Consultoras
Neoliberalismo Basque Country o la privatización jeltzale de la gestión pública

En Euskadi la burguesía siempre ha estado íntimamente ligada al Estado. Durante su génesis, opulentos hombres de negocios financiaron las aventuras de ultramar haciéndose aún más ricos gracias al expolio colonial, como los Marqueses de Urquijo. Posteriormente, durante su période dorée, los que engrosaron sus bolsillos con plusvalías provenientes de la industria eran también los alcaldables de Bilbao. Desde la Transición de 1978, clanes familiares como los Azua o los Atutxa han ido acumulando poder político y económico dentro y fuera de las instituciones, desde consultoras hasta puestos elevados de la administración, como el Puerto de Bilbao. El actual modo de gobierno no ha alterado un ápice esta característica; ni la constante búsqueda de beneficio, ni mucho menos la depredación y el rentismo asociada históricamente a esta. Más bien, podríamos decir que ha llevado la captura de las instituciones vascas a un nuevo término. 

El llamado cártel de consultoras no es sino un subproducto del nepotismo vasco que combinado con una larga década de austeridad, requería un nuevo arreglo político ante el vaciamiento de las administraciones y la merma de su burocracia. Así, las carencias institucionales creadas por el marco normativo del Estado neoliberal han sido remachadas a golpe de boletín oficial, desplazando ámbitos del poder político hacia el sector privado en lo que podríamos denominar una suerte de “gubernamentalidad licitadora”. 

Semejante proceso de neoliberalización no es exclusivo al País Vasco, pero este territorio cuenta con algunas características propias, consecuencia de un entramado institucional que es sin lugar a dudas el mayor factor diferencial de “lo vasco”. El reconocimiento de los Fueros y el Concierto Económico ha permitido a la oligarquía local construir un dique de contención ante las fuerzas centrípetas del capital global, permitiéndoles retener durante algún tiempo su cuota de poder y beneficio, en un lento declive desde los años gloriosos de la industria pesada. Digamos que la constitución del Estado de las Autonomías vino acompañado también de una plétora de empresas cuya única misión era capturar los primeros contratos públicos del café para todos.

El expediente abierto por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) ha reabierto el debate sobre las leyes motrices que guían la gestión política jeltzale. La impune manipulación de contratos por parte de un cártel de consultoras revela que la antigualla oligárquica regional opera mediante esquemas de dudosa legalidad, dejando a la Fiscalía la patata caliente de investigar si debe sumarse un caso más de corrupción al historial del Partido Nacionalista Vasco. Tanto el contenido de la investigación del organismo de competencia como las pesquisas que ha llevado a cabo Hordago-El Salto muestran que este castillo de naipes, la cosa vasca, cada vez hace más aguas.

Encerrados en la lógica externalizadora tras la crisis

La Gran Recesión de 2008 supuso la sumisión intelectual definitiva de los estatistas vascos al poder de las consultoras. Era un momento de enorme confusión, la economía de mercado había faltado a todas sus promesas de prosperidad, los dirigentes políticos no sabían muy bien cómo actuar o qué nuevos eslóganes ofrecer para preservar su legitimidad. En aquel año, según los datos de la CNMC, un municipio del tamaño de Zierbana (1.351 habitantes) se podía gastar 25.000 euros para que una empresa estrechamente ligada al PNV (97S&F) redactara un “informe-reflexión estratégica para propiciar el desarrollo socio-económico” de la zona. Al mismo tiempo, la Diputación de Álava gastaba 69.600 euros para que Deloitte, en un contrato amañado, realizara diversos trabajos para algo tan anodino como “la logística del proceso de contacto con agentes socioeconómicos del Territorio Histórico”. De repente, hasta la más mínima función pública era susceptible de ser externalizada.

