Coronavirus
Comienza el repliegue del pasaporte covid, más cuestionado aún en tiempos de ómicron

“El objetivo del certificado covid siempre ha sido reducir la transmisión y con esta variante no se puede evitar, con lo que ya no es eficaz”. Con estas palabras el director general de Salud Pública de Cantabria, Reinhard Wallman, comunicaba el pasado 18 de enero que la comunidad eliminaba la obligatoriedad del pasaporte covid para acceder a los establecimientos en los que se consume bebida o comida. Wallman atribuyó a la norma el estímulo de 5.700 primo vacunaciones. No obstante, ese “efecto motivador” ya habría finalizado y en las últimas semanas el número ha ido disminuyendo. No hay justificación pues para esta norma, en palabras de este director general.

Tres días después, el 21 de enero, la consejería de Salud Pública de Asturias aseguraba que no prologaría las medidas extraordinarias adoptadas el 27 de diciembre para frenar la pandemia. Entre ellas, el certificado de vacunación, exigencia que “no ha sido muy efectiva” tal y como reconocían los técnicos de salud pública. La medida caducaba el 27 de enero y la comunidad debería haber recurrido al Tribunal Superior de Justicia para solicitar su aval.

Tras Asturias, Catalunya tomaba el relevo en eliminar este requisito para entrar en establecimientos y lugares públicos. El 26 de enero la comisión delegada en materia de covid de la Generalitat concluía que la variante ómicron “ha demostrado tener escape inmunitario y disminuir así la prevención de la infección, en comparación con la variante delta”. Por ello, concluían que la efectividad de la obligatoriedad del uso del certificado covid disminuye “como medida que añade una capa de seguridad”.

Hasta 13 autonomías impusieron la obligación de presentar el certificado de vacunación durante las fiestas navideñas. Hoy algunas reparan en que esta medida no ha sido efectiva.

Por tanto, son tres ya las comunidades autónomas que han decidido dar marcha atrás con el pasaporte covid. Hasta 13 autonomías impusieron la obligación de presentar el certificado de vacunación en lugares públicos para frenar la expansión de la variante ómicron durante las fiestas navideñas y para estimular la administración de dosis entre la población. Hoy algunas reparan en que no ha sido efectiva ni en un sentido ni en el otro.

Mientras, otras comunidades continúan solicitando prórrogas de esta restricción ante la justicia. Es el caso de la Generalitat Valenciana, que consiguió el aval del TSJCV el pasado viernes para continuar con el pasaporte covid hasta el 29 de febrero. Hablan de una medida “idónea, necesaria y proporcionada”. El mismo aval espera el gobierno vasco, quien ha llamado a la puerta del alto tribunal de su comunidad para continuar con el certificado covid hasta el 13 de febrero, debido a la “intensidad de la circulación epidémica y el consiguiente índice de ocupación de camas hospitalarias”.

La vacunación en los jóvenes en estos dos meses y medio ha aumentado menos del 5%, “probablemente similar a lo que hubiera pasado sin esta medida ¿Merería la pena?

Mientras, el epidemiólogo profesor de la Universidad del País Vasco Unai Martin, avisa en su cuenta de Twitter: La vacunación en los jóvenes en estos dos meses y medio ha aumentado menos del 5%, “probablemente similar a lo que hubiera pasado sin esta medida ¿Merería la pena?"

Urkullu pedirá prorrogar el pase COVID. Todavía peor que tomar una medida equivocada es querer prorrogarla. La vacunación en los jóvenes en estos dos meses y medio ha aumentado menos del 5%, probablemente similar a lo que hubiera pasado sin esta medida ¿merecía la pena? pic.twitter.com/AsYTKivu0o

— unai martin (@unaimr) January 27, 2022

Las dudas de la Ponencia de Vacunas

Y es que esta medida ha sido cuestionada por expertos y expertas desde el principio, tanto por su supuesta capacidad para frenar la transmisión como por suponer un incentivo en la vacunación de la población que rehúye de las dosis, con la Ponencia  de Alertas, formada por técnicos de Sanidad y de las comunidades, a la cabeza.

