Comunidad de Madrid
Inquilinas del Plan Vive de Ayuso estallan contra la “ruinosa” gestión de sus pisos

El pasado lunes 3 de febrero, una veintena de vecinas de Los Molinos (Getafe) sufrieron un repentino corte de luz y agua caliente en sus edificios. Inicialmente, las inquilinas desconocían el por qué de esta restricción pero tras varias llamadas a la distribuidora descubrieron que sus casas estaban enganchadas ilegalmente a la red de suministros. “Como resultado, Iberdrola cortó la luz después de visitar la promoción de viviendas durante una inspección y darse cuenta del enganche. Después, una de las técnicas comunicó que teníamos un expediente de inspección abierto y que íbamos a tener una multa”, relata a este medio María Ordóñez, vecina afectada por los cortes.

Ella y su hermano entraron el 20 de enero a vivir en uno de los pisos pertenecientes al Plan de Vivienda de Alquiler Joven ‘Plan Vive’ de Isabel Díaz Ayuso y hoy aseguran estar viviendo una auténtica pesadilla a causa de la “nefasta” acción de la Comunidad de Madrid. La responsable de enganchar ilegalmente la electricidad, en lugar de proporcionar luz de obra como aseguraba, es Sogeviso, una empresa filial del banco Sabadell contratada por el Gobierno regional. Tan solo en Los Molinos (donde hay seis bloques) y en el barrio getafense de Buenavista se han construido 492 viviendas de este Plan, pero también se han multiplicado las promociones en 9 municipios más como Alcalá de Henares, Móstoles, Alcorcón, Valdebebas, Torrelodones, Torrejón de Ardoz o Tres Cantos. En total, se han adjudicado 2.480 inmuebles en toda la región, aunque todavía hay varios en proceso de construcción.

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Movilización social Miles de personas llenan Madrid para pedir a Ayuso medidas que atajen la crisis de vivienda

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Más de 40 organizaciones han pedido medidas como aplicar la Ley de Vivienda o incluir los pisos de la SAREB en el parque público. “Ayuso, control de precios del alquiler ya y vivienda pública y social”, exigen desde la plataforma convocante.

Se trata, una vez más, de un proyecto inmobiliario diseñado para proporcionar viviendas “asequibles” a personas con ingresos bajos en el marco de la “colaboración público-privada” de la Comunidad de Madrid. La mayoría de los bloques están construidos sobre suelos que antaño pertenecían a los ayuntamientos y que tiempo después acabaron cedidos a la Comunidad. El ejecutivo regional encargó su gestión a empresas privadas, que actualmente perpetúan las prácticas abusivas habituales de los fondos buitre en viviendas destinadas a un uso social o de protección pública. De este modo, los enganches ilegales conforman tan solo una ínfima parte de las incontables negligencias y “chapuzas” sobre las que el gobierno autonómico evade toda responsabilidad: desde goteras en los garajes, puertas y estructuras rotas debido a la pésima calidad de los materiales de construcción hasta electrodomésticos que no funcionan.

Obras deficientes que ponen en riesgo a las vecinas

Blanca (nombre ficticio) es vecina de María y hoy, junto a su marido y su hija de 11 meses, es también una de las inquilinas que más tiempo ha sufrido los cortes de agua y electricidad en el edificio. Desde que alquiló el piso el pasado noviembre ha tenido que hacer malabares para evitar que su criatura enferme debido al frío que entra constantemente en el interior del inmueble: “Una de las habitaciones tenía la ventana rota y no cerraba en pleno diciembre. La puerta de la terraza tampoco cerraba porque tenía una pieza rota, entonces de repente se te abrían las puertas de la terraza de golpe”, cuenta con desesperación a El Salto.

“Tuberías que estallaban, manchas en las paredes, enchufes que no funcionan, los ascensores a lo mejor están averiados a los dos días, pisos que estaban desnivelados por fallos de la estructura de la obra, el garaje sigue mal cerrado”, describe un inquilino

Otro vecino de la promoción de Alcorcón apunta a que los desperfectos vinculados a la “pésima” calidad de los materiales de construcción y a las obras hechas “deprisa y corriendo” empezaron a evidenciarse al poco de hacerse con las llaves del piso. “Tuberías que estallaban, manchas en las paredes, enchufes que no funcionan, los ascensores a lo mejor están averiados a los dos días, pisos que estaban desnivelados por fallos de la estructura de la obra, el garaje sigue mal cerrado porque la puerta está rota y puede entrar cualquiera al edificio…” enumera el inquilino, cuya identidad ha preferido no desvelar. Muchas de estas averías ponen en peligro a diario la vida de los vecinos y vecinas y han mermado con creces sus condiciones de habitabilidad.

“Se cayeron los muros estructurales de lo que rodea la parcela, podía haber habido una desgracia porque se cayó justo en el interior de la de la comunidad y había un parque infantil. Otro día estuvo sonando la alarma de incendios en el parking, parecía que el principal problema era que no paraba de sonar la alarma cuando no pasaba nada, pero si hubiese sonado por un problema real, aquí no ha venido ningún servicio de emergencia”, destaca este vecino y miembro del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Los últimos enganches ilegales también suponen un riesgo para la comunidad vecinal ya que para poder llevarse a cabo tienen que cruzarse varios cables, lo cual podría ocasionar un incendio en el momento menos pensado.