Los contratos recabados nos hablan de la conquista corporativa de las administraciones por parte de las consultoras y de la forma más elevada del clientelismo vasco

De ello dan cuenta las más de 300 páginas del expediente realizado por el organismo de competencia, el cual apunta hacia al menos una década de amaños en donde las administraciones ofrecían a las firmas de consultoría del cártel contratos para la creación de planes y estrategias públicas, dándoles la oportunidad de adjudicarse estas licitaciones sin que ninguna otra empresa pudiera siquiera participar o tener conocimiento de ello. Varias docenas de millones del erario público licitados de manera fraudulenta que se deben poner en el contexto de los casi 220 millones de euros que las administraciones vascas han adjudicado a estas empresas en un total de 837 contratos.

Muchos de ellos ocurrían mientras la CNMC llevaba a cabo diversas inspecciones en las sedes de estas empresas ante las fundadas sospechas de que existían acuerdos orquestados para repartirse contratos e intercambiar información con la administración pública. Aquello fue en octubre de 2018. Cuatro meses más tarde, en 2019, este organismo abrió un expediente sancionador contra 25 empresas de consultoría y ocho de sus directivos. Desde esa fecha, de acuerdo a los datos hechos públicos en la plataforma de contratación de Euskadi, las instituciones vascas adjudicaron 421 contratos por valor de 76.1 millones de euros a las consultoras del “cártel norte”. Buena parte de los cuales han sido contratos menores, cuya elección es completamente discrecional. 

Esta cifra permite vislumbrar la enorme dependencia institucional sobre el cártel de consultoras. De hecho, el rumbo de las políticas públicas que debían haber paliado los efectos de la crisis económica se entregaron a consultoras afines a simpatizantes del Partido Nacionalista Vasco. ¿Desaceleración industrial debido a la competencia intercapitalista mundial? La Diputación Foral responde “asistencia técnica y consultoría Plan de Diseño Industrial 2012-2015 de Bizkaia.” De nuevo, Deloitte fue la adjudicataria por un importe de 40.000 euros.

¿La tasa de paro juvenil se dispara 12 puntos en Euskadi, hasta el 42,68%? Un contrato de 70.210 euros a Deloitte para la “Asistencia Técnica y Consultoría para el Diseño y Análisis de escenarios de modelos de relación de LANBIDE”. También se delegó la “reactivación del Empleo [en] 2013- 2016” a Deloitte, quien recibió 35.000 euros. Posteriormente, esta empresa se adjudicó el seguimiento y la evaluación de varios instrumentos de planificación: el Plan de Empleo 2014-2016 y la Estrategia Vasca de Empleo 2011-2014. En 2015, otra “Asistencia técnica del seguimiento y evaluación del plan de empleo” se la adjudicaron, esta vez a 97 S&F, por un valor de 33.950 euros. También corrió esa suerte el “Plan Operativo de Acción 2025 para reducir la brecha salarial en Euskadi” por 48.400 euros a 97 S&F. 

En este desenfreno externalizador, más centrado en servir al lucro de las consultoras que ha responder al mandato democrático que le ha entregado la sociedad vasca, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales ha externalizado hasta 1.3 millones para delegar a empresas privadas todo tipo de funciones públicas, como los planes de empleo joven. Deloitte se adjudicó el contrato más cuantioso: 134.310 euros para la “Programación, seguimiento y evaluación del IV Gazte Plana”. La mayoría de estrategias fueron externalizadas, y pocas fueron diseñadas desde el propio Gobierno Vasco. Por ejemplo, el “Plan Estratégico de Empleo 2017-2020” se licitó por un valor de 65.000 euros a 97 S&F.

La falta de imaginación institucional de las Diputaciones

Hace tiempo que una certeza barrunta a los políticos vascos: el único plan es que no hay plan. O, mejor dicho, las estrategias forales han sido diseñadas por los testaferros de los beneficios corporativos. Asesores que redactan planes públicos para favorecer los intereses de las firmas de consultoría, pero también los de sus clientes, grandes empresas vascas y españolas. Teniendo en cuenta los datos presentes en la plataforma de contratación, en la cual no se publican todos los datos forales, la Diputación de Bizkaia habría entregado 8.7 millones a las firmas del cártel desde 2017. Por el contrario, la cifra externalizada por Álava ascendería a casi un millón y la de Gipuzkoa a 5.3 millones de euros. Estamos ante instituciones que entienden la soberanía como una autoridad que no se le confiere a un cuerpo político, sino a unos cuantos consultores de poca monta.

