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Comunidad de Madrid
Cuando las que cuidan van a la huelga: “Cobro 975 euros y llevo 18 años en el puesto”
Isabel Calvo lleva 18 años trabajando en el Servicio de Atención a Domicilio (SAD) de la Comunidad de Madrid. Cobra 975 euros, trienios mediante, por una jornada de 32 horas. Explica que las trabajadoras que acaban de entrar están firmando contratos de 30 horas por 790 euros en 15 pagas, esto es 15.975 euros al año. Rozan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que es de 15.876 euros en 2024, y si en 2025 sube probablemente estén por debajo porque el suyo no subirá. Por eso las trabajadoras de la comunidad y del Ayuntamiento de Madrid irán a la huelga los próximos 23, 26, 27 y 30 de diciembre. También el 2 y 3 de enero y, si la cosa no cambia, a partir del 7 será indefinida.
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Precariedad feminizada Trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, en Madrid para exigir dignidad en los cuidados
Calvo, delegada de CGT, miembro del comité de huelga y presidenta del comité en la empresa Serveo, explica que llevan negociando un nuevo convenio durante los últimos meses y que, tras haber conseguido una subida “histórica” del 10% se encuentran con que este convenio no será tenido en cuenta aún. “Van a prorrogar los pliegos que se hicieron según el convenio de 2020 y no van a añadir las subidas que contempla el nuevo convenio“, explica Calvo. Asegura que están “hartas” y ”enfadadas". Por eso han decidido plantarse en un sector tan vulnerable como feminizado. Un sector que sostiene los cuidados de gran dependientes, personas solas o madres monomarentales.
Estos servicios se encuentran privatizados y su gestión está en manos de grandes empresas y fondos de inversión
Estos servicios se encuentran privatizados y su gestión está en manos de grandes empresas y fondos de inversión. La huelga, planeada por CGT, UGT y OSAD, afecta a tres compañías en Madrid capital que cuentan cada una con un lote de atención: Asispa, Atende y Domus Vi. A nivel de toda la comunidad afecta a Serveo Social y Domus Vi que cuenta cada una con dos lotes. “En total somos 17.000 trabajadoras, unas 12.000 son de Madrid capital”, explica Elena Vidal, portavoz del sindicato OSAD y miembro del comité de huelga.
Prevención de riesgos laborales
Vidal relata que además de una subida salarial reclaman que se cumpla la nueva legislación de riesgos laborales aprobada para el trabajo doméstico. El Consejo de Ministros aprobaba el pasado 10 de septiembre el decreto para la prevención de riesgos laborales de las trabajadoras del hogar.
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Laboral El decreto de prevención de riesgos para las trabajadoras del hogar les exige confidencialidad
“Cuando cargamos con peso, deberíamos llevar fajas y nadie se preocupa si las llevamos o no. Tampoco saben en qué condiciones de seguridad trabajamos porque los hogares son inviolables”, se queja Raquel Martínez León, quien lleva 16 años ejerciendo en el SAD como cuidadora de dependientes en Alcorcón. Hoy está con la empresa Serveo, pero su servicio, relata ha pasado por las manos de hasta siete empresas. Primero estuvo en manos de los Servicios Sociales Ayuntamiento, cuando la relación entre trabajadora social, usuaria y cuidadora era más cercana. Ahora han pasado a la Comunidad de Madrid y todo se gestiona “desde lejos”, asegura.
“Exigimos el cumplimiento de la nueva ley que pide una evaluación de riesgos en el centro de trabajo que es en cada domicilio. Las empresas llevan muchos años ahorrándose esto y ya tienen que cumplir”, expresa una trabajadora
“Exigimos el cumplimiento de la nueva ley que pide una evaluación de riesgos en el centro de trabajo que es en cada domicilio. Las empresas llevan muchos años ahorrándose esto y ya tienen que cumplir. Si un técnico de prevención dice que para atender a un usuario tienen que ir dos personas la empresa está obligada a no mandarme sola”, relata Martínez.
Un trabajo que no está valorado
Elena Vidal explica las dos ramas en las que se divide su trabajo: de un lado desde Servicios Sociales de los ayuntamientos suministran una ayuda a domicilio municipal, que comprende atención a personas mayores vulnerables o con una necesidad de cuidados específica, como familias monoparentales o persona que están sola y salen del hospital. “Casi todo el mundo son personas mayores”, relata.
900. 000 personas han fallecido en las listas de espera de la Ley de Dependencia antes de conseguir un servicio de cuidados en los últimos 18 años
Y luego estaría la parte fijada en la Ley de Dependencia, gestionada por la Comunidad de Madrid. “El usuario se somete a un baremo en el que determinan su grado de dependencia. Cuando les conceden ese grado tienen derecho a solicitar una ayuda a domicilio”, relata. Esta integrante del comité de huelga destaca las disfunciones de este sistema: según el último informe de la Asociación Estatal de Gerentes y Gestores de Servicios Sociales 900. 000 personas han fallecido en las listas de espera antes de conseguir este servicio en los últimos 18 años. “Es una barbaridad”, avisa.
Una vez que consiguen el Servicio de Ayuda a Domicilio entran en escena mujeres como Raquel Martínez León, que realiza entre tres y cuatro servicios al día y con la celeridad que le imponen las circunstancias. "Si se trata de un gran dependiente encamado, realizo el aseo personal, la movilización, después le levanto, le doy de desayunar, recojo la habitación, cambio sábanas y recojo el baño que hemos usado“, relata quien advierte de que a veces para hacer todo esto cuenta solo con hora y media. ”Si tiene conseguido servicio de limpieza, nos dedicamos también a limpiar el domicilio, se barre, se pasa la mopa, se limpia el polvo. Si tiene concedida también la preparación de comida, se hace la comida para esa persona y se baja a hacer la compra", relata.
Para esta trabajadora estas tareas no están reconocidas ni económica ni socialmente. “A nivel administración no estamos bien cuidadas, no nos valoran absolutamente nada. Nuestro trabajo no es fácil, requiere de concentración, no estás haciendo tornillos, estás tratando con personas vulnerables con riesgo de caída o de lesión tuya”, relata. "Y por esto vamos a la huelga. Llevamos muchísimos años reclamando que nos valoren. Hemos sido esenciales en la pandemia, sin nosotros algunos usuarios habrían estado totalmente solos. Somos sociosanitarias, con una titulación exigida. Podemos movilizar a mucha gente, el nuestro es un trabajo individual y solitario, es difícil concentrar a la gente, pero ya estamos hartas", concluye.