Colombia
El retorno del terror paramilitar

Desde el comienzo del Paro Nacional, la represión de las protestas sociales dejó de ser en Colombia un asunto exclusivo de la fuerza pública. En los últimos meses han entrado en escena diversos actores paramilitares que actúan en consonancia con los objetivos del gobierno y el ministerio de Defensa, que está a cargo de la Policía. Los videos de francotiradores vestidos de civil, acompañados e instigados por policías, circularon velozmente en la redes sociales y en pocas horas dieron la vuelta al mundo.

Las disparos de paramilitares contra los manifestantes tuvieron especial intensidad en Cali. A finales de mayo, desde varias camionetas blancas alineadas en formación militar, se disparó  contra una concentración de la Minga indígena, causando una docena de heridos. Las camionetas se retiraron del lugar escoltadas por motos de la policía. Y ese mismo día, los ocupantes de otra camioneta blanca asesinaron a dos manifestantes en un punto de bloqueo en Tuluá, municipio cercano a Cali. También se reportó otra masacre de cuatro personas en la misma localidad un día antes, en este caso de jóvenes manifestantes secuestrados por grupos paramilitares (Águilas Negras y AGC). En otras ciudades del país, como Pereyra, ocurrieron hechos similares.

Esta visibilidad inmediata de la intervención paramilitar en la represión contra los manifestantes implica un profundo cambio en la percepción social de la naturaleza y legitimidad de la violencia estatal, delegada parcialmente en grupos paramilitares. Como ha observado Camila Esguerra, investigadora de la Universidad Nacional de Colombia: “Estamos presenciado una paramilitarización del conflicto social sin precedentes, pues imágenes de la connivencia entre fuerzas armadas estatales y civiles armados están siendo grabadas y transmitidas en vivo”.  

En realidad, esta visibilización es posible porque el conflicto social se produce en el contexto urbano, donde además de periodistas hay decenas de teléfonos móviles registrando las imágenes. Las masacres de población civil y los asesinatos de líderes sociales son constantes en las zonas rurales, pero quedan invisibilizados porque no hay quien los registre y difunda.

Los jóvenes decapitados

En los últimos meses aparecieron en distintos lugares de Colombia varias cabezas de jóvenes decapitados. En algunos casos se especuló con que podría tratarse de manifestantes vinculados a las protestas sociales y el Paro Nacional. En poco más de dos meses, hay constancia de seis apariciones macabras de estas características, seis cabezas cortadas y dejadas a la vista de todos, apenas envueltas en sábanas o bolsas de plástico, como trofeo criminal de una perversidad sin límites que evoca las peores épocas de los crímenes paramilitares que se creían ya superadas.

La primera decapitación reciente fue la de una joven cuya identidad no fue revelada por ser menor de edad, cuya cabeza fue hallada el 21 de mayo en una bolsa de plástico dejada en un contenedor de basura de un colegio, en el barrio Kennedy de Bogotá. Aunque los medios de comunicación informaron del horrendo hallazgo sin profundizar, un medio digital añadió una pista útil para contextualizar el hecho: “Cabe mencionar que la localidad de Kennedy ha sido escenario de fuertes enfrentamientos en los últimos 25 días, por lo que se establecerá si la persona es una de las reportadas como desaparecidas”.   Hay que recordar que varias organizaciones de derechos humanos, incluida la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), denunciaron ante la ONU a fines de junio la desaparición de 327 personas en dos meses de Paro Nacional. Los cuerpos sin vida de algunos de estos desaparecidos fueron hallados en las aguas del río Cauca o en cañaduzales. A finales de agosto, pasados cuatro meses desde el comienzo del Paro, la Mesa Nacional sobre Desaparición Forzada denunció que aún no se sabía el paradero de 60 personas desaparecidas en el contexto del Paro Nacional.

En los últimos meses aparecieron en distintos lugares de Colombia varias cabezas de jóvenes decapitados. En algunos casos se especuló con que podría tratarse de manifestantes vinculados a las protestas sociales y el Paro Nacional

El departamento del Valle del Cauca y su capital, Cali, fueron epicentro de las protestas. Varias de las víctimas de decapitaciones son de este departamento, aunque por ahora es difícil comprobar el vínculo de cada caso con la situación social y política. El 15 de junio se produjo un doble asesinato con decapitación de ambas víctimas en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca). Se trataba de los jóvenes afrodescendientes Cristian Andrés Mesa, de 25 años, y Edwin Gutiérrez, de 24 años, cuyas cabezas fueron arrojadas en una bolsa de plástico negra a una vía pública desde una motocicleta y a cien metros de un CAI de la policía. Sus cuerpos aparecieron más tarde en una zona boscosa alejada de ese lugar. Las autoridades policiales afirman que el degollamiento habría sido un mensaje enviado por narcotraficantes a otros mafiosos, un ajuste de cuentas entre bandas de delincuentes. La investigación sigue abierta.

