Costas
Golpe xudicial contra os plans da Xunta na costa: o Constitucional suspende a Lei do Litoral de Galiza

O tribunal de garantías admitiu a trámite o recurso presentado polo presidente do Goberno e pon freo a case a metade do texto.
alfonso rueda consello xunta
O presidente da Xunta de Galiza, Alfonso Rueda.
6 nov 2023 13:53

O Tribunal Constitucional decidiu aceptar o recurso presentado polo Goberno en contra da Lei 4/2023, datada o 6 de xullo, a cal trata sobre a ordenación e xestión integrada do litoral de Galiza. Ao mesmo tempo, o tribunal emitiu unha suspensión parcial da súa aplicación, tal como vén de anuncialo a corte de garantías este luns. A mencionada lei foi aprobada polo Parlamento de Galiza no pasado xullo, co respaldo do Partido Popular e a abstención do Bloque Nacionalista Galego (BNG) e o Partido Socialista de Galicia (PSdeG). A lei pretende outorgar á Xunta competencias na xestión do espazo marítimo terrestre.

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A Xunta argumenta que estas competencias están claramente establecidas no Estatuto de Autonomía, mentres que o Goberno do Estado considera que a lei “interfere” nas súas competencias en varias áreas, chegando mesmo, din, a incluír o mar no territorio da comunidade autónoma de maneira unilateral. Por unha banda, a apropiación da competencia exclusiva do Estado para regular o réxime xurídico do dominio público marítimo terrestre; a falta de conformidade coa normativa estatal básica en relación ás limitacións da propiedade de terras adxacentes á costa; a negación de que o mar territorial sexa parte do territorio dunha comunidade; a afirmación de que a xestión dos títulos de ocupación non pode ser directamente asumida por unha comunidade autónoma a través dunha lei, salientando que rexións como Cataluña, Illes Balears, Andalucía e Canarias reformaron os seus estatutos para adquirir novas competencias; e a vulneración da competencia estatal exclusiva en materia de pesca en augas exteriores.

O Presidente do Goberno recorreu, entre outros, diversos apartados dos artigos 1,2,3,11,12, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 34, 35, 36, 40, 41, 46, 48, 49, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 62 e 64 da citada norma. Na súa demanda, sostén que os preceptos impugnados poderían vulnerar as competencias do Estado sobre o réxime xurídico do dominio público marítimo terrestre (art. 132.2 CE) así como a competencia sobre o procedemento administrativo común, a lexislación básica sobre contratos e concesións administrativas (art. 149.1.18ª CE), pesca marítima (149.1.19ª CE), mariña mercante (149.1.20ª CE) e competencia sobre medio ambiente (149.1.23ª CE).

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