Centros de menores
CC OO reclama mayor seguridad en los centros de menores de Andalucía tras la “brutal agresión” a una trabajadora

La falta de personal de seguridad en los centros de menores tutelados en Andalucía ha pasado factura a una de sus trabajadoras. Una “brutal agresión” por parte de un usuario que ya había protagonizado graves incidentes en el mismo centro ha hecho que desde CC OO vuelvan a denunciar la “situación de vulnerabilidad, indefensión y riesgo de la integridad física” a la que se enfrentan las plantillas que trabajan con los menores; una “constante ante la que la Junta no pone medio alguno para paliarla”, según el sindicato. La inestabilidad con la que los chavales acceden a los centros, junto con su masificación, hace que la situación pueda llegar a ser incontrolable sin la ayuda de vigilantes de seguridad.

El responsable de menores de Comisiones Obreras de Andalucía, Diego Rodríguez, explica los dos tipos de centros de menores: “Por un lado, están los de protección, centros a donde van los chavales cuya tutela la tiene la Administración, es decir, que un juez les ha mandado ahí, y durante el confinamiento algunos de ellos han sido un polvorín, incluso se han dado conatos de motines. Por otra parte, los centros de internamiento son aquellos a los que acuden los menores que han cometido algún delito. En este caso, la Administración no tiene trazado un proyecto claro de reinserción y los chavales van viendo que puede, entre comillas, no cumplir las normas. Los menores tienen la sensación de que pueden ganar terreno con algunas incorrecciones ante las que nadie actúa, hasta el punto de poder agredir a un trabajador y que no ocurra gran cosa”.

Diego Rodríguez (CC OO-A): “Si agreden a un médico en su trabajo o a alguien por la calle, la justicia actúa para dirimir lo ocurrido, pero si te agreden dentro de un centro de menores parece que tienes que aguantarte”

Desde el sindicato no entienden por qué los jueces y la Fiscalía no actúan de oficio cuando se dan estas circunstancias. “Si agreden a un médico en su trabajo o a alguien por la calle, la justicia actúa para dirimir lo ocurrido, pero si te agreden dentro de un centro de menores parece que tienes que aguantarte”, remarca el sindicalista. El usuario que acabó golpeando a la trabajadora, quien se ha visto obligada a cogerse la baja, ya había agredido a otros chavales.

Trabajadores cualificados para una atención especializada

Haciendo hincapié en que estos casos de violencia física son mínimos en el día a día y no representan a la mayoría de los internos, CC OO-A no se olvida de incidir la baja tasa de denuncias que se interponen por este tipo de hechos: “La mayoría de estos centros están privatizados; los de protección en torno al 80%, y en los de internamiento, 15 de los 16 que hay en la Comunidad. Así, nos encontramos con entidades que ponen trabas para que el trabajador agredido denuncie lo sucedido, y si todos los centros fueran públicos no tendríamos que soportar ese tipo de mensajes”.

La trabajadora agredida se encontraba en un turno de noche sola, por eso Rodríguez reclama que “se trabaje de forma específica con los chavales con problemas conductuales o que tienen ataques esporádicos, y que haya personal de vigilancia si es necesario”, ya que en los centros de protección no lo hay. Este sindicalista, que lleva 20 años en el sector, se congratula de que haya cambiado el perfil profesional de los trabajadores: “Hasta hace poco, casi cualquier persona podía trabajar en un centro de estas características, pero ahora hemos conseguido que se contrate a personal especializado, como trabajadores y educadores sociales y psicólogos”.

Educadores y trabajadoras sociales denuncian la desprotección en centros de menores

Mathias Rodríguez

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Coronavirus

Educadores y trabajadoras sociales denuncian la desprotección en centros de menores

Mathias Rodríguez

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Profesionales del tercer sector, que llevan arrastrando años de recortes y procesos de privatización o externalización de los servicios, exigen materiales de protección individual.