La siguiente cabeza cortada apareció el 19 de junio y se identificó como perteneciente a Santiago Ochoa, un joven del municipio de Tuluá (Valle del Cauca). Aunque se dijo que participaba en la primera línea y que había sido capturado por el Esmad mientras se desplazaba en bicicleta, una tía declaró que “ni él hacía parte de la primera línea, ni tuvo nada que ver con las marchas o bloqueos, ni fue detenido por la Policía o amenazado nunca. Él simplemente trabajaba en una ferretería y salió a la hora del almuerzo y desapareció”. La cabeza de Santiago también estaba envuelta en una bolsa de plástico y fue dejada en el antejardín de una vivienda por un sicario que se desplazaba en motocicleta. Justificadamente o no, Santiago se convirtió en un símbolo de las protestas a través de las redes sociales y su cabeza cortada ilustró la sevicia de la represión contra los jóvenes manifestantes.

Tuluá fue una localidad muy golpeada por la violencia policial, militar y paramilitar contra las protestas. Los jóvenes Hernán David Ramírez y Jimmy Hernández no fueron decapitados, pero aparecieron (uno flotando en el río, el otro en un cañaduzal), con evidentes señales de tortura y de haber sido asesinados de manera lenta y despiadada. La familia de Jimmy asegura que él tampoco participaba en las protestas, que el 28 de junio salió de su casa en bicicleta y desapareció. Su cuerpo apareció con las manos y los pies atados, cuatro días más tarde de haber sido asesinado.

La quinta cabeza cercenada corresponde cronológicamente a un líder social del Pacífico colombiano, Luis Picasio Carampaima, dirigente de la comunidad indígena Embera del resguardo Catrú, decapitado el 1 de julio en el municipio de Alto Baudó (Chocó) por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), un grupo paramilitar que emergió tras la disolución de las antiguas AUC de los hermanos Castaño. 

El impacto de estos hechos no debe ocultar la dimensión total de la tragedia que vive el país: con el asesinato de Luis Picasio se alcanzó la escandalosa cifra de 84 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en los primeros seis meses de 2021 (y 112 hasta el 24 de agosto, según datos de Indepaz). Más de 1.200 asesinatos desde 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc. Crímenes perpetrados en su mayor parte por los paramilitares, que en lo que va del año 2021 también asesinaron a 34 ex combatientes de las Farc reincorporados a la vida civil.

El recurso a esta metodología siniestra nos retrotrae a las épocas salvajes en que los sicarios de las AUC jugaban al fútbol con las cabezas de sus víctimas, como ocurrió en la masacre de El Salado (Bolívar) de febrero de 2000 —hubo una anterior en 1997—, en la que 450 paramilitares al mando de Salvatore Mancuso torturaron y ejecutaron a más de un centenar de campesinos indefensos a lo largo de una semana, despedazándolos y degollándolos con motosierras a la vista de todos, en la plaza, la Iglesia y la cancha de fútbol. En la masacre habría intervenido un capitán de corbeta de la Armada, Héctor Pita, investigado por la Fiscalía. Después de la masacre de 1997 se produjo el desplazamiento forzoso de toda la población, 7.000 habitantes, de la cual regresó poco más de la mitad. Después de la segunda masacre, 4.000 campesinos volvieron a abandonar sus hogares. 

En los viejos tiempos del terror paramilitar, las motosierras, decapitaciones y desmembramientos eran frecuentes. La táctica de decapitar y desmembrar se utilizaba para enviar un mensaje aterrador a la población rebelde, que se oponía a su control territorial

En los viejos tiempos del terror paramilitar, las motosierras, decapitaciones y desmembramientos eran frecuentes. La táctica de decapitar y desmembrar se utilizaba para enviar un mensaje aterrador a la población rebelde, que se oponía a su control territorial, y para forzar el desplazamiento de los pobladores y apropiarse de sus tierras. Uno de esos grupos era el de los ‘Mochacabezas’, como se autodenominaban algunos escuadrones paramilitares de las AUC de aquella época. Y que ahora resurgen, misteriosamente con el mismo nombre, como supuestos grupos de “limpieza social”. Así por ejemplo, en el municipio de Coveñas (Sucre), el 5 de junio de 2021 distribuyeron panfletos con amenazas de muerte, en los que advierten a la vecindad: “¿PENSARON QUE ERA UN JUEGO? … FALTAN MÁS MUERTOS … SABEMOS DONDE ESTÁN Y LES LLEGAREMOS”, y señalan a varias personas y familias de seis localidades de la zona rural Bellavista, incluido todo un equipo de fútbol. 

