Crisis climática
¿Quién se forra con el cambio climático?

¿Cuál es la diferencia entre catástrofe y cataclismo? Pues 4.975 millones de dólares, según las aseguradoras. Es decir, si la cantidad de dólares perdidos en un evento dramático es mayor de 25 millones de dólares, es una catástrofe. Pero si cuestan más de 5.000 millones, el evento se define como cataclismo. En los últimos años, los eventos más caros para las aseguradoras han sido provocados por huracanes, lluvias torrenciales, tifones o sequías. En definitiva, por el clima.

El precio de la naturaleza

Que el cambio climático supone grandes pérdidas económicas es irrebatible. Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, en los últimos 40 años se han perdido 458.970 millones de euros por catástrofes climáticas en una treintena de países en Europa. Sin embargo, tampoco hay duda de que el cambio climático se ha convertido en un grandísimo negocio. Los mercados de carbono, los green bonds, cat-bonds y los multicat-bonds o los weather derivatives son instrumentos financieros que se han creado al albor del marco conceptual que sitúa a la naturaleza como un bien de mercado. Un trabalenguas nada inocente que hace de esta nomenclatura una nueva manera de objetivar, cuantificar, tasar y especular con la naturaleza.

Esta tendencia se inició en el año 2009 en un documento para las negociaciones de las Naciones Unidas en la COP15, donde apareció por primera vez el término “soluciones basadas en la naturaleza”, según el World Rainforest Movement, una iniciativa internacional que trata de apoyar las luchas, reflexiones y acciones políticas de las personas que dependen de los bosques, tanto personas indígenas como campesinas y campesinos. Nele Mariën, coautora de La Naturaleza en Venta, cómo las empresas se benefician de la financiarización de la naturaleza, es coordinadora de bosques y biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional y lleva los orígenes de esta mercantilización más atrás en el tiempo, a los años 90 y el Protocolo de Kioto, donde ya se hablaba de mecanismos off-setting y emissions trade market. Todos estos mecanismos no solo permiten tasar la naturaleza, sino que la convierten en un bien de mercado, con el que se puede comerciar y especular.

Frédéric Hache, cofundador y director ejecutivo del Green Finance Observatory, afirma que el uso del capital natural como medida económica “es tremendamente simplista y parcial”. Este nuevo marco metodológico toma en consideración lo que se llaman los pagos por servicios ambientales (PSA) o pago por servicios (o beneficios) ecosistémicos y es un sistema que promueve el cuidado de la naturaleza asignándole un valor de mercado. Por ejemplo, el valor de un río sería medido por sus posibilidades para la pesca recreativa y un bosque sería reconceptualizado como un servicio de captura de carbono, un servicio de hábitat para algunas especies o con suerte, como instrumento de lucha contra la deforestación, según este investigador. Para Hache, “tan solo pueden prestar atención a uno o dos servicios ecosistémicos porque si no serían demasiado caros o complejos. Por supuesto, todas las interdependencias entre especies y la gran complejidad de los ecosistemas queda fuera”.

¿Por qué se produce este cambio de marco? Razmig Keucheyan, doctor en sociología, profesor investigador titular en la Universidad de París-Sorbona Paris-IV y autor del libro La naturaleza como campo de batalla (Clave Intelectual, 2014), afirma que, en la actualidad, y dentro del marco de crisis económica que se arrastra desde los años 70, existe un declive en la tasa de ganancia económica, ante lo cual el capital reacciona de dos maneras: “Por un lado, privatizando todo lo que hasta entonces escapaba al mercado, como biodiversidad, genoma humano, etcétera. En este caso, privatizar significa someter a la lógica de la ganancia para tratar de que vuelva a ascender. Y, por el otro, mediante la financiarización, es decir, no invirtiendo en la llamada economía real o productiva, sino en las finanzas que permiten la realización de ganancias —ficticias— importantes, hasta el momento en que sobreviene la crisis”. El comercio con la naturaleza también supone un nicho tremendamente interesante para las corporaciones ahora que hay mayor preocupación social con el cambio climático, y son esas mismas compañías las que piden más acción, sin poner en riesgo sus beneficios. Como señlan Mariën, “se está viendo en tiempos recientes que son las empresas que piden ese tipo de medidas, porque la presión de la sociedad es muy fuerte y ven que las cosas tienen que cambiar, pero, a la vez, buscan formas de poder seguir haciendo lo que siempre han hecho”.

