Consultoras
El modelo público-privado de Lanbide para adaptar la política de empleo a la patronal

Hace pocas semanas, el servicio vasco de empleo (Lanbide) acordó entregar un contrato de 1,3 millones de euros a Deloitte, la consultora más castigada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ( CNMC) de entre las 22 que formaron un cártel y manipularon contratos públicos. Se trata del contrato para “la identificación, definición, desarrollo detallado y apoyo a la implantación de la transformación organizativa” de Lanbide. La resolución de la CNMC mencionaba dos contratos de Lanbide adjudicados a Deloitte. Además, esta consultora ha sido contratada al menos en siete ocasiones para asesorías externas en torno a políticas de empleo y Lanbide entre los años 2013 y 2019.

Este es solo el último ejemplo de capitalismo de consultoría, un proceso donde los gestores del Gobierno Vasco delegan las funciones públicas a un grupo de firmas privadas, quienes después diseñan políticas adaptados a los deseos de la patronal.

Para enriquecer esta investigación sobre el enorme proceso de externalización, Hordago-El Salto ha analizado medio centenar de contratos relacionados con Lanbide y las estrategias de empleo acometidas por PNV y PSE. A tenor de este análisis, cinco consultoras investigadas en la actualidad por la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) y tres de las sancionadas en 2021 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se han adjudicado 12 contratos públicos por valor de 6,7 millones de euros —de los 12,4 millones externalizados por el PNV y el PSE— en el marco de la reforma de Lanbide, la Estrategia Vasca de Empleo 2030, la última reforma de la Ley sobre la Garantía de Ingresos y la reciente transferencia de la competencia del Ingreso Mínimo Vital. De hecho, el expediente de la CNMC mencionaba hasta seis contratos del Departamento de Empleo del Gobierno Vasco que habrían sido irregulares. Lejos de cambiar el modus operandi, el Gobierno Vasco ha seguido externalizando a firmas que están incumpliendo las leyes.

La Estrategia Vasca de Empleo 2030 fue aprobada en abril de 2021 por la Vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, cuyo partido, el PSE, fue muy crítico con la política de externalizaciones del PNV cuando Patxi López llegó a Lehendakaritza. La anterior estrategia había sido presentada en febrero del 2018 por la jelkide Beatriz Artolazabal, quien consideraba que “600 euros al mes garantiza una vida digna”. No obstante, tanto la antigua estrategia de empleo del PNV como la nueva del PSE comparten la misma estrategia de contratación de asesores externos en detrimento del sector público. Aunque no existen motivos para justificar este proceso de externalización: la Estrategia Vasca de Empleo 2030 cuenta con una Oficina Técnica para aportar asistencia a la adaptación a la nueva Ley del Sistema Vasco para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión, y a su vez, ofrecer asistencia a la transformación de Lanbide.

Estrategia de Empleo 2030: Teknei + Entelgy

Brevemente, la Estrategia Vasca de Empleo 2030 tiene como objetivo impulsar la transformación de Lanbide tanto a través de su Oficina Virtual como de su Oficina Estratégica, centrada en “proyectos de transformación digital para Lanbide”. La puesta en marcha de ambas oficinas tiene lugar mediante el plan Lanbide Hobetzen, que supone “un modelo de transformación y mejora del servicio público de empleo”, en palabras del Gobierno Vasco. Para lograrlo, el Consejo de Administración de Lanbide destacó expresamente “el papel esencial de quienes trabajan en el servicio público, con quienes se adquiere un compromiso manifiesto de información de cada medida a lo largo del proceso”.

No obstante, la realidad es distinta, pues ambos pilares del plan Lanbide Hobetzen se han desarrollado gracias a contratos adjudicados a dos consultoras investigadas desde la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) por integrar un cártel que se habría repartido contratos del Gobierno Vasco, específicamente de Lanbide. Esto es, los poderes públicos saben que consultores se reparten licitaciones y siguen entregándoles dinero. Dependen de ellos, en definitiva, para el ejercicio de sus funciones.

Por una parte, Teknei ha resultado ser la adjudicataria de varios contratos que ascienden a más de medio millón de euros para la puesta en marcha de la Oficina Virtual de Lanbide; uno de ellos, contempla la posibilidad de establecer dos prórrogas de un año que, en caso de producirse, elevarían el coste hasta 1,22 millones de euros.