Entre tanto, Organizaciones de Derechos Humanos han denunciado que en Colombia “se están desarrollando operaciones de control social y territorial ligadas al narcotráfico, por parte de estructuras paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, sin que se desarrollen acciones militares o judiciales para el desmonte de estas estructuras”.

La sexta decapitación fue el 25 de julio, día en que apareció la cabeza cortada de otro joven en la puerta de una vivienda de la zona de Andalucía (Valle del Cauca). Pertenecía a Yeisson Soto Gutiérrez, de 21 años, y estaba envuelta en una sábana.  A los dos días apareció su cuerpo en un cañaduzal. Yeisson fue identificado por la policía como “barrista del Frente Radical Verdiblanco, movimiento en apoyo al Deportivo Cali”. La policía dejó entrever una motivación mafiosa al lanzar sus hipótesis sin pruebas, denigrando la memoria de la víctima, y así lo transmitió la prensa: “Las autoridades manejan como hipótesis del caso un posible ajuste de cuentas producto de las rentas criminales asociadas con el microtráfico”. 

Hay que franquear estas cortinas de humo para poder atar cabos. Por los datos que tenemos de estos jóvenes, que eran muy diferentes entre sí, lo único que tendrían en común es que no formaban parte de las marchas, o al menos no se los llevaron en ese contexto. Esto se deduce del testimonio de los familiares. De modo que si hay alguna coincidencia en los hechos, es que todos ellos parecen elegidos al azar por sus captores-asesinos, sin nada que los vincule directamente a las protestas.

¿Y eso con qué finalidad? En el marco de la estrategia para aterrorizar a la población y frenar las protestas, la aparición de cabezas cortadas provoca sin duda un tremendo efecto de shock. Conmociona y paraliza. Muchos dirigentes políticos y sindicales se preguntarán hasta dónde están dispuestos a llevar el pulso contra el gobierno. No importa de quién fueran esas cabezas, si eran de manifestantes o no. Su irrupción en el espacio público es un presagio de futuras masacres.

Represión y asesinato de estudiantes

Un joven estudiante de música de la Universidad del Cauca, Esteban Mosquera, fue asesinado en agosto por paramilitares en la ciudad de Popayán, capital del departamento, junto a su domicilio. Esteban era bien conocido como líder estudiantil y sufrió la pérdida de un ojo durante una protesta en el 2018 a causa de una granada aturdidora lanzada por el Esmad. Sus compañeros de universidad informaron: “Esteban fue capturado ilegalmente dos veces por la Policía en las movilizaciones del paro nacional, a pesar de que se identificaba como periodista, porque participaba en un colectivo de comunicaciones alternativas de la universidad”.

La existencia de nexos entre la fuerza pública y los actores paramilitares se materializa con frecuencia en la historia de Colombia. En un documental realizado por la Universidad de Nariño se explica con todo detalle cómo opera el terror paramilitar amparado por la policía y el ejército. Entre 2000 y 2003, las actividades que realizaban los paramilitares “lograron generar terror en la comunidad universitaria” de Nariño, produjeron numerosos desplazamientos y culminaron con el asesinato de cuatro estudiantes y un trabajador de la universidad.  El informe retrospectivo del centro académico concluye: “En la planeación y concreción de estos actos la complicidad de miembros de la fuerza pública fue determinante. Su vínculo con grupos paramilitares se materializó en el intercambio de información, en el señalamiento a la comunidad universitaria de integrar supuestas redes de apoyo a las guerrillas y en la infiltración de los paramilitares en la comunidad universitaria”.

En un encuentro propiciado por la Comisión de la Verdad para analizar las consecuencias que tuvo el conflicto armado en la Universidad de Nariño, celebrado en agosto de 2021, dos ex jefes de las AUC en la región declararon y pidieron perdón por sus crímenes. Aunque sus declaraciones deben leerse entre líneas, estos dos paramilitares adscritos al Bloque Libertadores del Sur, Guillermo Marín y Aníbal Gómez, admitieron haber cometido el asesinato de los cuatro estudiantes y revelaron que la información para realizarlos “provenía de la inteligencia del Ejército”. Gómez aseguró que a ellos no les constaba que los estudiantes tuvieran relación con grupos ilegales, pero un sargento del Ejército colombiano le entregó en mano “la lista de estudiantes [a los] que había que quitarles la vida”, y añadió: “Si uno dijera motivos para la muerte de los estudiantes, pues, primero, el dedo señalador de la inteligencia militar, y segundo, las informaciones que pasaban los mismos estudiantes que resultaron siendo parte de las AUC”.

