Coronavirus
La crisis sanitaria agudiza los problemas de una justicia colapsada

Si algo ha logrado la crisis del covid-19 es reabrir debates sobre asuntos que, hace tan solo un mes, seguían yaciendo en el cajón y ocupando un segundo plano en la agenda pública. Uno de ellos está siendo la situación en la que se encuentra uno de los pilares fundamentales de cualquier estado de derecho: la justicia.

La realidad que vive el poder judicial en España es de sobra conocida. Obsoleta, lenta, con pocos recursos y con plantillas muy reducidas. Así lo han demostrado, en varias ocasiones, las cifras que difunden diferentes instituciones como lo son el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Comisión Europea (CE). Por ejemplo, un estudio de la CE de 2018 señalaba que España tarda de media algo más de 200 días en resolver un litigio en primera instancia y que solo hay 12 jueces por cada 100.000 habitantes.

A todos estos problemas que ya arrastraba del pasado, ahora se suman los que está generando la pandemia del covid-19. “Cuando se levante el estado de alarma, vamos a tener una importante avalancha de asuntos. Todo lo que está pendiente se va a tener que notificar de golpe”, alerta el magistrado valenciano Joaquim Bosch, portavoz entre 2012 y 2016 de Juezas y jueces para la Democracia. Y es que, tras el decreto del estado de alarma aprobado el pasado 14 de marzo, la actividad judicial quedó prácticamente paralizada.

Un estudio de la Comisión Europea señala que España tarda de media algo más de 200 días en resolver un litigio en primera instancia y que solo hay 12 jueces por cada 100.000 habitantes

Desde entonces, el sistema judicial español funciona a medio gas —con servicios mínimos— puesto que la mayoría de los juicios quedaron cancelados. “En todos los juzgados del país, la justicia está paralizada, únicamente se resuelven los asuntos más urgentes y de carácter inaplazable que están regulados por el decreto del estado de alarma y por disposiciones posteriores del Consejo General del Estado. Por ejemplo, el registro civil, defunciones, temas referentes a menores o las causas con preso,” añade Bosch.

Precisamente, uno de estos casos urgentes tuvo que atender Lorena Sánchez, abogada de turno de oficio en Madrid. “El pasado 18 de marzo tuve un juicio porque se trataba de una persona que se encontraba en prisión preventiva. Este tipo de juicios gozan de preferencia”, explica la letrada, quien recuerda que la mayoría de los abogados son autónomos y que esta nueva situación está provocando que tengan menos ingresos económicos. De hecho, desde la asociación libre de abogados y abogados (Ala) alertaron de este problema hace ahora más de un mes y propusieron un plan de choque al colegio de abogados de Madrid como, por ejemplo, la cancelación de las cuotas en determinados casos y ayudas en caso de que se contagien por la covid-19.

Sobre el probable colapso que pueda generarse en los juzgados cuando se levante el confinamiento se muestra clara: “Con la situación actual, estamos agravando el colapso de la justicia. Va a multiplicar el problema que ya había”. Una situación que las resoluciones que van haciéndose públicas no parecen desmentir: el pasado sábado 25 de abril, la Comisión Permanente del CGPJ anunciaba que extendería durante el nuevo periodo de estado de alarma los acuerdos adoptados hasta ese momento en relación con la pandemia de coronavirus, lo que quiere decir que hasta el 10 de mayo seguirán suspendidas las actuaciones judiciales no esenciales.

La guardia malpagada y a la carrera de una abogada del turno de oficio

Elena Cabrera

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Justicia

La guardia malpagada y a la carrera de una abogada del turno de oficio

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El trabajo de los letrados encargados de la justicia gratuita es hoy en día inabarcable en una precaria profesión de la que depende la defensa de los acusados con menos recursos. El sector prepara protestas en varias comunidades.

Teletrabajo, una opción inviable

Esta crisis sanitaria ha obligado a la mayoría de empresas a recuperar una modalidad de trabajo poco desarrollada en España: el teletrabajo. Pese a la poca experiencia con el teletrabajo, la mayoría de empresas privadas han podido implantarlo. No obstante, en la administración pública y especialmente en la justicia esta modalidad todavía no se puede contemplar todavía como una opción viable.

“En muchos juzgados no podemos hacer teletrabajo porque los expedientes no están digitalizados. Es una utopía por el momento. Si no estamos presencialmente allí, no podemos hacer absolutamente nada”, apunta una funcionaria de un juzgado de primera instancia de Cataluña. Del mismo modo opina Susana Gisbert, fiscal especializada en violencia de género en Valencia, quien recuerda que en el mundo judicial “el papel es necesario, ya que nuestra ley es del siglo XIX”. “Ahora mismo no estamos teletrabajando, estamos llevándonos trabajo a casa, que es diferente”, lamenta la fiscal.

Para Bosch, la falta de digitalización es “un síntoma más de una situación de abandono institucional de décadas” que solo se podrá resolver con “más inversión y voluntad política”

Antonio Benavent, letrado de la administración de justicia en el juzgado del municipio de Alzira (València) también conoce de primera mano está situación. Pese a que asegura que sí se ha avanzado en los últimos años en el proceso de digitalización, reconoce que los funcionarios no pueden teletrabajar. “En mi juzgado empezamos a dejar atrás el papel porque aquí la Generalitat Valenciana ha empezado digitalizando las partidas judiciales pequeñas antes que las de grandes capitales. La parte civil está prácticamente digitalizada pero la penal no porque nos tenemos que poner en contacto con los fiscales y ellos siguen trabajando con papel”, explica Benavent.