De otro lado, Entelgy ha sido beneficiada con el segundo mayor contrato en importancia por su coste en el marco de Lanbide Hobetzen, en este caso para la puesta en marcha de la Oficina Estratégica de Lanbide. Se trata de un contrato que asciende a 999.460 euros. En este contrato cabe la posibilidad de una prórroga de un año con lo que el coste estimado ascendería a 1,65 millones de euros.

En el consejo de administración de la adjudicataria de los tres contratos para la Oficina Virtual, Teknei, encontramos a varias personalidades del PNV. En primer lugar, Joseba Lekube, quien ejerce tanto de consejero delegado de la firma como de presidente en la delegación extraterritorial del PNV en México, país en el que ejerció de director general de Indra. En el consejo de administración de la consultora informática también figura como secretario el abogado Joanes Labayen, esposo de la presidenta del Parlamento Vasco Bakartxo Tejeria, que actualmente engrosa las filas de Cuatrecasas. También encontramos en el consejo de Teknei a dos personalidades más del partido como Xabier Aguiriano, exmiembro de la Asamblea Nacional del PNV, cuyo nombre figura en la querella por el “caso Bidegi”, y José Carlos Ibarzabal, exedil jeltzale en el consistorio de Zumarraga.

La adjudicataria del contrato de la Oficina Estratégica, Entelgy, tampoco es ajena a personalidades del PNV. Joseba Intxaurraga, exsecretario general de la vicepresidencia del Gobierno Vasco, fue también vicepresidente de Entelgy Ibai. Por entonces, Intxaurraga vicepresidía Entelgy Ibai Consulting, en cuyo consejo ejercía de secretaria Maitane Leizaola, en la actualidad directora del gabinete del Diputado General de Bizkaia.

Uno de los últimos contratos licitados este año por Lanbide tiene por objeto el “mantenimiento evolutivo y soporte a la tramitación digital de expedientes”. El presupuesto del contrato sin IVA asciende a 742.500 euros y su adjudicatario ha resultado ser Ibermática, consultora que junto a Teknei y Entelgy está siendo investigada por la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC).

Se trata de una consultora que estuvo dirigida entre los años 1995 y 2013 por José Luis Larrea, consejero de Hacienda del Gobierno Vasco entre 1991 y 1995. Poco antes, los servicios de “mantenimiento evolutivo del gestor de recursos generales de Lanbide (KUDELAN)”, un contrato con un presupuesto de 110.000 euros, se habían adjudicado a Deusto Sistemas del grupo Deusto Seidor, otra consultora investigada por la AVC.

Panamá: 17 contratos de asesoría en cinco años

Respecto al asesoramiento y la redacción final del consenso en torno a la Estrategia Vasca de Empleo 2030, el Gobierno Vasco adjudicó un contrato de 44.000 euros a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Enplegubide. Detrás de la denominación de esta UTE, conformada por dos empresas, encontramos a la famosa consultora 97 S&F. Aunque el expediente sancionador de la CNMC contra el cártel de consultoras ya mencionaba la adjudicación a esta consultora del contrato de seguimiento y la evaluación de la Estrategia Vasca de Empleo 2011-2014 como un ejemplo de manipulación de contratos, el Gobierno Vasco ha vuelto a contratar a 97 S&F para asesorarle en la Estrategia Vasca de Empleo 2030.

La consultora también fue adjudicataria del contrato para “la asistencia técnica para la elaboración de la Estrategia Vasca de Empleo 2015-2020”, en este caso por 53.240 euros. En total, 97 S&F ha sido contratada al menos en 17 ocasiones para asesorías externas en torno a políticas de empleo y Lanbide entre los años 2014 y 2019.

Pedro Altamira, fundador de la consultora y exalto cargo de la Ertzaintza, Leandro Ardanza, representante de la consultora, y Carlos Lambarri, exviceconsejero de Hacienda del Gobierno Vasco, constituyeron en 2003 la sociedad panameña Hub de las Américas SA.

PwC en la reforma de la RGI

Pero 97 S&F no es la única firma del cártel de las consultoras beneficiada por la Consejería de Idoia Mendia. El servicio de consultoría para la asistencia técnica en la formulación estratégica de Lanbide Hobetzen fue adjudicado por 18.137 euros a PWC, consultora también sancionada por la CNMC como miembro del cártel de las consultoras que trabajaban para la Administración Pública Vasca.