El asesinato premeditado de Esteban Mosquera en Popayán parece haber tenido las mismas intenciones que motivaron las muertes de estudiantes universitarios dos décadas atrás, cuando “el miedo como instrumento emocional de control logró instalarse en la comunidad universitaria, frenando significativamente el ingreso de nuevos estudiantes a las organizaciones políticas y diezmando las acciones de movilización”, en palabras de los relatores del caso de la Universidad de Nariño.

Los planes de asesinar al gobernador del Magdalena

El gobernador del departamento del Magdalena, Carlos Caicedo, debió abandonar Colombia el 19 de agosto tras denunciar ante la Fiscalía un plan paramilitar para asesinarlo. Esta denuncia fue ratificada por altos oficiales de la policía y el ejército, quienes dos días antes sostuvieron una reunión virtual con la “fuente confiable” citada por el gobernador. Simultáneamente a estos hechos, en sectores populares de Santa Marta aparecieron grafitis en los que se anuncia la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), la organización paramilitar que pretendería cometer este crimen político. En un mensaje publicado el 26 de agosto, el gobernador explica así la situación: “Salí del país por información de fuente confiable de un plan inminente de las AGC o Clan del Golfo para atentar contra mi vida; salí para evitar que se consumara el plan”, escribió en Twitter.  

Oriundo del municipio de Aracata (Magadalena, al pie de la Sierra Nevada), Carlos Caicedo militó desde muy joven en partidos políticos de izquierda que confluyeron en la Unión Patriótica, la organización exterminada por el paramilitarismo. Tras haber sido rector de la Universidad del Magdalena durante seis años, y a pesar de varios juicios con testimonios fraguados en su contra con los que intentaron doblegarlo, Caicedo afianzó su carrera política como alcalde de Santa Marta, capital del departamento, donde su gestión fue muy bien valorada. A finales de 2019 fue elegido gobernador del Magdalena con el 58 % de los votos, consolidando a su partido Fuerza Ciudadana como primera formación política del departamento. Es el único gobernador con perfil progresista de los 32 departamentos colombianos.

Al poco tiempo de ser nombrado gobernador, Caicedo desmanteló negocios de las viejas oligarquías regionales cercanas al uribismo y atacó frontalmente al poder de los carteles narco-paramilitares que operan principalmente en la Sierra Nevada, en particular el clan de “los Pachenca”, sucesores del llamado Bloque Resistencia Tayrona de las AUC y que ahora se autodenominan Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Carlos Caicedo reclamó con insistencia a Iván Duque que se dejara de considerar a este grupo como “delincuencial común” y se lo incluyera en la categoría de Grupo Armado Organizado (GAO), como corresponde a los grupos paramilitares y de narcotraficantes. En una entrevista publicada por El Tiempo en mayo de 2020, Caicedo denunciaba que ese “grupo criminal estaba recibiendo información directa de la Policía y el Ejército, lo que ha facilitado su desarrollo de actividades ilícitas y su fortalecimiento”.

La existencia de estas filtraciones ya fue denunciada al gobernador por el líder social Alejandro Llinás, poco después asesinado. Llinás aseguraba que las cartas que él enviaba a la Gobernación con información de irregularidades —como el cobro de “peajes” en áreas turísticas de Santa Marta— eran filtradas tanto a la policía como a la organización criminal. Su asesinato es prueba mayor de esas filtraciones. Una investigación del portal 360 grados, publicada en diciembre de 2020, traza el perfil de este líder social y ecologista asesinado y caracteriza a sus verdugos:

“Llinás denunciaba lo que todos saben y callan por miedo: en esa zona del Magdalena existe un gobierno paralelo. Mandan las Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACSN), conocidas también como Los Pachencas; una estructura narcoparamilitar heredera del clan de Hernán Giraldo, dueña de la zona desde fines de los ochenta, que ha mutado sin perder su esencia: asesinatos contra líderes sociales, extorsiones, despojo de tierras, apropiación de rutas y rentas del narco, control social, amenazas y dominio del territorio”.

Al denunciar estos hechos, Caicedo ofreció a la Fiscalía todo el apoyo de la administración departamental para desmantelar al grupo Los Pachenca, al que responsabiliza del asesinato de más de 80 líderes sociales durante los últimos años en el Magdalena.