Para Bosch, la falta de digitalización es “un síntoma más de una situación de abandono institucional de décadas” que solo se podrá resolver con “más inversión y voluntad política”. Asimismo, la letrada Sánchez considera que no se puede hablar de una “justicia justa” si esta es demasiado lenta en dar respuesta a los que acuden a ella. Por eso recuerda, que no basta con digitalizarla, sino que hace falta “más capital humano y más juzgados”.

Más conflictos familiares y laborales

“Cuando volvamos estamos mentalizados en que va a ser un nuevo periodo duro por los asuntos que quedaron en el aire, como por los nuevos que han surgido”. Esta idea, resumida por una funcionaria de Catalunya, también es compartida por el resto de entrevistados: el confinamiento ha creado nuevos problemas que en circunstancias normales no se hubieran desarrollado, al menos no de la misma manera. Uno de ellos son los conflictos familiares: “Esta convivencia obligatoria ha generado controversias en el seno de la familia. Y ahora muchas parejas querrán divorciarse”, explica la funcionaria.

“Cuando volvamos estamos mentalizados en que va a ser un nuevo periodo duro por los asuntos que quedaron en el aire, como por los nuevos que han surgido”, sostienen funcionarios de justicia en referencia a los conflictos familiares y laborales que han surgido a raíz del covid-19

Pero no solo se prevén nuevos divorcios, también problemas en parejas ya anteriormente divorciadas y con custodia compartida. “Durante el confinamiento ha habido muchas desavenencias entre los progenitores con custodias compartidas. Por ejemplo, ha habido discusiones sobre si podía poner en riesgo la salud de un niño con patologías previas el hecho de desplazarse entre los domicilios de sus padres”, sostiene el magistrado Bosch quien también apunta que surgirán nuevos conflictos laborales por los ERTES aplicados —ya hay alrededor de medio millón según el Servicio Público de Empleo estatal— así como por las empresas que han cerrado. “La avalancha es previsible tenemos un precedente que es el de la crisis económica del 2008 donde ya se duplicaron estos casos”, añade el magistrado.

La Pirata

Custodia y régimen de visitas en tiempo de coronavirus

Patricia Reguero Ríos

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Coronavirus

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Las parejas separadas que tienen hijos en común se enfrentan a una situación de incertidumbre ante la crisis del coronavirus tras varios pronunciamientos contradictorios esta semana. La asociación de abogados de familia pide sentido común y no colapsar los juzgados. Varias madres explican cómo el covid19 las ha llevado a renegociar de mutuo acuerdo los tiempos con sus hijos, un diálogo que no siempre es posible.

El machismo en el confinamiento

Denunciar a tu agresor en tiempos de coronavirus no es nada fácil. El confinamiento ha impuesto a muchas mujeres, víctimas de violencia machista, a seguir conviviendo con sus maltratadores. A estar encerradas con ellos prácticamente las 24 horas del día. Esta tesitura, de alguna manera, está generando, que muchas mujeres decidan no acudir al juzgado a denunciar.

Gisbert explica que en estas últimas semanas ha habido menos casos “porque las mujeres se están retrayendo de denunciar” al estar conviviendo con sus maltratadores

De hecho, la fiscal Gisbert explica que en estas últimas semanas ha habido menos casos “porque las mujeres se están retrayendo de denunciar” puesto que están conviviendo con “sus maltratadores”. Así, pronostica que los casos aumentarán cuando termine esta situación de emergencia y las mujeres puedan salir de casa: “Me temo que el pico lo tendremos después, cuando estas mujeres quieran salir y tomen la decisión de denunciar a sus parejas”.

Amigos y vecinos, clave para víctimas de violencia machista confinadas

Patricia Reguero Ríos

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Violencia machista

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La madre de Patricia Carranza fue víctima de violencia de género en pareja, una violencia de la que ella también fue objeto. Tras decretarse el estado de alarma, esta sevillana de 34 años grabó un vídeo para transmitir el mensaje que le hacía llegar su madre y que comparten también otras organizaciones: familiares, amigos y vecinos, serán clave para las mujeres que vivan la crisis del coronavirus en confinamiento con sus agresores.

Asimismo, la fiscal recuerda que, pese a que las mujeres no estén denunciando, sí que se han disparado en las últimas semanas las llamadas al 016. Igualmente, el Ministerio del Interior anunció esta semana que las fuerzas y cuerpos de seguridad han detenido en las últimas seis semanas a más de 4.000 personas acusadas de violencia de género.

Desde otras instituciones como la Fiscalía General del Estado ha enviado una batería de propuestas al Ministerio de Justicia para proteger a los más vulnerables y desatascar la justicia. Una de ellas es que se potencien los juzgados de violencia de género exclusivo. También pide medidas específicas en materia de trata de seres humanos, así como evitar la repetición de declaraciones de las víctimas en la fase de investigación y enjuiciamiento en determinados delitos. Y, al igual que las fuentes consultadas, reivindica apostar por la justicia digital a través de un sistema de gestión único para todo el territorio nacional.

La reivindicación de la justicia como servicio esencial

La inactividad en la que se encuentra la justicia por la crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto, más que nunca, la necesidad de dotarla de más recursos, puesto que esta es un servicio esencial para la ciudadanía y más en estas circunstancias. “La justicia intenta resolver muchos problemas sociales que por ejemplo cualquier crisis económica genera. Como lo son todos los conflictos en cuanto a alquileres, hipotecas, sueldos, el paro”, reivindica el letrado Benavent.

De momento, el Ministerio de Justicia está planteando algunas medidas para paliar el embudo en los tribunales como habilitar el mes de agosto —algo en lo que la Fiscalía General del Estado también está de acuerdo— establecer turnos de mañana y tarde y permitir la movilidad de los funcionarios entre órganos judiciales de la misma localidad durante los tres meses posteriores al estado de alarma.