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La falta de explicación de sus posibles beneficios y la imposición repentina del pasaporte han traído consigo descontento por parte de diversas capas de la población, y su efectividad no está del todo clara, especialmente por la heterogeneidad de usos que se le está dando.

“En los países del entorno europeo donde se está utilizando, los casos están aumentando de forma importante, si bien es cierto que sus coberturas vacunacionales son muy inferiores a las de España. Es previsible que el efecto en España, con coberturas más elevadas, todavía sea menor", advertían en un documento que se filtraba el 30 de noviembre.

“El pasaporte covid ahora mismo es completamente inútil. Pudo tener su utilidad en algún momento de la pandemia para convencer a vacunarse, pero en este momento yo diría que es hasta contraproducente”

Por otro lado, desde esta Ponencia cuestionaban su supuesto freno a la transmisión. “Sabemos que aproximadamente un 40% de los vacunados son susceptibles de infectarse y transmitir la infección. Por todo ello, su utilidad para prevenir la transmisión sería muy limitada e incluso podría tener un impacto negativo si se relajaran las medidas de prevención”, afirmaban cuando la variante mayoritaria era aún la delta.

Falsa seguridad

 “El pasaporte covid no es un instrumentos para evitar la transmisión en los interiores sino, en todo caso, un estímulo para aumentar la cobertura vacunacional”, explica a El Salto Javier Segura, médico epidemiólogo y vicepresidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública (AMASAP). Y, tras su implementación, continúa Segura, se ha visto que ni siquiera ha funcionado para este último fin. “El principal argumento para defenderlo no está claro”, concluye.

“El pasaporte debería incluir si se ha pasado infección previa o si una persona tiene una alergia a componentes de la vacuna y no se la ha podido poner. Tendría más sentido un certificado del historial de infección y vacunación, más que un pasaporte covid de inoculación de vacunas”

“El pasaporte covid ahora mismo es completamente inútil”, expresa  José Gómez Rial, facultativo especialista en Inmunología del Hospital Universitario de Santiago de Compostela. “Pudo tener su utilidad en algún momento de la pandemia para convencer a vacunarse, pero en este momento yo diría que es hasta contraproducente por la sensación de falsa seguridad que ha creado en la población”, añade Rial.

África González Fernández, catedrática de Inmunología del Centro de Investigaciones Biomédicas CINBIO, hace énfasis en la idea de esta falsa seguridad. “Las personas vacunadas pueden infectarse, pueden incluso estar asintomáticas. Un estudio ha revelado que hasta el 90% de las infecciones por ómicron no dan ningún síntoma, por lo que solicitar este pasaporte no frena la pandemia”.

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Para González, si se decide mantener el pasaporte este “debería incluir si se ha pasado infección previa o si una persona tiene una alergia a componentes de la vacuna y no se la ha podido poner. Tendría más sentido un certificado del historial de infección y vacunación, más que un pasaporte covid de inoculación de vacunas”, concluye.

“Hay una consideración estratégica, en esta batalla contra los grupos antivacunas que están hablando de una dictadura epidemiológica, poner restricciones que no tienen mucho sentido desde la eficacia y que generan sensación de restricción de la libertad, puede generar que más gente engrose sus filas”

Y, más allá del punto de vista utilitarista, están las consideraciones éticas, que conllevan hacer “de facto” obligatoria una vacuna que no lo es. “Hay una consideración estratégica, en esta batalla contra los grupos antivacunas que están hablando de una dictadura epidemiológica, poner restricciones que no tienen mucho sentido desde la eficacia y que generan sensación de restricción de la libertad, puede generar que más gente engrose sus filas”, advierte Segura. “Son medidas vistosas pero de un impacto dudoso como el uso de la mascarilla en la calle que no es eficaz y es poco eficiente para esta batalla”, concluye el médico epidemiólogo.