Comunidad de Madrid
El profesorado madrileño denuncia el “extremo deterioro físico” de los centros educativos

Las rebajas presupuestarias impulsadas desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso están precipitando a la educación madrileña a la asfixia. Así lo aseguran las integrantes de la plataforma Menos Lectivas, que hoy han estallado contra la precarización de la enseñanza pública en la Comunidad de Madrid. Este jueves, las docentes en lucha han decidido canalizar sus reivindicaciones a través de una campaña que pretende exhibir las condiciones “míseras” de deterioro físico que sufren a día de hoy decenas de institutos, colegios y universidades. 

Como pretenden evidenciar, las políticas austericidas del Gobierno regional se manifiestan a muy distintos niveles y merman día tras día la calidad de la docencia. Ana Vicenti, miembro de la Plataforma y profesora de secundaria en el IES Mariano José de Larra, de Aluche, indica a este medio que muchos de los daños que sufren las infraestructuras en el interior de las aulas “hacen que tengamos que enfrentarnos a situaciones cada vez más insoportables”: techos que se caen encima, pasillos inundados por goteras, aulas en las que dar clase se convierte en un “verdadero infierno” cuando no funciona la calefacción y un largo etcétera de desperfectos de los que nadie se hace cargo. 

“La Consejería de Educación nos impone unas condiciones que desde luego no tiene el alumnado de la concertada y la privada”, subraya una profesora

“Que los edificios estén dañados nos afecta de muchas maneras, desde tener una limitación de espacio, pasar frío, estar respirando humedad que puede tener gravísimos problemas, que los espacios no estén en condiciones para que podamos dar clase bien”, señala con preocupación la maestra. Desde que en su colegio quitaron el gimnasio para realizar unas obras que ni han llegado siquiera a iniciarse, los profesores de educación física deben dar clase en un patio cuyas pistas no están preparadas para el deporte. “Las pistas están con agujeros en el suelo y hay bordillos donde los niños se pueden caer y abrir la cabeza”, asevera. Por todo ello, la campaña persigue, además de hacer llegar sus requerimientos a la CAM, “que la ciudadanía que no está en estos centros, se haga una idea de cómo estamos teniendo que trabajar y que aprender en unas condiciones así. La Consejería de Educación nos impone unas condiciones que desde luego no tiene el alumnado de la concertada y la privada”, subraya.

“Debe entenderse que nuestras condiciones de trabajo son las condiciones de aprendizaje de nuestro alumnado”

Izaskun Aroca Sánchez Irene Muñoz

Educación pública

Michelle Gunderson “Debe entenderse que nuestras condiciones de trabajo son las condiciones de aprendizaje de nuestro alumnado”

Izaskun Aroca Sánchez ,  Irene Muñoz

Michelle Gunderson, maestra durante 34 años en la escuela pública de Chicago, fue una de las impulsoras de un movimiento que llevo a dos huelgas históricas, en 2012 y 2019, para conseguir nuevos derechos y mejora de las condiciones laborales

Comparte su diagnóstico Nicolás Monterde, miembro del Movimiento Estudiantil de las Universidades y estudiante de la UCM. A su juicio, el depauperamiento de las estructuras lleva percibiéndose desde hace años también en las universidades públicas. En concreto, hace referencia a la situación “crítica” de su facultad, la de Geografía e Historia: “Está constantemente lleno de goteras. Es un edificio cada vez más envejecido, hace un par de años la gente tenía que entrar con mantas por el frío que hacía en invierno. La luz de repente se va en las clases; las sillas, los pupitres deben de tener 30 o 40 años y se caen a cachos”. El desvío de fondos públicos hacia entidades privadas redunda también en los ritmos de la educación y en las condiciones de los trabajadores. “Unos compañeros de veterinaria no podían hacer bien las pruebas que tenían que hacer a final de curso porque faltaba material pero también por falta de profesorado y esto pasa en tantas otras facultades y clases y cualquier estudiante eso lo puede notar”, destaca el estudiante. 