Entre los años 2017 y 2022, el Gobierno Vasco también ha dejado en manos de PwC, considerada por sindicatos y oposición política un adalid de las políticas neoliberales de la patronal Confebask, el asesoramiento para la nueva Ley vasca sobre la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social (RGI), cuya reforma fue aprobada en mayo pasado. Se trata de dos contratos de asesoramiento que suman 92.927 euros. La Vicelehendakari y Consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, destacaba hace pocos meses que “el sistema vasco de protección ha sido nuestra mejor inversión social en los últimos treinta años”, y que “el compromiso modernizador” de este proyecto se realizó en un periodo de recuperación tras la crisis financiera. Sacando pecho, añadía que “su redacción se ha producido en medio de todas las incertidumbres generadas por la crisis pandémica. Y  la aprobamos en el Gobierno en medio de nuevas amenazas para nuestro sistema de bienestar”. 

Entre los años 2017 y 2022, el Gobierno Vasco ha dejado en manos de PwC, considerada por sindicatos y oposición política un adalid de las políticas neoliberales de Confebask, el asesoramiento para la nueva Ley vasca sobre la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social (RGI)

Ahora bien, este proyecto no contó con amplios consensos. EH Bildu y Elkarrekin Podemos solicitaron la retirada de la proposición de ley de reforma de la RGI, pero finalmente fue admitida a trámite gracias a la abstención del PP, cuyos líderes habían manifestado en el pasado que los “inmigrantes” vivían de la RGI y no querían “trabajar” e “integrarse”. La reforma de la RGI planteada por la jelkide Beatriz Artolazabal en 2018 fue pospuesta por la falta de apoyo de la oposición, tras varias reformas restrictivas que se remontaban al 2011 y habían contado con el apoyo del PP. Más de un centenar de organizaciones, entre ellas varias asociaciones, fundaciones y sindicatos, entregaron una carta al lehendakari para mostrar su preocupación por el proyecto de reforma planteado por Artolazabal. Recientemente, los sindicatos ELA y LAB declinaron estar presentes en el Consejo de Administración de Lanbide.

La “zona norte” de la consultora PwC, adjudicataria de tres contratos en el marco de Lanbide Hobetzen y la reforma de la Ley vasca sobre la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, está dirigida por el exburukide Asier Atutxa, en compañía de Javier Urizarbarrena, exdiputado de Hacienda de Bizkaia en representación del PNV, y de Aitor Soloeta, exconcejal del PNV y exdirector general de Hacienda de Bizkaia.

Cabe añadir que PwC no estaba sola en esta hazaña. Los “servicios de asistencia técnica para el desarrollo de las labores auxiliares para la planificación estratégica de la implantación de la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión” también fueron externalizados, en este caso por 17.847 euros a Ikei Research & Consultancy. Esta consultora, cuyo primer director general fue Ignacio María Echeberria, exdiputado del PNV, figura en los Paradise Papers.

Incluso Iñaki Barredo, viceconsejero de Economía y Fondos Europeos en el Gobierno Vasco, se formó como consultor en Ikei antes de dirigir la consultora Naider hasta 2021. María Teresa Martínez Granado, directora de Activación Laboral de Lanbide, también trabajó en Naider entre los años 2007 y 2020. Naider e Ikei licitaron por el contrato de asistencia a la Estrategia Vasca de Empleo 2030 que fue adjudicado a la ya citada UTE Enplegubide. Todo queda en casa.

El contratazo de Lanbide

El Gobierno central ha permitido que todas estas lógicas tuvieran lugar. Tras la amenaza del PNV con una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales de 2022 si Pedro Sánchez y sus socios no transferían la competencia sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el “servicio de mantenimiento y evolución de los sistemas de gestión de la Renta de Garantía de Ingresos, de la Prestación Complementaria de Vivienda y del Ingreso Mínimo Vital” fue adjudicado por 1.489.730 euros a LKS.

Esta consultora también se hizo con el último contrato de “asistencia técnica informática en la implantación del sistema inicial de gestión del Ingreso Mínimo Vital para Lanbide” por 197.908 euros y ha sido adjudicataria de otros dos contratos en torno a las prestaciones de la Renta de Garantía de Ingresos en los últimos años.

Un exviceconsejero del Gobierno Vasco, Joseba Bilbao, ejerce ahora como director de desarrollo de negocio de LKS, también adjudicataria del “mantenimiento correctivo, perfectivo y evolutivo de los sistemas de información de gestión de la Renta de Garantía de Ingresos” en 2018 por 1.321.320 euros y en 2016 por 838.530 euros.

