Colombia
Colombia o la normalización de las masacres

Alexander Fonseca, 17 años, Andrés Rodríguez, 23 años, Julieth Ramírez, 18 años, Freddy Mahecha, 20 años, Germán Fuentes, 25 años, Julián González, 27 años, Cristian Meneses, 27 años, Marcela Zúñiga, 36 años, Angie Vaquero, 19 años. Hay que escribir sus nombres porque Colombia está cansada de ser representada en cifras de muertos. Ellos y ellas, y cuatro jóvenes más murieron por el impacto de proyectiles de distintas municiones, entre ellas munición real, durante las noches del 9 y el 10 de septiembre en el marco de las protestas y disturbios que tuvieron lugar en las distintas localidades de la capital de Colombia.

Miles de vecinos y vecinas de Bogotá, a pocas semanas de cumplir un año desde el estallido social del Paro Nacional colombiano de 2019, salieron esa tarde a la calle en un velatón de emociones acumuladas que gritaba desesperadamente por la muerte de Javier Ordoñez, un abogado que perdió la vida en manos de la policía en una detención con descargas eléctricas abusivas y arbitrarias que fue grabada en video. “Quién nos cuida de la policía?”, “Policía asesina” o “Justicia para Javier, mañana podrías ser tú”, fueron algunas de las pancartas que se alzaron delante de decenas de sedes del Comando de Acción Inmediata (CAI) de la policía que horas después acabaron en llamas. La noche convirtió la rabia en fuego y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) reprimió de manera salvaje conjuntamente con grupos de personas armadas vestidas de civil, otramente llamados paramilitares.

Bogotá sigue en llamas tras el asesinato de Javier Ordóñez por parte de la policía

Redacción El Salto

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Violencia policial

Bogotá sigue en llamas tras el asesinato de Javier Ordóñez por parte de la policía

Redacción El Salto

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El asesinato por parte de la policía de Javier Ordóñez ha dado lugar a dos jornadas de protestas que se han saldado con 11 muertes y 403 personas heridas

El saldo: trece jóvenes sin vida, aproximadamente 300 manifestantes heridos, 66 por arma de fuego, 93 policías lesionados, 178 personas detenidas, una menor de edad violentada sexualmente en la comisaría de policía y decenas de vehículos de transporte público, de las fuerzas del orden y comisarías de la policía quemados. Fuentes no oficiales aseguran que los jóvenes muertos son más, pudiendo llegar a 20. La respuesta social al abuso, la brutalidad policial y la violencia estructural de este país en forma de protestas y disturbios, ha resonado en otras ciudades como Cali o Medellín durante las dos noches consecutivas a la muerte de Ordoñez. Con la excusa de la proliferación de este tipo de manifestaciones de acción directa, ya está en marcha toda una campaña de estigmatización de la protesta social y se ha decretado el toque de queda para las menores de edad en Bogotá.

Con la excusa de la proliferación de manifestaciones de acción directa, ya está en marcha toda una campaña de estigmatización de la protesta social y se ha decretado el toque de queda para las menores de edad en Bogotá

Claudia López, la alcaldesa de una capital de siete millones y medio de habitantes, se ha negado a decretar en su ciudad un toque de queda general —medida de fácil aplicación en Colombia ante situaciones de conflictividad popular— a lo que el expresidente privado de libertad, Álvaro Uribe Vélez, ha contestado a través de un tweet que pareciera ordenar una contramedida: “Mejor toque de queda del Gobierno Nacional, Fuerzas Armadas en la calle, con sus vehículos y tanquetas, deportación de extranjeros vándalos y captura de autores intelectuales (…)” twiteaba el 10 de septiembre el líder del Centro Democrático, partido que ostenta el poder a través de la presidencia de Ivan Duque, quién tras todo este terremoto se ha limitado a hacer “un llamado a la calma”.