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Los sindicatos de inquilinos acusan al Gobierno de lanzar una “basura” de índice, que permite a los caseros seguir subiendo los alquileres cuando deberían bajar.

Han sido tantas las incidencias reportadas hasta la fecha en estos edificios que la aplicación de la que disponían inicialmente los vecinos para dar de alta los problemas latentes se desbordó. Tras recibir más de 8.000 notificaciones en tan solo algunas de las primeras promociones construidas, la Comunidad de Madrid dejó de proporcionar esa aplicación y ahora obliga a contactar con la gestora mediante email. Prácticamente nunca reciben respuestas y en el propio contrato figura una cláusula que exime a la propiedad de cualquier tipo de incidencia con el suministro de agua o de luz.

Tras los cortes de electricidad y como consecuencia de las sucesivas presiones por parte de la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, “nos mandaron un mensaje diciendo que se iba a solventar la incidencia”. Su solución ha sido volver a enganchar ilegalmente el suministro, por lo que a ojos de las afectadas “no hay una intención real de hacer las cosas correctamente y es muy probable que nos vuelvan a cortar la luz y el agua”. Todavía ninguna vecina ha recibido todavía facturas correspondientes a los suministros, aunque sí tuvieron que pagar para dar de alta los servicios de aerotermia y luz cuando entraron por primera vez a vivir. Por el momento, comentan, “no sabemos si nos cobrarán recibos ni a donde irá el dinero que nos cobren porque no dan ninguna explicación”.

El ahora llamado popularmente “Plan Sobrevive” de Ayuso ha recibido, desde el pasado mes de noviembre, más de 526 renuncias de inquilinos que han acabado rechazando la vivienda social asignada. Es decir, la mitad de quienes las solicitaron han acabado renunciando a ellas. Esto se debe, por un lado, a que los pisos distan mucho de estar al alcance de todos los vecinos a pesar de ser, sobre el papel, pisos “asequibles”: “Se trata de viviendas cuyos precios superan los 750€ por 60 metros cuadrados. En algunos municipios como San Sebastián de los Reyes, los precios pueden llegar a rondar los 1.300€, por lo que tampoco es cierto que el proyecto esté diseñado como alternativa que facilite su acceso a personas que tienen dificultades para alquilar pisos de particulares”, inciden desde Izquierda Unida Madrid.

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La falta de políticas justas que equilibren las relaciones de poder entre propietarios-rentistas-bancos e inquilinos-consumidores da cuenta de un problema estructural de la democracia.

Cláusulas abusivas, también en pisos “asequibles”

Pero además, buena parte de las quejas vecinales hunden sus raíces a las cláusulas abusivas de los contratos, elaborados en base a un pliego redactado por el Gobierno regional. “Los inquilinos e inquilinas están teniendo que hacer frente a la obligación de pagar el IBI y la comunidad, a abonar en algunos casos más de 800 euros al mes por apenas 40 metros cuadrados, de manera que el alquiler final sin amueblar ha terminado estando incluso por encima del precio de mercado en algunas localidades”, denunciaba recientemente este grupo a través de un comunicado.

Tampoco permiten a los nuevos inquilinos ver el piso antes de entrar alegando que no hay piso piloto. El pliego donde figuran todas estos requisitos se basa en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que deja abierta la negociación sobre quien asume los gastos, por ejemplo, de la comunidad. Desde el Sindicato de Inquilinas acusan a la Comunidad de Madrid de haber impuesto una serie de condiciones que las afectadas no llegaron negociar sino que simplemente “nos han venido dadas”. Así, “el modelo de vivienda pública del Partido Popular está diseñado para el negocio de fondos especuladores y grandes tenedores y no para garantizar el acceso a una vivienda a la ciudadanía”, afirma la portavoz de IU Carolina Cordero, que recuerda las fuertes inundaciones que se produjeron el pasado mes de octubre en uno de los edificios de este Plan en Alcorcón.

La mayor parte de las personas que solicitaron estos pisos lo hicieron porque no disponen de una alternativa habitacional asequible en Madrid, incluso en los municipios del sur. Según un informe de Fotocasa, el arrendamiento en Getafe es actualmente un 44% más caro que el año anterior y los inquilinos pagan de media 18,47 euros por metro cuadrado. Se trata de la segunda subida más alta registrada en los últimos 18 años. “La gente ha cogido esto y ha firmado porque no hay opciones, no hay otra cosa a la que agarrarse tal y como están los precios en Madrid”, sostienen desde el Sindicato de Inquilinas. Esta organización lleva meses reuniéndose con las vecinas de los bloques afectados por el Plan Vive para combatir las clausulas abusivas y negociar condiciones de habitabilidad dignas.

“Ha habido ya tantas quejas y estamos haciendo tanto ruido que se presentaron un día los de la promotora del edificio, y hasta ellos se quedaban asombrados de las condiciones con las que estábamos, como si no supieran lo que están vendiendo”, señalan. Las propias vecinas llevan días gestionandose colectivamente para hacer frente a los problemas que van surgiendo en los edificios a través de chats online. “Cada uno tenemos en nuestro bloque un grupo con todos los vecinos. Nos vamos trasladando la información que nos van dando de la constructora o de las distribuidoras para actualizarnos de todo”, subraya María.