Las licitaciones relativas a la descarga de tareas públicas se vieron reforzadas con un contrato para externalizar hasta la “asistencia técnica jurídica y diseñar la estructura de colaboración público-privada” en Lanbide, adjudicado al bufete Uría Menéndez Abogados por 18.029 euros

Otra consultora, Indra, es la adjudicataria de dos contratos para “estudiar la normativa que regula el Ingreso Mínimo Vital y analizar las implicaciones en la gestión de RGI” y del último “servicio de mejora en los sistemas de gestión, seguimiento y control de las prestaciones de la Renta de Garantía de Ingresos y de la Prestación Complementaria de Vivienda”. La suma total de ambos asciende a 98.621 euros.

En 2012, Idoia Mendia, entonces consejera de Justicia del Gobierno encabezado por el socialista Patxi López, denunció una trama de irregularidades en adjudicaciones del PNV a Indra, adjudicataria de otros tres contratos en torno a las prestaciones de la Renta de Garantía de Ingresos en los últimos años. 

El bucle jeltzale de la externalización

Alguien pudiera pensar que el bucle de la externalización en la reforma de Lanbide termina en la delegación de funciones públicas a las consultoras, pero hasta la tarea de planificar el proceso técnico y jurídico de las burocracias públicas vascas puede externalizarse. De ello da cuenta el contrato de “consultoría para el análisis de las necesidades de licitación derivadas del proyecto Lanbide Hobetzen”, adjudicado por 17.968,5 a Loc Consulting. Se trata de una empresa administrada por Francisco Javier Aguirregabiria, director general del grupo privado sanitario IMQ-Igurco, cuyo director de operaciones es el exburukide Iñaki Isasi.

Según Gara, las partidas destinadas por el Gobierno de Lakua a servicios exteriores de profesionales independientes crecieron un  63,2% desde 2017 a 2021

Para más inri, las licitaciones relativas a la descarga de tareas públicas se vieron reforzadas con otro contrato para externalizar hasta la “asistencia técnica jurídica y diseñar la estructura de colaboración público-privada” en Lanbide, adjudicado al bufete Uría Menéndez Abogados por 18.029 euros. La delegación bilbaína del bufete está encabezada por Javier Balza, exconsejero de Seguridad del Gobierno Vasco.

Resulta importante citar una característica sobre el capitalismo de consultoría vasco: los expertos que sustituyen a los cargos públicos electos son antiguos miembros de la burocracia que, como hemos visto, en muchos casos han cruzado la puerta giratoria. A este respecto, un análisis realizado por Gara señalaba que las partidas destinadas por el Gobierno de Lakua a servicios exteriores de profesionales independientes crecieron un  63,2% desde 2017 a 2021.

Las externalizaciones para la reforma de Lanbide comenzaron años atrás. Según informaciones publicadas por El Mundo, antes de abandonar su cargo de máximo responsable de Lanbide, el jelkide Borja Belandia aprobó la extensión de un contrato de asesoramiento para la reforma de Lanbide. Ocurrió cinco días después de las elecciones del pasado 12 de julio del año 2020. En otras palabras, la ampliación a 2021 se produjo cuando al contrato aún le quedaban cinco meses de vigencia. En ese momento, PNV y PSE comenzaban a negociar un segundo pacto de gobierno en el que se daba por hecho la presencia de Idoia Mendia. El equipo de Mendia, al tener conocimiento de este contrato heredado, encargó un informe jurídico y renegoció con la asesora su disolución con una indemnización cercana a los 15.000 euros.

El Departamento de Empleo había pagado entre 2017 y 2020 un total de 498.829 euros a la consultora María Mutuberria Zabala para que hiciera las labores de asesora en la transformación del Servicio de Empleo Público Vasco. Mutuberria ganó la adjudicación frente a Deloitte por la ventaja obtenida en los puntos obtenidos en los denominados “juicios de valor”.

A tenor de los documentos a los que ha tenido acceso Hordago-El Salto, Mutuberria ya había asesorado por 107.743,40 euros a Lanbide en 2014 y 2015 a través de la empresa Xu Bider Yoy Asesores, en la que era una de las tres socias. Hasta el año 2012, uno de los socios de esta empresa había sido Joseba Bilbao, exviceconsejero del Gobierno Vasco. En la actualidad, ejerce como director de desarrollo de negocio de LKS.

En 2016, el entonces viceconsejero de Empleo del Gobierno Vasco, José Andrés Blasco, recolocado más tarde como asesor en el Departamento de Justicia, afirmó que “a mis hijos ni se les ocurre buscar trabajo en Lanbide”. Al parecer, las consultoras sí que han encontrado un nicho de trabajo en Lanbide.