Este proceso de delegación de funciones públicas se ha puesto de manifiesto aún si cabe de manera más clara durante la pandemia. El Área del Diputado General de Gipuzkoa ha adjudicado tres contratos por casi 200.000 euros a Bmasi, cuyo administrador principal es uno de los instigadores del cártel, Sabin Azua, para realizar tareas como “la consultoría para el desarrollo de la competitividad post-pandemia” o “la asistencia técnica para identificar los cambios post-covid y reflexionar sobre su actuación”. Una mezcla entre falta de imaginación y una obsesión compulsiva por externalizar funciones públicas explican estos contratos que también cayeron en manos de Azua, hermano del ex-Vicelehendakari Jon Azua y antiguo asesor de la Hacienda foral vizcaína. Otro nombre inquietante es el de su tercer hermano, Iñaki Azua, quien tuvo que dimitir de Elkargi (la institución financiera que insufla crédito garantizado por el Gobierno Vasco al tejido empresarial) porque la consultora para la que trabajaba también había sido sancionada por amañar licitaciones: Uliker, con 11.040 euros, cuya matriz es PKF Attest, de donde Azua era responsable del área de Consultoría Estratégica, y a quien la CNMC también incoó en primera instancia. NEIKER, el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, suma 26 contratos externalizados por valor de 216.000 euros desde 2008. Todos con estas dos consultoras, vinculadas a Iñaki Azua.

Incapaces de imaginar otra forma de hacer política más allá de estas subcontrataciones, las Diputaciones han tratado de blanquear esta práctica con discursos sobre el emprendimiento. Por ejemplo, BEAZ, la entidad pública de la Diputación de Bizkaia creada para “dar soporte a emprendedores y empresas en la búsqueda de nuevos proyectos”, ha pagado 25 millones de euros para la “concesión de servicios para la dirección y gestión del Centro Internacional de Emprendimiento de Bizkaia.” Pricewaterhousecoopers, una empresa que lo más creativo que ha impulsado en Euskadi es un cártel, se lucra fomentando la cultura del emprendimiento en un edificio que cuenta con un Primark de cinco pisos. Más que un ente público, BEAZ es algo así como un catalizador de dinero público hacia una empresa que ha sido multada con 670.000 euros. De hecho, este ente le adjudicó casi la mitad de esa cifra a PwC por realizar un servicio de apoyo a la aceleración de empresas de Bizkaia. 

Entre los hits externalizados a esta empresa por la Diputación destaca la “Caracterización de la cadena de valor e identificación de nichos de oportunidad en la Silver Economy en Bizkaia”. Este es un eufemismo para la creación de una economía basada en mercantilizar las necesidades de los mayores de 50 años (de ahí el término Silver) y financiarizar la jubilación de los mayores vascos, extendiendo las jerarquías sociales hacia las edades adultas. Estas lógicas de desposesión intergeneracionales son fácilmente extensibles hacia los fondos 'Next Generation', entre cuyas partidas aparece la creación del llamado Nagusi Intelligence Center en Bizkaia, especializado precisamente en la Silver Economy.

El hype del Estado emprendedor y los fondos 'Next Generation'

La forma en que los líderes jeltzales lidian con su degradación política y su falta de imaginación institucional suele pasar por enarbolar discursos grandilocuentes sobre el rol del Estado. Ello ha ocurrido de manera aún más notable durante la pandemia: tanto el Gobierno Vasco como la Diputación de Bizkaia se han presentado como una suerte de Estado emprendedor que dirige la innovación desde el sector público a fin de que las empresas privadas de la región sean más competitivas en los mercados internacionales y así se produzca un retorno público de valor. En la práctica, los contratos recabados por Hordago-El Salto nos hablan de la conquista corporativa de las administraciones por parte de las consultoras y de la forma más elevada del clientelismo vasco. También ilustran cuál será el devenir del dinero que llegue —administrado por el Estado español— desde Bruselas.