Uribe, ahora también conocido por una gran parte de su país que necesitaba este momento desde hace años, como preso número 1087985, se encuentra en detención domiciliaria en su finca de 1.500 hectáreas llamada El Ubérrimo, en Antioquia. Y mientras quién fue presidente durante el auge del paramilitarismo, la parapolítica y los falsos positivos en Colombia sigue dando órdenes, preso en su casa, la investigación en su contra por delitos de soborno y fraude procesal en un caso que lo vincula directamente con el paramilitarismo ha pasado de manos de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía, donde lo lleva ahora un fiscal cercano al Centro Democrático.

Durante el día en que se conmemoraban 47 años del golpe de estado contra Salvador Allende en Chile, en Colombia fue tendencia en redes sociales durante todo el día el #YaDioLaOrden, en respuesta a la pregunta que resuena a nivel nacional e internacional: ¿Quién dio la orden?; ¿Quién dio la orden de disparar con munición real a los jóvenes de Bogotá? ¿Quién dio la orden de matar a los cinco menores afrocolombianos de Llanoverde asesinados en un cañaduzal el 12 de agosto? ¿Quién dio la orden para que el ejército asesinara a un comunero y un comunicador del pueblo nasa en Corinto, Cauca, el 13 de agosto? ¿Quién dio la orden para que aparecieran muertos en Samaniego, Nariño, ocho estudiantes el 15 de agosto? ¿Quién dio la orden para matar a seis campesinos en el Tambo, Cauca, el 21 de agosto? ¿Quién dio la orden de asesinar a tres jóvenes en el Norte de Santander el 26 de agosto?

Solo en el mes de agosto 47 personas fueron asesinadas en lo que el presidente quiere definir como “homicidios colectivos”. La ya popularizada como Masacre de Bogotá es la número 56 en lo que llevamos de 2020

En solo un mes, este fatídico mes de agosto para muchas familias, 47 personas han sido asesinadas en lo que el presidente quiere definir como “homicidios colectivos” en Colombia. La ya popularizada como Masacre de Bogotá es la número 56 en lo que llevamos de 2020, que deja 218 personas asesinadas en este tipo de crímenes de lesa humanidad según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ). Y también en este mes de agosto, que queda registrado como el mes del regreso del país de García Márquez a tiempos sangrientos de terror y zozobra, se alcanzó la cifra de 1.000 líderes sociales asesinados desde la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, en noviembre de 2016. Un acuerdo al que el gobierno actual se opuso y del que las comunidades rurales, principales beneficiarias de las reformas escritas en sus 310 páginas, siguen exigiendo su implementación que en muchos aspectos está por empezar.

Desde la firma de la “paz” y el inicio del “postconflicto”, las numerosas regiones de las que se retiró la extinta guerrilla —en las que generalmente ejercía el papel de Estado—, han sido ocupadas por disidencias despolitizadas de la misma organización o grupos paramilitares que ahora ejercen el control territorial y económico principalmente del narcotráfico, pero también de actividades extractivistas como la minería, la extracción de hidrocarburos o los monocultivos extensivos que dejan a la merced de grandes multinacionales y sus esquemas privados de seguridad el desarrollo comunitario de centenares de poblaciones.

La mayoría de masacres han sido perpetradas precisamente en este tipo de regiones. Abelardo Liz, por ejemplo, comunicador popular del pueblo indígena nasa, fue asesinado junto a José Ernesto Rivera el 13 de agosto en Corinto, Cauca, municipio históricamente dominado por el Sexto Frente de las FARC, popularmente conocido por las toneladas de marihuana creepy que exporta a todo el mundo y que, después de tres años de relativa calma, hace dos años que ha vuelto a normalizar los enfrentamientos armados entre disidencias y ejército y las motobombas en el centro del pueblo. Una bala del Ejército travesó el abdomen de Liz mientras hacía la cobertura periodística de un operativo conjunto de la fuerza pública y la seguridad privada de la multinacional INCAUCA S.A que pretendía desalojar a comunidades indígenas nasa de las fincas infestadas de monocultivos de caña de azúcar de esta empresa que aseguran son parte de su territorio ancestral.

