Colombia
La Pandemia en Colombia: Disputa entre la vida, la guerra y la economía

En lo que va de agosto, Colombia se encuentra a nivel mundial en los primeros lugares de afectación por el virus, y esto se debe a que Bogotá, Cali y Medellín están llegando simultáneamente al punto más elevado de la epidemia del Covid-19[1], debido a la falta de medidas eficaces para mitigar sus impactos y que han desvelado las desigualdades estructurales del país, la cual llegará al 38% de la población en 2020 en condición de pobreza, totalizando 19 millones de personas[2] . 

El pasado 7 de agosto, se cumplió la mitad del tiempo del mandato del presidente Iván Duque (elegido presidente de la república en 2018). El balance de estos dos años refleja la falta de voluntad para dar cumplimiento al Acuerdo de paz suscrito entre las FARC-EP y el gobierno nacional en noviembre del pasado 2016. Desde la firma del acuerdo de paz, Colombia vive un incremento de violaciones a los derechos humanos, falta de garantías para lideresas y líderes sociales y excombatientes.

El último informe de la Contraloría[3]  titulado “Cuarto informe sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de  las metas del componente para la paz del Plan Plurianual de Inversiones”, revela cómo en el Marco Fiscal de Mediano Plazo- MFMP del 2017 ( instrumento mediante el cual se proyectó y costeó la implementación del Acuerdo Final), registra una ejecución de $15,2 billones durante el periodo 2017-2019, 65% de lo previsto para este periodo y 12% de avance frente al coste total. Lo más destacable es que en ninguno de los años de implementación se ha programado o ejecutado la totalidad de los recursos previstos por año por el MFMP, por lo que a este ritmo de ejecución, la implementación del Acuerdo Final se lograría en 25 años y no en 15 como estaba diseñado inicialmente.

A esta falta de compromiso del gobierno de Duque frente a la implementación del Acuerdo Final, se suma, el incremento de agresiones a personas defensoras de derechos humanos. En 2019, según el informe “La ceguera“  de Somos Defensores, muestra como en 2019 hubo 844 agresiones a personas líderes y defensoras de derechos humanos en Colombia, incrementándose la cifra frente a 2018 y estableciéndose como el periodo de mayor violencia contra esta población en la última década.

LAS MEDIDAS ANTE EL COVID-19 NO CUENTAN CON UN ENFOQUE INTEGRAL E INTERSECCIONAL

En lo que se refiere a la pandemia, la publicación oficial del Ministerio de Salud hasta ayer martes 24 de agosto confirmó 148.807 casos activos para un total de 17.612 muertes desde marzo hasta el presente mes. Esta situación está acrecentando las desigualdades y haciendo todavía más grandes las brechas preexistentes en derechos básicos, como salud, vivienda y educación, entre otros. 

Las medidas de confinamiento y el #QuedateEnCasa, no tienen en cuenta el privilegio de clase y la opresión, frente a quienes no tienen casa o no pueden quedarse en ella, porque viven del diario y necesitan salir a la calle y exponerse para lograr el pago del alquiler.  Las medidas, no cuentan con un enfoque integral e interseccional y, por tanto, hacen más visibles las desigualdades preexistentes, aumentando los riesgos para las personas más vulnerables y menos privilegiadas.

En estos dos años, el país está siendo gobernado por un presidente elegido por el partido del Centro Democrático, creado por expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez (hoy encarcelado e investigado por fraude procesal y soborno de testigos), también responsable de las más de 5.000 ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el último periodo de su mandato (2006- 2010). 

Es este marco general que nos aterriza en la coyuntura colombiana, hay situaciones concretas que en los últimos meses han hecho que la población vuelva a llevar a la calle su dolor y su digna rabia por lo que está aconteciendo en el País. En solo unos días, los departamentos del Cauca y Nariño en el Suroccidente Colombiano, se ha visto golpeado duramente por masacres y asesinatos:

• El 9 de agosto dos jóvenes fueron asesinados entre Cauca y Nariño. Se dirigían a dejar su tarea al colegio y, según la propia comunidad, paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas los asesinaron en los límites de los dos departamentos. Sus nombres: Cristinan Caicedo (12 años) y Maicol Ibarra (17 años). 
• El 12 de agosto, en Llano verde (distrito de Aguablanca, Valle del Cauca), 5 jóvenes menores de edad fueron encontrados muertos en un cañaduzal con signos de tortura. Su nombres: Juan Manuel Montaño (15 años),  Jean Paul Perlaz ( 15 años),  Jair Andrés Cortez (14 años),  Leyder Cárdenas (15 años), Álvaro José Caicedo ( 14 años). 
• El 13 de agosto en Corinto, asesinados dos líderes indígenas por parte del Ejército Nacional. Según explicó la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), ”los hechos ocurrieron cerca de las 11 de la mañana de este jueves en el sector de El Guanábano, donde, luego de destruir cultivos y cambuches, los uniformados procedieron a disparar contra la comunidad“[4] . Sus nombres: Abelardo Liz (periodista Nasa) y  Johel Rivera (Comunero)
• El 15 de agosto, 8 jóvenes (la mayoría universitarios), fueron masacrados en el municipio de Samaniego (Nariño) por hombres armados que irrumpieron al lugar donde departían otras 50 personas. Sus nombres: Oscar Andrés Obando ( 17 años), Laura Michel Melo (19 años), Campo Elías Benavides (19 años), Daniel Vargas (22años), Bayron Patiño (23 años), Rubén Dario Ibarra (24 años), Jhon Sebastián Quintero (24 años) y Brayan Alexis Guarán (25 años).
• El 18 de agosto fueron asesinados tres jóvenes indígenas del Pueblo Awá pertenecientes a la organización Camawari en zona rural del municipio de Ricaurte, pie de monte costero de Nariño. En la misma semana un joven fue mutilado por su orientación sexual. Su nombre es Luis Álvarez Campuzano (17 años)[5] .