Mecanismos voluntarios de corrección

La misma autora realiza un análisis crítico sobre la evolución de las medidas y ha habido una tendencia a la flexibilización y a la implementación de los mecanismos voluntarios, que, según señala, son menos estrictos, y tienen menos control. “Las empresas están asumiendo cada vez más medidas de offsetting, lo que significa que pueden destruir mientras paguen por el derecho a destruir”, afirma la investigadora.

El mecanismo de offsetting o de compensación consiste en que un país o empresa reduce sus emisiones de gases de efecto invernadero para compensar las emisiones efectuadas en otro lugar. Esa reducción se puede llevar a cabo de diversas maneras: por un lado, incluyendo medidas reductoras o, por otro, medidas compensatorias. Estas últimas pueden abarcar actividades como llevar a cabo proyectos de energía renovable, o plantar árboles, que es el mecanismo más frecuente al ser el más barato. Sin embargo, no hay cara sin cruz y “cada vez hay un tema más punzante con la falta de tierra disponible”, señala Hache. “Lo que está ocurriendo es un problema de acaparamiento de tierras y de uso de la tierra. Dedicar la tierra a la agricultura es menos rentable que plantar árboles, lo que podría tener un impacto en el precio de los alimentos”, afirma.

Otra de las políticas para mitigar el impacto de las corporaciones son las listas de clasificación vinculadas a incentivos económicos. En este sentido, en el año 2020 se aprobó la Regulación Taxonómica de la Unión Europea, que supuso la creación de la primera “lista verde” del mundo para las finanzas. Un sistema de clasificación de aquellas actividades económicas consideradas sostenibles. La Unión Europea catalogó el gas y la energía nuclear como sostenibles el pasado mes de febrero, lo que ha creado un grandísimo revuelo entre organizaciones ecologistas y algunos países miembro. “Si consideramos que las finanzas tienen un rol clave en las negociaciones sobre el cambio climático, entonces ponemos a las finanzas en el centro, y el resultado es que negocian el precio de la conservación a través de subsidios o tratados financieros”, critica el cofundador de Green Finance Observatory. 

Este economista vaticina un futuro inquietante en cuanto a las medidas climáticas que, según él, se van a potenciar especialmente a partir de mayo de este 2022, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP15) que tendrá lugar en China. El investigador cree que veremos, a partir de este año, un “mercado de la destrucción de la diversidad”. Por ejemplo, imaginemos que una empresa quiere llevar a cabo un aeropuerto en el sur de España, en un hábitat de flamencos. Según esta regulación, se podrá llevar a cabo, a condición de que se recree un hábitat de flamencos en las inmediaciones. “Obviamente todos sabemos que eso no se puede hacer —afirma con sorna Fédéric Hache—, pero es todavía peor”. Según él, la tercera opción “por la que llevan las empresas presionando diez años es la versión extrema de esto”: se podrá construir un ecosistema de servicio con el mismo valor monetario que el ecosistema de los flamencos pero en otro lugar, por ejemplo, plantar árboles en Rumanía o un hábitat para conejos en Grecia. “Lo importante es que sea equivalente económicamente”, explica Hache.

