Coronavirus
Trabajadores de residencias de ancianos denuncian despidos por exigir los equipos de protección adecuados

La falta de equipos de protección individual (EPI) empieza a hacer estragos en aquellos trabajadores que se atreven a reclamarlos. Dos trabajadores de un par de residencias del grupo Amavir en la Comunidad de Madrid denuncian que su contrato cesó por exigir los equipos necesarios para desempeñar sus funciones protegidos al contagio del coronavirus. La entidad niega lo relatado por parte de los profesionales

Alba Oranto era auxiliar sociosanitaria en la residencia de Amavir en Villanueva de la Cañada. Se incorporó sustituyendo a una trabajadora con una baja médica indefinida; en total estuvo catorce días en los que presenció un “verdadero descontrol”, afirma, en el centro residencial. “Existía una zona de aislados, y parecía que la situación estaba controlada hasta que trabajabas con otros ancianos y veías a muchos de ellos con síntomas y sin aislar”, comenta a El Salto esta trabajadora de 19 años. Según sus declaraciones, al principio de su incorporación escuchó de refilón que la residencia no podía proporcionar diferentes EPI cada día, así que habría que pedirlos cada dos jornadas de trabajo.

Sus compañeras le relataron cómo reutilizaban una bata permeable los máximos días que podían y que lavaban la mascarilla quirúrgica con la que trabajaban con lejía, agua y jabón, aunque acepta que no utilizaba esta mascarilla más de dos días seguidos teniendo en cuenta que recomiendan cambiarla cada cuatro horas, tal y como ella misma agrega. Desde la residencia les facilitaron una especie de bolsa de plástico que llegaba hasta los pies para hacer impermeable la bata, y también una pantalla para los ojos que debían desinfectar las propias trabajadoras.

El conflicto surgió cuando una de sus compañeras vio que Oranto cambiaba su EPI cada dos días, ya que a la plantilla le habían informado de que se renovaría cada cuatro. “Cuando se lo comentamos a la responsable de entregar los materiales ésta se quedó perpleja y titubeó. Me acabó dando la razón diciendo a las demás que ya les comentó que podían cambiar los EPI cada dos o tres días, a lo que mis compañeras le recriminaron que dijo cada cuatro”, narra la propia auxiliar sociosanitaria.

En ese momento, la misma encargada del material le comunicó a Oranto que la entrega de los equipos se efectuará cada siete días, una noticia que impacta a la trabajadora. Al día siguiente y una hora antes de terminar su turno le comunicaron que la persona a la que estaba sustituyendo se iba a reincorporar, por lo que le hicieron firmar su finiquito. Tal y como le hizo saber una de sus antiguas compañeras, la jornada posterior a su despido no se reincorporó nadie a la residencia de Villanueva de la Cañada: “Es algo que no entiendo. Cuando entré mi jefe me dijo que me contratarían para ir supliendo otras bajas que fuesen apareciendo, y teniendo falta de personal porque no llegan, me despiden y al día siguiente no se incorpora nadie”, declara la antigua trabajadora de Amavir pese a que la empresa ha remitido a este medio un informe en el que consta el alta laboral de una de sus trabajadoras el día siguiente del despido de Oranto.

“Tenemos que trabajar tan rápido que si un residente no come, pues no come”, explica esta auxiliar sociosanitaria

En cuanto al servicio prestado a los usuarios, la auxiliar sociosanitaria es tajante: “Tenemos que trabajar tan rápido que si un residente no come, pues no come”. Esta máxima, desmentida desde la cadena de residencias, sí es confirmada por parte de Miguel Vázquez, presidente de Pladigmare, asociación que agrupa a familiares de ancianos en residencias. “Esto ya pasaba antes y ahora está pasando más”, aclara el mismo Vázquez.

Las repercusiones psicológicas de Oranto también se agravaron. “Pensar que podía estar asintomática y mientras contagiando a una persona que podía morir a los dos días me hacía sentir una frustración e impotencia tremendas”, en sus propios términos. Así pues, consciente de que las consecuencias de exigir los equipos de protección adecuados para la plantilla podrían desembocar en su despido, denunció públicamente y se plantó ante esa situación porque ella “no quería ser cómplice de lo que pasaba ahí dentro, porque son muertes”, finaliza Oranto.

Desprotección

La residencia de Amavir en Valdebernardo ha presenciado cómo uno de sus trabajadores no pasaba el periodo de prueba: se trata de David Pérez. Gerocultor de 21 años, estuvo prestando servicios en el centro residencial desde el 5 hasta el 22 de abril, un tiempo en el que la empresa determinó que no había superado un periodo de prueba del que nadie le avisó, según denuncia el afectado a este medio, pese a que su contrato duraría hasta agosto. La principal denuncia de este profesional es relativa al desamparo que sufren tanto los trabajadores como los residentes del geriátrico y que ejemplifica comentando el siguiente caso particular: “La zona de los aislados tan solo estaba separada por un pasillo, incluso una mujer sana de 106 años únicamente estaba protegida por un biombo”.