Las denuncias del gobernador obligaron al presidente Iván Duque a actuar. A comienzos de septiembre Duque anunció, con gran despliegue informativo, la captura de Norberto Quiroga Poveda, “Alias 5-5”, considerado el máximo cabecilla del rebautizado Grupo Delincuencial Organizado (GAO) de ‘Los Pachenca’. Duque presentó la operación como “un triunfo de la Fuerza Pública” tras definir a “Alias 5-5” como un “asesino de líderes sociales, masacrador, narcotraficante y, también, involucrado en redes de proxenetismo”. En cualquier caso, poco después de la captura de “Alias 5-5”, un narcotraficante de su misma calaña, “Alias 5-7”, escapaba de la cárcel de alta seguridad tras un traslado a una visita médica. En Colombia es frecuente que los capos narcos paguen por salir de la cárcel por la puerta principal. Con tales antecedentes, la captura en sí no asegura que el jefe paramilitar vaya a ser juzgado y mucho menos que cumpla una condena.

los planes paramilitares de asesinar a políticos opositores, incluido el gobernador rebelde del Magdalena, muestran que el límite de la democracia en Colombia es que nunca gobierne un político progresista, en ningún lugar del país, si no quiere acabar pagando con su vida

Mientras tanto, el presidente Duque abandonó a su suerte la seguridad del gobernador del Magdalena. El jefe jurídico de la gobernación, José Humberto Torres, indicó que el gobernador debió recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la falta de disposición del Estado colombiano para garantizar su seguridad. La Unidad Nacional de Protección, que es un organismo estatal de seguridad, “literalmente nos está vendiendo la protección”, dijo Torres, ya que obliga a la gobernación a pagar por ella. Esta situación contrasta vistosamente con la protección oficial que recibió “Alias 5-5” mientras realizaba todas sus actividades criminales hasta el momento de su detención.

El gobierno de Iván Duque insiste en que el esquema de seguridad de Caicedo es el mejor del país, argumento en el que coinciden con él los paramilitares de las AGC. En un “Comunicado a la opinión pública” los propios criminales niegan su intención de asesinar al gobernador: “Han informado los medios de comunicación que como producto de las supuestas amenazas de las AGC el señor Caicedo ha abandonado el país a pesar de que posee un vigoroso esquema de seguridad […]. Queremos hacer un llamado a la opinión pública para que no crea en estas mentiras que dicen políticos en evidencia por su pésima gestión.”. 

La organización narco-paramilitar goza de tanta impunidad que se permite lanzar un mensaje político como si tuviera entidad legal. En el territorio del Magdalena y otros departamentos del Caribe “hay una alianza básica entre los Pachenca y el Clan del Golfo para dividirse el territorio” en la captura y administración de rentas ilicitas, afirma el periodista de Barranquilla César Molinares, experto en el tema. “No hay conflicto entre ellos mientras se respetan los acuerdos, en caso contrario hay ajustes de cuentas".

Deudores del poder político que les permite operar en el territorio, los clanes mafiosos se pagan con sus servicios sicariales. El gobernador ahora exiliado por la amenaza paramilitar responsabiliza directamente al uribismo: “Hago responsable al presidente y Uribe si las AGC atentan contra mi vida; uno por crear clima de desprecio a mi Gobierno y al pueblo del Magdalena en favor de la impunidad de grupos paramilitares, y el otro por azuzar a la extrema derecha en contra nuestra y de la izquierda colombiana”. Y para rematar la idea sin dejar sombra de duda, Caicedo añade otro trino: “El Uribismo expresado en sus clanes políticos-narco paramilitares han tratado de liquidarme moral y judicialmente con sus órganos de control, me han detenido injustamente, hecho todo tipo de montajes, y campañas difamatorias; ninguna les ha funcionado. Ahora planean asesinarme.”

En el siniestro cálculo político que articula el accionar paramilitar, la ejecución, el desmembramiento y la decapitación de jóvenes en un contexo de protesta social produce un tremendo impacto emocional desmovilizador. Del mismo modo, los planes paramilitares de asesinar a políticos opositores, incluido el gobernador rebelde del Magdalena, muestran que el límite de la democracia en Colombia es que nunca gobierne un político progresista, en ningún lugar del país, si no quiere acabar pagando con su vida. Caicedo reveló que Gustavo Petro, el candidato de Colombia Humana con mayor intención de voto en las próximas elecciones, también estaría en la mira de estos grupos paramilitares.