Además, las instituciones académicas cuentan cada día con menos dotaciones económicas destinada a materiales como libros o recursos digitales. La semana pasada, la Plataforma UCM por la Pública denunciaba que la Biblioteca de Filosofía de la Complutense no adquiriría nuevos libros porque se había suspendido la compra de ejemplares por “falta de presupuesto”. “Esto supone un ataque a la investigación, pero también a la docencia y al pilar de garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a los recursos necesarios para formarse”, enfatiza Ana Uhía, integrante de CGT UCM y de UCM por la Pública y quien actualmente realiza una investigación predoctoral en esta Facultad. Hoy, teme que las universidades corran la misma suerte que la malparada Sanidad madrileña. “Sabemos en qué dirección van estos recortes, hay que revertir la situación y por eso es importante que nos empecemos a organizar”, indica. 

La Comunidad de Madrid, pese a ser la que mayor PIB tiene del Estado, es la que menos dinero destina por estudiante, un 21% menos, aseguran desde la Plataforma UCM por la Pública

Déficit presupuestario y trabas a la organización estudiantil

Las universidades han experimentado recortes presupuestarios de hasta un 34,9% desde 2009, tendencia que va en aumento a pesar de las constantes protestas de estudiantes y maestras. La Comunidad de Madrid, pese a ser la que mayor PIB tiene del Estado, es la que menos dinero destina por estudiante, un 21% menos, tal y como aseguran desde la Plataforma UCM por la Pública. Desde esta entidad alegan que todo ello repercute directamente  “no sólo en la calidad y mantenimiento de infraestructura, sino también en las condiciones laborales del profesorado y conjunto de trabajadores de las universidades”. 

Indignado ante la pasividad de las administraciones públicas frente a todos los problemas que aquejan al entorno académico, Monterde protagonizó este martes 11 de febrero, junto a sus compañeros de Plataforma UCM por la Pública, un escrache contra la presidenta madrileña en la Facultad de Medicina. La UCM había organizado un acto para nombrar a Díaz Ayuso  “Académica de Honor”, lo que encendió una vez más la rabia de las estudiantes, víctimas de las políticas privatizadoras del Consistorio. El pasado mes de noviembre, los rectores de las seis universidades públicas de Madrid denunciaron, a través de una carta abierta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, la “insostenibilidad económica del sistema para garantizar la calidad del servicio público”.

Un grupo de estudiantes protesta ante Ayuso por la concesión de otro título de honor en la Complutense

Sara Plaza Casares

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Comunidad de Madrid

Universidad en lucha Un grupo de estudiantes protesta ante Ayuso por la concesión de otro título de honor en la Complutense

Sara Plaza Casares

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La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido nombrada Académica de Honor por la Academia Médico-Quirúrgica Española. El estudiantado ha irrumpido en el acto para recordar que su gobierno es el que menos invierte en universidad del Estado.

Para los integrantes del Movimiento Estudiantil y Menos Lectivas, la falta de presupuesto entronca dentro del modelo productivista de enseñanza que se quiere impulsar desde el Gobierno: “Se trata de un esquema empresarial de universidad, que busca la productividad y sobre todo la rentabilidad privada antes que el bienestar social y la creación científica decente”. En aras de consolidar este modelo, la Comunidad de Madrid ha implantado todo un aparato legislativo que, a juicio de muchos colectivos estudiantiles, reduce su capacidad de autoorganización política. La polémica ley de Universidades es quizás la más denostada por parte de las asociaciones combativas: “Estas leyes lo que van a hacer es limitar la protesta estudiantil, socavar la capacidad de los estudiantes de organizarse y tener autonomía a espacios propios”. El 23 de febrero se ha programado una marcha contra esta ley y su deriva privatizadora, que “pone ya en tela de juicio la propia viabilidad de las universidades públicas”.

Menos Lectivas lleva meses convocando distintas movilizaciones contra los recortes efectuados desde 2011. El 29 de octubre y el 21 de noviembre pasados, apoyadas por el sindicato CGT, pusieron en marcha dos jornadas de huelga y una manifestación para demandar medidas de cara a mejorar las condiciones del profesorado. Éstas incluyen una reducción de la jornada lectiva de 25 a 23 horas  en Infantil y Primaria, la disminución de ratios en las aulas, la equiparación salarial y un incremento en la contratación de docentes, además de modificaciones en los horarios. Desde entonces, las protestantes no sólo sienten que sus reivindicaciones han caído en saco roto sino que arremeten contra la “falta de interlocución permanente” de las instituciones.