“Ganancias ficticias”, mercados secundarios

Un derivado financiero es, por definición, una apuesta a futuro. La apuesta puede ser por el precio de algo, por ejemplo, el del carbón. En el contexto de colapso actual puede ser el futuro precio de la destrucción de un ecosistema o el futuro deterioro del mercado a causa de una pandemia. Los más típicos son los bonos catástrofe (cat bonds) y los derivados climáticos. Ambos son productos finales de un proceso conocido como securitización que transforma factores de riesgo con los que no es posible comerciar, como las catástrofes naturales o las relacionadas con el clima, en activos financieros comercializables. Por ejemplo, según Mandel, Donland y Armstrong, los autores del artículo “Un enfoque para los derivados de conservación de especies” (Frontiers in Ecology and the Environment, 2009), teniendo en cuenta que se han desarrollado nuevos productos de seguro basados en derivados que permiten a los inversores asegurar el riesgo a cambio de pagos fijos, los gobiernos deberían emitir contratos de derivados para vender el riesgo de extinción de las especies, de tal manera que se pudiera “apostar” por las mismas. En definitiva, para los autores, la extinción de especies es un nicho lucrativo y asegurable, no una pérdida de biodiversidad que habría que intentar frenar. 

Sin embargo, según Hache, los cat bonds son un caso legítimo, ya que los desastres naturales se están volviendo tan caros que van más allá de la capacidad de las aseguradoras privadas. La envergadura de las cifras las proporciona el grupo Swiss Re, uno de los principales proveedores mundiales de reaseguros y seguros que publica, desde 1970 y de manera anual en su revista Sigma, las pérdidas que han supuesto las catástrofes humanas, naturales y, como categoría aparte, los terremotos.

En dicho informe se observa un incremento muy acusado de catástrofes naturales desde 1990, con dos picos tremendamente abruptos: uno en el año 2005, con un coste en pérdidas de 317.240 millones de dólares, y otro en el año 2017 con 355.760 millones de dólares. ¿Qué ocurrió aquellos años? En 2005 tuvo lugar el huracán Katrina, que según la nomenclatura anterior sería un cataclismo, pero también hubo inundaciones en Suiza e India, además de fuertes tormentas en Dinamarca, Reino Unido, Canadá y China. En el año 2017 ocurrieron los huracanes Harvey, Irma y María, además de inundaciones en Perú y Sri Lanka, fuertes tormentas en Australia y China, tormentas de granizo en Alemania y olas de frío en Francia. 

El año 2020 tampoco se quedó corto en catástrofes climáticas, ya que ocurrieron inundaciones en China, Japón e India y fuertes tormentas en Nicaragua, Japón, India y Alemania. Por supuesto, estos datos no son totalmente precisos, ya que la industria del seguro está más desarrollada en economías de las llamadas avanzadas. Por ejemplo, en los años revisados por Swiss Re se recogen muy pocos datos del continente africano, lo que significa que los desastres climáticos son, de hecho, mucho más frecuentes. “Sin embargo, estos cat bonds deberían ser regulados para asegurar que la aseguración se mantiene continua y asequible para la gente”, comenta el investigador francés. 

El rol del Estado

Los mecanismos para cuidar la naturaleza están cada vez más privatizados, son cada vez más flexibles, voluntarios y, además, generan beneficios para las corporaciones. ¿Es esta la senda adecuada? Para Frédéric Hache, la respuesta es sencilla: “Lo que está claro es que hay ambición o no la hay [por parte de los Estados], da igual la herramienta que se use, pero pensar que estos instrumentos abordan el cambio climático es tremendamente naíf”, añade.

Para el cofundador de Green Finance Observatory, “no se necesita un indicador de precio para tomar decisiones políticas” y recuerda el ejemplo del ganador del premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, el Nobel de Economía en 2018, William Nordhaus, el cual estimó que el punto óptimo de calentamiento global para que los costes y beneficios de la mitigación del cambio climático se optimicen es de 4ºC, asunción totalmente contraria al Acuerdo de París, que establece el máximo soportable en 1,5ºC. “Menudo payaso”, sonríe entre dientes el investigador. Lo que está claro es que poco podemos esperar después de los pobres compromisos adquiridos en la última conferencia del clima, la COP26. “Si ponemos el precio por delante significa que hacerse cargo del cambio climático tiene que ser rentable, y eso tiene graves consecuencias en la calidad de nuestras democracias”, sentencia Hache.