Coronavirus
Jóvenes migrados solos: una autorización para trabajar con fecha de caducidad

Ahora sí, el Gobierno ha decidido flexibilizar la contratación de jóvenes emigrados llegados a España. Un año antes los mismos jóvenes, junto con el colectivo mantero, llenaban portadas de periódicos que exlacamaban la inseguridad vivida en la ciudad de Barcelona. Ahora, estos jóvenes se presentan necesarios para evitar pérdidas económicas, sociales y ecológicas. ¿El motivo? la falta de mano de obra en las campañas de recogida de la fruta y verduras, un bien que si no se toma caduca, del mismo modo que aparentemente, lo hará la autorización de trabajo de quien la recogerá. En este periodo de confinamiento donde lo que buscamos es estar seguras y sentirnos cuidadas, son demasiado a menudo, aquellos colectivos a los márgenes de la sociedad, los que se encuentran más expuestos a la inseguridad socioeconómica, sanitaria y laboral.

En el año 2019, con un aumento sin precedentes de las llegadas de niños y jóvenes emigrados solos a la península, la Generalitat de Cataluña anunciaba, a las puertas del colapso en la acogida, el estado de “emergencia de país”. A pesar del esfuerzo de administraciones, entidades, profesionales y jóvenes, la emergencia permitió identificar, al tiempo que catalizar, las deficiencias y retos del sistema de acogida catalán.

Eran entre muchos otros, la precarización laboral de los profesionales del sistema y el desconocimiento de los mismos sobre este colectivo. El establecimiento de macro-centros que tendían a estar otorgados a entidades concretas. Las condiciones de hacinamiento en espacios no diseñados para llevar a cabo una acción educativa de calidad. Los problemas sobrevenidos por la falta de comunicación entre administración central, autonómica y municipal o la falta de agilidad y eficacia burocrática en la tramitación de autorizaciones de residencia. El esfuerzo para garantizar el derecho de acceso al ocio y de alfabetización de estos jóvenes a través de voluntarios y equipamientos deportivos de muchos municipios. Hecho que constataba, una vez más, que el peso final de los procesos de integración recaen a nivel local. También, la falta de familias acogedoras, de pisos de emancipación y proyectos destinados a jóvenes mayores de edad. Finalmente, la inexistencia de un circuito de integración sociolaboral asumible por el joven, por la entidad de acogida y por la empresa contratante.

Esta era, a grandes rasgos, la oscura nebulosa en la que nos encontrábamos inmersas. A día de hoy tres medidas se han llevado a cabo para flexibilizar la entrada de estos jóvenes en el mercado laboral. Cada una de ellas con condiciones, implicaciones y aplicaciones diferenciadas. Vamos a verlas.

Según la Secretaría de Estado y Migraciones, en 2018 tan sólo 218 jóvenes migrados de los 12.437 contabilizados en todo el Estado recibieron una autorización de trabajo

La primera, anunciada hace un mes por parte del ejecutivo, es la destinada sólo a los jóvenes emigrados de entre 16 y 18 años. Esta instrucción concede por primera vez, una vez alcanzados los 16 años, la autorización de trabajo de la mano de la autorización de residencia. El objetivo principal recae en garantizar la igualdad de acceso al mercado laboral entre jóvenes más allá del lugar de nacimiento. De hecho, las leyes y reglamentaciones ya establecían esta supuesta igualdad. Como es sabido, la condición de menor debería prevalecer siempre antes que la condición de extranjero. El problema sin embargo, era que difícilmente se aplicaba.

Aparte de las diferencias sobrevenidas por el proceso migratorio en soledad, el desconocimiento del idioma o la vida en centros, los jóvenes extranjeros, a diferencia de los nacionales, tenían que pedir una exención para poder trabajar. Ya fuera por desconocimiento, por falta de ofertas o por excesiva burocracia, esta exención difícilmente se tramitaba. De este modo, tal y como denunciaban diversas entidades del tercer sector, esta ley, a efectos prácticos, no se aplicaba. Tanto es así, que según la Secretaría de Estado y Migraciones, en 2018 tan sólo 218 jóvenes de los 12.437 contabilizados en todo el Estado recibieron una autorización de trabajo.

Pero los datos se agravaban al alcanzar la mayoría de edad: fueron 54 los jóvenes autorizados al trabajo remunerado de forma legal. Ahora, con esta nueva instrucción ─que no representa un cambio en la ley ni el reglamento─, los jóvenes emigrados solos sólo tienen garantizado el acceso al mercado de trabajo hasta la mayoría de edad. Aquellos que el contrato laboral perdure más allá de los 18 años, se les garantizará la autorización hasta el fin del contrato. En ambos casos después, la autorización que permanecerá, será tan sólo la de residencia.