Por otra parte, la vulneración de la normativa vigente es otro aspecto que reseña Rodríguez: “Los menores necesitan una atención especializada, algo prácticamente imposible ya que los muchas veces los chavales están en macrocentros de más de 50 internos y no en pequeñas unidades familiares, desde donde se les puede orientar a la reinserción mucho mejor”. En este sentido, algunos centros han alcanzado un centenar de chavales, la mayoría menores no acompañados, lo que ha supuesto “una salvajada tanto para ellos como para los trabajadores”, en los términos del sindicalista.

El confinamiento alteró los centros

Javier Moreno es educador social y trabaja en un centro de protección de menores concertado en Córdoba. Su caso es algo distinto, pues trabaja en una vivienda en la que hay nueve plazas que suelen estar ocupadas por chavales que han experimentado algún tipo de conflicto social, como absentismo escolar, contacto con las drogas y leves trastornos de conducta. En estos lugares residenciales no hay vigilantes de seguridad, pese a que se llegó a demandar durante el confinamiento al haber aumentado el nivel de agresividad de los menores.

“Directamente nunca he recibido una agresión, quizá alguna involuntaria al intentar separar de una pelea a dos menores, pero siempre con consecuencias leves. Sé de otras personas que han sufrido agresiones más violentas y complicadas, pero no es lo usual en mi centro”, relata Moreno. Desde su punto de vista, los profesionales de estos centros necesitan “algún curso de capacitación de defensa personal, porque evidentemente en todos los centros no se puede pedir seguridad privada ya que eso haría que perdiese su espíritu de hacer el ambiente más familiar, ya que con seguridad se viene abajo cualquier intervención con un menor”, en sus propios términos.

Javier Moreno (educador social): “Nuestro proyecto de prevención no adapta bien los riesgos que podemos tener, quizá por la especificidad de los mismos”

Este educador social demanda que la prevención de riesgos laborales esté ajustada a su realidad. “Nuestro proyecto de prevención no adapta bien los riesgos que podemos tener, quizá por la especificidad de los mismos. Tan solo nos explican cómo utilizar los extintores, sentarte frente a un ordenador y esas cuestiones, pero el aspecto de la intervención frente a los menores nunca se llega a reflejar”.

Aumentar la seguridad como solución

Algo diferente es lo que sucede en el centro de internamiento en el que trabaja Enrique Guisado. Ubicado en Alcalá de Guadaíra, este trabajador social demanda más presencia de vigilantes de seguridad, ya que la actual es “deficiente”. “Imagínate un patio con 25 niños. En el centro hay tres vigilantes: uno en la garita de control, otro en el hogar de nuevos ingresos y otro para unos 20 chavales. En el momento en que suceda algo en el patio entre dos de ellos, los demás se quedarán sin supervisión. Ante una situación de tensión estamos desprotegidos”, narra este trabajador social.

Enrique Guisado (trabajador social): “Son chavales que traen consigo muchísima inestabilidad, y que el pasado de cada uno de ellos es un mundo, por lo que suelen reaccionar con violencia, quizá no tanto física, pero sí verbal”

Pese a que las ratios sí se cumplen, pues hay un educador con un máximo de cinco críos, los insultos y las amenazas son algo constante en su día a día. “Son chavales que traen consigo muchísima inestabilidad, y que el pasado de cada uno de ellos es un mundo, por lo que suelen reaccionar con violencia, quizá no tanto física, pero sí verbal. Es la forma que tienen estos niños de reaccionar cuando se ven acorralados y no tienen forma de salir de ahí”, explica Guisado.

Su opinión coincide con la expresada desde CC OO, pues también piensa que la inacción de la Junta de Andalucía y el Defensor del Pueblo Andaluz hace que se ponga en peligro a los trabajadores y a los propios usuarios. “Mientras en los centros de internamiento las empresas se acogen al mínimo de vigilantes de seguridad que aparece en los pliegos de adjudicación, en los centros de protección ni siquiera hay. Lo hacen para que la ausencia de vigilantes cree un clima relajado, pero yo no creo que causaran ninguna tensión entre los menores”, concluye el trabajador social.