Según aduce, ha estado trabajando con la misma mascarilla quirúrgica hasta cinco días y las batas se reutilizaban constantemente, ya que se dejaban colgadas en un perchero para que las usaran los demás turnos. Además, la carga de trabajo era inmensa: “En mi planta estábamos cuatro personas para cuarenta residentes, con algunos de mis compañeros a media jornada, o sea que de dos a tres de la tarde tan solo éramos dos para atender a las cuatro decenas de usuarios”, relata el propio Pérez. Cuando la empresa le comunica que no ha superado el periodo de prueba objetivado en diversas faltas de respeto e incumplimiento de los protocolos establecidos, el gerocultor decide denunciar la situación públicamente a través de redes sociales y tachar de mentira los motivos de su despido. 

Amavir se puso en contacto con el profesional sociosanitario para advertirle que si el caso se mediatizaba podría tener problemas de cara a futuras contrataciones

Pese a que él mismo había posteado con anterioridad en Twitter que se estaban repartiendo los EPI y que estaba contento con la situación en la residencia, se defiende argumentando que la entrega de los equipos de protección se produjo cuando la plantilla se plantó para reclamarlos: “Metí la pata por felicitarles públicamente por algo que nos tendrían que haber dado sí o sí”, relata Pérez. Estos mensajes de agradecimiento es lo que hace pensar a la empresa que lo único que mueve al antiguo trabajador de Amavir es el “despecho y ansia de venganza, dejando por tierra a sus compañeros”, tal y como la entidad ha manifestado a El Salto.

Precisamente y siempre según el relato del afectado, fue la propia empresa la que se puso en contacto con el profesional sociosanitario para advertirle que si el caso se mediatizaba podría tener problemas de cara a futuras contrataciones, un hecho que el abogado de Pérez ha considerado como coacción y sopesa denunciar. En la misma estela que su compañera de Valdebernardo, este trabajador afirma que muchos de los residentes se quedaban sin comer debido a la carga de trabajo que tenían en sus espaldas: “En mi planta, ocho residentes se quedaron sin comer un día porque estaban tan decaídos que no podíamos estar encima de ellos”, agrega.

Desde Amavir muestran su “extrañeza” al ver que Pérez denuncia hechos ante los que, anteriormente, había mostrado públicamente su conformidad. Del mismo modo, la empresa asegura que se están cumpliendo todos los protocolos marcados por las autoridades sanitarias en relación a la reutilización de los EPI, y se preguntan por qué Pérez no denunció anónimamente que los residentes se quedaban sin comer. Por su parte, la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid no se pronuncia al respecto ya que no tiene potestad en cuanto a la contratación del personal en las residencias privadas, aunque aseguran desconocer más casos como los expuestos anteriormente.

La situación en el centro residencial de Valdebernardo es trágica, pues el número de fallecidos se sitúa entre las seis y siete decenas, según datos aportados por el antiguo trabajador de Amavir. En este sentido, la compañía ni confirma ni desmiente la cifra, escudándose en que es el protocolo que están siguiendo todas las residencias de la Comunidad de Madrid, proporcionándoselos únicamente a la Consejería de Sanidad cuando esta lo requiere.

“La complicidad entre la Comunidad y las empresas se produce porque todos están pensando en el negocio”, dice el presidente de las asociaciones de familias

Vázquez, el presidente de Pladigmare, representa el temor de las familias a la desatención de sus mayores: “La falta crónica de personal se traducía en cosas como que no todos comían como es debido, y aunque te aseguraban que sí lo hacían, podías ver que no alcanzaban para atender a los residentes de forma adecuada”, en sus propios términos. Este activista aprovecha la ocasión para señalar que los test se los están haciendo al personal que se encuentra de baja y, según supone, “con vistas a su más pronta reincorporación”, en lugar de realizárselos al personal que día tras días atiende a los ancianos y que puede seguir diseminando el coronavirus al ser asintomáticos.

Respecto al trato que reciben los familiares, Vázquez lo describe con la palabra “opacidad”. Así pues, denuncia que cuando un ser allegado pregunta por los casos de Covid en la residencia en la que se encuentra su ser querido desde el centro le responden que tienen prohibido dar esos datos y que únicamente se los pueden facilitar a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, algo que tacha de “mentira”. “La complicidad entre la Comunidad y las empresas se produce porque todos están pensando en el negocio y su posible reputación después de esta crisis, por eso lo único que hacen es dificultar el control de lo que ocurre dentro de las residencias”, finaliza Vázquez.