Pueblos

Colombia. Una democracia que criminaliza el derecho a defender la vida

Blanca Lucía Valencia Molina Elena López-Maya Asís

Colombia

Colombia. Una democracia que criminaliza el derecho a defender la vida

Blanca Lucía Valencia Molina ,  Elena López-Maya Asís

Una radiografía actual de Colombia nos muestra una situación de crisis social, política, económica y humanitaria compleja y difícil de dimensionar. El entramado que conforma cada nudo y articulación de factores, dificulta comprender la realidad que vive Colombia. 

“Las masacres y los asesinatos de defensores han sido naturalizados en las comunidades de Colombia. Son 500 años de colonización, de genocidio, 200 de sometimiento de la república criolla, la guerra bipartidista, la guerra de los 1000 días, la guerra contra la guerrilla... Un niño ve normal que amanezcan uno o dos muertos en el río o en la carretera”, explica Abisail Secue, sabedor ancestral del pueblo nasa desde Corinto. “Quienes han gobernado el país en estos 200 años son unas pocas familias y cuando uno quiere sostenerse en el poder usa estrategias para sembrar terror. Y así vienen alimentando la guerra. Las masacres siempre han estado, mientras no se cambie el modelo de educación, de formación, difícilmente vamos a cambiar esta cultura de muerte”.

Ivan Duque, más preocupado durante los últimos meses en atender la situación de pandemia por el covid19 (que ya he dejado más de 22.000 personas fallecidas en Colombia) y de defender a su mentor político Álvaro Uribe en una clara actitud anticonstitucional, achaca las masacres “al narcotráfico y al terrorismo”. Y ante la inexistencia de medidas políticas, diversas organizaciones de abogados y de defensores de derechos humanos, entre ellas el popular Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) a las que se le ha sumado el senador Iván Cepeda, han presentado una queja disciplinaria con la que se exige la suspensión inmediata del ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo y el comandante de la policía de Bogotá Oscar Gómez entre otros altos cargos políticos y militares.

“Hemos visto un mismo modus operandi, vimos policías ejerciendo los mismos comportamientos en distintas partes de la ciudad en el mismo momento como el uso de armas de fuego y la coordinación con personas civiles, esto a pesar de que la alcaldesa Claudia López manifestó órdenes contrarias”

“Hemos visto un mismo modus operandi, vimos policías ejerciendo los mismos comportamientos en distintas partes de la ciudad en el mismo momento como el uso de armas de fuego y la coordinación con personas civiles (…), esto a pesar de que la alcaldesa Claudia López manifestó órdenes contrarias. Entonces creo que toda la ciudadanía se ha hecho una pregunta y es ¿quién dio la orden? La respuesta nos la tienen que dar las autoridades de manera muy pronta, pues la policía es un cuerpo jerarquizado que tiene una línea de mando bastante clara”. De este modo pedía explicaciones en rueda de prensa Franklin Castañeda del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Un planteamiento que se reproduciría de la misma manera con la situación de las masacres ocurridas alrededor de todo el país, en pocos días de diferencia y por el teórico accionar de grupos armados al margen de la ley.

A nivel internacional ha habido decenas de muestras de solidaridad y denuncia de la situación alarmante de vulneración de derechos humanos en Colombia. En Barcelona, por ejemplo, con el lema “Nos están masacrando”, alrededor de cien colombianos exiliados y migrados hicieron una performance delante del consulado colombiano. “Estamos aquí para recordarle al gobierno que los intereses privados nunca están por encima de la vida del pueblo colombiano”, leyeron en un comunicado conjunto. “Qué peligro ser joven, mujer, afro, campesino, LGTBI, sindicalista, profe, lideresa social, migrante, tiburón, selva, bosque, río, páramo, en Colombia”, predicaba una pancarta. Una tras otra, personas que han tenido que huir de su territorio por culpa de la violencia y de la precariedad, se lanzaban a la calzada simulando el genocidio colombiano y gritando “¿Quién dio la orden?”. ¿Quién dio la orden?