“LAS VIDAS NEGRAS IMPORTAN”

Frente a estas violencias las organizaciones han salido a denunciar y exigir derechos a una vida libre de violencias y protección para las comunidades que están siendo asediadas. Con lemas como “las vidas negras importan” han realizado plantones ante fiscalía para demostrar que las comunidades no van a ser silenciadas y las organizaciones defensoras de derechos humanos en el territorio van a seguir alzando la voz para exigir derecho a la vida. También se han movilizado vía twitter a través de distintas convocatorias y bajo el hastag #DuqueResponda, exigiendo garantías y seguridad al presidente de la república. 

Plantón ante la fiscalía el pasado 19 de agosto. Colombia. Imagen: Asociación Nomadesc

La ONU, publicó un Comunicado[6] en el que expresa su preocupación por los recientes asesinatos y masacres, instando al gobierno a tomar medidas que protejan la vida de las personas en las comunidades.   Según la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, en lo que va corrido de 2020, han tenido lugar 33 masacres y están dando seguimiento a 97 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, de los cuales, a la fecha ha verificado 45 homicidios. 

En el mismo comunicado, se indica que la Misión de Verificación de Naciones Unidas ha verificado 41 asesinatos de personas en proceso de reincorporación en el primer semestre de 2020, registrando un aumento del 10% de los asesinatos contra estas personas comparado con el primer semestre de 2019. Un total de 215 excombatientes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016. 

En esta coyuntura, el Estado comienza también a ponerse nervioso. Varias noticias estos últimos días han hecho saltar la voz de alarma. Por un lado, la respuesta que dio Cancillería a los pronunciamientos que se hicieron desde las Embajadas de Alemania y Francia[7]. En esta respuesta vemos un claro respaldo al Gobierno de Iván Duque, cuando mencionan que: “El Gobierno del Presidente Iván Duque está fundamentado en el pilar de la legalidad y desde su toma de posesión ha dedicado todos sus esfuerzos a garantizar la vida y la integridad de todos los ciudadanos presentes en el territorio nacional”. Este respaldo, invisibiliza la lucha de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia, así como las violencias contra ellas, las cuales se han visto exacerbadas durante los meses de crisis sanitaria, humanitaria, social y política, que atraviesa el país. 

Es urgente que haya transparencia en relación a las violencias que están viviendo en los territorios. El Gobierno Nacional debe escuchar las voces de actores internacionales, nacionales y locales que están poniendo la voz de alarma y asegurar condiciones dignas y seguras para las personas en todo el territorio nacional. 

Hace falta que los organismos internacionales de defensa de derechos humanos vuelvan su mirada hacía Colombia, y nos preguntemos si lo que está ocurriendo en el país es un nuevo genocidio como el que sufrió la Unión Patriótica, pero está vez dirigido y organizado contra jóvenes, pueblos indígenas y afrodescendientes que luchan por la defensa de la vida y el territorio, la dignidad de los pueblos y el buen vivir.

Para más información: 

• [1]https://www.eltiempo.com/salud/coronavirus-situacion-de-colombia-comparada-con-otros-paises-529794
• [2] https://forbes.co/2020/07/31/economia-y-finanzas/56-millones-de-personas-entraran-a-la-pobreza-este-ano-en-el-pais-por-la-crisis/ 
• [3]  https://noticiascartagena.co/2020/08/09/en-cuarto-informe-de-la-contraloria-sobre-uso-de-recursos-para-el-posconflicto-senala-riesgos-en-fuentes-de-financiacion/
• [4] https://www.eltiempo.com/colombia/cali/denuncian-ataque-del-ejercito-que-deja-dos-indigenas-muertos-en-cauca-529030
• [5] https://www.bluradio.com/judicial/quiero-ser-chef-y-estudiar-belleza-luis-el-nino-mutilado-por-ser-homosexual-261864-ie3509872
• [6] https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/presscenter/pressreleases/2020/08/--comunicado-conjunto-del-equipo-de-pais-de-naciones-unidas-en-c.html  
• [7] https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/publiques/comunicado-prensa-41