Comunidad de Madrid
Denuncian un ERE encubierto en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid

“Lo que va a pasar es que el 31 de diciembre nos vamos a quedar en la calle cientos y cientos de personas. Luego, la Comunidad de Madrid ha dicho que va a ser paulatina la incorporación en el primer trimestre, con lo cuál habrá puestos sin cubrir en muchos centros”. Así explica Laura Martínez, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras de la Administración Pública de CGT en la Comunidad de Madrid,  lo que desde el verano se viene barruntando desde la Consejería de Educación del gobierno de Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular) para enfermeras escolares, integradoras, administrativas, auxiliares de control e información, técnicas de nivel III, etc. “Ahora mismo hay muchos procesos de estabilización de empleo temporal, en todas las consejerías madrileñas”, comenta Martínez, en referencia a la directiva europea 1999/70/CE que exige que no haya abuso de temporalidad, que es que no estén más de tres años en un puesto temporal sin consolidación de su puesto.

“En la Comunidad de Madrid más del 60% del personal laboral están en abuso de temporalidad —sigue explicando la representante de CGT e integradora social—. Como la comunidad tiene que hacerlo antes del 31 de diciembre, en 2021 empieza a sacar procesos de estabilización. El problema es que de cada categoría saca varios procesos, cobrando tasas de examen por duplicado e incluso por quintuplicado. Saco 20 plazas hoy, mañana 30 y no digo dónde están, por lo que todas las personas se presentan a todas. Además es turno libre, es decir que se presentan los que ya están trabajando pero también cualquier persona de la calle”.

Esta situación y otras irregularidades en el proceso han hecho que en los distintos procesos personas sin experiencia estén en los listados por encima de quien lleva 20 años en el mismo puesto, por ejemplo. “En concreto, en las oposiciones de integradores sociales, no se ha tenido en cuenta la mayoría de los certificados de los servicios prestados. El tribunal no ha permitido subsanar este error y no se tendrá en cuenta esto antes de los dos meses que es la reclamación”, comenta Martínez, que indica que incluso ha habido compañeras que han tenido más puntos en la formación de lo que la oposición indicaba. Pilar, integradora social que prefiere no dar su apellido, explica a El Salto que se ha escrito una carta de reclamación al tribunal por la baremación, ya que no se ha tenido en cuenta el certificado de servicios prestados de la propia Comunidad de Madrid al no verse reflejada la especialidad aunque sí la categoría, como indica la propia convocatoria de la oposición. “Esperamos que reculen, pero no parece que tengan intención”.

Luxemburgo vuelve a dar la razón a los interinos: la fijeza sin oposiciones es una medida válida

Gessamí Forner

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Laboral

Laboral Luxemburgo vuelve a dar la razón a los interinos: la fijeza sin oposiciones es una medida válida

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La respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea supone un duro varapalo al Tribunal Supremo, quien en mayo sentenció que rechazaba la fijeza automática para los interinos en abuso de temporalidad.

Esta integradora social también ha hecho llegar a este medio una carta para explicar a las familias de ‘sus chicos’ todo lo que está ocurriendo. “En diciembre siempre hacemos una reunión y les contaré todo: que puede ser que vuelva, que no, que no sabemos nada, que estamos en vilo”, comenta y explica que tiene una sensación de incertidumbre y de ‘quemada’. “Llevamos muchos años esperando un proceso de oposiciones, que hasta que no les ha dado un tirón de orejas Europa no se ha hecho nada, y encima está siendo ahora todo muy chapucero”, denuncia.

Los trabajadores temporales no entiende cómo una persona con 15 o 20 años de experiencia no tiene más puntos que se añadan a la formación y a la nota del examen

“Es un proceso de estabilización, donde el concurso de méritos es el 45% de la nota general para beneficiar a los que llevamos muchos años, y no se tiene  en cuenta los certificados de empresa, es como si tuviéramos cero experiencia”, comenta enfadada. Ella que tiene diez años de experiencia y que entraría dentro de los aprobados con plaza, no entiende cómo una persona con 15 o 20 años de experiencia no tiene más puntos que se añadan a la formación y a la nota del examen. “Por justicia y porque debería ser así”, explica.

Despidos masivos

Por su parte, Manuel del Valle, técnico especialista III en un colegio de Aluche y miembro del Comité de Empresa por CGT explica que la suya es una figura poco conocida: “Ahora mismo hay trabajando en la Comunidad de Madrid unos 1.200. Nos encargamos de labores esenciales en el cuidado y acompañamiento de chicas y chicos con necesidades especiales”, indica y puntualiza que incluso hay veces que se necesita un profesional por chico o chica dadas sus circunstancias. “La situación de nuestra categoría es que de esas 1.200 personas el 97% son temporales desde los últimos 30 años”. Del Valle explica que por la directiva el año pasado se sacaron 600 plazas pero, según denuncia, con un temario muy alejado de su puesto. “Solo aprueban 400 personas, con lo cuál no se puede llamar estabilización”, porque, explica que son personas que solo aprobaron aunque no tuvieran experiencia, ya que los méritos sólo sumaban en caso de aprobar el examen.

