Educación pública
El próximo curso en Andalucía comenzará con 525 clases públicas menos

Durante el mes de marzo, las familias andaluzas comienzan el proceso de matriculación de sus hijas e hijos en las escuelas públicas andaluzas para el próximo curso. Un curso, el 2025/2026, que, como señalan desde el sindicato educativo USTEA, comenzará con un recorte de 525 aulas en todo el territorio, una práctica común en los años que lleva al frente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno Bonilla. Unos recortes que, como explican desde la organización, no afectan a la educación concertada: “La enseñanza concertada continúa su avance, manteniendo e incluso aumentando sus aulas, también en Bachillerato”.

El recorte se produce en todas las provincias, según señala USTEA: en Huelva se han suprimido un total de 56 aulas, en Almería 30, en Córdoba 35, en Cádiz 17 y 163 en Sevilla. En Granada, entre decenas de aulas perdidas en la capital se pierde una línea el colegio Jardín de la Reina y también el IES Mariana de Pineda pierde dos líneas en la ESO. En la misma línea, en la provincia de Jaén, se pierden líneas en centros educativos de la capital como Linares, Torreperogil, Torredonjimeno y Úbeda. En Málaga, las localidades más afectadas por los recortes son Nerja y Torremolinos.

La Junta de Andalucía justifica muchos de los cierres en aulas públicas con la baja natalidad, un argumento que Ustea considera falso: “La eliminación sistemática de unidades solo la sufre la pública, es un modelo ideológico de la Junta de Andalucía”, explican. El colectivo expone que en Córdoba se han eliminado 300 plazas de matriculación en educación infantil, mientras que la educación concertada solo ha perdido seis plazas.

Ustea calcula que, con las 525 aulas menos que se proyectan para el curso que viene, el recorte de líneas en la educación pública implementado por el gobierno de Moreno Bonilla desde 2019 supondría un total de 3.000 clases menos en toda Andalucía. “Estas cifras contrastan con los datos de la enseñanza privada concertada que mantiene intacto su número de aulas, como ha publicado en este mes la administración”, afirman desde el sindicato.

Además, no solo se trata del cierre de las aulas, sino también de una falta de inversión en las infraestructuras, como el ejemplo del CEIP Menéndez Pidal en la localidad sevillana de Tocina, donde el centro se queda sin luz de forma continuada y el alumnado ha comenzado a ir con cascos de obras para denunciar la situación, o el CEIP Andalucía, en Linares (Jaén), que en octubre de 2024 suspendió sus clases debido al derrumbe de parte de su techo.

La consejera de educación, Carmen Castillo, sigue defendiendo el modelo de privatizaciones de la Junta de Andalucía en la educación, alegando “el éxito del modelo andaluz de colaboración público-privada”

La falta de inversión afecta además a servicios tan esenciales como la limpieza de los centros. A principios de marzo, CC OO denunciaba que la Junta de Andalucía no está pagando a más de 60 limpiadoras de centros educativos y que, además, estas trabajadoras enfrentan su día a día sin que la institución les brinde los materiales necesarios. “Sin los EPIS necesarios, pues no les proporcionan el calzado, ni los uniformes y materiales de protección, como guantes o mascarillas, y ni siquiera les proporcionan los productos de limpieza necesarios para realizar la limpieza de los edificios, por lo que son las propias trabajadoras las que tienen que llevarlos para poder hacer su trabajo, una situación inaudita”.

Desde la Consejería de Educación, su responsable, Carmen Castillo, sigue defendiendo el modelo de privatizaciones de la Junta de Andalucía en la educación, alegando “el éxito del modelo andaluz de colaboración público-privada” que considera “una referencia en España dado que desde 2019 el Gobierno andaluz está impulsando la escolarización y la calidad de la atención educativa”.

Otro curso más sin atención a la diversidad

El curso actual comenzó en Andalucía con decenas de colegios por todo el territorio sin Personal Técnico de Integración Social (PTIS) para la atención del alumnado con diversidad. Además, desde el colectivo de trabajadoras denuncian que la falta de personal y el aumento de alumnado con necesidades especiales hace que se hayan convertido en “las chachas de los colegios”, como explica Carmen desde CGT PTIS, y tengan que realizar labores que no están dentro de sus competencias y que pueden suponer exponer a un peligro al alumnado: “Nos piden que hagamos cosas de enfermeras y no podemos”, explica esta trabajadora.

“La Junta de Andalucía se está valiendo de la contratación de PTIS para que tengan toda la carga de los niños con necesidades educativas especiales”, y añaden que también les obligan a ejercer de docentes “cuando somos personal no docente; por 10.000 euros al año tienen profesora, enfermera y PTIS y eso no puede ser”, explican Carmen desde CGT.

Además de la situación material, la Junta de Andalucía ha mostrado el rechazo a las reivindicaciones de este colectivo a través de alguna de sus declaraciones públicas. El delegado de la Consejería de Educación en Sevilla, Miguel Angel Arauz, exponía a finales de enero durante la visita a un centro educativo, la siguiente frase: “¿Para qué quiere un niño con autismo una PTIS?, ¿para que le enseñe a mover la lengua enfrente del espejo?”.

Comedores de “mala calidad”

Otra de las cuestiones que afligen al sistema educativo público andaluz es la baja calidad de sus comedores, en los que se alimentan diariamente 210.575 niñas y niños. Según expone CODAPA, 1.445 centros educativos tienen gestión de una empresa privada de catering de este servicio frente a 314 centros en los que la gestión es directa. Es decir, un 80% se sirve de bandejas de comida preparada.

Rocío Bejínez, portavoz de CODAPA, asegura que “no se permite hacer fotos en el comedor y los menús son muy engañosos, no se corresponden a la realidad”, y critica que las raciones son escasas, de mala calidad o sin el valor nutritivo necesario para la infancia. “También hemos encontrado muchísimos problemas al pedir si podíamos probar nosotros mismos, los padres y madres, la comida”, hace hincapié Bejínez.

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Desde Adelante Andalucía han recopilado ejemplos de la situación en los comedores de más de 200 centros en toda Andalucía y han mostrado su intención de proponer una Ley de Comedores escolares que acabe con la privatización de este servicio: “Queremos que se cocine en los centros, que en cada centro educativo público haya un cocinero o una cocinera que cocinen para nuestros alumnos”, ha explicado su portavoz, Jose Ignacio García.