Entre los ejemplos más palmarios están la Estrategia vasca de Crecimiento sostenible en el  marco de los fondos 'Next Generation', que fue entregada a PricewaterhouseCoopers por 17.000 euros desde Lehendakaritza, los 17.545 que le adjudicó la SPRI a esta misma empresa para la “identificación de proyectos Next Generation UE” o una cantidad similar que el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario adjudicó a PwC bajo el concepto de “asistencia técnica para la definición de proyectos y elaboración de la documentación necesaria para optar a fondos de reconstrucción.” Hasta qué punto podrá probarse esta afirmación que “Asistencia Técnica” es el leitmotiv bajo el que se han firmado 150 externalizaciones en Euskadi con el objetivo tácito de entregar a las consultoras las funciones gubernamentales.

Ciertamente, el Departamento que dirige Arantxa Tapia tiene un papel preponderante en la ideología que preconizan los fondos 'Next Generation' de la Unión Europea. Además de las múltiples atribuciones de este Departamento Frankenstein, que ha sumado a la Dirección de Desarrollo Económico las relativas a la Sostenibilidad y Medioambiente (léase aquí capitalismo verde y transición energética), el elevado número de empresas públicas como la SPRI que dependen del mismo le da una mayor margen de maniobra. Este Departamento sería quien dicte el devenir de la economía vasca y, como no podía ser de otra forma, de la mano de las grandes consultoras. Por ejemplo, a nadie se le escapa el peso que ha adquirido todo lo relativo al “emprendimiento” en las últimas décadas. Ese imaginario descrito en el que un excéntrico personaje trabaja en su garaje hasta que cuaja la idea del millón de dólares. Un personaje que, evidentemente, sólo existe en la última variante del sueño americano, pero aún así ha conseguido empapar nuestras políticas públicas.

En este contexto debemos comprender que el Gobierno Vasco haya impulsado numerosos “planes de emprendimiento” basados en las premisas del modelo anglosajón de desarrollo tecnológico, donde la única forma de innovación es la que facilitan las famosas “startups”: canalizar dinero al sector privado, sea desde el sector público o el mercado de valores. Ahora bien, ¿quién se ha encargado de convertir esta ideología de origen californiano en un plan público? Los servicios de asistencia técnica para “el plan interinstitucional de emprendimiento” han sido adjudicados sistemáticamente a Bmasi, la firma de Sabin Azua. Lo fue para el periodo 2017-2020 por un valor de 217.800 euros, para el año 2020 por un monto de 187.550 y también para el recientemente presentado plan que estará en vigor hasta el año 2025 por un cantidad de 90.000 euros. A las políticas diseñadas por esta empresa deben añadirse los planes de intraemprendimiento de la SPRI y los equivalentes forales. Ante un ejemplo tan evidente cabe hacerse alguna pregunta: ¿en manos de quién están las decisiones para el fomento del emprendimiento?, ¿tiene el Gobierno Vasco agenda propia?, ¿está garantizada la libre concurrencia en los procesos de licitación pública o existe una forma sutil de reparto de contratos? 

Con mayoría absoluta en el Parlamento, el PNV ha externalizado muchas de sus funciones a las consultoras del cártel. ¿Es falta de inteligencia política o una praxis neoliberal centrada en desmantelar las funciones del Gobierno?

El área del Gobierno que dirige Arantxa Tapia no es la única que funciona así por defecto. Para el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, que ha protagonizado el último escándalo a este respecto, es más fácil desplazar dinero y poder público hacia empresas privadas que atajar los problemas de articulación territorial y vivienda. Ha externalizado una docena de planes por valor de 500.000 euros para que Idom y 97 S&F se hagan cargo de cuestiones como un “proceso de reflexión para la Agenda Urbana de Euskadi 2050”, o incluso para que estas firmas diseñen los “decreto vivienda deshabitada en la CAPV”. De nuevo, 97 S&F tomando decisiones políticas, menoscabando las capacidades de los funcionarios y cobrando altas sumas de dinero público por ello. Hablamos de una empresa dirigida por dos personas vinculadas con el PNV que formaron una sociedad en Panamá llamada Hub de las Américas. 