Las otras dos modificaciones, una ya aprobada y la otra aún en borrador, afectan mayoritariamente a los jóvenes que han alcanzado la mayoría de edad. La más reciente, aquella aún pendiente a trámite y aplicación, se ha logrado a través de las demandas de instituciones de atención al colectivo al Defensor del Pueblo. La otra, anunciada dos semanas atrás, ha sido aprobada bajo condiciones de confinamiento, fronteras cerradas y falta de mano de obra en la recogida de fruta y verdura.

Según afirmaba la Secretaría de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de España, se calcula que pueden ser necesarias hasta 80.000 temporeras en todo el Estado en función de los meses y la evolución de los cultivos. De hecho, el año 2019, de las 285.000 personas que fueron contratadas para las campañas de abril a junio, un 40% venían de fuera de la demarcación del territorio nacional. En Cataluña, la Dirección General de Alimentación, Calidad e Industrias Agroalimentarias del Gobierno, establecía entre 7.000 y 30.000 personas necesarias, en función de los meses y la producción, para la recogida de fruta. Es así como, bajo condiciones de emergencia, los jóvenes emigrados sólo de entre 18 y 21 años se presentan como una de las oportunidades para atender al sector hortofrutícola. Con la perspectiva de que esta sea una cosecha productiva, faltan cuerpos y fuerzas para recogerla.

Esta posible contratación de emergencia, a pesar de poder ser una brizna de luz en la oscura nebulosa, también cataliza las deficiencias latentes dentro de la estructura social y permite entrever sus preceptos.

Se constata en primer lugar, el gran peso de la mano de obra extranjera en la cadena alimentaria local. Se constatan también, que los requisitos de acceso al mercado laboral bajo emergencia siguen partiendo de la desigualdad entre nacionales y extranjeros. Una desigualdad en los tiempos, la autorización de trabajo es finita; y en los trámites de acceso, ya que es necesario tener autorizada a priori la residencia. Según los datos oficiales, tan sólo el 20% de los niños y jóvenes emigrados solos en España tienen esta autorización.

Hace años que jóvenes, entidades, profesionales, empresas y cooperativas contratantes se esfuerzan en diseñar un circuito de integración sociolaboral para los jóvenes

Por esta razón, tal como reclaman entidades de atención al colectivo, se hace necesario no sólo otorgar una autorización de trabajo más allá de la emergencia, sino también ampliar la oferta de acceso a aquellos jóvenes mayores de edad que salen del sistema de protección en situación irregular.

Según los datos de la Dirección General de Infancia y Adolescencia de Cataluña, el principal objetivo de los niños y jóvenes emigrados solos es la mejora de su futuro y el de sus familias a través de la adquisición de un puesto de trabajo. Según la misma Dirección, tres cuartas partes de los mismos ya trabajaban en origen y muchos, en más de un sector laboral. Según los jóvenes y profesionales, la adquisición de una madurez y una mayor autonomía personal se genera a través de la tenencia de un trabajo remunerado y estable.

Por este motivo, hace años que jóvenes, entidades, profesionales, empresas y cooperativas contratantes se esfuerzan en diseñar un circuito de integración sociolaboral para los jóvenes. Se esfuerzan para que después de llegar y ser acogido, el joven pueda integrarse en el mercado laboral legal en su máxima potencia. Saben sin embargo, que demasiadas veces la obsolescencia programada también existe dentro del ámbito social y que con demasiada frecuencia el joven entra en un sistema que de forma intrínseca, la acaba expulsando. Pero se esfuerzan porque es una lucha que tiene lugar en el terreno entre el ejercicio de los derechos del niño y las obligaciones de la ley de extranjería.

Se esfuerzan por este mismo motivo, para conseguir flexibilizar la entrada al mercado de trabajo sin que ello conlleve una pérdida de derechos laborales. Y es aquí donde se evidencia otro precepto que forma parte de la maquinaria social: que la flexibilidad de acceso es posible. Lo que permanece imposible es la adquisición a largo plazo de los mismos derechos y obligaciones que los jóvenes nacidos en la demarcación del territorio nacional. Lo que interesa por tanto, a fecha de hoy, no es el cuidado de las personas a través de la seguridad de acceso al mercado laboral, sino tan sólo emplear en un lapso de tiempo, sus cuerpos y sus fuerzas de trabajo. Faltará ver sin embargo, las implicaciones finales de la resolución del Defensor del Pueblo a las diversas quejas y demandas de entidades.

A menudo, los problemas de seguridad local implican, en menor o mayor medida, una falta de cuidado a nivel global. Quizás esta emergencia y la exposición a la vulnerabilidad en colectividad permitirá entrever que la seguridad y el cuidado forman parte de la misma ecuación. Y que separar el cuidado de la seguridad como si fueran ajenas la una de la otra es parte del problema. Porque es difícil dar o recibir seguridad sin cuidado o dar o recibir cuidado sin seguridad. Ya desde el inicio, a nivel etimológico, encuentran su vínculo: se-curitas. La inseguridad implica per se, una falta de cuidado. Si de esta emergencia queremos salir reforzadas, más resilientes y menos vulnerables, ni el cuidado ni la seguridad de las personas pueden tener fecha de expiración.