior, pero se trata del único recurso para cubrir todos los gastos familiares.

“Necesitamos que haya una medición de impacto de cada política sobre la familia, con el enfoque de infancia, desde la perspectiva de los derechos de niñas y niños”, enfatizan desde MSPE mientras esperan a que llegue la ley prometida. Lo importante, apunta Tormo, es poder determinar cómo impacta cada política pública en cada modelo de familia:  “podemos hablar de dos estructuras familiares básicas con una o con dos personas progenitoras, y a partir de ahí, en ambas se suman otras variables, como la discapacidad, ser numerosa, partos múltiples, o el entorno donde se reside”, concluye. 

A corto plazo, las expectativas apuntan a que sea la propia Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 la que incorpore modificaciones normativas que permitan eliminar algunas de las discriminaciones denunciadas, “para que, de manera inmediata tras su aprobación, contemos con esos recursos, mientras llega la Ley de familias ampliando el marco de protección con el resto de medidas que solicitamos”, formula la presidenta de MSPE. Una Ley que, recuerda, deberá tener presupuesto asignado para que sea más que un “texto vacío”, y dependerá de la colaboración de las comunidades autónomas, que habrán de adaptarse a la nueva legislación.