Otro dato que sostiene la argumentación de que el Estado emprendedor vasco es una tremenda farsa es que la Diputación de Bizkaia ha pagado la friolera de 500.000 euros a la celebre Mariana Mazzucato, para un proyecto que pretende la alineación fiscal de esta institución con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En lo que parece más un producto publicitario que un informe económico, el documento intenta acercar al País Vasco la citada tesis del Estado emprendedor de Mazzucato sin ninguna consistencia empírica. Este documento se compone de 40 páginas, aunque buena parte de estas las ocupa un anexo con los ODS. Cuestiones como las presentes en este acuerdo, “dirigir las finanzas hacia la sostenibilidad” o “la transformación institucional”, contrastan con la praxis neoliberal de los jeltzales en la trama de las consultoras: todo lo que tiene Euskadi de innovador es la capacidad de adaptación de las redes clientelares del poder vasco y su inventiva a la hora de cooptar los espacios de decisión colectiva.  

Dirigismo à la Urkullu

Más allá de narrativas sobre el Estado emprendedor, la ausencia real de una figura política pública que dirija la economía vasca resulta notable. No parece haber nadie a los mandos de Euskadi, lo cual queda patente en el hecho de que, durante el último mandato de Iñigo Urkullu, Lehendakaritza haya delegado 522.000 euros en 21 contratos a las consultoras del cártel norte. De hecho, una de las palabras más repetida entre los planes externalizados es “planificación”. Para una genealogía sobre la incapacidad política a la hora de pensar en cómo deben ser los organismos públicos en el siglo XXI da buena cuenta que haya sido delegada hasta la “asistencia técnica para la identificación y definición de recomendaciones de mejora de la gestión del entramado institucional vasco”. Contratado por Lehendakaritza en la era de Patxi López, este fue adjudicado a Deloitte por 60.000 euros, y lo hizo después de que las otras dos empresas (Bmasi y 97S&F) decidieran misteriosamente no hacer ofertas, según se desprende de los datos de la CNMC.

La desfachatez del séquito de tecnócratas del lehendakari Urkullu es tal que hasta han pagado 6.000 euros para elaborar un documento narrativo del modelo Basque Country, es decir, externalizar incluso la comunicación propagandística sobre su propia ideología. En total, casi 200.000 euros se han entregado a Idom y Deloitte en siete contratos para dar forma al proyecto Basque Country. Ahora bien, con mayoría absoluta en el Parlamento, ¿no tiene el PNV asesores suficientes?, ¿es falta de inteligencia política o una praxis neoliberal centrada en desmantelar las funciones del Gobierno que recorre cual neumonía la espina dorsal de Ajuria Enea? El hecho de entregar 21.778 para el “estudio de viabilidad para la creación del Premio Basque Country” da cuenta de lo segundo. Quién con unos dotes políticos mínimos gasta dinero para que una consultora te diga que sí, que es posible entregarle un premio a Emma Suárez durante la 65 edición del Zinemaldia. Pocas adjudicaciones tan metafóricas como esta para ilustrar el expolio público que este partido lleva a cabo.

Firmas de consultoría, nueva forma de tecnocracia

En efecto, estas firmas de consultoría gestionan muchas de las responsabilidades política del Gobierno Vasco. Desde Lehendakaritza hacia abajo en la cadena tecnocrática y las entidades dependientes, la remodelación institucional suele significar sustituir al cuerpo de funcionarios públicos por un grupo de consultores. Esta suerte de planes para adelgazar a las propias instituciones bandera de los políticos nacionalistas alcanzaron su máxima representación en contratos como los 54.000 euros adjudicados a Deloitte para un estudio sobre “la definición de un modelo de cálculo del coste efectivo de los servicios de las entidades locales”. ¿No es esta una constatación de que para el PNV el cuerpo político y los servicios públicos son entendidos como un coste?