“Solo aprueban 400 personas, con lo cuál no se puede llamar estabilización”, porque, explica, desde CGT son personas que solo aprobaron aunque no tuvieran experiencia

Para este técnico y su sindicato, entiende que la Comunidad de Madrid resolverá el 31 de diciembre de este año incorporando a las 400 personas que aprobaron cesando solo a las 400 personas que tengan ocupadas sus plazas por una persona fija. “Pero lo que hemos entendido por las comunicaciones informales de Recursos Humanos es que se van a cesar todas las plazas, lo que va a generar una cantidad tremenda de demandas en los juzgados de los social”, india, ya que en sus contratos de interinidad indica que esa plaza es de la persona del contrato hasta que sea ocupada por personal fijo. “Si mi plaza no es cubierta por una persona que aprobó, no debería ser despedido”.

Integradoras de colegios de Madrid demandan al gobierno de Ayuso por obligarlas a realizar otras funciones

Sara Plaza Casares

Madrid

Educación en Madrid Integradoras de colegios de Madrid demandan al gobierno de Ayuso por obligarlas a realizar otras funciones

Sara Plaza Casares

Las Técnicas Superiores de Integración Social (TSIS) son profesionales de apoyo en el aula para el alumnado con necesidades especiales, pero las obligan a realizar funciones en la hora de comida.

“Esto genera una incertidumbre tremenda, porque no sabemos si nos despedirán el 22 de diciembre, el 31, en enero, en el primer trimestre”, comenta Manuel, que explica que hay sindicatos con diferentes teorías ante la falta de información de la Comunidad de Madrid. “El tema es que esta gente que va a ser cesada, no se sabe cuándo, volverá a la bolsa de empleo o no, si esa gente estará en la bolsa por la puntuación inicial, si esa gente no volverá a ser llamada o cómo se cubrirán el resto de plazas por cubrir”, indica Manuel del Valle, que comenta que si entraran con las oposiciones que se han realizado este año no se contabilizarían de nuevo méritos ni experiencia en este proceso si los tribunales no modifican su decisión en este proceso.

Además de la incertidumbre profesional, está el de las familias y chicos y chicas que necesitan estos servicios. “Hay padres y madres —explica Manuel del Valle— que ya están dirigiendo escritos, aunque no conocemos que se estén dando explicaciones. Y es que es un perfil de alumnado más vulnerable de todos, que dependen de estos profesionales para garantizar su desarrollo”. La integradora social Pilar se manifiesta en el mismo sentido, ya que no sabe si en la reunión con familias de diciembre se tendrá que despedir de ellos o no. “Llevo nueve años trabajando con estos niños en concreto, toda su vida escolar, con chavales que necesitan continuidad y referentes, me crea mucho malestar”, comenta, tanto por ella como por el futuro a corto plazo de sus alumnos. Precisamente, desde la Plataforma en Defensa del Alumnado TEA, que está constituida por padres y madres de menores con Trastorno del Espectro Autista se viene pidiendo la consolidación de estas plazas y la garantía de una continuidad de los profesionales que atienden en las escuelas a los alumnos y alumnas con necesidades especiales.

ERE encubierto e ilegal

“Esto afecta a todo el personal laboral de la consejería de Educación de la comunidad, unas 7.000 personas, entre integradoras sociales, técnicos, enfermeras, fisios, auxiliares de control, etc”, comenta del Valle. “Un porcentaje muy alto de ellos se verá afectado, será despedido e incluso no volverá a trabajar más en su plaza que en algunos casos puede que lleve 15 y hasta 30 años en ella. Estamos a las puertas de un despido masivo y encubierto, para evitar una movilización, sin transparencia y comprometiendo la calidad del servicio que se da en los colegios”, comenta Manuel, ya que ni la dirección, ni las ampas ni los profesionales saben qué va a ocurrir.

“Hablamos de un ERE encubierto —indica la representante de CGT— porque estabilizas plazas no personas, recaudas mucho dinero y además te buscas una triquiñuela para que las personas que tienen méritos se queden sin plazas"

“Hablamos de un ERE encubierto —indica la representante de CGT— porque estabilizas plazas no personas, recaudas mucho dinero y además te buscas una triquiñuela para que las personas que tienen méritos se queden sin plaza. Si contratan a personas sin trienios, se ahorran mucho dinero”. Además, indican desde este sindicato que a ese ‘ahorro’ de no pagar trienios e incluso dejar sin cubrir algunas plazas meses en 2025 habría que sumar lo que las arcas públicas se han sumado por todos los procesos de estabilización. Según el cálculo de CGT solo en la categoría de técnico especialista I, han pagado 65.400 euros entre todas por  340 plazas. Especifican que se han apuntado más de 3.000 personas y algunas de ellas en varios procesos o en los cinco totales.

“Esto solo en Educación, porque está pasándolo mismo en todas las consejerías. Por ejemplo, las compañeras enfermeras que se presentan a los colegios se está teniendo en cuenta los servicios prestados en la consejería de salud pero al revés no”, denuncian. “Lo que pedimos —explica Laura Martínez— es que en todos los procesos donde hay anomalías, haya un periodo de subsanación de errores en todos los tribunales. Entendemos que la dirección de Recursos Humanos y la Dirección General de Función Pública de la Comunidad de Madrid deben velar porque los procesos sean justos y que los tribunales cumplan con la supuesta intención de que las personas en abusos puedan estabilizar sus puestos de trabajo”. Por último, recuerdan desde el sindicato, que “al final son plazas de servicios públicos esenciales: lo suyo es que dieran las plazas a los que ya saben hacer su trabajo, sin dejar de cubrir las necesidades que hay”.