La estrategia del Gobierno vasco para fomentar las educación pública es pedirle a dos empresas investigadas por manipular contratos que diseñen sus planes pedagógicos

La lógica tecnocrática que se ha establecido en Euskal Herria es la toma de decisiones desde arriba (consultoras y directores alineados con los intereses del PNV) hacia abajo (el plantel público). De hecho, esto es el gérmen ideológico que ha seguido el Departamento de Salud al entregar  44.770 euros a Bmasi para crear un programa de despliegue participativo entre todos los agentes implicados en el ámbito de la salud. Pareciera, además, que el Estado del bienestar en Euskadi es percibido como un coste que unas cuantas consultoras pueden optimizar, es decir, mercantilizar y privatizar. Así se entiende que el Departamento de Educación haya firmado dos contratos de exactamente 17.908 euros con Bmasi y Deloitte para algo tan etéreo e ideológico como “promover la especialización tecnológica y pedagógica del profesorado de formación profesional vinculados a la industria 4.0.” e, inmediatamente después, para la “elaboración de un estudio sobre la evolución del alumnado y las necesidades de plantilla del profesorado.” ¿Cuál es la estrategia del Gobierno Vasco para fomentar una educación pública de calidad? La respuesta es pedirle a dos empresas  investigadas por manipular contratos que diseñen los planes pedagógicos, es decir, que los adapten a la forma corporativa que impone la ideología neoliberal. Al parecer, los hombres de Urkullu son incapaces hasta de mercantilizar la educación por sí solos.

Esta alianza institucional público-privada explica la absurda lógica por la que se ha burocratizado aún más la gestión al tiempo que las instituciones han ido perdiendo peso. Estamos ante la licitación de las labores propias de una tecnocracia de consultores, quienes redactan los planes (en muchos casos, mediante la subcontratación de otras empresas o profesionales, además de su ejército de becarios) mientras los dirigentes de turno se presentan ante la opinión pública como grandes gestores del velero institucional vasco. Esto podría parecer eficiente, e incluso deseable, si no fuera porque el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha externalizado 4 millones de euros en 53 contratos de lo más variopinto en apenas un par de años, principalmente para que Indra e Idom saquen tajada de un Estado militarizado que invierte cada vez más en dopar las capacidades policiales.

Estos ejemplos nos sirven para remarcar el carácter de la gubernamentalidad vasca, bioproducto de un conjunto de factores determinados, algunos propios de la ideología neoliberal y otros de la propia idiosincrasia vasca. Sea como fuere, el resultado de inventar planes, estrategias y demás trámites burocráticos no es una mejor labor pública, sino dopar los beneficios de las consultoras, quienes amañaban contratos para drenar los recursos públicos en un momento donde las desigualdades no paraban de acrecentarse, como tampoco los recortes educativos o los techos al gasto sanitario. Desde el PNV se ha señalado que no tienen nada que ver con esta trama, pero lo cierto es que la externalización (a veces en forma de prácticas ilícitas, y otras amparados bajo la insuficiente ley de contratación del sector público) forma parte de su ADN. Y para ello no hace falta más que fijarse en esos eventos corporativos en donde intercambian promesas sobre los planes del futuro mientras comparten cócteles y canapés.

Una conclusión parece clara: esta trama no es una falla puntual del mercado libre, como pudiera expresar el expediente de la CNMC, sino que encuentra su fundamento en una extraña forma de caciquismo autoritario à la basque. Cuando la toma de decisiones política se encuentra más constreñida debido a factores de la economía global, como la austeridad, el Gobierno de Iñigo Urkullu ejerce la autolimitación a través de la delegación de toda función pública. Mediante la externalización, las consultoras del entorno peneuvista se convierten en los únicos autores de las voluntades políticas. Existen, a estas alturas, pocos visos de que un organismo fiscalizador pueda regular el mercado o garantizar las condiciones para que surja la competencia. Euskadi es un lugar desde el que se perciben las contradicciones del capitalismo global de una forma particular, pero también cuál es la única alternativa: superar total y definitivamente la forma mercantil y corporativa.